La guerra contra las drogas destruye vidas, y también el medioambiente

Las desfasadas políticas narcóticas suscritas por Naciones Unidas y financiadas por Estados Unidos no han fracasado únicamente a la hora de ralentizar el tráfico de drogas, sino que podrían ser también responsables de la decrepitud medioambiental y de la aceleración del cambio climático.

En un informe publicado por la fundación Open Society Foundation, la investigadora Kendra McSweeney ha hecho un llamamiento a reconsiderar la que le parece una política de "gato y ratón". De hecho, las medidas adoptadas han provocado que los cultivadores, los productores y los traficantes se hayan desplazado en busca de nuevas fronteras. Su movimiento es responsable de la deforestación y de la contaminación química de algunos de los ecosistemas más sensibles del planeta, como decenas de parques naturales y de reservas indígenas.

"Existen infinidad de daños colaterales causados por la política contra el narcotráfico y las drogas en general. Ahora lo que queremos es que la comunidad global conozca las extendidísimas maneras en que se está castigando al medioambiente", relata McSweeney, una geógrafa que trabaja para la universidad de Ohio.

Los hallazgos se producen a escasos meses de que se celebre la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (SEAGNU), programada para abril del año que viene. Los expertos en políticas narcóticas esperan que la sesión, que pretende avanzar "hacia una estrategia integrada y equilibrada para combatir el problema global de los estupefacientes", explore los daños colaterales provocados por el fracaso de políticas que llevan demasiado tiempo focalizadas en la erradicación o en las campañas de prohibición.

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A lo largo de los últimos 40 años, Estados Unidos se ha gastado más de un billón de dólares en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas por todo el planeta. Sus estrategias siguen persiguiendo la erradicación y la prohibición de manera tan estéril como sistemática. A pesar del elevado coste económico y humano de estas políticas, el consumo de estupefacientes se ha mantenido relativamente estable y los ingresos continúan siendo tan boyantes como de costumbre. Las estimaciones varían muchísimo, pero la Organización de Estados Americanos, asegura que el mercado de las sustancias ilegales factura 320 mil millones de dólares al año.

El impacto medioambiental del cultivo de drogas ha sido discutido en círculos políticos — la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha reconocido que los herbicidas y fertilizantes que se emplean para plantar y enriquecer las plantaciones de cocaína son nocivos para el medioambiente. De hecho, se estima que entre 2001 y 2013 más de 700.000 acres de bosque sucumbieron al avance de la plantación de cocaína — sin embargo, apenas se ha debatido hasta qué punto son las mismas políticas antidroga las que están provocando la degradación medioambiental.

El informe subraya que tal es un dato fundamental, puesto que las políticas antidroga "van en dirección contraria a las iniciativas adaptadas por Naciones Unidas para proteger la biodiversidad, conservar la riqueza de los ecosistemas planetarios, preservar los derechos de las poblaciones indígenas, mitigar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible". Se trata de una abominable contradicción institucional, que, según McSweeney, debería de ser abordada en la sesión del SEAGNU destinada a las política en materia de estupefacientes.

"La cantidad de tierra que se requiere para suministrar cocaína, marihuana y heroína es muy pequeña", añade McSweeney. "Sin embargo, se ha convertido en un problema medioambiental porque se siguen destruyendo los campos de cultivo, de manera que los productores, si quieren satisfacer la demanda, necesitan desplazarse rumbo a nuevos terrenos para seguir produciendo — y son las políticas antidroga las que alimentan y mantienen viva la naturaleza portátil del cultivo".

Las campañas de fumigación, por ejemplo, son habitualmente empleadas para erradicar las cosechas de sustancias prohibidas. Estas han sido la piedra angular del multimillonario Plan Colombia fundado hace 15 años, un paquete de ayudas creado por Estados Unidos para combatir el narcotráfico en el país sudamericano. Durante años, el gobierno se ha dedicado a rociar con glifosato — el principio activo reunido en Monsanto — las plantaciones ilegales de cocaína, lo que ha tenido efectos devastadores en la vida animal, las cosechas de comida, el ganado y la salud de los residentes en las zonas colindantes.

El gobierno colombiano, de hecho, ha entrado en la puja por el control de remotas extensiones de terreno controladas por los grupos paramilitares y por las guerrillas, en especial por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las llamadas FARC), que han sido formalmente acusadas de promover el narcotráfico y el terrorismo. A lo largo de los 55 años de guerra civil, el conflicto armado se cobró las vidas de una cantidad estimada de 220.000 personas, el 80 por ciento de las cuales eran civiles.

"A finales de 1990, cuando el conflicto armado interno se estaba intensificando, quienes denunciaron el impacto medioambiental de la llamada "guerra contra las drogas y el terrorismo", fueron convocados por los miembros del gobierno por ser cómplices de las guerrillas", explica Guillermo Ospina, un investigador de la universidad de Cauca, en Colombia, que ha estudiado durante años el impacto de las políticas antidroga.

