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¿Cómo están los derechos de las prostitutas colombianas en su día?

A propósito de la celebración del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, aquí están los avances de Colombia para proteger sus derechos laborales y los problemas en los que hay que seguir trabajando.
Ilustración por Lydia Fu

El 2 de junio de 1975, cerca de 100 trabajadoras sexuales francesas ocuparon la iglesia Saint-Nizier, en el centro de Lyon, Francia. Las mujeres protestaban por la fuerte política represiva que prohibía su oficio, y que, según el código penal francés, era considerado un delito en tanto "comportamiento que incitaba el libertinaje". La movilización, que provocó replicas en varias ciudades de Francia se produjo a raíz del encarcelamiento de 10 de ellas y finalizó una semana después cuando la policía las desalojó a la fuerza. Aun así, el evento se convirtió en el primer momento en que varias mujeres pertenecientes a uno de los sectores de la sociedad más estigmatizados se unieron para protestar contra la represión policial y para exigirle al gobierno la garantía de sus derechos.

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A raíz de esa movilización, el 2 de junio se convirtió el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, una fecha que pretende reconocer a este sector de la población y las dificultades a las que se enfrenta.

En Colombia la situación de las personas dedicadas a la prostitución sigue siendo una zona gris, que es a su vez difícil de entender y de tratar en su totalidad. Son pocos los estudios que hablan del número y las condiciones de los trabajadores sexuales en el país y pocos los programas dedicados a atenderlos. Sin datos no hay política seria. Esa falta de información y atención se traduce en la invisibilización de amplios sectores de esta población cuyos derechos son violados sistemáticamente y que no cuentan con herramientas para defenderse y denunciar esas violaciones.

En 2013, la Secretaría Distrital de Integración Social calculaba que, en Bogotá, había 2.478 personas en ejercicio de prostitución y que el 96% de ellas eran mujeres. De los problemas asociados directamente a su oficio, el 60% de las trabajadoras sexuales aseguraron que lo que más las afectaba era la carencia de redes de apoyo, seguida por el maltrato psicológico (13%) y la violencia (10%). Además, la Secretaría encontró que sólo un poco más de la mitad estaba afiliada al sistema de salud: 984 personas no contaba con ningún servicio de salud y de 40 no se encontró información alguna.

Esa falta de apoyo y ausencia de atención en salud son varios de los problemas causados por la inexistencia de una ley que reconozca los derechos de las trabajadoras sexuales y que regule las condiciones de su oficio. Así lo asegura Fidelia Suárez, líder de la Asociación de Mujeres buscando libertad (Asmubuli), un grupo de trabajadoras sexuales de Ipiales, Nariño. En noviembre de 2015, Asmubuli conformó el sindicato Sintrasexco, un sindicato que hasta la fecha cuenta con 600 integrantes provenientes de 6 departamentos.

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"Nosotras, ante todo, somos trabajadoras. Somos mujeres autónomas que decidimos dedicarnos al trabajo sexual, y que queremos que se nos den los mismos beneficios y protección que se le da a cualquier otro ciudadano que ejerce un trabajo", me dijo Fidelia, una cordobesa que se dedica al trabajo sexual desde hace más de 20 años. Para ella, la ausencia de una ley que reconozca los derechos laborales de las trabajadoras sexuales contribuye a que las violaciones, los abusos y los asesinatos sigan siendo problemas comunes en el país que quedan en la impunidad. Según Fidelia, la creación de dicha ley garantizaría que las denuncias de las trabajadoras sexuales sean tenidas en cuenta, lo que no pasa actualmente.

En 2013 el senador Armando Benedetti radicó el proyecto de ley 079 que busca reglamentar el trato digno a los trabajadores sexuales y que se restablezcan sus derechos. Entre las muchas cosas que busca el proyecto está garantizar la afiliación de las trabajadoras al sistema de seguridad social por parte de sus empleadores, que su oficio tenga lugar en espacios salubres y dignos y que sus condiciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo.

El proyecto de ley, que fue aprobado en la Comisión Séptima del Senado, fue retirado y será presentado de nuevo en la segunda legislatura de 2015, el próximo 20 de julio. Actualmente el proyecto está siendo redactado de nuevo con el apoyo de Asmubuli, que ha acompañado el proceso y que pidieron que algunos puntos fueran redactados de nuevo al considerar que victimizaban a las trabajadoras sexuales.

