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Mencionar la palabra "porro" en Túnez podría llevarte a la cárcel

Varios raperos han sido encarcelados en virtud de las draconianas leyes antidroga del país, que prohiben no sólo el consumo de marihuana sino incluso su mención en canciones. Muchos jóvenes lo ven cómo una excusa del Estado para seguir reprimiendo.
Photo by Christian Escobar Mora/EPA
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El rapero Kafon da una patada a su porro mientras mueve suavemente su melena afro a un ritmo de reggae en medio de un barrio de Túnez lleno de casas de tonos blancos y grises. Con gafas de sol estilo aviador, rapea un mensaje a las autoridades tunecinas: "Hemos sufrido, tan sólo dejadnos ir".

La situación corresponde a una escena del videoclip de la canción "Chak Chak". Poco después de su lanzamiento en 2014, el músico fue detenido acusado de consumo de cannabis, un delito castigado con hasta un año de prisión. Cumplió nueve meses de encarcelamiento hasta que la presión ejercida contra el gobierno por compañeros artistas y un comité de activistas acabó con su liberación.

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El rapero fue uno de los innumerables tunecinos encerrado bajo lo que se conoce comúnmente como Ley 52, una draconiana ley de drogas que ha llenado las cárceles del país hasta el punto del hacinamiento, sobre todo con jóvenes con pocos recursos. Los legisladores están considerando finalmente rebajarla, aunque sólo un poco.

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El 30 de diciembre, el Gobierno de Túnez aprobó un proyecto de revisión de la Ley 52 y lo envió al Parlamento. Los cambios propuestos permitirían por primera vez a los delincuentes de drogas ser multados en lugar de pagar con un año obligatorio de cárcel, y reducir la pena máxima por reincidencia de cinco años de prisión a uno.

Por otro lado, la propuesta podría empeorar las cosas para los raperos amantes de la marihuana en el país, añadiendo el delito de "incitación a cometer delitos relacionados con drogas", una pena no contemplada en la ley actual de drogas de Túnez, hecho que tornaría en ilegal incluso hablar acerca de la marihuana.

El Parlamento aún no ha anunciado una fecha para votar los cambios propuestos, pero los grupos de derechos humanos están presionando a los legisladores para que actúen con rapidez. De acuerdo con un informe reciente de Human Rights Watch (HRW), la Ley 52 ya ha tenido un impacto desastroso sobre algunos de los ciudadanos más vulnerables de este país del norte de África, y está obstaculizando los esfuerzos de las organizaciones que prestan servicios sociales relacionados con las drogas.

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Basado en entrevistas con 47 tunecinos, el informe de HRW describe registros arbitrarios de hogares, cárceles superpobladas donde los usuarios de drogas recreativas son apiñados junto a cientos de criminales, y también destaca que muchos jóvenes tunecinos han sido golpeados por la policía incluso por el simple hecho de que existiera la sospecha que fuman 'zatla', o marihuana.

"La ley afecta a las personas de los barrios marginados, donde el consumo de drogas es alto debido a la alta tasa de desempleo y donde los residentes sienten que no tienen futuro", explica Amna Guellali, investigadora en Túnez y Argelia de HRW.

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Las duras repercusiones legales por el uso de marihuana han sido un azote para los jóvenes pobres de Túnez ya que la Ley 52 se adoptó por primera vez en 1992. Desde entonces, la ley se ha utilizado como pretexto para hostigar, acosar, y encerrar a los jóvenes tunecinos.

Las leyes contra las drogas del país están ligadas a la desigualdad que desencadenó la revolución de Túnez, que derrocó al logevo presidente Zine El Abidine Ben Ali en enero de 2011. Desde entonces, las protestas han continuado, los jóvenes están hartos del ritmo extremadamente lento de las reformas políticas, una economía estrangulada por la corrupción, y una tasa de de desempleo en aumento que el Banco Mundial sitúa en un 15 por ciento superior a la del año pasado, aunque se sospecha que es muy superior en el empobrecido interior del país.

