Que te quiten a tus hijos por desamparo y los dejen con la familia de tu exmarido maltratador

Raquel dijo basta en 2010. "Como me levante te arranco la cabeza", le espetó el que entonces era su marido, a quién parapetaremos tras las siglas J.S.G., antes de agarrarla por los pelos y golpearla contra muebles y paredes de su domicilio de Villacomparada, en la provincia española de Burgos, al grito de "¡Hija de puta, no me has dado más que problemas!".

Cuando Yaiza, hija mayor de Raquel fruto de una pareja anterior, quiso llamar a la policía, J.S.G. también la agarró de los pelos y la zarandeó. Ambas acabaron hospitalizadas. Con ellas vivía una hermana menor e hija del mismo padre que Yaiza, y un niño pequeño, hijo de su expareja y de la golpeada.

En un arrebato de violencia, tras su detención por parte de la Guardia Civil, el exmarido y padrastro de las agredidas fracturó el cristal del coche patrulla a cabezazos y patadas. De manera inmediata un juzgado dictó orden de alejamiento entre ellas y el maltratador.

Tres años después a Raquel le retirarían la custodia de Yaiza y sus dos hijos menores alegando dificultades de ella, abandono del padre, incapacidad parental de controlar a la mayor, que ya tiene 18, y negligencia en la guarda que acarreó exposición de los pequeños a la violencia paterna.

"Me los quitaron por desamparo, dicen que la sentencia es firme y que no hay nada que hacer", cuenta ella. Las dificultades de Raquel eran económicas, y uno de los factores que justificaría el argumento de la exposición a la violencia era el hecho de que el divorcio no se hubiera consumado en el momento de la resolución.

No fue su culpa, pues ella lo demandó el mismo día de la agresión, en marzo de 2010. ¿Qué falló, pues? Falló todo.

Su situación económica la obligó a requerir los servicios de una abogada de oficio, que tardó tres meses en redactarle la demanda de separación. Cuando por fin la tuvo, ante el hecho de que Raquel huyera al País Vasco tras la agresión, y detrás de ella fuera su exmarido, el juez burgalés se declaró incompetente de resolverla. Trasladaron el caso a los juzgados de la localidad vasca de Barakaldo.

Un juzgado de violencia de género prevé la posibilidad del divorcio como medida cautelar, pues tiene competencias civiles y penales. Pero estas maniobras provocaron que el caso de Raquel fuera por un derrotero autónomo. El juez que llevaba la demanda la tuvo un año encima de la mesa. Y el proceso se alargaría otros dos años, hasta 2014, a pesar de que el abogado de la superviviente presentó la sentencia condenatoria contra su marido en 2012.

Durante todo este viacrucis ha habido demandas cruzadas entre ambas partes.

En noviembre de 2010, pocos meses después de que Raquel se mudara a un piso compartido con otras tres personas en Bilbao, J.S.G. irrumpió en casa de la madre de su exmarido, que en aquel entonces se hacía cargo de los menores por las noches, pues en su nuevo domicilio no había habitaciones para ellos.

La expareja de ella golpeó a la hermana menor de Yaiza, hija del mismo padre, y que entonces tenía 11 años.

La situación económica de Raquel ha sido determinante en todo esto. La falta de recursos y la dependencia respecto a su exmarido la convertían en presa fácil de la violencia, y la falta de dinero para encontrar algo mejor que un piso compartido la llevó a transigir ante la posibilidad de que por las noches vivieran en casa de la madre de su maltratador. No poderse pagar un abogado contribuiría al despropósito judicial, también.

Todo esto formó un cóctel explosivo, y la agresión de J.S.G. a su hija menor en noviembre fue la guinda del pastel: la diputación foral inició un proceso de retirada de custodia de los niños que el 3 de junio de 2011 debía materializarse en su ingreso en un centro. Se escondió en casa de su madre, pero tres días después se los llevaron por la fuerza.

Un año más tarde saldría la sentencia que señalaba al exmarido de Raquel como a un maltratador, y en noviembre de 2013 la diputación confirmaba la retirada de custodia definitiva de las dos hijas y el pequeño. Un juzgado lo ratificaría después.

Su contacto con ellos se limita a visitas semanales de no más de una hora y media en un Punto de Encuentro Familiar Especializado (PEFE) bajo vigilancia. Aunque el exmarido y maltratador tenía derecho a visitas de 24 horas, y hasta a pasar vacaciones con ellos. Tras un año y medio, la familia de él solicitó hacerse cargo de los dos más pequeños. Yaiza salió de la institución cuando cumplió la mayoría de edad.

"Llevo metida [en el PEFE] ahí cuatro años ya. He hecho varios escritos alegando que me dan ataques de ansiedad dentro y no hay ningún tipo de cambio", lamenta Raquel, quien sospecha que su exmarido hace vida regularmente en casa de su madre, además de gozar de un régimen de visitas mucho más amplio.

"El tema del doble maltrato a mi me lo han contado muchas veces. Yo, mujer maltratada, he ido a pedir ayuda, intervienen, y además me quitan a los hijos", asegura a VICE News Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del Menor (APRODEME).

"Y nadie ha dicho que el niño esté en peligro o que haya algún problema con la madre, pero como hay un conflicto entre adultos, le retiran la custodia. Con lo cuál son mujeres doblemente maltratadas", añade Cárdenas.

Las cosas han cambiado para Raquel. Hoy tiene trabajo, y hace tres años que vive con su nueva pareja, que también percibe ingresos. Además, ahora mismo se hace cargo de su padre, dependiente. Denuncia la paradoja de que la vean capaz de cuidar al abuelo de sus hijos pero no a ellos mismos.

Sigue a Quique Badia en Twitter: @qbadiamasoni

Sigue a VICE News en español en Twitter: @VICENewsES