¿Por qué siguen asesinando a exguerrilleros a dos años del Acuerdo de Paz?

Artículo publicado por VICE Colombia.

Desde que la paz se firmó en Colombia, y hasta hoy, más de 80 personas que pertenecían a la guerrilla de las Farc —y que dejaron las armas— han sido asesinadas.

Entre 85 y 91 excombatientes, de acuerdo a datos cruzados de distintos informes, han sido asesinados a pesar de haberse comprometido con un acuerdo que les prometía seguridad y garantías a cambio de entregar las armas y reintegrarse a la vida civil.

Esos homicidios volvieron a ser medianamente discutidos en el país después de que el sábado pasado, en un polémico video, Iván Márquez, exguerrillero y líder del partido político Farc, denunciara en un video que el Estado colombiano no estaba cumpliendo con lo pactado en los Acuerdos de Paz. Una de las cosas que Márquez denunciaba como parte del incumplimiento era el asesinato de excombatientes que estaban en proceso de reincorporación y el asesinato de líderes sociales.

El gobierno respondió poco después —a través del alto consejero para el posconflicto, Emilio Archila— que lo que decía Márquez no era cierto. Sobre los asesinatos a exguerrilleros, Archila aseguró que ninguno había sido asesinado por su condición de excombatiente. Y agregó que el hecho de que hayan sido asesinados por otros grupos ilegales —otras guerrillas, como el EPL y el ELN, o grupos paramilitares como el Clan del Golfo— indica que "muy posiblemente se trataba de personas que habían vuelto a la ilegalidad".

Así, la respuesta del gobierno fue insinuar que si los habían matado era porque andaban en asuntos ilegales, porque se habían vuelto a armar. Una respuesta que zafa al gobierno de cualquier responsabilidad.

Según Camilo Fagua, encargado de derechos humanos del partido de la Farc, las afirmaciones de Archila no son acertadas. Fagua dice que no puede asegurar cuántos de los excombatientes estaban vinculados a actividades ilegales, pero afirma que ese no es el caso de la mayoría de asesinados. Y afirma que el hecho de que los victimarios sean sobre todo grupos ilegales refleja falencias en la labor de las fuerzas armadas.

“Estos son terrenos con planes de consolidación militar. En teoría, el ejercicio que debe estar haciendo el Estado colombiano es recuperar su presencia en esos territorios. Por tanto no debería existir ningún grupo al margen de la ley. Es muy contradictorio pensar que en unas regiones que se supone están siendo controladas por el ejército y la fuerza pública se estén fortaleciendo este tipo de organizaciones ilegales. Y lo están haciendo ante la vista de la fuerza pública”, asegura Fagua.

Por otro lado, hay datos sobre el tema que no respaldan, e incluso refutan, la contundencia con la que el gobierno ha dicho que los excombatientes asesinados habían vuelto a la vida armada.

Hay al menos tres documentos que registran cuidadosamente la problemática: el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU; una recopilación de información que ha hecho el sitio web La Paz en el Terreno y un par de reportes de la Fundación Paz y Reconciliación.

El primero, el informe de la ONU, dice que entre noviembre de 2016 y diciembre de 2018 fueron asesinados 85 exguerrilleros. De esos casos, en la Fiscalía solo ha habido avances significativos en la investigación de 48. De esos 48, 36 están ligados al Clan del Golfo, al ELN, al EPL o a disidencias de las Farc como presuntos responsables. De esos 48 solo tres casos han sido resueltos.

Es este informe de la ONU del que se vale Archila para decir que “la absoluta mayoría han sido asesinados por otros grupos ilegales”, sin tener en cuenta que esos 48 son solo la mitad de los casos. Y concluye, sin que el informe lo haga, que eso quiere decir que los excombatientes asesinados habían vuelto a la vida armada.

Archila también ha dicho que “en ese reporte de Naciones Unidas no hay ninguna implicación de que alguna de las muertes se hubiera debido a desprotección”, y en efecto no la hay. De hecho la ONU no lanza ninguna conjetura sobre las posibles causas o motivos de los asesinatos. No obstante, un par de párrafos más arriba de la información que Archila cita, el informe asegura que sigue habiendo "problemas significativos de seguridad", debidos a la fuerte presencia de grupos ilegales. "La seguridad en esos lugares sigue siendo motivo de preocupación", dice la Misión.

La cuestión por la que la ONU no se arriesga a dar declaraciones más claras sobre quiénes y por qué están matando a los exguerrilleros es que es un tema sobre el que hay muy poca información o información contradictoria. Así lo demuestra el sitio web La Paz en el Terreno, que documenta uno por uno los asesinatos de exmiembros de las Farc de noviembre de 2016 hasta junio de 2018. El portal, que registra 76 asesinatos entre esas fechas, en ocasiones expone entre dos y cinco versiones de un mismo asesinato reportadas por medios, comunidades, fuerzas armadas y organizaciones.

