Busqué a mi sobrino en los tráilers abandonados de Jalisco

Artículo publicado por VICE México.

Las calles estaban repletas de automóviles de familias que buscaban a sus desaparecidos. Alejandro Puerto Covarrubias descendió del coche una calle antes de su llegada al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el número 2395 de Batalla de Zacatecas, en Tlaquepaque, y al segundo percibió el hedor a cuerpos en descomposición. Olía a sangre podrida y la fetidez iba en aumento mientras caminaba rumbo a la entrada del edificio.

Alejandro dice que ya se acostumbró a ese tufo fúnebre. Desde hace año y media busca en los forenses el cuerpo de su sobrino desaparecido, Carlos Arturo. Por eso no aceptó el cubrebocas que le ofrecieron al ingresar a la morgue.

Llegó al instituto forense porque, a mediados de septiembre, se informó sobre la aparición de cajas refrigeradoras de tráilers que contenían cientos de cuerpos ante una infraestructura insuficiente para el resguardo de los no identificados. Uno de esos enormes féretros, con 157 cadáveres, fue reubicado en más de una ocasión pues no existía un espacio para resguardarlo. Luego se informó que se depositó en una bodega de la Fiscalía de Jalisco, en Tlaquepaque. El cuerpo de Carlos Arturo podía estar ahí.

Cuando Alejandro se enteró de la existencia de los contenedores, lo primero que hizo fue ponerse en contacto con la fiscalía. Averiguaba qué procedía para quitarse la duda de si su sobrino estaba entre los cuerpos almacenados. Lo remitieron al instituto forense. Al poco tiempo llegó a Tlaquepaque.

Carlos Arturo Ruíz Puerto, de 30 años, desapareció el 6 de marzo de 2017. Lo último que se supo de él es que estaba en su casa en el municipio de El Grullo, al suroeste de Jalisco, la región con mayor número de desaparecidos del estado. Ese día iría a visitar a su pareja, en Unión de Tula, a media hora de camino. Un testigo relataría haber visto cuando lo subieron a una camioneta “parecida a la de los judiciales”. Carlos Arturo vestía camisa sin mangas, bermuda de mezclilla y sandalias. No se había alistado para salir. Al ingresar a su domicilio, sus familiares descubrieron en la sala una muda de ropa. Se preparaba para tomar un baño.

“Te haces mil ideas de qué pudo haber pasado”, señala Alejandro, estudiante de 26 años y oriundo de Guadalajara. “No sabíamos cómo proceder. No queríamos presentar la denuncia, hasta que hubiera certeza de algo, lo que fuera”. Finalmente, la levantaron el 29 de marzo en Autlán de Navarro, pero desde ese día no hay avances. Hace no mucho, personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas buscó a la familia para preguntar qué había averiguado. Tras unos segundos de indignación, Alejandro respondió: “Esto es increíble. Son ustedes quienes tendrían que decirnos”.

En el primer filtro del instituto forense hay un grupo de policías que le solicitó su identificación y tomó sus datos, anotados en una bitácora. Alejandro lo dijo claro: “Vengo a investigar si mi sobrino está entre las cajas de tráilers”. Accedió por un pasillo y fue en el segundo filtro en donde comenzó el problema. Las jóvenes que ahí efectuaban su servicio social atendían a las familias que buscaban a sus desaparecidos.

Alejandro describió a Carlos Arturo de pies a cabeza. “Me enfrenté a un inconveniente grande de comunicación, porque la joven no era experta en temas forenses o penales. Por ejemplo, no sabía cómo se llamaban las partes del cuerpo”. La encargada escribió con pluma el testimonio en una hoja en blanco, sin formato alguno. Al final trazó un 55, el número de ficha que correspondía a Alejandro. Apenas eran las 12 del día y otras 54 personas ya aguardaban.

A partir de ese momento, espero en una sala improvisada: unas cuantas decenas de sillas en un cuarto sin calefacción y con las puertas abiertas para, sin suerte, ventilar el fuerte olor y combatir el potente calor.

Al lado de esa sala, Alejandro recuerda una puerta de cristal “que va a las planchas donde tienen los cuerpos y hacen las autopsias”. Hay otro pasillo que llega a oficinas administrativas: trámites de actas de defunción, entrega de cuerpos.

Dos horas después, no ocurrió nada. Harto, preguntó cuál era el procedimiento y otra joven de Derechos Humanos de la fiscalía le respondió que, cuando llegara su turno, pasarían a otro cuarto a examinar la base de datos del forense. Alejandro sintió ánimos, que se extinguieron conforme pasaron más horas: ocho en total, sin que alguien explicara qué sucedía. Ocho horas en las que las familias se animaban con al menos una mirada fugaz.

Por fin, llegó el momento de Alejandro. Pasó a la sala donde cuatro personas revisaban “la base de datos”. Se percató enseguida de que no existía un registro fotográfico. Lo que vio fue carpetas verdes de archivo, de las tradicionales de argolla grande, apiladas en una silla. Ahí estaban las fichas de control de personas no identificadas.

Una joven preguntó la fecha de desaparición. “En la tarde sólo hacemos búsqueda de los acumulados este año”. Nadie había dicho eso antes. “Por favor, regrese en la mañana”.

El trabajo del personal consiste en cotejar la descripción proporcionada en la hoja en blanco con la información en esas fichas. “No hay una certeza de que en realidad estén revisando los datos de los cuerpos en las cajas de tráilers”, examina Alejandro. “Pudiera ser cualquier archivo. El gobernador Aristóteles Sandoval afirmó que cada cuerpo tiene una ficha de control. La situación con que me enfrenté me hace creer lo contrario. En ese momento, no podía creerlo, tantas horas de espera para recibir un ‘venga mañana’”.

