La batalla de Río Blanco

Bertha Cáceres, líder indígena que libra una lucha con el pueblo lenca para proteger las tierras que les pertenecen. Foto por Ocote Films.

En 2009, un golpe militar derrocó al presidente de Honduras, Manuel Zelaya y dejó el país impactado con violencia. Desde entonces, las dos ciudades más grandes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, se han convertido en capitales de la muerte. Los campesinos luchan contra varias corporaciones debido a una iniciativa gubernamental para que empresas privadas y extranjeras exploten el campo. La comunidad de Río Blanco, donde una compañía del gobierno chino y un despacho hondureño están intentando construir una planta hidroeléctrica, ha abanderado una emblemática pelea por la tierra en Honduras, conflicto que ya ha cobrado vidas.

Sinohydro, la compañía china, y DESA, firma hondureña, montaron en esta comunidad de indígenas lencas al noroeste de Honduras, la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca. Ambas compañías obtuvieron títulos de la tierras en 2011 y recibieron aprobación del presidente municipal de Intibucá. El primero de abril de 2013, residentes de Río Blanco bloquearon la carretera que la constructora de la presa hizo en las tierras de cultivo de los campesinos.

Durante ocho meses han mantenido su bloqueo para prevenir que la maquinaria pesada pasara por sus tierras y entrara al sitio de construcción. El 15 de julio de 2013, durante una manifestación frente a las instalaciones de Sinohydro/DESA, un soldado hondureño disparó a corta distancia a Tomás García, un campesino, asesinándolo. En ese mismo incidente, balas militares también hirieron a su hijo y a otro comunitario. Otros incidentes de violencia han incluido secuestros de habitantes de Río Blanco y ataques con machetes, según me contaron habitantes durante mi visita a Río Blanco este verano.

El actual presidente hondureño, Porfirio Pepe Lobo ha intentado introducir ciudades modelo, que generarían zonas exentas de la ley hondureña para así atraer a firmas internacionales. Desde que Sinohydro/DESA entró al área, hay letreros que aparecen a lo largo de Río Gualcarque, prohibiendo a la comunidad de Río Blanco tener acceso al agua que usa para irrigación de cultivos, alimentación de ganado, servicios domésticos y pesca.

Esta comunidad se sustenta de la siembra de maíz, frijol, naranja, plátano, aguacate y caña, entre otros productos. Estas cosechas son el pan de cada día de los campesinos de la región y el proyecto de Agua Zarca inundaría la mayoría de la tierra fértil. Pero según el consorcio, los trabajos generados y la mejoría de la infraestructura compensará la pérdida de sus tierras.

Por ahora, la comunidad sigue siendo rural y de dificil acceso, con brechas de lodo entre la vegetación. No hay tiendas. El único vehículo que llega aquí es un autobús escolar que corre pocas veces a la semana, transportando gente a Santa Bárbara, el pueblo más cercano.

En los años veinte, el gobierno decretó que esta tierra pertenece a los lencas, y según la ley internacional, esta comunidad indígena tiene el derecho de haber sido consultada antes de la construcción de la presa.

Tumba del campesino Tomás García, asesinado por el ejército hondureño durante una manifestación frente a las instalaciones de Sinohydrol/ DESA.

Según los residentes, esto no pasó. Como pude ver en un reporte de la ONG Rights Action, DESA compró los títulos de las tierras a familias que no eran indígenas y que se habían mudado recientemente al área con la intención de vender la tierra de la cual no eran dueños.

El gobierno hondureño ha presumido el proyecto Agua Zarca como una iniciativa sustentable que está apoyada por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ésta es tan sólo una de las 41 concesiones hidroeléctricas que fueron otorgadas después del golpe de estado, junto con leyes que permitieron la privatización gradual de los ríos.

Con estos títulos bajo la manga, el presidente municipal de Intibucá otorgó el permiso de construcción a Sinohydro/ DESA para el proyecto Agua Zarca, permitiendo al conglomerado quedarse con la tierra. El grupo ha sabido lidiar contra la controversia de la presa. Por ejemplo, el presidente municipal de un pueblo cercano, habló inicialmente en contra de la presa e incluso visitó el bloqueo. Luego, según los residentes locales, el consorcio le prometió proyectos de construcción y la mejoría de carreteras, pero se rumora que hubo tratos bajo la mesa y de repente él estaba a favor del proyecto Agua Zarca.

Francisco Sánchez, líder del consejo local de indígenas, que ayuda a resolver disputas entre locales ante la falta de interés oficial en el tema, dice que ellos no fueron invitados a juntas para discutir el proyecto y que no firmaron ningún documento otorgándole a la compañía el derecho de construir en su comunidad. “Ellos dicen que nosotros invadimos su edificio, pero ellos son los que invadieron nuestra tierra, en la que nuestros ancestros han vivido por siglos”, dijo Sánchez.

