Agitación en España: el PSOE se rompe y el presidente catalán convoca un referéndum de independencia

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El secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), César Luena, defendió ayer miércoles que pese a la dimisión de parte de la Comisión Ejecutiva, Pedro Sánchez ha de seguir al mando del partido hasta que un congreso extraordinario nombre una nueva Ejecutiva.

Por la tarde, 17 miembros de la comisión presentaron su dimisión en un intento de forzar la salida de Sánchez como Secretario General del Partido, lo que podría dar pie a desbloquear la parálisis política en que se encuentra el país tras las fallidas investiduras del propio Sánchez y del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.

Los estatutos del partido establecen que cuando las vacantes en la Comisión Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General "o a la mitad más uno de sus miembros", el Comité Federal deberá convocar un Congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal.

En este supuesto, algunos especulan con la posibilidad de que Sánchez se viese forzado a abandonar y se nombrase una gestora provisional para liderar el partido hasta la celebración del congreso, algo que rechazó Luena.

"En todo caso la renuncia de la mitad más uno de la comisión ejecutiva federal (…) solo prevé que el comité federal deberá convocar un congreso extraordinario para la elección de una nueva comisión ejecutiva federal", dijo Luena, que insistió en que es la militancia quien tiene que decidir sobre estos asuntos.

"Todo indica que son algunos y algunas dirigentes quienes han instigado estas dimisiones para provocar que en el PSOE no se celebre un congreso… y para que al PSOE lo dirija una gestora", añadió, denunciando maniobras para "torcer la voluntad" de los militantes.

El número dos de los socialistas dijo que hoy jueves se reunirá la ejecutiva con el fin de iniciar los trámites para celebrar la reunión extraordinaria.

Uno de los dimisionarios del órgano de dirección del partido, Antonio Pradas, salió al paso de las declaraciones de Luena diciendo a periodistas que este "ya no es secretario de organización… ni la ejecutiva está ahora mismo legitimida".

Por su parte, el expresidente Felipe González, en declaraciones a la Cadena Ser dijo sentirse "engañado" por el secretario general del PSOE: Sánchez le dijo en julio que los socialistas se abstendrían en segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy para no impedir la formación de gobierno.

El PSOE se encuentra dividido entre los que respaldan a Sánchez para tratar de formar un gobierno alternativo con sólo 85 diputados, y los que se decantan por permitir con su abstención un Ejecutivo del Partido Popular, tras nueve meses de impasse político y la amenaza en ciernes de unas terceras elecciones si no se resuelve el bloqueo institucional.

Tras mantener a duras penas la segunda posición en las elecciones de junio, el PSOE se enfrenta a una difícil encrucijada. Mientras el Partido Popular le acusa de la parálisis institucional, algunos de sus miembros temen perder relevancia ante la emergencia del grupo de izquierdas Podemos.

Sánchez y sus partidarios defienden un proyecto alternativo al de Rajoy que implicaría un entendimiento con su principal rival a la izquierda. Pero otros sostienen que el partido debería centrarse en el papel de oposición que le asignaron las urnas y no buscar difíciles atajos de poder.

No obstante, mientras Sánchez ha sido meridianamente claro en su "no" a Rajoy pese a quien pese, los partidarios de una abstención para evitar las terceras elecciones en un año no han pedido de manera explícita permitir otro gobierno de un PP asfixiado por escándalos próximos al partido.

La escenificación de la batalla interna llegó después de un nuevo revés en las elecciones regionales de Galicia y el País Vasco este fin de semana que llevó al secretario general a convocar un Comité Federal este sábado para proponer primarias el 23 de octubre y un congreso en diciembre.

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, dijo ayer miércoles que tiene intención de convocar un referéndum sobre la independencia en la región para la segunda quincena de septiembre de 2017 aunque no logre acordar los términos del mismo con el Gobierno central español.

"(…) Trabajaremos con la voluntad de hacer un referéndum acordado con el Estado en todo momento, (pero si no hay acuerdo vamos a) convocar un referéndum para la segunda quincena de septiembre del año que viene", dijo ante el parlamento catalán Carles Puigdemont.

Tal como indicó el propio Puigdemont, esta convocatoria está en la línea con lo previsto en la hoja de ruta soberanista de la plataforma que gobierna Cataluña en minoría, Junts Pel Sí, que planteó la legislatura actual como un periodo transitorio de 18 meses a partir de los comicios regionales del 27 de septiembre de 2015.

"La resolución de la demanda catalana (de independencia) se hará por lo tanto de este modo, o referéndum o referéndum", dijo.

Puigdemont realizó estas declaraciones durante una moción de confianza a la que se vio forzado tras el rechazo el pasado junio a los presupuestos regionales del grupo antiausteridad CUP, del que depende Junts Pel Sí para gobernar y que exige una consulta sobre la soberanía.

Previsiblemente, Puigdemont sacará adelante la votación de confianza, que tendrá lugar el jueves, ya que la CUP anunció este verano que en esta ocasión daría su apoyo al "president", en un giro de posición que se ha visto como un intento de aprovechar la debilidad del Gobierno central, en funciones, para relanzar la hoja de ruta separatista.

El pulso independentista se produce en un momento de incertidumbre sobre la gobernabilidad en el conjunto de España, sin que se descarte la celebración esta navidad de las que serían las terceras elecciones en un año ante las dificultades demostradas por los partidos para formar gobierno en un Congreso fragmentado.

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