Este caso de fracking que ha llegado al Tribunal Supremo de Canadá podría cambiarlo todo

Jessica Ernst llevaba en pie de guerra ocho años. Ocho años largos y caros. Jessica ha librado una batalla difícil, lenta y nada dramática, una guerra que se libra en el campo legal con pruebas, peticiones y entregas. Le ha costado muchísimo dinero y le ha costado también su carrera. Y pese a que la victoria todavía está lejos de ser un hecho — ella no descansa y sigue presionando.

Hoy Jessica ha elevado su caso hasta el Tribunal Supremo del Canadá, en lo que representa un nuevo episodio de una guerra interminable cuyas consecuencias podrían llegar a ser mucho más nefastas para sus todopoderosos enemigos: la industria energética del Canadá y los organismos del gobierno que se encargan de supervisarla.

Ernst tiene 56 años y ha sido consultora medioambiental durante décadas de la misma industria a la que lleva años sentando en el banquillo. Ernst también es terrateniente y residente de una aldea que está cerca de Rosebud, en Alberta, 100 kilómetros al este de Calgary, un remoto lugar en que hay censadas menos de 100 personas, donde no hay gasolinera, pero donde se levanta un conocido teatro que cada año atrae a 40.000 turistas.

Ernst lleva 8 años denunciando el "arriesgado y experimental" caso de fracturación hidráulica infligido por la empresa Encana Corp desde 2001. Según su denuncia la empresa habría estado emitiendo peligrosas cantidades de hidrocarburos en el agua de la zona, incluida el "agua fresca" que sale del pozo de su propiedad. Ernst asegura que los índices de contaminación de su pozo eran tan elevados que hasta era posible prender el líquido con cualquier llama.

Ernst no solo ha denunciado a Encana, sino que también ha denunciado al gobierno de Alberta y a la compañía pública Alberta Energy Regulator (AER), a quienes reclama una suma de 33 millones de dólares. Para ello, enumera un largo listado de abusos: negligencia, violación de múltiples leyes y regulaciones, descuidos en las labores de testeo, además de acusar a AER de haber mutilado su derecho a la libertad de expresión.

Esta última acusación es la que ha motivado que el caso de Ernst haya alcanzado hoy el Tribunal Supremo. Ernst ya ha advertido que el personal de la compañía pública reguladora de la energía en Alberta fue instruido para que "evitara cualquier contacto con ella", la marginara del procedimiento de queja y para que le retirara "todos los servicios públicos disponibles [sic]", para así castigarla por haber hablado públicamente del caso.

Ya es oficial: el estado de Nueva York prohíbe el fracking. Leer más aquí.

El Tribunal Supremo tendrá que dilucidar ahora si la cláusula de inmunidad que protege a la AER es suficiente para impedir que Ernst pueda querellarse contra la compañía reguladora por haber violado su derecho constitucional a la libertad de expresión. En 2013 un tribunal de Albert falló que la inmunidad era irrenunciable. Ernst recurrió la sentencia en 2014 y tampoco logró que se fallara a su favor, de ahí que ahora su apelación haya alcanzado el Tribunal Supremo. Un tribunal de Alberta dictaminó en 2014 que una posibilidad sería denunciar al gobierno provincial.

Tanto Encana como AER niegan las acusaciones que Ernst ha vertido contra ambas. Por su parte, el gobierno de Alberta todavía tiene que presentar su escrito de defensa.

Según defienden desde AER, el propósito de la cláusula de inmunidad "no es inmunizar al gobierno contra el escrutinio de leyes o propuestas de ley anticonstitucionales, sino promover un buen gobierno a través de la puesta en funcionamiento de un tribunal reglamentario consagrado puramente a obligaciones públicas, y protegerlo ante la posibilidad de que cualquier particular le pueda exigir responsabilidades a través de cualquier denuncia o recurso judicial.

Si finalmente el Tribunal Supremo falla a favor de Ernst, AER pasará a formar parte de manera inmediata de la denuncia contra el gobierno de Alberta, y cuestionará la noción preexistente en el país de que los organismos del estado canadiense gozan de inmunidad absoluta, una consideración reforzada por la jurisprudencia generada por toda la nación

Igualmente, el caso podría sentar precedente de cara a las batalles legales medioambientales que se produzcan en el futuro. Así lo afirma Martin Olszynski, profesor de derecho auxilar en la universidad de Calgary, y especialista en derecho medioambiental.