Alejandro ya había buscado a su sobrino en tres forenses e incluso un MP lo citó en Tamaulipas, pero un policía de Jalisco le aconsejó no ir. Era peligroso.

La noticia sobre los contenedores no fue novedad en el estado. Desde hace cuatro meses se conocía que se transportaban cuerpos que no alcanzaban lugar en el forense, pero la gente pensaba que era una forma de conservar los cadáveres. “No sabíamos que los tráilers no tenían calefacción, que no iban resguardados. Se movían por la Zona Metropolitana de Guadalajara, pero no hay una bitácora sobre quién manejaba, cuántos cuerpos había. Desconocíamos ese nivel de improvisación. Más bien parece que quieren esconder los cuerpos del delito”, analiza.

El gobierno declaró que eso cuerpos correspondían a los desaparecidos entre 2015 y 2017. Al enterarse de que había tantos, almacenados en cajas dentro de tráilers, Alejandro pensó que su sobrino podría haber estado ahí desde hace tiempo, pero que la autoridad no se había preocupado en investigar si el perfil encajaba con una víctima en poder del estado.

“Muchas cuerpos permanecen en ese lugar, los conservan de forma incorrecta y le dicen a la gente que no aparecen sus familiares sin indagar”, critica. Fue el 24 de septiembre pasado cuando, en compañía de su pareja, Alejando acudió al instituto forense, en Tlaquepaque, sin sospechar lo mal que la pasaría.

Alejandro no vio los tráilers. No puede afirmar que estuvieran ahí. “No sé si el forense tiene en su poder los cuerpos. Se dijo que la fiscalía había rentado una bodega para guardarlos, en Tlaquepaque, y que el personal forense comenzó a procesar los cadáveres, pero no hay certeza. No se especificó dónde ni el proceso de reconocimiento”, denuncia el estudiante, quien recientemente se enteró de que en al menos seis ciudades almacenan cadáveres en 12 tráilers.

Como Alejandro, el resto de las familias en el instituto forense estaba ahí por voluntad propia, no por convocatoria de las autoridades.

“Me quedé con la percepción de que todo ahí es improvisado. Esperaba revisar datos en una computadora y eran carpetas”, enfatiza, “La fiscalía no orienta a las víctimas. En el forense, me puse a pensar en la falta de seriedad en manejar datos tan importantes. Por eso muchas personas siguen sin identificarse. La joven que hace la búsqueda llevaba varias horas trabajando, descifrando la letra de quien hizo la descripción, revisando una y otra vez. No hay responsabilidad ni respeto”.

Cuando salió del forense, aguardaban todavía unas 30 personas y otras más llegaban, tras salir del trabajo. En promedio, unas tres personas pasaban por hora y nada justificaba la espera.
Alejandro planea ir de nuevo al forense para verificar si en realidad se revisan los cuerpos en los tráilers. Si encaja la descripción de su familiar con las supuestas fichas de control, seguiría un reconocimiento visual.

“Pero creo que se habló de fichas por presión mediática”, reflexiona. “Insisto en que es un problema de ineficacia política del gobernador, quien no se preocupa por un instrumento eficaz para identificar cadáveres. Quiere solucionar el problema con un refrigerador. Eso sólo servirá para acumular cuerpos”.

En esas ocho horas, Alejandro vio entrar y salir coches del forense. “Parece un hospital de guerra, entran y entran muertos por un ingreso lateral. En Guadalajara asesinan a ocho personas por día y ahí te percatas de las crisis”.

En la fúnebre visita, escuchó a los familiares decir que, como los tráilers no contaban con calefacción, la piel de los cuerpos se había carcomido, y que había desabasto de médicos, tanto que solicitaron refuerzos a las delegaciones regionales. “El gobierno quiere solucionar la crisis mediática, no el problema de fondo. Urge que haya refrigeradores para meter muertos y no que sus familiares logren recuperarlos. La autoridad se rindió ante la inseguridad y no se preocupó de las consecuencias”.

En su búsqueda, Alejandro encontró que Arizona tiene una página web con filtros accesibles, una base de datos para identificar a gente que murió en el desierto. “Puedes buscar por rango de edad, peso, estatura, y se despliega una lista de expedientes. Si encuentras a tu familiar, reclamas su cuerpo. Entonces, se puede. Nuestros gobernantes no están preparados para eso”.

Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Tampoco las que vinieron. Recordaba a las familias de Tamaulipas que estaban ahí y habían recorrido diversos forenses del país. “Vienen de lejos pero no hay búsqueda exhaustiva. ¿Cómo es posible ese trato?”

Quizá por eso se animó a contar su experiencia en Twitter y vecinos del fraccionamiento Revolución, que se encuentra atrás del instituto forense, le informaron por esa red social que el olor a muerto del que hablaba a veces era insoportable. Que así vivían.

“Más que el crimen organizado, me hace sentir inseguro la frivolidad del gobernador, una persona que no está acostumbrada a que se le cuestione”, sentencia Alejandro, “Imagínate a nivel nacional cuántas personas siguen sin ser localizadas, no porque el narcotráfico las haya disuelto en ácido o arrojado en un barranco, sino porque el Estado se dedica a escondérselas a sus familiares. Esto, definitivamente, es el infierno”.