¿Por qué volvieron los estudiantes a las calles?

Foto: Luis Alejandro Gómez

"Ah, esto se va a reventar…", dijo Ómar Gómez, con tono de preocupación, luego de que sonara la explosión.

El vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) me explicaba el nuevo rumbo que ha tomado este moviento nacional, que en 2011 conquistó todos los titulares al lograr frustrar, a punta de movilización y protesta, la reforma a la Ley 30 de educación, cuando el petardo lo desconcetró por un segundo.

El comentario de Gómez, sin embargo, parecía más una declaración de intenciones, antes que una observación casual sobre los pocos disturbios que se presentaron el pasado 16 de octubre, durante la movilización convocada por la MANE en contra de una nueva reforma santista. Luego de tres años de relativo silencio, el movimiento estudiantil pareciera querer volver a reventar: Esta vez, como reacción al Acuerdo por lo Superior 2034, presentado a finales de agosto por la ministra de Educación, Gina Parody.

"Ganar esa pelea política no va a ser fácil. Si nosotros tuvimos que inundar las calles en 2011 para hacer que simplemente retiraran un proyecto de ley, vamos a necesitar el triple de gente y dar una pelea muy creativa para hacer realidad nuestro propio proyecto de ley".

Tres motivos argumentan los estudiantes para justificar su salida a la calle. Primero: no quieren que se implemente el Acuerdo 2034, una propuesta de política pública proyectada para los próximos 20 años, diseñada por el Ministerio de Educación. Segundo: aseguran que el Gobierno no reconoce que las universidades públicas tengan un déficit presupuestal de 12.5 billones de pesos (según sus estimaciones) y, por lo tanto, no ha presentado un plan para subsanarlo. Es esta deuda oficial con la educación superior pública, que equivale casi al total del presupuesto anual de la Alcaldía de Bogotá, "lo que tiene a la Universidad Nacional con sus techos cayéndose", afirma Óscar Aponte, otro vocero nacional de la MANE, que estudia sociología en esa universidad. Tercero: sostienen que las universidades en Colombia no son autónomas y no ofrecen garantías de respeto por las libertades democráticas.

Vamos por partes. A los estudiantes no les suena que el plan del Ministerio se autodenomine como "Acuerdo", y que este lo catalogue como "el proceso de mayor participación en la historia del sector educativo colombiano". Aunque el Gobierno asegura que en su elaboración participaron "más de 33.000 personas en155 espacios públicos de debate", la MANE siente que no tuvo el espacio que se merecía dentro del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), órgano que estableció el Ministerio de Educación para concertar la nueva propuesta luego de que el movimiento estudiantil lograra tumbar la reforma de 2011.

"Si se trata de establecer un diálogo entre los distintos actores de la educación superior, no es posible que un solo organismo tenga la capacidad de decisión sobre el documento construido", me dijo Óscar Aponte en la plaza Che Guevara de la Nacional antes de que la manifestación partiera. "Lo que planteaba el CESU es que todos podíamos hablar, pero ellos definían qué quedaba y qué no quedaba en el documento, el cual no acogió absolutamente nada de lo que la MANE planteó en su Propuesta Alternativa para la Educación Superior: no hay educación como derecho fundamental y bien común, no hay gratuidad, no hay autonomía, no hay democracia universitaria. Entonces, ¿dónde está el acuerdo? No hay acuerdo".

Posiblemente en atención a esta inconformidad y sus consecuencias, el Ministerio de Educación anunció en un comunicado de prensa emitido el día antes de la marcha que conformaría una comisión que revisara aspectos que ameritan mayor debate, tales como los relacionados con el financiamiento, la autonomía universitaria y la gobernanza. A pesar de haber hecho varios esfuerzos por consultar directamente al Ministerio de Educación para este artículo, VICE no pudo obtener declaraciones oficiales de la institución.

Fotos: Antonio Galante.

Por otro lado, la MANE rechaza el Acuerdo por lo Superior 2034 pues considera que su esencia consiste en seguir fortaleciendo el subsidio a la demanda (es decir, los estudiantes) mientras se descuida el deber de apoyar las necesidades de oferta, estrategia que convierte la educación en "un negocio de prestamistas", como le dijo el vocero de la MANE ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional Amaury Núñez a Las Dos Orillas.

"La oferta en las universidades públicas es muy reducida y la competencia para obtener la admisión es supremamente fuerte. A ellas terminan ingresando personas que tienen un mayor capital cultural y económico y quienes han tenido un proceso de formación mucho más completo desde la secundaria, dejando a una inmensa mayoría de bachilleres ante la alternativa de endeudarse para ingresar a una institución privada", nos dijo Ómar Gómez.

Este sea quizás el problema más serio que comparten los estudiantes de las universidades públicas con los de las privadas. A los estudiantes de la Javeriana, pongamos por caso, no los amenaza el techo de sus salones con caerse, pero su representante estudiantil al consejo directivo, Karen Noriega, asegura que el método de financiación es el aspecto del Acuerdo por lo Superior 2034 que más afecta a las universidades privadas.

"En la Javeriana hay 15.451 estudiantes con un crédito de alguna entidad financiera. Muchos de nosotros tenemos a veces que elegir entre sacar unas copias, o comer o transportarnos en bus", nos dijo cuando la marcha cruzaba al frente de su universidad. "Pero además, salimos de la universidad a ganarnos un sueldo de millón setecientos o millón ochocientos, y tenemos que destinar entre $700.000 y $800.000 de ese sueldo en promedio al pago de nuestra deuda con el Icetex, entonces nunca vamos a salir de nuestra casa".

Óscar Aponte va tan lejos como para alertar sobre el riesgo de que financiar la educación superior primordialmente mediante el otorgamiento de créditos del Instituo Colombiano de Créditos Educativos y Estudios en el Exterior (Icetex) pueda generar mayores problemas a largo plazo. "No olvidemos que la cartera morosa del Icetex en este momento es de un 34%: de cada 100 estudiantes con préstamo, 34 no pueden pagar. Teniendo en cuenta que el Acuerdo por lo Superior 2034 pretende que el Icetex pase de tener 225.000 personas estudiando a crédito a dos millones de estudiantes endeudados, en cualquier momento podría estallar una burbuja financiera dentro de la educación superior".

El Acuerdo por lo Superior 2034 establece que para el año 2024 el país destinará una cifra récord de su producto interno bruto a la educación superior, para 2029 más del 50% de los profesores universitarios contará con estudios de doctorado y en 2034 Colombia estará entre los países con mayor cobertura de América Latina, habiendo ampliado su capacidad para educar al 80% de los bachilleres.

La MANE no está contenta con ese 80%, especialmente si la cobertura se establece a través de ensañanza técnica como el SENA. "No puede ser que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) siga siendo la herramienta del Gobierno para inflar las cifras", afirma Aponte. "Entre el 60% y el 65% de esa meta de cobertura será en educación técnica, tecnológica y para el trabajo. El Gobierno nacional incorpora este tipo de educación en su propuesta porque le permite una rápida y fácil absorción de los bachilleres y porque su costo es cuatro veces menor que el de cualquier institución universitaria. