Cuando los protocolos de la DEA fallan, las consecuencias son fatales

La Administración para el Control de Drogas (DEA) tardó al menos una década en abordar una serie de conflictos sobre el desempeño de una de sus unidades especiales, la cual ha estado vinculada a varios casos de muertes de civiles en diversos países, según un documento obtenido en exclusiva por VICE News.

La llamada Sensitive Investigative Unit (SIU) —Unidad de Investigaciones Sensibles— de la DEA ha sido objeto de un intenso escrutinio desde el año pasado, ya que este programa permite que esta institución investigue y adiestre a personal policial y militar de otros países, para trabajar con ellos y atacar a narcotraficantes y cárteles. La DEA ha dado crédito a la SIU en algunas de sus mayores redadas, sin embargo los éxitos se han visto ensombrecidos por una serie de episodios mortales.

Dos reportajes de investigación publicados el año pasado por ProPublica y National Geographic detallaron cómo la filtración de información en una operación de la SIU desencadenó la masacre de por lo menos 60 personas a manos de los Zetas en México en 2011, y cómo la baja seguridad operacional en otro caso, causó el secuestro y desaparición de cinco mexicanos inocentes por el mismo cártel en 2010. En 2012, otra operación de la DEA en Honduras acabó en un tiroteo que desencadenó la muerte de cuatro civiles.

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La semana pasada, a raíz de estas revelaciones, cuatro demócratas, miembros del Congreso, enviaron una carta a la Oficina del Inspector General solicitando que el organismo de control investigara las actuaciones de la SIU. Pero al parecer, hasta el verano pasado, la DEA aún seguía trabajando en solucionar algunos de los problemas más graves que el Inspector General había señalado en 2007.

VICE News obtuvo, a través de la Ley de Libertad de Información, una versión —por cierto muy muy censurada— del Manual del Programa que establece los procedimientos operativos estándar de la DEA para la SIU. El documento (el PDF se adjunta al final) incluye una reautorización del programa, la cual fue firmada el 29 de agosto de 2017 por Anthony Williams, Administrador Auxiliar y Director de Operaciones de la DEA. El memorándum dice que la reautorización "abordará recomendaciones específicas" de la auditoría del Inspector General de 2007, incluyendo "varias instancias" de "falta de responsabilidad y supervisión".

Tres expertos independientes, emitieron sus opiniones sobre el Manual de Programa, a petición de VICE News, y dijeron que era posible que los incidentes mortales en México y en Honduras hubieran podido evitarse si la DEA hubiera actuado más rápidamente tras la auditoría de 2007.

"Claramente, estas preocupaciones se han planteado antes", dijo Maureen Meyer, directora del programa de México en la Oficina de Washington para Latinoamérica. "Se podrían haber evitado estos incidentes o al menos haber mitigado el impacto que tuvieron las operaciones en la región".

La DEA, por su parte, se negó a responder las preguntas de VICE News sobre el caso de la SIU, incluido el tema de si sigue en proceso de implementar los cambios recomendados por la auditoría de 2007. Mary Brandenberger, vocera de la DEA, dijo en un comunicado que el programa SIU "ha demostrado ser un programa internacional eficaz para apoyar a las unidades antidrogas de la nación anfitriona, capaces de llevar a cabo investigaciones internacionales sobre el tema".

Un vocero de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia se negó a comentar si estaban investigando el programa SIU de la DEA.

La DEA lanzó el programa SIU en 1997 en Colombia y se ha expandido a 12 países en todo el mundo. El memo de reautorización firmado por Williams dice que la SIU "ha demostrado ser uno de los programas más exitosos… con respecto al desmantelamiento de las principales organizaciones internacionales de tráfico de drogas".

La misión del programa es "formar una contraparte extranjera bien entrenada para la investigación de (tráfico de) drogas, y unidades de inteligencia con alto carácter moral e integridad".

La DEA escoge a los soldados de confianza y a los oficiales de policía para las unidades, y los miembros deben pasar la prueba del detector, revisión de antecedentes y detección de drogas, así como recibir capacitación especial en la sede de la DEA en Quantico, Virginia. Y una vez que se forman las unidades, dice el manual, "funcionan bajo la guía y el apoyo de la DEA".

