¿Cómo planea AMLO resolver las desapariciones forzadas?

Artículo publicado por VICE México.

Hoy, 30 de agosto, la comunidad internacional conmemora el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, recordando a todas las personas que fueron desaparecidas y de las que todavía se desconoce su paradero. En nuestro país, el gobierno de Felipe Calderón tomó la decisión de comenzar una guerra contra el narcotráfico el 11 de diciembre de 2006. Luego de casi 12 años de seguir con la misma estrategia de enfrentamiento armado, la aciaga situación de seguridad es conocida por todos.

Entre las tragedias humanas que ha dejado la guerra, las desapariciones forzadas son un fenómeno generalizado que ha destruido a miles de familias mexicanas. El nivel de violencia que hemos alcanzado arroja la cifra de 34,268 personas desaparecidas aproximadamente, lo que nos deja ver la dimensión del problema que parece no tener una pronta solución.

La “desaparición forzada”, según el artículo 2° de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la ONU, es definida como:

“El arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con su autorización, apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Además, la misma Convención establece que su práctica generalizada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está señalado en el derecho internacional aplicable.

Estamos ante un acto cuya gravedad plantea la necesidad de pensar en distintas alternativas que permitan la pacificación paulatina del país. En este sentido, la justicia transicional se presenta como un proceso que debe ser considerado para emprender el largo camino de construcción de paz. Este esquema de acceso a la justicia no es un molde que se ajuste de igual modo a todos los países, sino que se han de identificar las especificidades de cada uno de ellos.

Para comprender el concepto de justicia transicional y sus componentes, es importante retomar la definición del Centro Internacional para la Justicia Transicional:

“es un conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han utilizado como reparación por violaciones masivas de derechos humanos con el objetivo de reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. Es una justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un periodo de violación generalizada a los derechos humanos.”

El adjetivo “transicional” se establece porque se trata de países que se encuentran en proceso de transición de un régimen autoritario a uno democrático —la llamada transición democrática—, como es en los casos latinoamericanos. Entonces, de acuerdo con Alan Arias, es transicional porque busca crear puentes entre regímenes políticos distintos, entre momentos políticos diferentes, ya sea de un conflicto armado a una pacificación o una modificación significativa de la situación política.

Los componentes básicos de la justicia transicional son: acciones penales, comisiones de la verdad, programas de reparación, justicia de género, reforma institucional e iniciativas de conmemoración.

Es importante destacar que no existen fórmulas únicas o modelos estándares de justicia transicional, sino que cada país ha de crear el modelo que mejor se adapte a sus necesidades de reconciliación, de los imperativos de verdad y justicia, atendiendo al propio contexto socio-político. Es así como se logran obtener mejores resultados, puesto que se adoptan distintos mecanismos que se complementan entre sí.

La justicia transicional no es un proceso sencillo, pues trata con violaciones generalizadas de derechos humanos y resulta complejo llegar a una solución satisfactoria en una sola acción. En este sentido, el acceso a la justicia se conforma por una serie o tipos de arreglos judiciales y extrajudiciales que facilitan y permiten intervenciones prácticas en los procesos de transición de un régimen autoritario a una democracia —o de una situación de guerra a una de paz—.

Un componente que ha podido detectarse en la narrativa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es la creación de comisiones de la verdad para la investigación de crímenes de lesa humanidad como el caso Ayotzinapa o San Fernando. La necesidad de hacer efectivo el derecho a la verdad que tienen las víctimas es fundamental debido a que a las poblaciones afectadas por estas violaciones masivas de derechos humanos, al tener esclarecido todo lo acontecido, se les facilita el proceso de reconciliación y evita la profundización de la desconfianza y polarización. El conocimiento de la verdad constituye un elemento esencial para que aquellos abusos cometidos no ocurran de nuevo.

Si se busca entender lo que es el derecho a la verdad, de acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional, las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como sus familiares, tienen el derecho a un recurso efectivo. Esto implica el derecho a saber la verdad acerca del abuso que han sufrido, incluyendo la posibilidad de identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones y, de ser el caso, la suerte final o el paradero de las personas desaparecidas de manera forzada.

Precisamente para lograr obtener toda esta información es necesaria la constitución de comisiones de la verdad, lo cual se encuentra dentro de las medidas no judiciales que pueden ser llevadas a cabo con el fin de satisfacer el derecho a la verdad.

Las comisiones de la verdad son organismos oficiales, no judiciales y de vigencia limitada que se constituyen para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos. El trabajo realizado por este tipo de comisiones visibiliza a las víctimas que anteriormente habían sido olvidadas o escuchadas con bastante escepticismo acerca de lo que acusaban. De esta manera, se busca colaborar con la respectiva investigación judicial, así como con las reparaciones correspondientes con base en las conclusiones a las que llegue la comisión.

Dichas comisiones tienen que atender las condiciones particulares del contexto de cada país al momento de ser constituidas y ser fijados sus objetivos específicos, sin embargo, se han establecido tres objetivos fundamentales:

- Establecer los hechos acerca de eventos violentos que permanecen en disputa o son negados

- Proteger, reconocer y empoderar a las víctimas y sobrevivientes

- Proponer políticas y promover cambios en el comportamiento de los grupos y las instituciones de un país con miras a una transformación política y social.

Por lo tanto, se puede establecer que una Comisión de la Verdad representa la ruptura con un pasado violento a partir de la cual se buscan debatir las bases de nuevas instituciones políticas, sociales y judiciales con el fin de consolidar un cambio político profundo. Es precisamente en el marco de una transición política cuando normalmente se genera una Comisión de la Verdad, de tal manera que se busca generar confianza en la ciudadanía a través de un buen funcionamiento de dicha comisión y para ello se requiere que ésta goce de independencia, credibilidad y efectividad.

Es preciso apuntar que las comisiones de la verdad son más efectivas cuando están incluidas en una estrategia de justicia transicional integral que incluya políticas de reparación, acciones penales y reformas institucionales. Asimismo, al entregar conclusiones claras y recomendaciones convincentes, se pueden enriquecer las políticas de un país en transición y promoverlas con sólidos argumentos legales y éticos.

Sin duda alguna, la responsabilidad que implica comenzar el proceso de pacificación propuesto por AMLO es de dimensiones históricas. Es una gran oportunidad de romper los ciclos de violencia que vivimos en México desde hace años. Si bien es un reto político enorme, debemos cambiar la narrativa bélica de confrontación y voltear a ver a las víctimas de esta guerra absurda.

Es indispensable que las víctimas sean colocadas en el centro de este proceso de acceso a la verdad y justicia que se pretende iniciar. El nuevo gobierno no puede perder tiempo en la búsqueda de justicia porque, como sostiene André du Toit, la verdad es un proyecto fundacional pues introduce y consolida un nuevo mandato democrático o una cultura de derechos y responsabilidad política después de un periodo de violación masiva de derechos humanos.