La represión turca fuerza a medio millón de kurdos a abandonar sus hogares

Decenas de miles de residentes de Sur, distrito histórico de la ciudad de Diyarbak?r, al sudeste de Turquía, forman parte del medio millón de personas kurdas que, según estimaciones de Amnistía Internacional (AI), se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la brutal campaña de represión que las autoridades turcas han llevado a cabo tras el golpe de Estado.

Así lo revela el informeDisplaced and dispossessed: Sur residents' right to return home de esta ONG. El documento explicala situación desesperada de familias que se han visto obligadas a abandonar Sur, declarado patrimonio mundial por la UNESCO, como consecuencia de las intensivas operaciones de seguridad llevadas a cabo a finales del año pasado y del toque de queda actualmente en vigor día y noche.

Las viviendas del antes animado distrito han sido destruidas por los bombardeos, demolidas y expropiadas para dar paso a un proyecto de reurbanización del que es probable que se beneficien muy pocos exresidentes.

"Un año después de la imposición del toque de queda permanente en Sur, miles de personas continúan desplazadas de sus hogares, tienen dificultades para poder subsistir y se enfrentan a un futuro incierto en un clima cada vez más represivo", afirma John Dalhuisen, director de Europa para Amnistía Internacional.

"Mientras que la represión de la sociedad civil en el sudeste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, los medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes con el pretexto de la seguridad", añade Dalhuisen.

Enfrentamientos entre el PKK y las fuerzas de seguridad turcas

Tras la ruptura del alto el fuego en julio de 2015, estallaron los enfrentamientos entre personas vinculadas al armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas.

Como respuesta a las declaraciones de "autogobierno", la construcción de barricadas y la excavación de trincheras en Sur, el distrito central de Diyarbak?r, y otras ciudades del sudeste, las autoridades comenzaron a imponer toques de queda de 24 horas y a llevar a cabo operaciones de seguridad fuertemente militarizadas.

El 11 de diciembre de 2015 se declaró el toque de 24 horas y por tiempo indefinido en 6 de los 15 barrios de Sur, lo que impedía a las personas salir de sus viviendas incluso para comprar suministros alimentarios o médicos esenciales.

Según distintos informes a los que Amnistía Internacional habría tenido acceso, la policía hizo uso de altavoces para ordenar a la gente que se marchara. El suministro de agua y electricidad se cortaba durante largos periodos, mientras las viviendas eran sacudidas por los proyectiles del ejército y acribilladas por las balas.

Una mujer que intentó quedarse en su vivienda dijo a AI: "Estuve en la casa con dos niños, no bebimos agua durante una semana. Un día dispararon un bote de gas [lacrimógeno] contra la casa. No tuvimos electricidad durante 20 días. Yo quería marcharme pero no tenía adonde ir."

Los enfrentamientos en Sur terminaron en marzo de 2016, pero el toque de queda ha persistido en extensas zonas del distrito. Tras los desalojos forzosos, casi las viviendas han sido expropiadas por las autoridades turcas y muchos edificios han sido demolidos.

Aunque el retorno es casi imposible ahora. debido al toque de queda y a la destrucción, los residentes que se han arriesgado a volver han encontrado sus hogares allanados y sus posesiones saqueadas o destruidas.

Las voces de la represión en Sur

De acuerdo con el testimonio de un hombre recogido en el informe: "Nos obligaron a salir [de su vivienda] apuntándonos con sus armas a la cabeza". Después, él, junto con su padre y su hermano, fueron detenidos. Al principio, se acusó formalmente a los tres de delitos de terrorismo, pero después se retiraron los cargos. Cuando regresó, su vivienda y sus posesiones ya habían sido quemadas.

En la misma línea, una mujer dijo a Amnistía Internacional que la policía la hostigó cuando visitó su casa seis meses después de verse obligada a marcharse. "Encontramos todas nuestras pertenencias rotas y amontonadas en el patio", explicó.

A su familia, y siempre según el testimonio incluido en el informe, le ofrecieron una indemnización de 3.000 liras turcas (unos 800 euros) por la pérdida de sus posesiones, lo que equivale a una mínima parte de su valor. Su nuera aseguró: "Teníamos intención de apelar, pero dijeron que eso era todo lo que conseguiríamos, así que firmamos."

Otros como S.K., un yesero de 72 años que compartía su casa del distrito de Baglar, en Diyarbak?r, con otros nueve miembros de la familia, tuvieron que abandonar y todavía no han podido volver.

Muchos de los residentes desplazados no han podido encontrar una vivienda alternativa adecuada y asequible y tienen dificultades para acceder a los servicios más esenciales. Muchos otros perdieron su empleo al ser expulsados, y algunos niños y niñas han tenido que abandonado por completo la escuela.

Las indemnizaciones, totalmente inadecuadas y la falta de ayuda suficiente o, en algunos casos, de cualquier tipo de ayuda por parte de las autoridades para pagar el alquiler han sumido a familias ya empobrecidas en una situación desesperada.

Además, el gobierno también ordenó el cierre de la ONG que proporcionaban un apoyo decisivo a las personas pobres y desplazadas.

Los residentes rechazan la pretensión del gobierno de que el toque de queda en vigor y las demoliciones de casas se hagan en interés de la seguridad dado que los enfrentamientos terminaron hace ocho meses. Por el contrario, consideran que forman parte de un plan calculado para reurbanizar sus barrios y reasentar a sus habitantes en otros lugares.

Se ha recuperado un proyecto de regeneración urbana anunciado por primera vez en 2012, pero los detalles siguen siendo escasos y no se ha consultado a los residentes. Este plan tiene precedentes en una constante de proyectos de esta índole en Turquía que han provocado desalojos forzosos de residentes que nunca pueden regresar a sus hogares.

"Lamentablemente, la desesperada situación a la que se enfrentan los residentes desplazados de Sur es similar en decenas de distritos del sudeste de Turquía. El gobierno debe adoptar medidas urgentes para levantar el toque de queda y para garantizar que las comunidades afectadas reciben una indemnización completa y ayuda para regresar a lo que queda de sus hogares o, como mínimo, a sus barrios", asegura Dalhuisen.

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