5 goles que nos metieron los políticos mientras andábamos de vacaciones

Los que hacen las leyes saben bien que por estos días todo el mundo está más pendiente de comprar juguetes y de engordar a punta de buñuelos que de revisar nuevos decretos y resoluciones en las páginas de los ministerios. Parece que perdiéramos las ganas de indignarnos, de salir a debatir, de protestar, de marchar. Quizás lo merecemos: en navidad la mayoría de gente se entrega a sus placeres y no importa más.

Luego llega enero y la gente vuelve a abrir los ojos y se da cuenta de que algo cambió. Empiezan a aparecer cosas nuevas, como ese vacío de conocimiento que se hace evidente cuando uno falta a una clase en la universidad o a una reunión. Y entonces, con sorpresa y casi con resignación, toca enterarse de que legalizaron algo o subieron los precios de otra cosa o le regalaron licencias a una multinacional o pusieron un obstáculo nuevo en algún lugar. Mientras descansábamos al pie de una piscina y veíamos Mi pobre angelito en televisión hubo siempre un grupo de políticos trabajando como monos para pasar silenciosamente algún proyecto impopular. A eso se le conoce como "decreto navideño".

Aprovechemos pues estas fechas para recordar algunos de los más famosos y otros de los más canallas. Y que sea una oportunidad también para mirar de paso qué están haciendo esta semana. O qué hicieron ya, porque uno nunca sabe.

Uno de los más célebres de los últimos años fue el decreto que expidió el Ministerio de Minas y Energía el 23 de diciembre de 2014. Desde hace años había toda una discusión entre varios sectores sobre si los entes territoriales podían vetar la minería por su cuenta. Unos decían que esa facultad era exclusiva del Gobierno Nacional y otros decían que los alcaldes tienen autoridad sobre el suelo que se ve afectado cuando se trabaja el subsuelo. Esa no es una pelea menor, como hemos visto este año a raíz de la pugna entre varios municipios tolimenses y la multinacional Anglogold Ashanti, que quiere hacer cavar una mina descomunal y extraer más de 30 millones de onzas de oro.

Pues los ministros de Medio Ambiente, de Agricultura y de Minas firmaron en fechas navideñas un decreto que parecía favorecer más a las empresas mineras que a los entes territoriales. Eso, comentaron varios expertos en esa época, es inconstitucional. Tan descarada fue la decisión que en julio del año siguiente, unos siete meses más tarde, el Consejo de Estado tuvo que salir a suspender ese decreto por ir en contravía de lo que había dicho la Corte Constitucional. Esa misma Corte, hace pocas semanas, ratificó a través de un fallo que los municipios sí pueden decidir sobre minería en su territorio, lo que ha motivado que varios convoquen referendos para decirle que sí o que no a la extracción.

Esa navidad fue agria para el medio ambiente. El 19 de diciembre, el exministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, anunció que por fin iba a delimitar el páramo de Santurbán. La delimitación en sí no fue sorpresiva, pues llevaba varios años gestándose. Lo que molestó fue que se le quitó un 24% al páramo en un proceso donde no hubo casi participación de la comunidad. Meses más tarde, varios colectivos defensores del medio ambiente interpusieron una tutela donde alegaban que les habían violado el derecho al debido proceso.

Una de las grandes quejas fue que ese decreto seguía permitiendo explotación minera para las compañías que tuvieran licencias anteriores a 2010. Como suele pasar, tuvo que salir más tarde la Corte Constitucional a limpiar el polvero y en febrero de 2016 le dio un no rotundo a la minería en páramos. Aun así la pregunta "¿qué hacer con Santurbán?" sigue sin una respuesta definitiva porque no se han terminado de atender las necesidades de quienes viven ahí.

Hace dos años, por estas fechas, el Gobierno escribió otro capítulo de la larga pelea sobre si se deben reducir impuestos a los ricos para impulsar la economía. Se discutía (otra vez) una reforma tributaria y con ella la promesa de quitar de reducir las exenciones y de apretar con los impuestos para recoger más plata. Pero el 23 de diciembre se hizo una doble jugada en paralelo que cambió un par de cosas. Por un lado, se firmó un decreto que puso reglas para crear zonas francas costa afuera, para reducir los impuestos a los petroleros y atraer la inversión extranjera. El complemento de ese decreto se metió en un párrafo de la reforma que decía que "no serán sujetos pasivos de la sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad los usuarios calificados y autorizados para operar en las zonas francas costa afuera".

Poco podemos hacer si Santos insiste en empujar la locomotora petrolera a punta de exenciones, pero hacerlo un día antes de Navidad sí es un poquito de mal gusto. Y se siente peor ahora que estamos a punto de pagar IVA del 19%.

Tal vez lo único peor que ver cómo le quitan cargas económicas a los ricos es sentir cuando se las ponen a uno. Eso, nuevamente, no quiere decir que una cosa esté mal y la otra bien, o al revés. En todo caso, causó malestar cuando acabando el año 2013 el Gobierno pasó un modesto decreto que apareció reseñado en prensa apenas un par de veces: el 2883, que daba vía libre a los municipios con más de 300 mil habitantes de poner peajes urbanos nuevos para evitar la congestión. Semanas y meses más tarde, cuando algunos municipios empezaron a anunciar dónde y cómo lo harían, el rechazo fue mucho mayor.

Aunque el decreto era muy claro en que la plata recogida en los peajes tendría que ser destinada a construir infraestructura e implementar proyectos que mitiguen la contaminación de los carros, no hubo felicidad completa: primero, porque nadie quiere pagar peajes nuevos (así sean por una buena causa) y, segundo, porque llevamos décadas viendo cómo la platica de los peajes y la del resto de los impuestos se pierde.

No hay que dejar por fuera uno de los últimos cursos de acción extraños del alcalde Peñalosa. Era viernes por la tarde, todos los colombianos estábamos preparando la primera novena del año, y la Secretaría de Ambiente de su administración, a falta de expedir un decreto, derogó otro. Hace dos años, Gustavo Petro había expedido una resolución que declaraba el uso público del suelo de la reserva Thomas van der Hammen. Con ese papel pretendía facilitar los trámites de compra de los terrenos que están en manos de privados.

No es un secreto que Peñalosa está ávido de meterle concreto a la reserva, así un montón de expertos haya advertido que eso afectaría la estructura ecológica principal de la sabana, y con esa derogatoria de resolución estaría dando un paso más al frente. Por ahora se desconoce qué alcance podría tener esa jugadita navideña, pero para tranquilidad del medio ambiente la CAR ya salió a decir que ellos siguen siendo los únicos que pueden autorizar la modificación de la reserva y que el Plan de Manejo Ambiental sigue en pie.