La gran mayoría de los asesinatos del conflicto del Ulster siguen impunes

"A mi madre, Kathleen, la mataron mientras limpiaba el patio de atrás de nuestra casa, durante una redada del ejército británico. Los soldados aseguraron que les había disparado. Lo único que blandía en sus manos cuando la encontramos era una fregona", asegura a VICE News Minty Thompson, hija de una mujer católica asesinada en noviembre de 1971 en Creggan (Derry). Ese año fue uno de los más violentos de los Troubles, la época más sangrante del conflicto irlandés moderno.

Corrían finales de los 60 cuando la población irlandesa católica, entonces minoritaria en Irlanda del Norte, decidió movilizarse por sus derechos civiles en las calles de Derry y Belfast. La discriminación que sufrían respecto a la mayoría protestante era visible hasta en las puertas de muchos bares. "Ni irlandeses, ni negros, ni perros", rezaban algunos carteles.

En el verano de 1969, los enfrentamientos entre republicanos — defensores de una Irlanda unida e independiente — y unionistas — afectos a la reina y partidarios de mantener el Norte de Irlanda bajo soberanía británica — fueron escalando, hasta desembocar en un conflicto armado entre el Irish Republican Army (IRA), fundado en 1917 y recuperado para la ocasión, y el Estado británico. Por el camino se unirían grupos paramilitares nacidos en los barrios de la clase obrera unionista, como la Ulster Volunteer Force (UVF) o la Ulster Defence Association. La violencia se agravó con el despliegue del ejército británico en la región.

Fe de ello da el asesinato de Thomson, cuya muerte nunca fue investigada, más allá de algunas pesquisas que se llevarían a cabo dos meses después del tiroteo y que, como reconoció el Tribunal Superior de Belfast en 2001, ni siquiera llegaron a una conclusión. Los seis hijos que dejaba huérfanos fueron indemnizados con 84 libras y 7 peniques.

El de Thomson es sólo uno más de los 3.200 crímenes de los Troubles que todavía no se han resuelto. Podrían parecer pocos si la cifra de los que sí se han investigado fuera mucho mayor, pero resulta que entre los años 1969 y 1998 murieron 3.637 personas en acciones relacionadas con este conflicto y unas 33.000 más fueron heridas. Así es, 18 años después de los Acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin a los Troubles, sólo un 12 por ciento de las familias norirlandesas sabe cómo murieron sus seres queridos.

La mayoría sí saben, sin embargo, a manos de quien murieron. Un informe estadístico sobre el conflicto de la Universidad del Ulster calcula que el 59 por ciento de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados republicanos, de las cuales más de la mitad eran militares o policías, un 29 por ciento a manos de paramilitares lealistas — la facción ultra del unionismo británico —, de las cuales el 90 por ciento eran civiles, y un 12 por ciento de los crímenes fueron obra de los cuerpos de seguridad británicos.

Existen múltiples causas que explican cómo un país europeo con un sistema legal en teoría garantista, sujeto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puede seguir desoyendo a las víctimas de su conflicto interno tras casi dos décadas. La primera es el colapso total de los organismos que investigaban estos crímenes hasta hace apenas unos meses, que en gran parte eran también los que se encargaban de los delitos ordinarios.

Sin desdeñar los vergonzosos retrasos — según el periodista del Belfast Telegraph Adrian Rutherford la media de tiempo que se tarda en concluir los casos está en 20 años y 7 meses —, la falta de recursos económicos de las instituciones creadas expresamente para indagar en los Troubles y un nivel tan sistemático de obstrucción a la justicia por parte de los propios policías y soldados que incluso han motivado varias inspecciones internas.

Colaboración, destrucción de pruebas e impunidad

Una auditoría del Equipo de Investigaciones Históricas (HET en sus siglas en inglés), el organismo policial encargado de indagar en estos 3.200 crímenes sin resolver, reveló que las negligencias aumentaban en aquellos casos que implicaban directa o indirectamente a las fuerzas de seguridad británicas. El informe, publicado en julio del 2013, reconoce que — en aquellos casos en los que el Estado tuvo algún grado de participación, especialmente entre los años 1970 y 1973 — "las investigaciones fueron poco rigurosas, contradictorias y deficientes".

Los sabotajes a las investigaciones y la destrucción de pruebas eran conocidos incluso por el MI5, el servicio de inteligencia británico, como reconocen una decena de informes, algunos tan oficiales e incontestables como el que atañe al asesinato de Michael Tighe, un joven católico de 17 años, en 1982.

El Fiscal General de Irlanda del Norte aseguró tener pruebas de que las RUC, la antigua policía militar que operaba allí durante los Troubles, destruyeron cintas de audio que hubieran sido claves para resolver la muerte de Tighe. Y de que lo habían hecho con la autorización de tres oficiales del MI5.

Según Andrée Murphy, de la asociación de familiares de víctimas Relatives for Justice, la complicidad no se reduce a aquellas muertes que, presuntamente, fueron responsabilidad del Estado.

"Además de los que cometieron sus propios cuerpos, el Estado británico estuvo implicado de una u otra manera en el 85 por ciento de los crímenes cometidos por paramilitares lealistas. Prácticamente ninguna de esas muertes ha sido objeto de una investigación que cumpliera con los estándares internacionales de independencia, eficacia y rapidez", asegura Murphy a VICE News.