El gobierno hondureño ha despachado batallones militares al área y está planeando instalar una nueva estación de policía —en un pueblo donde apenas llega la electricidad.

Conocí a Bertha Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el sepelio de Tomás García, dos días después de que fuera asesinado. El consejo ha estado involucrado en el bloqueo de la carretera desde el inicio.

“Es que van en contra de la vida, y los pueblos se levantan a defender la vida y a luchar contra un proyecto de muerte”, dijo Bertha.

Ella traía puestos unos aretes de plata en forma de pájaros y una playera con un símbolo feminista y la palabra RESISTIREMOS. El hombre que nos condujo al funeral nos advirtió acerca de una “mujer peligrosa” que estaba amenazando a la comunidad. Se refería a Bertha.

Cuando le mencioné esto a Bertha, se rio. Cáceres junto con dos activistas del COPINH han sido acusados de “usurpación, coerción y daños” por supuestamente incitar a cometer crímenes en el bloqueo de carretera de Río Blanco. Cáceres también ha sido acusada por portación de una arma que ella dice que la policía le sembró en su coche mientras iba camino al bloqueo. El 19 de septiembre de 2013 el gobierno hondureño ordenó su detención antes del juicio, debido a la acumulación de delitos de portación de arma y supuestos daños a la propiedad privada. Bertha no se presentó al tribunal, desde entonces ha estado prófuga. Hasta el momento en que escribo esto, se desconoce su paradero.

Cuando nos conocimos, Cáceres habló enfáticamente ante decenas de campesinos reunidos para el funeral. Enunció que el bloqueo de la carretera es un ejemplo de la resistencia del legado indígena; y comparó la batalla de la comunidad contra la presa con los 521 años de lucha anticolonial en Latinoamérica. Antes del funeral de García, Cáceres recibió muchas amenazas y temía por su vida. Junto con otros miembros de COPINH, Bertha viajó con una escolta de policías que los acompañó a Río Blanco mientras transportaban el ataúd de García del hospital.

Aún así ella mantiene la calma y un buen ánimo. Durante el día de acción campesina convocado por el COPINH me le pegué como perrito faldero, esperando el momento apropiado para entrevistarla. Le pregunté por qué fue que la policía la acusó por portación de armas y la escoltó al siguiente día. Bertha reconoció la paradoja pero dijo que la policía aceptó escoltarla porque de lo contrario tendría que hacerse responsable de cualquier suceso trágico. “Su rol ha sido proteger a DESA y sus negocios, no a la gente. El nivel de vulnerabilidad en el que nos encontramos, el nivel de amenazas de muerte, el peligro a nuestra integridad física y emocional es severa; [implica] un alto nivel de riesgo”, dijo Cáceres.

Después del funeral de García, viajé con Bertha, otros activistas del COPINH acusados (como Tomás Gómez y Aureliano Molina) y la escolta policial de regreso a Tegucigalpa. Ahí el COPINH demandaba una investigación del asesinato de García. La camioneta pasaba por las laderas de las montañas de Honduras, bordeando la base militar más grande de Centroamérica: Palmerola. Los activistas del COPINH hablaron acerca del incremento del financiamiento del militar de Estados Unidos en el país y la construcción de tres bases militares estadounidenses desde el golpe del estado, pero dicen que su resistencia a esta militarización viene desde principios de los noventa.

Según a Cáceres, Honduras se ha convertido en un laboratorio para la implementación de estos proyectos transnacionales incluyendo presas, enclaves de palma africana, y minas con el apoyo del militar de Estados Unidos a Honduras. “Estamos en una etapa donde las multinacionales han adoptado una nueva postura para adquirir más territorio. Antes usaban a políticos, presidentes municipales y oficiales para llevar a cabo su proyecto. Ahora entran directamente a las comunidades indígenas y dan mordidas a los líderes locales por sus tierras”, dijo Cáceres.

En Río Blanco hay cientos de mujeres y niños indígenas que mantienen el bloqueo de la carretera, cocinando comida para todos los participantes y al mismo tiempo ayudando en la movilización. Cáceres enfrenta esta difícil situación y dice que son estas mujeres las que le proveen inspiración para seguir luchando. “Es como estar en el desierto sin agua y luego aparece una persona que sabe dónde se puede encontrar el agua, que al final es lo que te da fuerza. Somos un pueblo que viene de una historia nada sumisa. Tenemos dignidad, somos gente lenca, con una herencia rebelde”.