Esto es lo que ocurre cuando una madre separada denuncia abusos paternos sobre sus hijos

El día que la madre de Eva [nombre ficticio] le contó que su hijo de cuatro años le había dicho que su padre le metía el dedo en el culo y que le hacía daño, la mujer comenzó a relacionar otros hechos y a darse cuenta de todas las veces en las que el niño había repetido el gesto que decía que le hacía su progenitor. "Eso es aprendido", pensó. Desde ese momento comenzó una batalla por impedir que el pequeño se encontrara de nuevo con su presunto abusador, del que ella se había divorciado un año antes.

Cuatro años después, el hombre ve a su hijo tres horas en sábados alternos en un Punto de Encuentro Familiar sin supervisión. En este tiempo, varios informes médicos y psiquiátricos del menor dicen que ha sufrido abusos sexuales, una de sus profesoras ha denunciado al padre por ello y él ha estado imputado dos veces.

En las dos ocasiones el caso se ha sobreseído de forma provisional y Eva ha sido acusada de mentir, de manipular a su hijo y ha sido obligada a acudir a un psicólogo y a cumplir el régimen de visitas bajo la amenaza judicial de entregar a su hijo a un centro de acogida ante cualquier incumplimiento.

El caso de Eva no es aislado. Según denuncia la Asociación Infancia Libre, que aglutina a familias de menores que sufren abusos sexuales o físicos por parte de sus progenitores, situaciones así son habituales" en los juzgados españoles. En la entidad hay 22 niños afectados y cada día llegan casos nuevos, según explica a VICE News su presidenta, María, quien pide que su apellido no salga publicado.

En todos aparecen situaciones parecidas: los menores, de cuatro, cinco, siete o 12 años muestran un fuerte rechazo a ver a sus padres. Las madres empiezan a conocer los abusos. Muchas veces hay partes médicos que los acreditan. Los denuncian. Ellos piden modificación del régimen de visitas o la guardia y custodia y entonces comienza el cuestionamiento a las mujeres por parte de los jueces y los psicólogos de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados, y quienes deben valorar si los padres son aptos para la guardia y custodia de sus hijos.

"Una trabajadora social del juzgado me dijo nada más entrar a la consulta que no se creía lo de los abusos sexuales y que iba a hacer todo lo posible por que me quitaran la guarda y custodia de mi hijo", cuenta Eva que le ocurrió cuando denunció por primera vez los abusos y su ex marido había presentado una demanda para pedir que la custodia del pequeño pasara a él.

"Pensamos que funciona bien pero hay un absoluto desconocimiento y jueces, fiscales y servicios sociales piensan que ellas están denunciando porque están resentidas y que manipulan a sus hijos para que rechacen irse con el padre", explica a VICE News la abogada de Infancia Libre, quien prefiere que su nombre no sea público para que no interfiera en los casos que la asociación tiene en los juzgados.

"Es más fácil culpar a la madre que investigar qué está ocurriendo realmente", afirma.

Eva impidió durante cuatro años que su hijo viera a su padre "para protegerle". Un juzgado la condenó por incumplimiento del régimen de visitas pero la Audiencia Provincial de Madrid la absolvió después "porque no se podía exigir a la madre otra conducta". El tribunal entendió que a la vista de los informes médicos que acreditaban los abusos sexuales y mientras el padre estaba imputado ello hizo lo que creyó mejor para el menor.

Cuando el hijo de Eva tenía 18 meses, y ambos aún vivían con el padre, dejó de comer y de caminar. Tampoco hablaba y le diagnosticaron una minusvalía psíquica del 37 por ciento. "Durante los cuatro años que dejó de ver al padre la minusvalía desapareció, me dijeron que había sido un error interpretativo", señala la mujer.

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Hace tres años Save the Children presentó el informe La Justicia española frente al abuso sexual infantil en el entorno familiar en el que analizaba cuatro casos en los que menores de edad habían mostrado signos de abusos sexuales por parte de sus padres. Se repetía el mismo esquema que en los casos denunciados por Infancia Libre: parejas separadas o divorciadas y cuando ellas denunciaban los abusos ellos presentaban una demanda para reclamar la custodia.