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Fidelia Suárez, de camiseta roja, líder de Asmubuli y Sintrasexco, y otra de las integrantes de la asociación sostienen una pancrta que conmemora el Dia Internacional de la Trabajadora Sexual.

El proyecto de ley está basado en una sentencia emitida en 2010 por parte de la Corte Constitucional, y siendo actualizado con base en otra sentencia de 2015. En los dos casos, la Corte Constitucional reconoció los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, resaltando el hecho de que la prostitución en Colombia no es ilegal ni está penalizada.

La primera, sentencia T-629 de 2010, se emitió en respuesta a la tutela de una mujer que fue despedida del establecimiento en el que trabajaba tras quedar embarazada. En esa ocasión, la Corte reconoció que aunque no había un contrato formal, sí había una relación laboral que debía garantizarle a la mujer una indemnización y el salario correspondiente a la licencia de maternidad.

En 2015, la Corte Constitucional aseguró, mediante la Sentencia T-736 de 2015, que la falta de regulación del trabajo sexual ha invisibilizado a una parte de la población que ejerce este oficio de manera lícita, y a la que deben garantizársele sus derechos laborales. La sentencia se falló en respuesta a una tutela que presentó la propietaria de un establecimiento en Yopal, Casanare, después de que las autoridades locales lo cerraran argumentando que no se encontraba en una zona de tolerancia permitida. La Corte argumentó que, en ese caso, las autoridades habían atentado contra los derechos laborales de las trabajadoras del establecimiento al no garantizar una alternativa tras el sellamiento del lugar.

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La implementación de dicha ley, para Fidelia, ayudaría a que dejen de quedar en la impunidad muchos atropellos que, en varias ocasiones, son causados por agentes que deberían garantizarles sus derechos, como la Policía. "Nosotras no podemos decir que la totalidad de la fuerza pública nos protege. Ese ha sido uno de los enemigos que hemos tenido que combatir. Apenas hasta ahora hemos empezado a trabajar con la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional para crear estrategias que disminuyan las problemáticas, las persecuciones y el hostigamiento que sufrimos las trabajadoras sexuales por parte de la Fuerza Pública", me dijo Fidelia.

Un informe de la ONG Parces, que será presentado en agosto, se detiene a analizar la violencia policial como uno de los problemas que afecta la labor y la integridad de las trabajadoras sexuales. Según el estudio que realizaron en siete localidades de Bogotá con 150 trabajadores sexuales, el 74% ha sufrido violencia verbal por parte de la Policía y el 34% ha sido víctima de violencia física. Además, la mitad de las personas encuestadas aseguraron haber sido extorsionadas por la policía para no ser llevadas a la UPJ.

Sin embargo, aunque la regulación del trabajo sexual que busca el proyecto de ley apunta a mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales, la iniciativa tiene varios detractores que piensan que la ley estaría reforzando una práctica explotadora.

Así al menos lo aseguran fuentes del equipo del senador Benedetti, quienes afirman que hay grupos de feministas que se han opuesto al proyecto de ley por considerar la prostitución como una actividad que objetiviza a la mujer. Sin embargo, para los promotores del proyecto, la aprobación de esta ley significaría un gran paso en el proceso de acabar con la trata de personas y el proxenetismo, dos problemas que estarían ocasionados por la falta de regulación del trabajo sexual.

Por su parte, para Fidelia, la lucha que ella, junto a las integrantes de Asmubuli y Sintrasexco han emprendido, se basa ante todo en promover la sensibilización y la educación de su oficio en un país que las ve como criminales o víctimas. "Hay muchas organizaciones que quieren ayudarnos pero lo que hacen es victimizarnos, lo mismo hace la iglesia. Terminan haciendo que nuestras compañeras se sientan culpables y eso no es así. No queremos que nos vean como víctimas. Queremos que nuestro trabajo se reconozca como cualquier otro trabajo", concluyó Fidelia.

*** Desde hoy y hasta el domingo, integrantes de Asmubuli circularán por Bogotá en una campaña de sensibilización y acompañamiento a trabajadoras sexuales de la capital.