Uno de los ejemplos más dicientes de eso es el asesinato de dos excombatientes en Santa Rosa, Bolívar, el 13 de noviembre de 2016, días antes de la firma del Acuerdo, durante el cese al fuego bilateral. La versión del ejército es que recibieron información sobre sujetos armados que realizaban extorsiones y que eran parte del ELN; hicieron una operación, hubo un enfrentamiento, y al final encontraron a un hombre y una mujer, excombatientes, muertos en una casa con armas y municiones. La otra versión, dada por una organización social del territorio, es que francotiradores encapuchados del ejército le dispararon al hombre, que estaba hablando por celular en una casa con otras cinco personas y dos niños, y luego a la mujer cuando socorrió a su compañero; sin enfrentamiento de por medio.

Algunos datos duros del portal: en 33 de esos 76 casos hay información contradictoria, 65 fueron asesinados por medio de sicariato, los departamentos en los que los exguerrilleros corren más riesgo son Nariño, Antioquia y Cauca, pero el peligro aumenta en el municipio de Tumaco y en el de Ituango. A su vez, esos datos y el total de casos registrados por La Paz en el Terreno permiten concluir tres cosas: varios asesinatos parecen haber sido perpetuados por disidentes de las Farc; muchos han sido asesinados apenas salen de la cárcel —uno de cada cinco— y en general lo que prima es falta de información sobre muchos de los hechos. Eso es todo, no hay forma de concluir a partir de esta recolección de datos que la mayoría de los asesinados estaba vinculado en acciones ilegales.

Y por último, está la información de la Fundación Paz y Reconciliación que hasta la fecha cuenta 85 excombatientes asesinados y 24 familiares de exguerrilleros, también asesinados. Los dos informes de la fundación, uno de 2017 y otro de 2018, sí arrojan posibles causas sobre el asesinato a excombatientes que dan un panorama totalmente distinto al que está pintando el gobierno.

Una de las causas, dice la fundación, es que la dejación de armas ha permitido que los exguerrilleros estén en un estado de "indefensión" que enemigos de otros grupos ilegales ven como una oportunidad para un "ajuste de cuentas". Otra razón es que paralelamente a la dejación de armas de las Farc otros grupos ilegales han crecido y han buscado en los excombatientes oportunidades para engrosar sus filas, incluso a veces ofreciéndoles dinero a cambio; el asesinato llega cuando la respuesta los exguerrilleros se niegan a afiliarse a esos grupos armados.

Estas dos razones ya parecerían indicar que sí ha habido exguerrilleros asesinados, contrario a lo que ha dicho Archila, por su condición de excombatientes. Y el informe de 2018, año en el que además se duplicó el número de asesinatos de 2017, asegura que la ocurrencia de esos asesinatos selectivos "ponen en peligro la confianza en las garantías en el marco de su tránsito a la vida civil", algo que ya parece estar pasando con las denuncias de Iván Márquez y el ambiente que sus declaraciones han sembrado en el resto de los antiguos miembros de las Farc que hoy siguen en proceso de reincorporación.

“Hay preocupación, eso es innegable, pero también hay una decisión colectiva de continuar en el proceso de reincorporación. Pero lo que están clamando todos acá es precisamente que se cumplan todos los compromisos por parte del Estado”, asegura Fagua, del partido de la Farc.

A propósito de eso, el pasado 15 de enero el presidente Duque hizo una declaración conjunta con el jefe de la misión de Verificación de la ONU en la que reafirmó su compromiso con los Acuerdos de Paz. Los dos aseguraron que hay puntos en los que se ha avanzado, como el desembolso de algunos recursos y la aprobación de proyectos productivos, pero hay otros en los que falta avanzar, sobre todo, resaltaron, el asesinato a líderes sociales. Sin embargo, ninguno se pronunció sobre el asesinato a personas en proceso de reintegración.

Por lo pronto, lo que los informe sugiere, es que sí hace falta un refuerzo en la seguridad que las Fuerzas Armadas proveen a los exguerrilleros, sobre todo en las zonas cercanas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reintegración, antiguas Zonas Veredales, donde están agrupados. Ya que, como lo dice un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, "ya no es la insurgencia la que tiene la potestad de hacer uso de las armas para su defensa, sino que ahora deben contar en las garantías que les brinde la fuerza pública que combatieron durante 53 años en su guerra contra el Estado colombiano".

Esta, como queda visto, es una problemática intrincada, que debe ser examinada con lupa.