Mike Vigil, agente retirado de la DEA que se desempeñaba como jefe de operaciones internacionales, dijo a VICE News que la idea detrás de la SIU es "tener la capacidad de pasar información a un grupo de élite" conformado por sus homólogos extranjeros. Pero el problema, asegura, ha sido que la DEA no tiene permitido investigar a los oficiales de alto rango que controlan completamente a las unidades.

"Los miembros de la SIU, junto con su comandante, pasaron por el proceso de investigación, pero por ejemplo el gobierno mexicano no permitió que nadie más arriba en la cadena de mando fuese investigado", dijo Vigil. "Y aún así estas personas estuvieron involucradas y tuvieron acceso a la información".

La auditoría de 2007, realizada por la Oficina del Inspector General, “reveló deficiencias importantes con la dirección de la DEA y la supervisión de sus actividades de investigación dentro de la unidad”. La auditoría también identificó “prácticas con seguridad deficiente”, aunque en la versión pública del reporte se suprimieron detalles.

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El programa de la SIU en México ha sido particularmente complicado. Desde 2000, según ProPublica, al menos dos supervisores de la SIU fueron asesinados luego de que sus identidades fueran filtradas. Otro supervisor de la SIU, Iván Reyes Arzate, fue culpado el año pasado por las autoridades estadounidenses por vender información a narcotraficantes. Él negó los cargos.

El pasado junio, la reportera de ProPublica Ginger Thompson reveló cómo un agente de la DEA incitó a un miembro de alto rango de los Zetas a entregar información que permitiría a las autoridades rastrear los movimientos del líder del cártel Miguel Ángel Treviño y su hermano Omar. Casi inmediatamente después de que la DEA compartiera información con sus aliados de investigación en México, los hermanos se enteraron de lo que estaba sucediendo. Los Zetas respondieron arrasando la ciudad de Allende, localidad de los supuestos delatores, a unos 64 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. ProPublica confirmó que alrededor de 60 personas murieron, pero un cálculo por parte de una asociación de víctimas asegura que el número de fallecidos asciende a 300.

VICE News informó sobre la masacre de Allende en 2014, antes de que la razón se revelara por completo. Testigos dijeron que los miembros del cártel demolieron casas usando granadas y equipo pesado, dejando sólo montones de escombros. La gente del pueblo dijo que decenas de residentes —incluyendo a cualquier persona que estuviera ligeramente conectada con los presuntos traidores— fueron emboscados y asesinados. Según los informes, los cuerpos fueron colocados en bidones de combustible e incinerados.

En diciembre pasado, Thompson informó que agentes de la Policía Federal mexicana que trabajaban con la SIU se habían registrado en un Holiday Inn en la ciudad de Monterrey como parte de una operación encubierta para capturar a otro líder de los Zetas. Una vez más, el cártel fue puesto sobre aviso con respecto a la operación. Los agentes de la DEA huyeron del hotel, y cuando los pistoleros de los Zetas aparecieron buscándolos, en su lugar secuestraron a cuatro transeúntes que se ajustaban vagamente a su perfil. Las familias de las víctimas del secuestro recibieron demandas de rescate pero nunca más los volvieron a ver. Sólo después del informe de ProPublica las familias supieron del vínculo entre la operación de la DEA y las desapariciones de sus seres queridos.

Según ProPublica, el Manual del Programa de la SIU fue distribuido en diciembre, siendo esta la primera vez —en los 20 años de historia del programa— que la DEA ha puesto por escrito las reglas y procedimientos para una operación especial internacional. La copia obtenida por VICE News indica que no se siguieron algunas reglas, lo que provocó los secuestros del hotel en Monterrey.

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El manual dice que la DEA "debe mantenerse involucrada" en las propiedades arrendadas para las operaciones de la SIU, y así garantizar que los planes "se ejecuten de manera que se proteja la seguridad de las instalaciones y de los miembros de la SIU".

Otro memo de la DEA de 2012 describe cómo la agencia relajó sus reglas para permitir que las operaciones de la SIU tuvieran más fácil acceso a efectivo, hasta a 50.000 dólares (en una sola transacción) para ser reembolsados en un plazo de 90 días. Pero según los informes de Thompson, los miembros de la SIU en Monterrey "usaron tarjetas de crédito personales para pagar los autos rentados y las habitaciones de hotel".

