El gobierno ofrece una gran recompensa para el que ayude a encontrar a un activista desaparecido hace 41 años

Este artículo fue publicado originalmente en VICE News, nuestra plataforma de noticias.

El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla desapareció tras ser detenido por un grupo de soldados en el estado de Guerrero mientras viajaba con su hijo pequeño.

Después de 41 años, el gobierno de México ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos a cambio de información que conduzca a su paradero o la detención de los responsables de su desaparición.

"En casos de desaparición como este, no hay resolución hasta que sabemos el paradero de la persona", dijo el subprocurador de derechos humanos, Eber Betanzos, para VICE News. "Que hayan pasado tantos años no significa que todas las líneas de investigación se hayan agotado".

En la actualidad hay más de 25 mil personas desaparecidas oficialmente en México, y un número indeterminado pero significativo son desapariciones forzadas en las que están involucrados agentes del Estado.

El caso Radilla destaca gracias a la persistencia de sus familiares y a un fallo de la Corte Interamericana del Tribunal de Derechos Humanos que convirtió el caso en un símbolo de la forma en que las desapariciones no resueltas pueden continúan atormentando a los gobiernos a pesar de que hayan pasado décadas desde que desaparecieron las víctimas.

El anuncio de la recompensa, que se hizo el pasado 12 de octubre, llega en un momento en que el gobierno está bajo una presión nacional e internacional sin precedentes para dejar de minimizar el fenómeno.

La semana pasada, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos visitó México y se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. También se reunió con las víctimas cuyos derechos han sido violados, entre ellas los familiares de las personas que fueron desaparecidas forzadamente.

"No solo es lamentable, es una tragedia que ni la policía ni el sistema de justicia sean capaces de aclarar el paradero de las víctimas y qué pasó con ellos, sobre todo que los gobiernos sucesivos y que el sistema político en su totalidad no pueda detener estos crímenes", dijo Zeid Ra'ad Al Hussein en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

La desaparición de Radilla sirve como un recordatorio escalofriante de cuánto tiempo ha estado ocurriendo este fenómeno en México y la frecuencia en que los casos clave tienen algo que ver con el estado de Guerrero.

Radilla desapareció en la llamada Guerra Sucia contra los izquierdistas en una ofensiva militar más amplia contra los movimientos guerrilleros que surgieron en Guerrero y otros estados en la década de los 60 y los 70. Uno de los líderes de la guerrilla era Lucio Cabañas, quien se graduó de Ayotzinapa y fue asesinado por el ejército en 1974.

Según el testimonio del hijo de Radilla, que entonces tenía 11 años de edad, los soldados acusaron a su padre de escribir canciones para apoyar a los rebeldes. Más tarde, sus compañeros detenidos afirmaron que la última vez que vieron a Radilla fue en los cuarteles militares de Atoyac de Álvarez, su ciudad natal, en la costa de Guerrero.

La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, conocida como AFADEM, afirma que de las 800 personas que desaparecieron en la Guerra Sucia, cerca de 450 eran de Atoyac. La hija de Radilla, Tita, está a cargo de la organización.

Aunque ya se consideraba un caso de prueba, el caso Radilla cobró aún más importancia después de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009 donde condenó las graves violaciones de los derechos humanos de esa época y ordenó al gobierno de ese entonces tomar medidas para encontrar a Radilla y a los responsables de su desaparición.

Julio Mata, un activista de la AFADEM, dijo VICE News que las autoridades no han cumplido con el fallo.

"Para nosotros la impunidad es la cadena de transmisión. La impunidad hace que no haya castigo y que sigan cometiendo estos delitos", dijo Mata. "No pasa nada. Nunca llevan a juicio, ni siquiera investigación".

Y ahora la recompensa que ofrece el gobierno a cambio de información no es más que una forma de lavarse las manos, añadió. "Al gobierno le gusta aparentar que está haciendo algo para minimizar su responsabilidad".

La recompensa se fijó dos semanas y media después de que el gobierno anunció la creación de una división especial de la procuraduría general para los casos de desaparición. Según Betanazos, de la procuraduría general, la nueva división va a incluir "investigadores especializados sensibles a este tema en específico" y va a estar equipada con "tecnología avanzada y recursos para ubicar personas".

Betanzos también hizo hincapié en el respaldo del gobierno a la nueva propuesta de ley acerca de las desapariciones forzadas que por el momento se encuentra en el senado.

Este tipo de casos son particularmente incómodos para el gobierno, en especial cuando hay militares involucrados, un sector al que los mexicanos siempre han visto y tratado como intocable.

Por meses, los padres de los estudiantes desaparecidos en el caso Ayotzinapa y los expertos en derechos humanos han exigido una investigación completa sobre el papel que tuvieron los militares en los hechos pero no han logrado nada. Señalan que hay la evidencia documentada de la presencia de soldados que monitorearon los ataques hacia los estudiantes. De igual forma, hacen hincapié en los antecedentes del ejército en la Guerra Sucia, sobre todo por los casos más recientes de personas que fueron vistas por última vez en compañía de soldados.

El general Salvador Cienfuegos, el secretario de defensa nacional, se resistió a la idea de una investigación más clara en una entrevista transmitida por Televisa a principios de este mes."Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales", dijo Cienfugos.

En la foto de arriba, que fue tomada en 1974, un grupo de soldados mexicanos toman un descanso después de buscar a líder guerrillero Lucio Cabañas en las montañas.

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