"Por no hablar de las causas que se cerraron de forma no concluyente a los pocos días de abrirse, las pruebas que desaparecieron y desaparecen todavía, las historias forenses borradas y el acoso a las familias. Así cómo vamos a obtener justicia?", se lamenta la activista.

La impunidad alcanza incluso al célebre atentado de Omagh, perpetrado en 1998 por el Real IRA, una facción disidente del IRA, en el que murieron 29 civiles por la explosión de una bomba. Los cargos contra el único sospechoso imputado, Seamus Daly, fueron retirados hace un mes por falta de pruebas.

Un nuevo acuerdo sobre víctimas y pasado

Conscientes de que los años pasan, en algunos casos más de 40, y de que cada vez quedan menos testigos directos de los ataques, los familiares de centenares de víctimas lanzaron una campaña de presión sobre los gobiernos británico e irlandés para que sustituyeran al HET por un nuevo organismo cuya reputación e independencia no estuvieran en entredicho.

Así, en los acuerdos de Stormont de diciembre de 2014, los 5 partidos mayoritarios en Irlanda del Norte decidieron crear dos nuevos entes: la Unidad de Investigaciones Históricas (HIU), un cuerpo independiente para liderar los procesos relacionados con los Troubles y la Comisión Independiente de Recuperación de la Información (ICIR), cuya función será permitir que las víctimas y supervivientes puedan acceder a la información sobre las muertes que les incumben.

"El HIU va a ser un cuerpo completamente independiente, ya que es clave para asegurar que se cumplen todas las garantías en cuanto a Derechos Humanos", aseguraba unos meses más tarde el ministro del Interior unionista, David Ford.

Sin embargo, esta esperanza ha chocado irremediablemente con la realidad: desplegar estos dos organismos ha dependido siempre exclusivamente de la voluntad política del Parlamento británico y de una dotación presupuestaria extraordinaria, puesto que el parlamento norteirlandés no tiene competencias suficientes para hacerlo. El resultado, ni el HIU ni el ICIR están todavía en marcha y las víctimas se sienten defraudadas.

El escollo que ha hecho encallar el acuerdo ha sido la desclasificación de los documentos oficiales de los servicios de inteligencia que contienen información sobre los casos. El gobierno británico se escuda en que revelar esas informaciones amenaza su seguridad nacional, puesto que revelaría, entre otras cosas, quiénes fueron sus informantes especialmente en el bando unionista, pero también en el republicano.

"La seguridad nacional no puede ser una oportuna roca bajo la que esconderse cuando el gobierno británico enfrenta temas incómodos", declaró la comisaria del Irlanda del Norte para las víctimas, Judith Thompson, hace unas semanas a la BBC.

En algunos casos, el acceso a estos archivos sería la única vía para conseguir que el HIU pueda esclarecer una muerte, ya que su misión se limita a la re-investigación de aquellos crímenes que el HET archivó de forma negligente o a aquellos en los que han aparecido indicios nuevos.

"Mi hijo Gavin fue asesinado de un tiro por un lealista en la calle, por que sí, cuando tenía 17 años", cuenta Maria McShane, cuya historia es, probablemente, una de las más tristes de los Troubles. "Era mi pequeño milagro, ya que sobreviví a una doble bomba en un bar cuando estaba embarazada de él. Su asesino nunca fue arrestado, a pesar de que sabíamos quien era, y todos los rastros, incluida la ropa de Gavin, fueron destruidos", se lamenta McShane.

Ante la falta de pruebas periciales, sólo el compromiso del gobierno británico con los afectados por la violencia del conflicto podría ayudar a McShane a demostrar quién mató a su hijo y quién quiso encubrir al asesino.

Resolver el pasado para un nuevo comienzo

Si uno de los derechos básicos de las víctimas tras un conflicto es el de conocer la verdad sobre lo qué pasó, también lo es el de sentar ante los tribunales, por lo menos, a quienes perpetraron las mayores masacres. Y tampoco eso es sencillo en Irlanda del Norte.

Hace medio año se anunciaba la detención de un soldado británico por su presunta participación en la famosa masacre del Bloody Sunday en Derry de 1972, en la que murieron 14 personas que participaban en una marcha por los derechos civiles de los irlandeses.

Aunque el exmilitar, miembro de la brigada paracaidista del ejército, fue liberado días después, su arresto fue histórico. Y es que es el único miembro de las fuerzas de seguridad británicas, incluyendo policías, soldados y miembros del MI5, que ha sido detenido en conexión con los Troubles desde los acuerdos de Paz.

A pesar del revuelo que causó la detención entre veteranos del ejército, políticos y mandos militares, el proceso siguió adelante y se calcula que en unas semanas 13 de los 29 ex-soldados implicados en la masacre -de los cuales 3 ya están muertos serán interrogados.

Para los familiares, un hipotético juicio a los autores del Bloody Sunday podría ser la primera grieta en el muro de silencio e impunidad que hay alrededor de los crímenes de los Troubles. "No pedimos venganza, pedimos justicia, que se esclarezcan los hechos, que se reconozca públicamente la implicación de las fuerzas de seguridad británicas, y que se restablezca la dignidad de nuestros familiares, que en muchos casos fueron víctimas civiles", exige taxativa Minty Thompson.

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