​¿Alguien sabe qué está pasando con el dinero de los colombianos?

Esta es la columna de Dejusticia en VICE.

Apuesto a que no sabían que en el 2011 (tal y como lo denunció Mauricio Gómez en CM&), el municipio de Yopal invirtió 10.300 millones de pesos en una piscina de olas que aún no funciona por falta de agua. Esto sucedió, además, en un municipio donde actualmente la población no tiene acceso a agua potable. Lastimosamente, este es sólo uno de varios casos parecidos. ¿Por qué los gobiernos utilizan nuestro dinero de manera tan irresponsable e injusta? Con tanto dinero público despilfarrado, ¿no es indignante que haya niños muriendo de hambre en La Guajira?

Lo anterior es resultado de lo que podría describirse fácilmente con el nombre de "democracia excluyente". Me explico: hay quienes creen que la democracia es algo que las personas hacen cuando salen a votar, cada dos o cuatro años. De ahí en adelante, la "democracia" queda en manos de los representantes y funcionarios con potestad de decidir por nosotros lo que nos conviene.

Sin embargo, es hora de reconocer que las decisiones sobre el presupuesto público, cuando no son incluyentes, terminan costando vidas. Tenemos derecho a saber qué está pasando con nuestro dinero y a participar en los procesos que definen cómo se recauda y cómo debe ser gastado. Tenemos derecho a imaginarnos la "democracia" como un proceso incluyente en el que todos estamos involucrados de manera permanente. Y en el que podemos decidir también cómo deben gastarse los dineros públicos. En otras palabras, la consigna democrática del siglo XXI debe parecerse más a la de los protagonistas de la película Jerry Maguire: ¡Muéstrenme el dinero! ¿Dónde está el dinero? Quizás así podamos evitar las tragedias y tragicomedias que suceden por la forma en que se invierte (o se esfuma) nuestro dinero.

Esta es la apuesta de quienes piden una mayor transparencia: rendición de cuentas y participación ciudadana en el presupuesto público. Se trata de involucrar a las personas en todo lo que tiene que ver con el recaudo y el gasto de unos dineros que supuestamente deben estar destinados a mejorar el bienestar colectivo. Algunos países (Argentina, España, Perú) ya han implementado iniciativas exitosas de presupuesto participativo, algo que también se está intentado hacer en Medellín. Sin embargo, es muy difícil lograr que haya participación efectiva en todo el país. Y son varias las razones.

Antes que nada, enfrentarse al presupuesto público significa enfrentarse a un ejército de cifras y de burócratas aburridos que hablan en otro idioma. Encima de eso, las personas ven al Gobierno como un nido de corrupción e injusticias: por eso nadie quiere pagar impuestos y todos hacen lo posible por evitar pagarlos: la evasión promedio de personas jurídicas, en el periodo 2007-2012, por ejemplo, fue del 39%; la del IVA se calcula entre 20 y 40%. (No hay un cálculo exacto para la evasión del impuesto a la renta personal). En otras palabras, hay un círculo vicioso en el que los gobernantes y los ciudadanos compiten por ver quién puede esconderse mejor del otro.

Por otra parte, en países como el nuestro, muchas personas tienen una relación inexistente con el Estado: ni pagan impuestos directos ni perciben los beneficios de distintos servicios públicos. Para que tengan una idea, el sector informal, que es una manifestación de esta exclusión, está alrededor del 50% en Colombia, por lo menos eso dice Fedesarrollo en un estudio que hizo en las 23 ciudades principales de Colombia. Además, gran parte del dinero público viene de las regalías de industrias extractivas como la minería y el petróleo, de manera que el Gobierno no nos necesita para obtener buena parte de sus ingresos y a nosotros nos parece que "regalías" y "regalado" suenan a lo mismo. Pero los estudios son contundentes cuando señalan que los países que más dependen de estos recursos "regalados" también tienden a ser más corruptos y menos eficientes con el dinero público (CEPAL 2013, Moore 2007).

En Colombia, nuestra "democracia excluyente" tiene además una larga tradición. Siempre que nos enfrentamos a una decisión complicada, dejamos que las soluciones caigan en manos de misiones de expertos. Estas decisiones luego son presentadas (para bien o para mal) como el resultado de un razonamiento lógico, científico, inevitable e indiscutible. Ahora, no creo necesario que alguien tenga que volverse experto en todo aquello que le concierna para ser un "buen" ciudadano. El mundo es un lugar muy complejo y nadie tiene el tiempo suficiente como para conocer todos los detalles técnicos alrededor de cualquier tema. Lo bueno de la participación, sin embargo, es que obliga a que los expertos se expresen en términos claros, a que expliquen por qué se tomó una decisión entre distintas alternativas, a que muestren que sus argumentos tienen respaldo en la evidencia, a que demuestren que están hablando desde su experticia y no desde algún interés particular.

La última misión de expertos convocada desde el gobierno nacional tiene el noble propósito de reformar el recaudo de impuestos en el país. Esta reforma se ha vuelto necesaria puesto que, con el desplome de los precios internacionales del petróleo, los dineros de las regalías ya no van a ser suficientes para financiar las piscinas de olas de los gobiernos locales y el gobierno nacional. El proyecto de reforma tributaria se hará público el 26 de diciembre de este año, probablemente con el propósito de que pase desapercibido.

Los impuestos pueden sonar todavía más aburridos que el gasto público, pero siguen siendo parte fundamental del presupuesto público. Quizás sea más acertado decir que hoy en día los impuestos son parte del contrato social. Las leyes tributarias, al fin y al cabo, formalizan las obligaciones que tenemos unos con otros. Aquí también se hacen visibles las desigualdades que decidimos aceptar (o ignorar) como comunidad y también aquellas que decidimos tratar de corregir. Es normal que en este tipo contratos muchas cosas importantes terminen siendo escritas en letra pequeña; y por eso es importante leer con cuidado[i]. Pero ni siquiera al diablo se le ocurriría escoger las vacaciones de diciembre para presentar semejante contrato, eso ya es demasiado malvado. Aunque no por eso deberíamos dejarle esa discusión a los de siempre.

¿Quién se mide a seguirle la pista? Su dinero y su futuro están en juego.

[i] Por ejemplo, desde ya se ha anticipado que habrá aumentos en el IVA, un impuesto que empobrece a los colombianos.

* Investigador de Dejusticia.