¿Cómo llegamos a esto? Cronología de una década de políticas fallidas (Primera parte)

El primero de diciembre de 2006, Felipe Calderón asumiría la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. Ese mismo día y en el marco de un Congreso en disputa por los partidos, desde el Auditorio Nacional, Calderón emitió su primer mensaje como mandatario nacional y anunció como uno de sus principales esfuerzos el combate frontal a la delincuencia organizada, a cualquier costo, incluso por encima de la vida.

Apenas tres días después, el 4 de diciembre, Calderón, probablemente sin darse cuenta de las implicaciones, enunció esta estrategia como una "guerra a la delincuencia" para promover la inversión y los derechos de propiedad en el "Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Mexicano" en presencia del Príncipe de Asturias Felipe de Borbón, de España.

Ante esto, surge el mar de preguntas ¿Qué significa asumir una política pública que costará "vidas humanas"? ¿Cómo se enfrenta a grupos empresariales ilegales con capacidad de corrupción y operación en una gran cantidad de países, incluyendo los más poderosos? ¿Qué capacidad de armamento y pericia tiene el Ejército y ante que se va a enfrentar? ¿Queremos ese enfrentamiento? ¿Cómo evitar una escalada armamentista entre los bandos en conflicto? Y sobretodo ¿cómo se desarrolla una guerra interna sin llevarse a la población civil en el fuego cruzado entre personas de un mismo país? ¿Quién es el enemigo? ¿Cómo se mide la eficacia de una política de guerra y militarización del territorio? ¿Cuándo y cómo va a terminar? ¿Cuánto dolor tendremos que llorar? ¿Cuántas son esas "vidas humanas" que tendremos que rendir para sentirnos seguros?

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Esas preguntas son tan complejas que diez años después todavía estamos muy lejos de encontrar una respuesta. Para tratar de entender que ha pasado en estos años de guerra contra el narco, desde el lanzamiento del Operativo Michoacán como bandera y primer frente de batalla, hacemos un recuento año por año (a partir de la toma de posesión el 1 de diciembre) de las acciones, resultados y consecuencias de declarar una guerra contra el narcotráfico, en un país tan diverso, extenso, desigual y tan cerca de los Estados Unidos. Ya lo había dicho Nemesio García Naranjo en la época de Porfirio Díaz, "¡Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos!" Qué triste la vigencia de esta frase un siglo después.

Empecemos por el principio, el 1 de diciembre de 2006 Felipe Calderón tomo posesión del cargo de Presidente de la República anunciando en sus primeros discursos que implementaría una estrategia de seguridad militarizada para combatir el poder de los grupos de narcotráfico, incluso apareciendo con sus hijos disfrazados de militares en un homenaje al ejército. El Operativo Michoacán, lanzado el 11 de diciembre del mismo año fue la primera bandera de batalla y se desplegaron casi 7,000 efectivos de distintas corporaciones en el estado y volviéndolo territorio emblemático que en diversos momentos cobrará mayor importancia como punto nodal de la guerra.

En Marzo de 2007, tres meses después de haber incursionado en el frente de batalla, se transmitió a los soldados la "Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007 – 2012". Este es un documento clasificado de 37 páginas "que comienza con lo que define como 'visión presidencial', pronto se giró a las comandancias de las regiones y zonas militares del territorio mexicano, a las que el general secretario instruyó a actuar con 'amplia libertad de acción', 'amplia iniciativa', 'mayor dinamismo' y 'don de mando' para realizar 'acciones contundentes' dirigidas a los blancos establecidos" . Este documento da a entender las intenciones y visión sin tener una estrategia clara en cuanto a metodología y tiempos de implementación y evaluación.

El 4 de noviembre un "accidente" aéreo en medio de la Ciudad de México acabó con la vida de Juan Camilo Mouriño quien fuera Secretario de Gobernación en el momento. A pocos meses de declararle la guerra al narcotráfico, la muerte del encargado de la política interior en México hacía parte del ambiente de zozobra que se viviría en los próximos años.

Poco más de un año después de la implementación la guerra contra el narco, se presentarían los primeros documentos públicos sobre la estrategia que seguiría. En enero de 2008 se presentó el Programa Sectorial de Seguridad Pública y en marzo del mismo año el Programa Nacional de Seguridad Pública. El despliegue de personal y apoyo logístico había empezado sin una planeación estratégica clara y eso había llevado a que para el año 2008 las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos por parte del ejército se sextuplicaran en relación al 2006, año en que se declaró la Guerra.

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En marzo de este año se implementó el Operativo Conjunto Chihuahua bajo las premisas de amplia iniciativa y libertad de acción, lo que derivó en investigaciones y procesos penales por abusos y violaciones a derechos humanos, incluyendo tortura, desaparición forzada, homicidio y hasta violaciones a las leyes de inhumación.

Dos años después del inicio de la guerra contra el narco, en diciembre de 2008 se firmó la Iniciativa Mérida, un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos que establece bases de cooperación con inversión para equipo y capacitación con el pretexto del combate al narcotráfico. La iniciativa tiene 4 pilares: Afectar la capacidad operativa del crimen organizado; Institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho; Crear la estructura fronteriza del siglo 21; y Construir comunidades fuertes y resilientes. Con este acuerdo la intervención Estadounidense en las políticas de seguridad nacionales llegaron hasta la frontera sur.

En el mismo año se pondría en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua los operativos Rápido y Furioso y 'Receptor Abierto' de la Agencia de Tabaco y Armas de Estados Unidos con los cuales permitieron el ingreso a México de armas compradas ilegalmente en los Estados Unidos con el fin de seguir la ruta de tráfico hasta objetivos de rangos altos en organizaciones criminales.