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La marihuana que se encuentra en Túnez es de menor calidad que los productos médicos ofrecidos en Estados Unidos o Europa. Normalmente se cultiva en Marruecos y es contrabandeada a través de la larga y porosa frontera de Túnez con Argelia, aunque también se introduce de contrabando desde el África subsahariana a través de Libia. El consumo de 'zatla' está muy extendido en Túnez entre los adolescentes y jóvenes, y su presencia es mayor en los barrios pobres de las ciudades. Y son los pobres los que pagan el precio más alto.

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"La ley se utiliza como un método de vigilancia social para controlar esas áreas pobres y mantenerlas dóciles", dice Guellali, agregando que ella entrevistó a personas en Kasserine, una empobrecida ciudad del interior de Túnez, donde una oleada de protestas masivas contra la negligencia y el desempleo comenzaron el mes pasado. "Cuando los jóvenes se mueven en grandes grupos la policía los detiene a todos bajo la sospecha de consumo de drogas y los obligan a realizar pruebas de orina".

Guellali considera positivos los cambios propuestos para la Ley 52, a excepción de la parte que penaliza el hablar en público acerca de la marihuana. Ese cambio, dijo, podría tener repercusiones graves para la libertad de expresión en el país.

"Si algo como esto es incluido en la nueva ley, podría ser utilizado contra los raperos, trabajadores sociales, e incluso contra Human Rights Watch, que aboga por la despenalización del consumo de drogas", apuntó.

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'Conozco a un montón de personas que fumaron su primer porro y acabaron en la cárcel'.

Muchos raperos tunecinos se posicionaron durante la revolución de hace cinco años como algunos de los más fuertes críticos del gobierno, la policía, y la desigualdad del país. Algunos son conocidos en todo el mundo árabe, y varios de ellos han hecho canciones de éxito sobre cuanto disfrutan de la marihuana. Además de Kafon, los artistas Hamzaoui Med Amine y Klay BBJ han llegado a ser bien conocidos por sus himnos a la marihuana y por sus críticas al abuso policial  los fumadores de marihuana.

Varios raperos han padecido encontronazos con la policía por cuestiones relacionadas con drogas. Recientemente, Klay BBJ, un artista de hip-hop, ex boxeador convertido en revolucionario, fue detenido el pasado octubre por cargos poco claros. Una fuente judicial dio a entender que puede haber estado relacionado con el consumo de drogas. Fue puesto en libertad pocos días después, pero el caso apunta a la posibilidad de que la Ley 52 está siendo utilizada para combatir artistas y activistas que son críticos con las autoridades.

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Khalil Awafi, de 26 años, es miembro de una agrupación llamada Zwela, "gente pobre" en árabe tunecino y que realiza pintadas políticas. Awafi dice que teme que la ley va a ser utilizada para reprimir a los grupos de denuncia como el suyo. El nuevo proyecto de ley, opina, "es sólo una solución temporal. Los activistas y artistas serán detenidos con mayor diligencia en virtud de la ley, que lo justificará por la regla en contra de la apología del uso de zatla".

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Dos miembros del grupo de Awafi fueron detenidos en 2012, acusados de violar el estado de emergencia, por hacer pintadas en la propiedad pública, y la publicación de mensajes que perturbaban el orden público. El grupo de hip hop escribió el lema "la gente quiere derechos para los pobres" en una pared en el sur de Túnez.

"Cuando escuchas que habrá un cambio en la ley, se convierte en esperanza, pero la esencia de la opresión sigue intacta", sentencia Awafi.

El Boutheina Aouadi, de 24 años, es una rapera y bailarina de breakdance de Túnez conocida por su nombre artístico como 'Medusa'. Ella es más optimista sobre el potencial de la nueva ley para aliviar la carga de los consumidores de drogas recreativas, en particular la disposición que ofrece servicios a la comunidad como alternativa a la prisión. Sin embargo, también afirma que está rodeada de amigos de la escena underground que han sido encarcelados por la represión vinculada al consumo de marihuana.

"Conozco a un montón de personas que fumaron su primer porro y acabaron en la cárcel", cuenta. "Incluso a veces los detuvieron por tener papel de liar o por hacer olor a zatla. Si alguien va a la cárcel, no puede conseguir un trabajo en el Estado. No puede continuar sus estudios. No puede vivir una vida normal".

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