Ex escoltas del País Vasco: de ángeles de la guarda a olvidados por el gobierno español

"Nos jugamos la vida y, hoy, el Estado nos deja morir de hambre. Me puse en riesgo cada día, cada vez que había un atentado mi madre me llamaba muerta de miedo y ahora nos dejan tirados, sin trabajo, sin nada", asegura a VICE News Adrián, ex escolta privado que dedicó 9 años de su vida a proteger a jueces, concejales y otros cargos políticos cuando la banda terrorista ETA estaba en activo en el País Vasco y Navarra.

A punto de cumplir los 40, Adrián, que prefiere no revelar su apellido, se siente traicionado por el incumplimiento de las promesas del gobierno español del Partido Popular (PP) sobre la recolocación del contingente de más de 3.800 profesionales que llegaron a prestar servicios de protección privada.

Ellos se encargaron de garantizar la integridad física de aquellos cargos públicos, empresarios y personalidades que estaban en el punto de mira de la banda armada que causó la muerte de más de 800 personas entre 1968 y 2010.

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"Nosotros también éramos objetivo de ETA y después de años protegiendo a los políticos, el gobierno nos da la espalda. Casi todos estamos sin trabajo. Tenemos un compañero que pide dinero en las calles de Baracaldo [municipio vasco de la provincia de Vizcaya], gente que ha perdido la casa, gente que se alimenta gracias a Cáritas y casos de suicidio", explica a VICE News Manuel Jiménez, presidente Las sombras Olvidadas de Euskadi y Navarra, una asociación que agrupa a este colectivo de escoltas.

Los escoltas amenazan con acampadas y movilizaciones

"Si no nos dan trabajo, vamos a liarla", advierte Jiménez. Algo que se traduciría, dice en acampadas en pleno centro de Madrid, la organización de manifestaciones y su presencia e intervención continuada en todos los mítines electorales de los partidos políticos que se presentan a los próximos comicios generales.

Este ex escolta desempleado condiciona la activación de estas acciones de presión a la respuesta de Jorge Sanchís, responsable del gabinete del Secretario de Estado de Seguridad, respecto de sus propuestas para mejorar la situación desesperada de estos profesionales.

Como alternativas laborales para los ex escoltas, Jiménez aboga por aumentar la presencia de estos profesionales en los servicios de vigilancia perimetral de las prisiones, las tareas protección a víctimas de violencia de género y de vigilancia de edificios públicos como juzgados o embajadas. No fue posible hablar con Sanchís a este respecto.

Cuando ETA, en octubre de 2011, anunció el cese definitivo de la violencia, las personas que se encargaban de la protección personal superaban por muy poco el millar. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cifró este colectivo en activo en 104 efectivos el pasado mes de mayo. De acuerdo con Jiménez, la cifra apenas llega hoy a los 50.

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El gobierno del PP les prometió que no se olvidaría de ellos, pero la realidad es que, según los cálculos de Jiménez hoy más de 2.000 ex escoltas están desempleados. En enero de 2014 había más de 700 personas en paro cuya primera ocupación solicitada era la de escolta privado, de acuerdo con los datos del Servicio Público de Empleo Estatal. Pero, para entonces, muchos de ellos ya habían perdido esta prestación.

"Yo sólo recibo una pequeña ayuda de 400 euros al mes que se me acaba este año y mi mujer cubre bajas como administrativa de la seguridad social y no sabemos si va a poder hacer substituciones en los próximos meses", asegura Adrián. "Tengo más temores sobre el futuro hoy que cuando era escolta", añade.

Este cántabro experto en seguridad personal asegura que la indignación le sobrepasa cuando ve que se ponen en marcha medidas de reinserción social y laboral para ex etarras mientras él, con una niña de tres años y una precaria situación económica, no sabe si el año que viene va a poder seguir pagando el piso.

Un "pacto entre caballeros"

A finales de 2014, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, admitió que existía un "pacto entre caballeros" que les obligaba a cuidar de este colectivo. Este fue, de hecho, uno de los objetivos de la ley de Seguridad Privada, que el gobierno del PP aprobó en abril de 2015. La ley permite que personal privado puede encargarse de la vigilancia del perímetro exterior de las cárceles.

Sin embargo, la medida, que se planteó como una solución a estos profesionales, no cumplió con las expectativas. De hecho, de los 800 efectivos privados que se han hecho cargo de esta tarea, sólo un tercio habían sido escoltas en el País Vasco o en Navarra.

"Con el pretexto de ayudar a este colectivo con la nueva normativa, se restringió el concurso de las empresas que debían facilitar el personal de seguridad para la vigilancia del perímetro de las cárceles a las firmas que tenían escoltas contratados. Al final, ellas fueron las verdaderas beneficiarias porque el grueso de los escoltas sigue sin haber conseguido trabajo", explica a VICE News Antonio Trevín, portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso.

"La ley sólo sirvió para que estas empresas se llevaran el jamón, la tajada del negocio", sentencia este diputado socialista. Trevín presentó en noviembre de 2014 una proposición no de ley instando al gobierno a adoptar las medidas necesarias para que las firmas que tienen contratos con el Estado empleen a ex escoltas desocupados. La proposición fue rechazada por el PP.

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"El estado debería cumplir con los compromisos, favorecer la reinserción de estos profesionales. Hay mucho desagradecimiento, ellos nos permitieron luchar contra ETA, protegiendo a la gente y permitiendo que la policía pudiera liberar más recursos para dedicar a la investigación", afirma a VICE News, César Charro, experto en seguridad y autor de "Una pistola y 25 balas" que aborda el asunto de los escoltas.

"Las empresas de seguridad quieren gente que sea nueva en el oficio, jóvenes que acepten sueldos bajos y condiciones más precarias. Además, ellos tienen un perfil muy especializado y para ciertas cosas están incluso demasiado formados", considera Charro.

Por otra parte, resulta sorprendente, asegura este experto, que mientras los deportistas de élite obtienen puntos a la hora de acceder al cuerpo de la Policía Nacional por su formación física, estos profesionales no sean tratados al menos con el mismo reconocimiento dada su alta preparación.

Ante este escenario, todo parece indicar, tal y como apunta Jiménez, que ya no quedan caballeros: "Yo todavía no he visto a ninguno que cumpla con su palabra, al menos en el gobierno del PP".

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