Un paso más hacia el cierre de los centros de internamiento de extranjeros en España

En España, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) habitan en los márgenes de la ley y en ocasiones fuera del control de la justicia. Ignorando mandatos judiciales, el gobierno aprueba reglamentos para los CIE que luego no se cumplen. Un CIE es, de facto, una prisión para migrantes en la que impera la opacidad y en donde las garantías procesales brillan por su ausencia. En eso coinciden diputados, jueces, juristas y activistas. Pero si su cierre no estuviera sujeto a cambios en la ley de extranjería actual, la falta de garantías judiciales de las personas en situación irregular se podría agravar.

El CIE es la concreción española de la llamada Directiva del retorno de la Unión Europea (UE) sobre inmigración ilegal. En la UE, una directiva es un mandato que establece un objetivo al que cada país que la integra debe decidir cómo llegar a él. Mediante la llamada Ley de Extranjería, el poder legislativo de España materializa el mencionado requerimiento en una maquinaria de expulsión de extranjeros indocumentados de la que el susodicho centro de reclusión es tan solo un engranaje.

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Este sábado, coincidiendo con el Día Mundial del Refugiado, más de 2.000 personas, según los organizadores, se concentraron ante el centro de reclusión situado en los márgenes de Barcelona, en el área industrial de Zona Franca.

Sharif [no quiere dar su apellido por miedo a represalias], miembro de uno de los grupos organizadores de la manifestación, dijo a VICE News que "la ley de extranjería es una ley nacida del racismo y la discriminación. No hay democracia en Europa". Junto a él estaba Inder, un joven que marchó de la India en 2003 y cayó en manos de las mafias en el norte de África. Estuvo encerrado en el CIE de Algeciras: "Ahora ya tengo papeles, pero lucho por los que siguen dentro".

Medio millar de personas también se concentraron frente al centro de internamiento de Aluche, en Madrid, a la misma hora. Antes de llegar a las puertas del centro, los manifestantes recorrieron el barrio de Lavapiés reivindicando que una falta administrativa no puede convertirse en falta de libertad.

A la espera de que el gobierno decida si abre nuevos CIE en Madrid, Málaga y Algeciras, en España existen ocho centros de este tipo. Pero el de Barcelona puede ser el primero en echar el cierre por voluntad política: a la cabeza de su ayuntamiento está Barcelona en Comú, un partido surgido de los movimientos sociales y de la ciudadanía organizada, que en su programa lleva la promesa de "presionar políticamente para cerrar el CIE", aún reconociendo que el gobierno municipal carece de la atribución de clausurarlo. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, estuvo presente en la manifestación de este sábado. Colau dijo que "ninguna persona ni es ni puede ser ilegal" y que "no puede ser que una falta administrativa suponga la vulneración de derechos fundamentales".

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El parlamento autonómico catalán discutirá, las próximas semanas, si apoya esta propuesta. En ambos casos este requerimiento va a ser más simbólico que efectivo, pues ninguno de los dos organismos dispone de esta potestad.

Para llegar hasta aquí ha habido incontables movilizaciones, reveses judiciales y denuncias en todas las instancias políticas. La última en la cámara catalana, donde Rafael Ribó, que ejerce de Defensor del Pueblo — en Cataluña llamado Síndic de Greuges — y ostenta un cargo en la ejecutiva de la organización internacional de estos defensores, aseguró que no dan veracidad a ninguna queja hasta que no se contrasta la susodicha. "Pero en este caso", dijo, "la contrastación ha sido prácticamente imposible por cómo se nos impide el paso para poder llevar a cabo una tarea tan elemental como una investigación parlamentaria".

En la misma sesión, Ribó habla de una muerte en el CIE barcelonés con testigos que aseguraban haber oído "golpes de maltrato" contra el fallecido. Estos hechos motivaron que una jueza dijera a los policías encargados de la custodia de los internos que no se pueden expulsar los testigos potenciales antes de que se les tome declaración judicial. Ante las dudas subyacentes a todos estos hechos, "la respuesta de la delegación del gobierno en Cataluña es el más absoluto silencio", acabó.

