Nuevo asesinato de una periodista: las mordazas de la prensa en Colombia

La página web de la emisora de radio La Preferida FM describe a Flor Alba Núñez como una "mujer apasionada" a la que le gustaba "mantener informada a la comunidad a través de la redes sociales". Quizá por esto último la mataron. El pasado día 10 de septiembre, un sicario que llevaba casco de moto blanco y negro le disparó en la nuca a las puertas de su trabajo, en Pitalito (Huila, suroeste de Colombia). La periodista se desplomó en el rellano de la oficina y murió al poco en el hospital.

Núñez, de 25 años, dirigía la emisora en su localidad y trabajaba además para varios medios del municipio. Recientemente había publicado reportajes sobre la actividad del narco en la zona y sobre bandas de delincuentes que habían estado perpetrando robos en Pitalito. Todo ello lo dio a conocer también en su perfil de Facebook y es ésta una de las líneas de investigación, pues su cuenta en la red social fue intervenida días antes de su muerte y borraron la información relativa a sus reportajes. De todos modos, la policía no descarta que su asesinato esté vinculado a la cobertura que estaba realizando de las elecciones locales previstas para el 25 de octubre.

La periodista, según compañeros de la emisora, había recibido amenazas a través de las redes sociales. Pero tal y como señala el director de la radio, Hugo Joven, a VICE News "ninguno de nosotros sospechábamos que algo así pudiera ocurrirle. No teníamos sospechas. Nada de nada."

"Han sido unos días tenaces. Con mucho nerviosismo después de lo que ha sucedido. Es tenaz cada vez que suena el teléfono o recibimos un email", dice aún confuso por lo ocurrido el periodista, quien, por su seguridad, prefiere no continuar con la entrevista.

Flor Alba Núñez es la tercera de los periodistas asesinados por hacer su trabajo este año en Colombia. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) indica que en lo que va de 2015 se han producido 90 violaciones a la libertad de expresión que han supuesto 133 víctimas. El organismo han contabilizado diez agresiones a informadores, 35 amenazas directas y cuatro atentados contra oficinas y sedes de medios.

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Imágenes del asesinato de la periodista Flor Alba Núñez.

Las estadísticas han situado a este país en el puesto 128 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF). El índice, con 180 naciones analizadas, sitúa a Colombia por detrás de Sudan del Sur y Guatemala, entre otras.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), por su parte, sitúa al país latinoamericano entre los diez más peligrosos para ejercer el periodismo, ocupando el octavo lugar seguido de Pakistán y Rusia.

La principal amenaza hoy para los periodistas en Colombia son las BACRIM, las bandas criminales que surgieron tras la desaparición de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Estos grupos se han hecho con el control, muchas veces con la connivencia de la fuerza pública, de parte importante de los principales departamentos y ciudades del país donde controlan rutas de narcotráfico, abastecen de drogas blandas al microtráfico y sacan réditos de las llamadas "vacunas". Es decir, extorsiones. Tanto al pequeño comerciante como a líneas de autobuses y petroleras, por citar sólo algunos casos.

Pero son los periodistas que denuncian estos hechos en las localidades y departamentos más pequeños y alejados de los núcleos urbanos los más desprotegidos. "En las grandes ciudades los periodistas están menos expuestos y los amenazados suelen tener mejor protección", explica a VICE News el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.

Los tres asesinatos de periodistas ocurridos este año en Colombia tuvieron lugar en departamentos del suroeste del país, en el Caquetá y en el Valle del Cauca. Entre ellos se ubica el Huila, donde mataron a Flor Alba Núñez.

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"Las posibilidades de protección de los periodistas parecen ser menores en estas localidades, ya sea por la incapacidad de los medios para los que trabajan de brindarles medidas de seguridad y respaldo, así como por la posible proximidad de bandas vinculadas al narcotráfico", continúa Lanza. "En ocasiones anteriores, la CIDH también ha detectado la participación de agentes estatales en los crímenes contra periodistas", concluye.

La Unidad de Protección Nacional (UPN) es el organismo gubernamental encargado de la seguridad de las personas amenazadas. Las organizaciones como la FLIP están en contacto permanente con la UPN y son éstas las que hacen los requerimientos para la protección de los periodistas, según explica a VICE News, Susana Carvajal, portavoz de la Unidad. Tras ello, se analizan cada uno de los casos y se procede a tomar las medias de seguridad pertinentes.

