España entierra la causa contra el gobierno chino por genocidio en Tíbet

El Tribunal Supremo de España ha decidido enterrar la causa abierta por la Audiencia Nacional contra los ex presidentes chinos Hu Jintao y Jiang Zemin, entre otros ex altos cargos del gobierno chino, por genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad en Tíbet durante los años 80 y 90.

El Supremo llega a esta conclusión un año y un mes después de ponerse en marcha la reforma en materia de justicia universal llevada a cabo bajo iniciativa del gobierno del Partido Popular en marzo de 2014.

La reforma — que completó la iniciada en 2009 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero — y que limita el papel internacional de la justicia española a tres supuestos: que los acusados — y no las víctimas — sean españoles, residan habitualmente en España o sean extranjeros cuya extradición haya sido denegada por España.

La causa contra el genocidio de un millón de personas en Tíbet no encaja en esos tres preceptos.

Javier Chinchón Álvarez, responsable de investigación de Rights International Spain (RIS), explica a VICE NEWS que la noticia es "pésima" pero sobre todo "para las víctimas", que "llevan décadas luchando y buscando justicia".

Chinchón, que en febrero de 2015 presentó un informe en el que argumentaba en contra de la decisión que el Supremo acaba de adoptar, defiende la "posibilidad de acudir a los Convenios de Ginebra" como salida jurídica para reavivar el caso, que arrancó en 2006.

Según este informe, " los pactos internacionales no pueden perder su fuerza obligatoria sino por la expresa voluntad de aquellas que los concertaron".

Para el investigador del RIS, en el caso de Tíbet, "jurídicamente" la decisión del Supremo "es inconcebible" salvo que "haya pretendido hacer como si esos convenios hubieran desaparecido o no existieran". Chinchón se muestra "realmente perplejo".

Según este experto en derecho internacional "las reglas básicas al respecto son meridianas y el artículo 96 de la Constitución española, clarísimo, como lo es el 31 de la reciente Ley de Tratados, que dice que 'las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto'".

En cuanto a la reforma de 2014, Chinchón explica a VICE NEWS que "en lo que respecta a crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad, lo que se pretendió no solo contradice de raíz el mismo sentido y contenido de la justicia universal, sino que es infamante".

Desde su aprobación, según el investigador de RIS, "se han dado diversas decisiones judiciales para lograr el fin de los procesos que parecían incomodar a las autoridades españolas".

José Elías Esteve, abogado, redactor de la querella original y alma mater de la causa tibetana en España, cuenta a VICE NEWS que, "después de obtener la confirmación de varios grupos políticos, tuvimos la confirmación de que en diciembre de 2013 una delegación del gobierno chino viajó para entrevistarse con la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados para intentar frenar el caso".

Esteve denuncia la existencia de varias cartas de la embajada china "que fueron enviadas en 2009 a varios jueces y ministerios".

Aun así, Esteve recuerda que "todavía queda el recurso del PSOE [Partido Socialista Obrero Español] en el Tribunal Constitucional, y si no el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Estrasburgo".

Alan Cantos, presidente del Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), acaba de volver de Bruselas: "Hemos visitado a tres víctimas tibetanas que viven en Bélgica y están muy tristes: creen que les ha robado el honor", explica a VICE NEWS.

Para Cantos "el proceso de devolución de dignidad a estas personas es para estar de luto, no por el sentimiento de derrota sino por lo que se deja de lado".

Cantos denuncia "las presiones de China, que es tenedora de deuda pública española", y las palabras del ministro de Exteriores español pronunciadas en Televisión Española el 10 de abril de 2014.

"La solución es la Corte Penal Internacional (…) ¿Sabe que China tiene el 20 por ciento de la deuda pública española? (…) Bastaría un clic en un ratón en un ordenador chino para ver la prima de riesgo como la teníamos hace años", dijo Margallo en el programa El Debate de la 1.

De las presiones chinas también habla el tibetano nacionalizado español Thubten Wangchen, director de la Fundación Casa de Tíbet de Barcelona y acusación particular en la causa. El lama Wangchen denuncia a VICE NEWS "el poder de los negocios de China", y recuerda su detención en Tíbet: "Las autoridades chinas me iban a matar, pero me inventé que tenía contactos con bancos españoles. Fue una mentira piadosa que me permitió seguir vivo".

La persecución del genocidio, las torturas y los crímenes de guerra contra el pueblo tibetano no es la única causa que ha quedado congelada en este último año. Otra en la que se perseguía al gobierno chino — por la represión de los miembros de la organización religiosa Falun Gong — también queda sepultada.

La jurista Maite Parejo, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), explica a VICE NEWS que "el principio universal no ha tenido un ejercicio pacífico nunca".

Parejo cree que "España debería volver a ser la referencia en temas de justicia universal", como el caso "de las órdenes internacionales de detención contra el ex dictador chileno Pinochet" o la condena de la Audiencia Nacional del militar argentino Scilingo por crímenes de lesa humanidad.

El fiscal Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) en España, recuerda que su organización ya se pronunció "en contra de la reforma de 2014 diciendo que no era necesaria".

García Ortiz matiza que "la justicia universal no es algo en lo que todo el mundo está de acuerdo: en aquellos casos en los que la conexión con elementos nacionales no se ha perseguido puede estar bien, pero en otros asuntos no hay por qué meterse".

Maite Parejo recuerda que, si bien en el caso de Tíbet "no se ha acudido a los Convenios de Ginebra", en el caso José Couso, el cámara español que murió en el hotel Palestina de Bagdad en 2003 tras ser alcanzado por presuntos disparos de militares estadounidenses, "el juez Pedraz sí lo hizo". En concreto en verano de 2014, cuando se acogió a la Cuarta Convención de Ginebra para rescatar un causa en la que las presuntas presiones vendrían, en este caso, desde el gobierno de Estados Unidos.

Lo denuncia David Couso, portavoz familiar y hermano del cámara de la cadena de televisión española Telecinco, que atiende a VICE NEWS en Madrid: "Se creen que somos tontos, pero yo mismo he pertenecido tres años a una unidad de Operaciones Especiales del Ejército, así que sabemos de lo que hablamos".

Couso, inmerso en una causa que sigue esperando la respuesta oficial del gobierno de Obama y del Ministerio de Justicia español, habla de presiones del gobierno estadounidense, "publicadas en los cables de Wikileaks".

Desde la APDHE insisten en la " voluntad de algunos jueces" como factor clave a la espera de más anuncios y resoluciones.

De momento, causas como la de Couso siguen adelante, como la de El Salvador y el asesinato de jesuitas españoles, el genocidio de Ruanda — donde hay víctimas españolas

—, los asesinatos de presos en Guatemala, — "que sigue dando coletazos", según Parejo —, o la reciente orden de captura contra 11 militares marroquíes por genocidio en el Sáhara Occidental.

Otro hecho que sigue dando coletazos es la liberación de 53 narcotraficantes ordenada por la Audiencia Nacional — y amparada en la reforma — durante la primavera de 2014.

Meses después, en julio, el Supremo dictaminó que la excarcelación había sido errónea y ahora la justicia española busca a la mayoría de los liberados con órdenes de detención internacional.