Junto a él estaba el abogado Andrés García, quien en calidad de representante de la campaña Tanquem els CIE [Cerremos los CIE en catalán] recordó a los diputados presentes que la directiva europea sugiere pero no impone la reclusión. Es más: el mandato de la UE pone énfasis en que la medida de internamiento debe partir de un fundamento y debe de estar regida por la proporcionalidad y la excepcionalidad. Los grupos que cuestionan la existencia del CIE aseguran que en España la reclusión se aplica casi de forma automática.

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A mediados de marzo de 2014, el gobierno español anunciaba la confección de un reglamento que establecía una regulación de los centros objeto de controversia. En su momento se lo criticó por haber prescindido de las resoluciones de los Juzgados de control, las instancias judiciales encargadas de la la inspección los CIE. Esta crítica la sostuvieron desde aquellos colectivos que abogan por su cierre hasta los que se darían por satisfechos con mejoras en las condiciones de vida en los centros.

Del segundo grupo, la entidad parroquial Cáritas emitió un comunicado en abril afirmando que, a pesar de que hace unos meses "valoraban positivamente algunos avances que se introducían" con el texto normativo, el hecho de que en un año no se hayan "producido prácticamente avances de ningún tipo", les lleva a exigir el cierre de estos centros, sin matices.

A día de hoy no se está aplicando la sentencia, recogida en el reglamento, que obliga a avisar con antelación de las deportaciones, no hay asistencia sanitaria permanente, ni se ha establecido la diferencia entre el ámbito policial y el ámbito asistencial, entre otras vulneraciones.

A principios de 2015, el Tribunal Supremo daba un varapalo al gobierno de España suspendiendo parte de este reglamento por incumplir la propia ley y la de la UE. Estos últimos años, los jueces de control han vertido duras críticas contra las condiciones de estos centros: Ramiro García de Dios, magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid, arremetió en una resolución contra el "palmario hacinamiento" que constató en el CIE madrileño de Aluche cuando investigó la muerte de la mujer congoleña Samba Martine por meningitis, a finales de 2011. Concluyó que la asistencia médica fue inexistente.

Pero Silvia Medeiros, abogada especializada en migraciones, añade un nuevo elemento de análisis: "Estoy por el cierre. Pero para poder cerrar los CIE deberías tener una legislación que no prohibiera la libertad de movimiento", afirma a VICE News refiriéndose a la Ley de Extranjería, "de otro modo, cerrar los centros de reclusión sin cambiar la ley podría acabar con el poco seguimiento judicial del proceso de expulsión que existe hoy en día", añade.

Medeiros habla de las "devoluciones exprés" en comisaría, una modalidad de expulsión que en 2013 superó a las que se efectuaban desde los CIE y que podría devenir sistemática si estos se cerraran sin más. Coincidiendo con lo que ella introduce, el abogado Andrés García recuerda a VICE News que la propuesta de cierre de este centro de reclusión presentada en el parlamento catalán está condicionada a que se garantice la asistencia letrada y el consiguiente seguimiento jurisdiccional del proceso de expulsión. "Obviamente, nuestra propuesta se circunscribe en el cuestionamiento de las políticas migratorias", aclara.

Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), en 2014 los desplazados y refugiados a nivel mundial alcanzaron un récord histórico: casi 60 millones de personas. Después de que 900 personas murieran en las puertas del Mediterráneo, la UE planteó una redistribución de las cuotas de refugiados que cada país debía acoger. Con un porcentaje del 0,9 por ciento, España ocupa los últimos puestos de la Unión en lo relativo a la aceptación de peticiones de protección internacional. 5.947 personas, expone ACNUR, muy por debajo de las cifras de países como Alemania, donde más 173.000 asilos fueron concedidos.

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