"La Unidad de Protección no protege a los periodistas. Pues sus análisis de riesgo salen a partir de informes institucionales que han sido realizados por la policía, alcaldías o la Gobernación. Y que muchas veces son reportes sesgados, incluso manipulados, para no mostrar las situaciones reales de riesgo", señala a VICE News Fernando Quijano coordinador del portal Análisis Urbano y responsable de la ONG Corpades en Medellín.

El portal lleva años denunciando el conflicto urbano en Medellín y el auge de las BACRIM en esta ciudad. Corpades se dedica al trabajo social en los barrios más desfavorecidos de la ciudad.

"El 99,9 por ciento de los casos que hemos denunciado en el portal no han sido desmentidos. Pero hemos recibido amenazas, nos han perseguido en la calle y hemos sido presionados por sectores de la institucionalidad aliados con los paramilitares — en referencia a las BACRIM —. También han asesinado a varios de nuestros trabajadores, el último en 2009", revela Quijano.

Quijano alerta de que en los reportes de la UNP no hay un análisis del contexto con el que deben convivir de manera muy cercana los periodistas amenazados. "Todo análisis de riesgo debe ir acompañado por uno de contexto. No hay que tener en cuenta solamente lo que diga la Inteligencia en Colombia. Hay que ver qué tipo de informaciones publica el periodista, las denuncias que hace, su entorno, etc. Si eso se hubiera hecho, la periodista del Huila hubiera tenido protección", explica Quijano.

La relatoría para la Libertad de Expresión del CIDH sostiene también que deben tomarse medidas para mejorar el sistema estatal de protección de periodistas. Entre ellas, garantizar los recursos económicos y de personal, fortalecer la coordinación entre las entidades implicadas en este mecanismo, definir medidas concretas de protección para cada caso, garantizar la plena participación de los periodistas y la sociedad civil, y buscar apoyo de la comunidad internacional.

Desde la UNP no se ha querido entrar en detalle de los mecanismos de protección pues, según señala su portavoz Susana Carvajal "la información de los periodistas que cuentan con medidas de seguridad en Colombia es reservada".

No obstante el problema va más allá de la protección. Del mismo modo que en otros delitos, los responsables de las amenazas a medios gozan de una impunidad del 90 por ciento. "Así, nadie ha sido condenado en Colombia por matar a un periodistas desde 2009", revela a VICE News Carlos Lauría, el coordinador del programa de las Américas del CPJ.

Si bien desde el CPJ reconocen que la seguridad en Colombia ha mejorado durante los últimos años, Lauría mantiene que "la impunidad está arraigada" y la violencia y amenazas contra los periodistas son continuas.

"Problemas como el excesos de casos en manos de fiscales y la manipulación deficiente de las pruebas han dilatado investigaciones penales durante años", añade el coordinador del CPJ.

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En este sentido se posiciona también el relator de la CIDH. "La falta, en muchos casos, de una investigación efectiva por parte de la Fiscalía, y la consecuente falta de sanción de los autores materiales e intelectuales ha conducido a la impunidad de muchos de estos crímenes, lo que constituye un incentivo para los perpetradores", dice Edison Lanza.

Muestra de este panorama es el reciente anuncio de la FLIP de un nuevo aplazamiento, el tercero, del juicio a Mario Jaimes, alias "El Panadero", uno de los paramilitares implicados en el secuestro, tortura y violación de la subdirectora del diario El Tiempo Jineth Bedoya, el 25 de mayo de 2000.

La periodista lleva ya 171 días en espera de que se asigne una fecha para el juicio. Es tal la demora de estos procesos que la FLIP ha instalado un calendario en su sitio en Internet donde se señala qué caso es el siguiente en prescribir.

El próximo, el de Gabriel Cruz, un periodista de El Heraldo que fue asesinado en Córdoba, norte del país, mientras escribía sobre las actividades militares en contra de las iniciativas políticas de izquierda en la región.

Sigue a Iván M. García en Twitter: @ivanmgarcia77