En mayo se detuvieron a 35 funcionarios del estado de Michoacán por presuntos vínculos con el crimen organizado. A este operativo se le conoció como el Michoacanazo, y eventualmente todos los detenidos fueron liberados por no contar con evidencias que probaran su responsabilidad.

En diciembre de 2009, a tres años de declarada la Guerra, la marina "abatió" (como le dicen al homicidio a manos del Estado) a Arturo Beltrán Leyva tras un fuerte enfrentamiento en Cuernavaca. Este homicidio dio un salto cualitativo en el nivel de violencia mostrada por el Estado pues exhibieron fotos del cadáver bañado en billetes ensangrentados en una escena sádica montada por la Marina. Días después, Calderón rindió homenaje e hizo público el nombre del marino asesinado en el enfrentamiento. La represalia homicida hacia la familia no se hizo esperar tras un cruel e inocente error del Presidente.

El asesinato (abatimiento) de personas vinculadas al crimen organizado se convirtió en un indicador de éxito, conduciendo así a la justificación de la violencia por sí misma. Esto llegó a tal punto que, tras la masacre de Villas de Salvárcar, la primera reacción del Presidente, de gira en Japón, fue decir que los 16 asesinados pertenecían a pandillas y estaban vinculados a microtráfico, cómo si eso justificara el asesinato de cualquier persona, sea cierto o no. En este caso no era cierto y el Secretario de Gobernación tuvo que disculparse por el Presidente. De cualquier forma, la escalada de violencia llegó este año a un nivel en el que el gobierno empezó a mostrar que para ellos algunas vidas humanas valen menos que otras y el Estado de Derecho es una cuestión secundaria en su gestión.

El cambio cualitativo y cuantitativo en la violencia llevó a reacomodos en los grupos criminales con nuevas divisiones y alianzas, así como en las dinámicas de control territorial. En agosto de ese mismo año se perpetró una masacre a 72 migrantes de diferentes países en San Fernando, Tamaulipas, aparentemente bajo responsabilidad de Los Zetas. Las rutas de la migración y de tráfico de drogas se comparten por la ilegalidad y se controlan del mismo modo, aumentando la explotación para trabajo forzado de los migrantes.

En medio del contexto de violencia exacerbada y creciente de la Guerra, se comenzaron a implementar acciones que buscaban dar una imagen de atención integral a las drogas. A finales de 2009 se presentó la Ley de Narcomenudeo, que en el extranjero se ha manejado como una política de descriminalización aunque en la práctica el resultado ha sido el aumento en las extorsiones a las personas usuarias de sustancias psicoactivas que son detenidas arbitrariamente por la policía y en ningún momento se habla de formas de acceso seguro y legal. Se instauraron los Centros Nueva Vida, que debían ser 335 en todo el país, pero hasta 2012 había una gran cantidad sin operar por falta de personal, servicios básicos o condiciones de seguridad. La tercera propuesta en materia de drogas que se quiso presentar como de avanzada pero se mantiene en la línea del estigma y la persecución penal son los Tribunales de Tratamiento de Adicciones, conocidos en otros países como Cortes de Drogas. Este modelo, supuestamente alternativo, brinda a las personas usuarias de drogas la "opción" de ingresar a tratamiento bajo supervisión o cumplir con la sanción penal. El tratamiento obligatorio para personas usuarias de drogas es violatorio de los derechos humanos.

La violencia derivada de la guerra contra el narco alcanzó momentos límite en la población para el año 2011 y el asesinato del hijo de un poeta conmovió a gran parte de la población del país que salió a las calles a acompañar y ser acompañada en su dolor. El 28 de marzo con una marcha multitudinaria que recorrería de Cuernavaca, Morelos, al Zócalo de la Ciudad de México y sería acompañada en casi todos los estados de la República, nació el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que abrazaría y se encontraría con las víctimas de la violencia generada y permitida por la guerra contra el narco. El alcance y empatía del MPJD permitiría procesos a gran escala en la exigencia de verdad, justicia y memoria para las víctimas de la guerra, recorriendo el país y encontrándose con la sociedad por donde pasaban las Caravanas que realizaron. Esto dio pie al surgimiento de instancias como la Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia, que después sería reemplazada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y procesos legislativos a nivel local y federal. También logró la interlocución directa de las personas afectadas por la estrategia de seguridad y el Presidente que la defendía a capa y espada, en los llamados Diálogos de Chapultepec y poner el dolor y la violencia de la guerra como un tema central en la agenda política nacional más allá del amarillismo mediático.

El 25 de agosto del mismo año, la violencia dio un salto cualitativo una vez más con el atentado perpetrado por Los Zetas en el Casino Royale en Monterrey por no aceptar pagar una cuota de extorsión periódica. Con un saldo de 52 personas asesinadas, gastos millonarios por hospitalizaciones, indemnizaciones, gastos funerarios y proceso abierto por la falta de cumplimiento de disposiciones de seguridad y protección civil. La guerra habría impulsado un cambio en las dinámicas económicas de las organizaciones criminales poniendo al negocio de la violencia (casi siempre mediante la extorsión) como uno de los más rentables bajo su poder y el amedrentamiento como la mejor estrategia de control territorial para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

A finales del año el panorama no pintaba mejor. Por segunda ocasión en el sexenio, en noviembre de 2011, el Secretario de Gobernación, ahora Francisco Blake Mora, murió en un accidente aéreo. En el mismo mes se perfilan los primeros dos candidatos para la contienda presidencial del 2012 en un contexto cada vez más violento y complejo, y la próxima transición en el gobierno federal no parece simplificar el panorama.

Aquí termina la primera parte del recuento, y la segunda empieza con el cierre del gobierno de Calderón y la conformación de los nuevos actores políticos de cara al cambio de sexenio

Miguel Villegas forma parte de ReverdeSer Colectivo.