Acaba 2015, el año en que los latinoamericanos se hartaron de la rampante corrupción

Este artículo fue publicado originalmente en VICE News, nuestra plataforma de noticias.

En su primer día en la corte, el pasado 2 de septiembre en la ciudad de Guatemala, Otto Pérez Molina no se parecía en nada al hombre orgulloso que otrora se mostraba confiado y seguro de sí mismo.

Horas después resignaba, renunciaba a la presidencia de Guatemala.

En la sala, gotas de sudor resbalaban por su rostro, extenuado y sumido en una expresión de derrota, ante las evidencias de su implicación en uno de los mayores casos de corrupción de la historia de Centroamérica.

Presionadas por la implacable tesón de la agencia anticorrupción de las Naciones Unidas, las autoridades del país revelaron una red corrupta de funcionarios públicos que se embolsaban millones de dólares gracias a sobornos permitiendo a las compañías eludir el pago de las tasas de la aduana el pasado mes de abril. En los meses que siguieron, la investigación permitió detener a docenas de personas que ocupaban altos cargos públicos hasta llegar a la vicepresidencia del gobierno. Tras la detención del vicepresidente, el propio jefe de Estado tuvo que presentarse ante el juez.

Fuera de la abigarrada sala del juzgado, los guatemaltecos mostraban su alegría. El país ha sufrido décadas de guerra civil, ha sido testigo de repetidas atrocidades contra los derechos humanos y sus ciudadanos han vivido en sus propias carnes la asfixiante pobreza y el descontrol de la violencia criminal.

Pérez Molina cayó porque el escándalo de corrupción se convirtió en un símbolo, en un caso que demostraba que la impunidad —incluso cuando se refiere a los más poderosos— ya no iba a seguir instalada en el país.

Al tiempo que llegaba la caída del presidente de Guatemala, la indignación crecía, cruzando las fronteras y contagiando las calles de otras naciones desde México a Chile, desde Brasil a Honduras, haciendo aflorar así el enojo popular alimentado por la rampante corrupción que niega la región latinoamericana. Juntos, convirtieron 2015 en un año para pasar cuentas con el poder y represaliar con sus gritos y consignas a los responsables de los estragos sociales asociados a la corrupción que empaña el poder.

"La corrupción sigue incrustada profundamente en la vida política y social de Latinoamérica", asegura el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, Jorge Castañeda, en un artículo publicado en la revista Foreign Affairs.

Con todo, la ola de indignación provocada por los escándalos que azotan al continente puede ser la señal de que los latinoamericanos ya no están dispuestos a tolerar la deshonestidad sistémica en sus gobiernos".

Pero, ¿realmente la indignación puede lograr un cambio?

Los escándalos azotan las grandes y las pequeñas naciones y no discriminan entre ideologías.

En Brasil y México, dos potencias regionales, los presidentes Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto enfrentan alegaciones de corrupción relacionadas con conflictos de intereses y abuso de poder.

La popularidad de Rousseff y del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) que dirige la presidenta cayó a porcentajes de un solo dígito este año, en parte debido a la red de sobornos con la que presuntamente opera la compañía estatal Petrobras, de acuerdo con una investigación que se hizo pública en marzo de 2014. Cuando la escalada de corrupción empezó a ser clara y tomó forma, la indignación encendió la llama de la movilización sacando a la calle a miles de brasileños.

La investigación —conocida como Operación Lavado de Coche— apunta a una supuesta recepción de millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras para facilitar contratos e inflar precios. Docenas de personas ya han sido arrestadas.

Rousseff no está implicada directamente en el escándalo que tuvo lugar cuando ella dirigía Petrobras. El escándalo, sin embargo, ha contribuido a debilitar la ya vulnerable posición de la presidenta que ahora está enfrentando un proceso de impeachment sobre la supuesta cocina de las cuentas.

En México, en cambio, las alegaciones involucrarían al President Enrique Peña Nieto de una forma personal y directa.

Una investigación, publicada en noviembre de 2014 en la página de noticias gestionada por la periodista Carmen Aristegui, revela que la mujer del presidente, Angélica Rivera, una exestrella de la pequeña pantalla, había comprado una mansión multimillonaria en una de las zonas más acomodadas de la capital a una empresa que había obtenido contratos multimillonarios con el Gobierno en los últimos años.

