El sexenio de Peña se 'desmorona' y la impunidad en México es peor

Hace 40 años que la ONG Amnistía Internacional (AI) evalúa anualmente la situación de los Derechos Humanos en México. Y aunque desde entonces ha identificado que el panorama no es alentador, el año 2017 no dejó lugar a dudas: "ahora es mucho peor".

"La promesa de un México en paz se desmorona hacia el fin del sexenio de Peña Nieto, con cifras inéditas de violencia”, aseguró Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, durante la presentación del informe.

Homicidios, desapariciones, violencia de género, detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos y finalmente impunidad. De estos ingredientes está compuesto el informe 2017 referente a México, el cual fue presentado este jueves, en el marco de la publicación de uno similar que engloba el análisis de la misma situación en 159 países del mundo.

Las cifras y observaciones dadas a conocer por AI señalan que en el último año se sobrepasaron muchos límites, en más de un sentido. El reporte arroja que la geografía del país está iluminada por la luz de innumerables focos rojos, sobre los que las autoridades prestan poca o nula atención.

Aunque la dimensión de las irregularidades amerita consignar mucho más que una lista de problemas, AI sistematizó varias desgracias nacionales e hizo énfasis en algunos temas, que cobran mayor importancia si se toma en cuenta que el mandato del presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en su recta final.

Uno de ellos es el tema de los homicidios. 2017 fue el año más letal de la historia reciente de México, pues registró más de 46.000 víctimas, de las cuáles cerca de 29.000 fueron por homicidio culposo. De acuerdo con la organización, esta es la tasa nacional más alta desde hace por lo menos 10 años.

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Las desapariciones, especialmente las consideradas como “forzadas —a manos de agentes del Estado o personas relacionadas con él— es otro de los puntos preocupantes del informe. Hasta la fecha se tiene el reporte de al menos 35.000 personas de las que no se sabe su paradero.

Dichas detenciones, reclusiones y desapariciones arbitrarias muchas veces derivan en otras violaciones de derechos humanos, tales como distintas prácticas de tortura, asegura la organización. Cifras de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República (PGR) reportan 4.390 casos de este delito en revisión a nivel federal, así como 777 investigaciones según el nuevo sistema de justicia penal.

Al día de hoy, las autoridades federales no han anunciado la presentación de cargos penales nuevos contra funcionarios públicos ni brindaron información sobre las detenciones practicadas en relación con el delito de tortura.

A ello se suma otra realidad: la de la violencia de género, que sigue siendo cotidiana y, según la ONG, ha afectado a dos tercios de las mujeres mexicanas, al menos una vez en su vida.

En México, agrega, no existe un registro de detenciones unificado, accesible y coherente con la jurisprudencia actual y las normas internacionales de derechos humanos, en el que se registre en tiempo real cualquier detención efectuada por agentes encargados de hacer cumplir la ley.

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El informe de Amnistía Internacional hace especial hincapié en el siguiente dato: 2017 también fue el año en el que México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo en su historia. La mayoría, por parte de hondureños, venezolanos y salvadoreños.

Fueron casi 15.000 las personas que solicitaron ser consideradas como refugiados, en comparación con los 8.700 que hicieron lo mismo en 2016. A finales de 2017, sólo 13 por ciento de estos solicitantes habían sido reconocidos como refugiados.

El reporte de AI es contundente, va más allá del recuento de los daños e identifica un problema superior, del que se desprenden todos los demás en México: la impunidad.

En este contexto, y de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en julio de este 2018, Tania Reneaum también reconoce que a la fecha se han conquistado importantes victorias como las leyes generales sobre tortura y desaparición. Y que ello se debe a la ciudadanía organizada que cada vez está más enojada y cuestiona a sus autoridades.

“La gente exige sus Derechos Humanos y ahora corresponde al gobierno mostrar que nos está escuchando”, concluye.

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