Ospina ha asegurado que esta actitud ha cambiado con los años, sin embargo cuando el país anunció una prohibición en el uso del glifosato a principios de año, gran parte del daño ya estaba hecho: entre 2001 y 2014 Colombia perdió casi 4 mil metros cuadrados de selva virgen por culpa del cultivo de cocaína. El año pasado, la cocaína fue cultivada en 16 de los 59 parques nacionales del estado.

"En Colombia se metieron en los parques nacionales porque estos quedan fuera de los límites en los que se emplean sistemas de fumigación", cuenta Vanda Felbab Brown, experta analista en el Brooking Institute. "Pero en Perú, los cocaleros han dado rienda suelta al cultivo en parques nacionales — no solamente porque se sublevaron contra los campañas de erradicación, sino porque el control gubernamental era más laxo".

Bolivia ha logrado reducir satisfactoriamente el cultivo de cocaína, a pesar de que el presidente del país, Evo Morales, expulsara de su estado en 2008 a la DEA, la agencia estatal estadounidense destinada a combatir la lucha contra los narcóticos

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Más allá de las zonas de producción de estupefacientes, las restricciones están fortaleciendo la seguridad en las rutas habituales, de manera que los traficantes buscan introducir la manufactura en las zonas más remotas posibles. Según el informe, las áreas de tránsito son lugares donde el maltrato ambiental sigue a la orden del día. Y dadas las actuales prohibiciones, la ingente cantidad de beneficios ilegales que están acumulando los traficantes se blanquea, a menudo, en la ganadería, la explotación forestal y el agroturismo, actividades todas altamente perjudiciales para el medioambiente.

En otras partes del mundo, como en América Latina, las actuales políticas antidroga se basan en proponer economías alternativas. Sin embargo, a menudo, cuenta Felbab Brown, las economías sumergidas que brotan cuando la industria de la droga se encuentra con restricciones suelen ser más perjudiciales para el medioambiente que el negocio original.

En Birmania, por ejemplo, después de que el cultivo de la amapola fuese exitosamente suprimido en loas años 90 y durante la primera década del siglo XXI, la caza furtiva y la explotación forestal ilegítima ocuparon su lugar. "Las dos economías de reemplazo del cultivo de la amapola, en este caso, fueron mucho más perjudiciales para el medio ambiente que las consecuencias mismas del cultivo de la flor", cuenta Felbab Brown.

El informe sugiere maneras de mejorar la actual política en materia de drogas, como contemplar los costes de la degradación medioambiental que genera la legislación sobre narcóticos. Y hace, además, un llamamiento a las multinacionales para que sopesen cuales son las mejores soluciones que se puede dar al problema a nivel regional, y cita como ejemplo el cultivo de droga en Bolivia. Los estados miembros de Naciones Unidas tendrán que redoblar su compromiso para con la biodiversidad, y deberán de ofrecer apoyo financiero a las comunidades indígenas y campesinas, al tiempo que deberán reconvertir los recursos destinados a la prohibición en un esfuerzo coordinado que combata el blanqueo de dinero en las zonas rurales más degradadas medioambientalmente.

McSweeney añade, además, que los legisladores deberán reconocer que tales agresiones resultan desproporcionadas en el hemisferio Sur, donde la degradación medioambiental se ha traducido en pérdidas de oportunidades económicas para las comunidades que viven allí.

En el pasado, estos argumentos no han incidido en las decisiones de los legisladores. Sin embargo, Ospina, que ha trabajado con varias comunidades colombianas, está convencido de que si se aumenta la concentración en el medioambiente, podría ayudar a combatir la lenta transformación de la política sobre drogas.

"Los argumentos relacionados con el perjuicio medioambiental no tienen la fuerza suficiente como para conseguir que se produzcan cambios significativos en las políticas antidrogas del pasado", explica. "Pero las discusiones medioambientales han ganado cada vez mayor importancia entre las comunidades locales, de tal manera que ahora estas han cobrado visibilidad y están en disposición de exigir que se les escuche, habida cuenta del abandono estatal que han padecido".

Cuatro meses antes de la cumbre del SEAGNU prevista para 2016, y solo algunos días antes de que un histórico acuerdo sobre cambio climático haya sido alcanzado en París, McSweeney confía que el informe ofrecerá un nuevo marco para el debate, probablemente uno mucho más estimulante.

"El informe es una pieza más en el arsenal de evidencias que se están recabando para denunciar lo nefastas que han sido las políticas antidroga y lo desastrosos que han resultado sus daños colaterales", sentencia McSweeney. "Llevamos tiempo proponiendo un cambio radical en materia de legislación sobre drogas porque parece que las aberrantes consecuencias para los derechos humanos de las normativas actuales no parecen despertar tanto interés como las charlas sobre los bosques amazónicos — y si hace falta este informe para despertar su atención, estaré encantada de exponer el problema".

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