El propietario de esta empresa, el Gupo Higa, mantuvo una amistad personal con Peña Nieto que duró, al menos, hasta que este último fue gobernador del Estado de México entre 2005 y 2011. Poco antes de que estallara el escándalo conocido como Casa Blanca, se descubrió que el secretario de finanzas, Luis Videgaray, también había comprado una residencia al Grupo Higa.

Las revelaciones ayudaron a reavivar la indignación popular respecto de la actuación y la gestión del Gobierno en relación al caso de los 43 estudiantes de Guerrero desaparecidos, una atrocidad supuestamente cometida por miembros del crimen organizado en connivencia con la policía local.

Desde entonces, sin embrago, las marchas de protesta han perdido su fuerza inicial, cediendo terreno al abono de la idea según la cual el presidente no tuvo nada que ver con las negociaciones de la adquisición de la casa, pese a que los hechos prueban que la residencia estaba especialmente diseñada para que la familia del presidente se mudara cuando Peña Nieto abandonara la jefatura de gobierno en 2018.

Una investigación interna, encargada por el presidente —y encabezada por un cargo elegido a dedo por el mismo jefe del Estado— y publicada en agosto, rechaza las acusaciones que pesan sobre Peña Nieto y Videgaray en este sentido. El documento, sin embargo, no aporta ninguna información capaz de ahuyentar las sospechas de juego sucio.

Mientras tanto, en Chile, el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, dimitió de su cargo como director sociocultural de la presidencia y responsable de los asuntos benéficos el pasado mes de febrero. Dávalos estaba acusado de haber usado los influyentes contactos de la familia para obtener un préstamo, que su mujer habría invertido en un lucrativo negocio inmobiliario. El escándalo ha causado muchos problemas a Bachelet.

Como socialdemócrata detenida y torturada durante los años de la dictadura de Augusto Pinochet, Bachelet gozó durante mucho tiempo de una enorme popularidad durante su primera legislatura (2006-2010). Luego, los ciudadanos la revalidaron su presidencia para otro mandato. Pero ahora, el caso de su hijo y su yerna, está girando la opinión pública en su contra. Estas informaciones se suman ahora a posteriores investigaciones que apuntan a otro escándalo relacionado con la financiación de la campaña de Bachelet.

En Centroamérica, Honduras parece, a veces, seguir el camino trazado por Guatemala.

El partido del presidente Juan Orlando Hernández está acusado de operar un esquema de sobornos relacionado con los sospechosamente altos precios de productos médicos adquiridos por parte de la seguridad social.

Honduras ha estado librando durante muchos años una batalla contra la pobreza, uno de sus peores enemigos, y los altos índices de violencia criminal, pero el escándalo de corrupción que afecta al presidente Hernández es la lucha que los ciudadanos defienden ahora. Las protestas exigen la dimisión del presidente.

Dado que la corrupción en Latinoamérica no es nada nuevo, algunos observadores miran a la economía para explicar la reciente explosión pública de rabia.

Los altos niveles de crecimiento impulsados por la venta de materias primas en la primera década del siglo XXI han sacado a millones de la pobreza hacia una clase media donde, sigue el argumento, han adquirido expectativas más altas que han sido inevitablemente frustradas por las élites políticas que no se han modernizado al mismo ritmo.

"La gente ahora pide más. Ellos han tenido expectativas más altas por mejores servicios, por un estado más transparente y políticos más responsables", afirma Christopher Sabatini, un académico de la Universidad de Columbia y editor de la web de opinión Latin American Goes Global. "La tolerancia hacia la corrupción se está evaporando a medida que el crecimiento económico declina".

Muchos países latinoamericanos han disfrutado de lo que Sabatini llama "crecimiento espectacular" después de que la región perdiera su dinamismo en los últimos años. En Brasil parece que ahora se vive una arraigada recesión global, mientras que Chile y México sufren un crecimiento perezoso, habiendo llevado a millones a vivir a la pobreza.

