La amnistía a presos políticos en Venezuela es declarada 'inconstitucional' a petición de Maduro

La libertad de 78 presos políticos venezolanos tendrá que esperar.

La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que abriría las celdas de la cárcel para los enemigos políticos del presidente Nicolás Maduro, se estrelló contra un aliado del oficialismo que parece difícil de vencer: el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que declaró inconstitucional la medida.

Apenas hace dos semanas, el parlamento de Venezuela — controlado mayoritariamente por la oposición desde enero de este año — aprobó una legislación que modifica artículos del Código Penal Venezolano para excarcelar a decenas de figuras políticas, incluido al exalcalde del municipio de Chacao, Leopoldo López, cuyo caso ha atraído la atención de organismos internacionales como Humans Rights Foundation que lo ha llamado "preso de conciencia".

La ley, como se esperaba, no fue del agrado del "hijo político de Hugo Chávez". El presidente Maduro criticó la ley, afirmó que perdonaba a los "desestabilizadores" de la patria bolivariana y que abría la posibilidad de liberar a delincuentes que ponen en riesgo la seguridad nacional. Y desde el Palacio de Miraflores informó a los ciudadanos que había solicitado al máximo órgano de justicia del país invalidar la ley por ser "criminal y de impunidad".

Enseguida, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela coincidió con el presidente y, entre varios argumentos, dictaminó que la norma no puede ser aplicada porque "la Asamblea Nacional no puede decretar el sobreseimiento en los casos de crímenes de lesa humanidad".

Esos casos "de lesa humanidad" son las muertes de protestantes ocurridas durante las manifestaciones de 2014 contra el gobierno de corte "chavista" convocadas por Leopoldo López y el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, quien también está encarcelado. Para el gobierno, los líderes opositores son los responsables de esos asesinatos.

Desde que los detractores del "socialismo bolivariano" lograron la mayoría en la Asamblea Nacional, cada ley aprobada que afecta los planes presidenciales termina impugnada en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por instrucciones de Maduro.

Ahora, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional tiene dos rutas de salida: ser desechada o que sea devuelta a los legisladores para que hagan los cambios recomendados por los magistrados y se logre su promulgación en la Gaceta Oficial. Sin embargo, los cambios sugeridos podrían invalidar el objetivo principal de la oposición, que es la excarcelación de los presos políticos.

La portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Ravina Shamdasani, dijo que el organismo internacional se encontraba "sorprendido" y "decepcionado" por la resolución.

"Estamos muy, muy decepcionados por la decisión del Tribunal Supremo, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno venezolano nos solicitó nuestra opinión legal y nosotros respondimos que en general estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos (…) Esperemos que no sea el final del camino".

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