Eric Olson, experto en temas de seguridad y crimen organizado en México, del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson en Washington, DC, dijo después de revisar el manual de la SIU a petición de VICE News, que la operación de Monterey suponía un riesgo obvio de seguridad.

"Debería ser evidente que existen serios riesgos incluso en las mejores circunstancias", dijo Olson. "El sentido común te diría que no quieres hacer esto en un lugar público. No sé por qué lo hicieron. Simplemente no tiene ningún sentido para mí".

Olson dijo que la aparente incapacidad de la DEA para actuar inmediatamente en torno a las recomendaciones de la auditoría del Inspector General de 2007 fue "profundamente decepcionante".

El Inspector General también examinó a la DEA el año pasado por el incidente de 2012 en Honduras. En ese caso, un equipo conjunto de la DEA y Honduras abrió fuego contra un barco que transportaba a presuntos narcotraficantes después de afirmar que había sido atacado. Todo en una operación antidrogas nocturna. Un hombre, dos mujeres y un niño de 14 años fueron asesinados. Las imágenes del video publicadas posteriormente contradecían la versión de la DEA; y el Inspector General descubrió que ésta "proporcionó información inexacta e incompleta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y al Congreso".

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Olson dijo que al proporcionar información errónea y tratar de encubrir sus errores en Honduras, la DEA dio un mal ejemplo que iba en contra de la misión del programa de la SIU, que pretende proporcionar un modelo a seguir de aplicación de la ley para otras naciones.

"No es resultado de una falta de estructura, reglas, procedimientos y buenas intenciones", dijo. "Es sólo que cuando estás en el campo y en una operación, pasan cosas malas. Lamento decirlo, pero esas cosas pasan. Si no tienes mecanismos para la rendición de cuentas y la supervisión, entonces estás en una situación en la que reina la impunidad".

La reciente carta dirigida a la Oficina del Inspector General del Congreso, firmada por la senadora Dianne Feinstein, el senador Patrick Leahy, el representante Eliot Engel y el representante Jerrold Nadler —los principales miembros demócratas de los comités clave encargados de la supervisión de la DEA en la Cámara y el Senado— se refiere específicamente a los incidentes en México, y pide "una investigación exhaustiva de las prácticas de las unidades supervisadas por la DEA".

En una declaración a VICE News, Engel, el destacado demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que "de ahora en adelante exigiré una mayor rendición de cuentas y transparencia con respecto a las actividades de estas unidades".

"Las fuerzas estadounidenses del orden que operan en el extranjero deben cumplir con los más altos estándares", dijo Engel. "Insto a la DEA a implementar reformas inmediatas a los programas de las unidades a su cargo que el Inspector General del Departamento de Justicia prescribió. Al mismo tiempo, el Congreso debe estar mucho mejor informado sobre las operaciones específicas que llevan a cabo las unidades supervisadas por Estados Unidos en México y en todo el mundo".

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Vigil, el agente retirado de la DEA, defendió a la SIU, argumentando que a pesar de las filtraciones, el programa es mejor que no tener ninguna unidad investigadora. Dijo que la DEA ha hecho "numerosos esfuerzos" y "grandes avances" en términos de que exista una mayor supervisión y rendición de cuentas.

"Se minimizó el hecho que la información se viera comprometida" dijo Vigil, quien escribió un libro sobre su tiempo en la DEA y ahora es un experto en The Cipher Brief.

Los problemas con el programa en México, sin embargo, continuarán siendo el centro de atención. La semana pasada, los familiares de las víctimas de la masacre de Allende visitaron Washington, DC., y hablaron en un panel sobre la guerra contra las drogas. Audible también produjo una serie de podcasts en cinco partes sobre el incidente basado en los informes de Thompson.

Los expertos también advirtieron que la historia podría repetirse si la DEA continúa confiándole a los organismos de seguridad de otros países los secretos confidenciales. Sanho Tree, director del Drug Policy Project del Institute for Policy Studies, dijo que mientras la DEA no pueda supervisar a los oficiales de alto rango y funcionarios gubernamentales en México y otros lugares, la posibilidad de que haya filtraciones y sus mortales consecuencias permanecerán.

"Puedes supervisar a todos los capitanes y comandantes que quieras", dijo Tree, "pero si es el coronel, el general o incluso el fiscal general es quien está trabajando con el cártel, todo está irremediablemente arruinado".

Para leer el documento original en inglés, da click aquí.

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