Pero de acuerdo con Greg Weeks, un politólogo experto en Latinoamérica de la Universidad del Norte de Carolina, en Charlotte, este empeoramiento económico no cuenta la historia completa. Él apunta que mientras la economía es el principal factor que contribuye al descontento en Brasil, sobretodo por los esfuerzos del gobierno de imponer la austeridad, en Guatemala la economía ha estado relativamente estable.

"Algo que vincula a todas estas protestas es que la gente ve a otra gente protestando. Hay un efecto imitación. Las redes sociales ayudan a crear estos vínculos. La gente está leyendo sobre lo que pasa en otros países, aunque el contexto sea diferente", sostiene.

"La gente no quiere un cambio de gobierno, quieren un gobierno que funcione mejor", añade. "El compromiso con la democracia en Latinoamérica es más fuerte de lo que nunca lo ha sido".

Otros observadores afirman que las protestas tienen menos que ver con ciclos económicos, nuevas tecnologías o una ciudadanía más madura y moderna, y más con unos problemas sistémicos profundamente incrustados en democracias disfuncionales que están cerca del punto de ruptura.

De acuerdo con la agencia de estadística Latinobarometro, sólo el 37 por ciento de los latinoamericanos se siente satisfecho con sus democracias décadas después de que la región dejara atrás su historia de dictaduras por gobiernos electos.

"Creo que los manifestantes dicen algo sobre cómo los países han devenido democráticos sólo de forma superficial", dice John Ackerman, un académico focalizado sobre cuestiones legales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "La democracia en Latinoamérica ha sido levantada por las viejas élites. Si te fijas en la manera en que las democracias han sido construidas después de las guerras civiles en los países centroamericanos, pero también en países como Brasil y Chile, se ha hecho de una manera que ha sido insatisfactoria para muchos".

Sea cual sea el desencadenante, el poder de las protestas para forzar un cambio ha sido ampliamente probado.

La investigación por corrupción de Otto Pérez Molina en Guatemala ha sido posible, sin duda, por los miles de manifestantes que se concentraron en las puertas del palacio presidencial durante meses, pidiendo su renuncia. En Chile, el descontento con la corrupción ha forzado a la presidenta Bachelet a despedir a todo su gabinete a inicios de año. Y en Brasil, la investigación por corrupción en Petrobras continúa cebándose contra los miembros más poderosos de la élite empresarial y política de este país.

Pero 2015 también ha dejado pruebas de que la indignación no necesariamente ha de llevar a cambios radicales en cómo las cosas se han estado haciendo.

En Guatemala, las elecciones generales llevadas a cabo poco más de una semana después de la resignación de Pérez Molina llevaron a Jimmy Morales a la presidencia. La victoria de este ex humorista, que encabezó una plataforma anti-corrupción basada en su imagen antisistema, ha sido resultado directo del escándalo fronterizo. Pero algunos críticos han apuntado a los vínculos de este grupo con algunos veteranos del Ejército vinculados a los peores años de la represión como signo de que sus promesas de cambio van a estar huecas.

El presidente Hernández en Honduras, mientras tanto, ha rechazado siquiera considerar una comisión de la ONU como la guatemalteca. A cambio, ha prometido una investigación interna sobre los sobornos médicos que nunca satisifacerá a sus críticos.

En México, ni las acusaciones de corrupción, ni la crisis de seguridad en el país, ni su economía perezosa puede evitar el Partido de la Revolución Institucional (PRI) del presidente Peña Nieto siga siendo el más votado en las elecciones generales de junio. El principal problema, parece, ha sido la falta de oposición creíble alimentada por el hecho de que el resto de partidos políticos se encuentran bajo acusaciones similares de trapicheos interesados y oportunismo.

Así pues, mientras que 2015 ha dado una batería de pruebas de que la tolerancia a la corrupción no es la que fue en Latinoamérica, las élites bajo presión en toda la región siguen encontrando vías de lidiar con las tormentas políticas que se han desatado, y las que indudablemente vendrán.

"La lucha contra la corrupción es una larga travesía, y esto es solo el principio", dijo Daniel Zovatto a Infotalam en septiembre, del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral de Costa Rica, una ONG. "Es donde la calidad de nuestra democracia se jugará en el futuro".

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