"Si el Tribunal Supremo mantiene que las cláusulas de inmunidad no protegen al AER y a otros organismos cuando incumplen la Constitución, lo mismo debería de ser aplicable para el resto de violaciones de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá", escribe Olszynski a través de correo electrónico.

"Se trata, de momento, de algo ciertamente relevante, puesto que el interés por apelar a las provisiones de la Carta es cada vez mayor. Y lo es, especialmente, en lo concerniente a lo contemplado en la sección 7 — que cifra el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona en casos medioambientales como estos".

La amplitud del caso también contiene más peligros para la controvertida práctica de la fracturación hidráulica, o fracking, que consiste en la captura de hidrocarburos atrapados en formaciones rocosas profundas, a partir de un proceso consistente en introducir forzosamente líquido en la roca, para así, fracturarla. Tal proceso permite la liberación de hidrocarburos, que son entonces capturados. Los terremotos y la contaminación medioambiental son dos de los posibles efectos secundarios que puede desencadenar la controvertida actividad, que también permite el acceso a otros recursos naturales de acceso muy complicado.

Si la demanda interpuesta por Ernst concluye que el gobierno o sus organismos pueden ser responsables legales, "sería una enorme victoria para los detractores del fracking", cuenta Olszynski.

En Alberta, la industria del gas natural y del petróleo es tan grande y tan poderosa, y está tan arraigada a las políticas gubernamentales, a la economía y a la forma de vida de tanta gente — más allá de su ideología — que está aceptada de manera casi natural como parte del paisaje. Así es como es, tanto para lo bueno como para lo malo.

Y la AER es uno de los emblemas de esa cultura. Un organismo público de estructura corporativa, que está financiado gracias a los impuestos gravados a la industria energética, y que está dirigido por Gerald Protti, legendario activista de la industria y ex vicepresidente de Encana. Los detractores le acusan de haber compaginado ocupaciones irreconciliables, puesto que ha alternado sus tareas de promotor energético con las de defensor público de la industria.

Negro futuro para el petróleo en Canadá. Mira el documental aquí.

El antiguo gobierno conservador de Canadá — que detentó el poder desde 1971 hasta 2015 — se hizo popular, entre otras cosas, por sus vínculos con la industria energética y por llevar a cabo políticas favorables a la mimsa. Lo cual, combinado con la importancia cultural y económica del petróleo y del gas natural en Alberta, y del obsceno poder adquisitivo de la cúpula directiva de Encana, ha desembocado en la oposición de todos aquellos que tienen sospechas legítimas sobre la industria y su funcionamiento.

Y no cabe dudad de que Ernst tiene fundadas sospechas para creer que su causa es completamente legítima.

Si bien la demandante ha declinado ser entrevistada para este artículo debido a la apretada agenda que tiene durante estos días de litigio y de audiencias, sus declaraciones previas y la manera en que ha consagrado los últimos años de su vida a esta interminable batalla legal, cifran la profundidad de sus creencias y de sus denuncias.

Ernst asegura haberse tenido que invertir más de 300.000 dólares para poder tomar acciones legales contra los gigantes energéticos. El desembolso ha sido de tal calibre, que se ha visto obligada a vender objetos personales y piezas de arte para poder seguir costeándose la batalla.

"He arruinado mi negocio y mi carrera", declaró el año pasado en una entrevista ante los micrófonos de la emisora CBS.

Durante aquella entrevista, Ernst también explicó lo mucho que tardaron sus vecinos en mostrarle el apoyo a su causa. Según cuenta, su denuncia desembocó en situaciones de tensión y de acoso entre sus vecinos, algo que ella achaca al hecho de que los miembros de la industria les habrían ofrecido suculentas cantidades de dinero. Ernst denunció, sin ir más lejos, que el legendario teatro Rosebud habría recibido una donación de 350.000 dólares de manos de Encana.

Y lo cierto es que la guerra está lejos de haber llegado a su fin. Tendrá que pasar un tiempo largo antes de que el Tribunal Supremo emita su fallo, mientras que sus querellas contra Encana y contra el gobierno provincial de Alberta, avanzan a pasos muy lentos.

Claro que si bien su batalla está motivada por su convicción de haber sido maltratada por la industria y el gobierno, también representa una declaración de principios y una denuncia de lo que ella cree firmemente que es un sistema podrido.

"Las mejores prácticas de la industria son voluntarias e inejecutables y los reguladores siguen haciendo la vista gorda", sentenció Ernst durante la entrevista con la CBS del año pasado. "Lo que está haciendo está tan mal que no tengo otra alternativa que seguir adelante".

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