En tres de los casos, los investigadores de Save the Children constataron además que había claros indicios de violencia de género que los juzgados no tuvieron en cuenta. Las madres habían presentado denuncias por malos tratos, en dos casos se sobreseyeron por falta de pruebas, en otro el acusado fue absuelto pero las tres mujeres continuaron siendo atendidas por psicólogas en servicios municipales para víctimas de violencia machista. El exmarido de Eva fue condenado por un delito de violencia de género y la abogada de Infancia Libre subraya que es un elemento que se repite en varios de los casos.

A Marta [nombre ficticio] su marido le agarró por el cuello con las dos manos y ella se defendió mordiéndole en el brazo. Ella obtuvo una orden de alejamiento pero el juez les acusó de agredirse mutuamente, él salió absuelto y la protección fue retirada. La sentencia de divorcio dictada hace dos años estableció un régimen de visitas que los niños, de 11 y 12 años, rechazaron desde el principio.

"Cuando venía a recogerlos al colegio lloraban y gritaban sin parar que no querían irse", cuenta a la madre a VICE News. En el verano de 2014 los menores le dijeron que la novia de su padre "les tocaba el culo", ella lo denunció. "Mamá, no hemos contado nada porque papá nos ha dicho que nos iba a pegar si decíamos algo", cuenta Marta que le dijeron sus hijos tras declarar en el tribunal.

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El juez consideró que la denuncia "era altamente increíble" y rechazó investigar más sobre el asunto. Ante el rechazo "tan fuerte" de los niños a ver a su padre la mujer empezó a incumplir el régimen de visitas.

Él la denunció y el juzgado comenzó a multarla con 200 euros todos los meses por incumplimiento del régimen de visitas. "Son multas coercitivas que imponen los tribunales para obligar a cumplir una resolución y es un dinero que se lleva la Administración de Justicia puesto que la ley considera que es el perjudicado porque no se está cumpliendo una resolución [el régimen de visitas] que ha dictado", explica la abogada de la asociación.

Marta cobra 1.100 euros de la prestación por desempleo y el juzgado le embargó durante medio año 200 euros cada mes como sanción al incumplimiento. Desde que se divorciara, su exmarido la ha denunciado en 45 ocasiones: varias por desobediencia, otras por denuncia falsa pidiendo hasta cuatro años de cárcel, en otra por un delito contra la fauna porque la acusa de haber dejado morir unos animales exóticos que había en la casa familiar, donde ella vive con sus hijos.

Se enfrenta a una multa de 30.000 euros y a entre seis y dos años de cárcel. Explica que en un año y medio lleva gastados más de 100.000 euros en los juzgados. No tiene derecho a la justicia gratuita y cada vez que tiene que ir a declarar por alguna denuncia el procurador y el papeleo le cuesta entre 3.000 y 6.000 euros dependiendo de si es o no un proceso de casación.

El pasado enero salió la sentencia firme sobre la custodia, que Marta mantiene, y que establece un régimen de visitas para el padre de dos horas un día a la semana. El tribunal advierte que "cualquier incumplimiento por mínimo que sea se procederá a la modificación de la guarda y custodia si procede a favor del padre o en su caso de quien procediese conveniente a los efectos de evitar el perjuicio que se le está efectuando a los menores y vinculación del entorno paterno".

"Yo ni me acerco al colegio cuando él va porque tengo miedo de que digan que incumplo la sentencia y que me quiten a los niños", dice desesperada Marta. Pero sabe lo que sigue ocurriendo a las puertas del centro y hace apenas una semana debió acudir a la Guardia Civil a recoger a sus hijos después de la niña se escapara cuando vio a su padre. Permaneció dos horas escondida hasta que la encontraron los agentes.

El informe de Save the Children analizó 65 autos que las Audiencias Provinciales habían dictado en el último año y medio como respuesta a recursos de apelación ante sobreseimientos de causas penales por abuso sexual infantil. La gran mayoría — un 61,53 por ciento- confirmaron el archivo y la causa mayoritaria — en el 17 por ciento — fue la inducción del padre/madre, seguido de la falta de credibilidad. "Hay un problema general en España donde la justicia no está adaptada a los niños y con esa incomprensión y desconocimiento se les revictimiza una y otra vez", subraya a VICE News Almudena Escorial, letrada de la organización internacional, y quien participó en la investigación hace tres años.

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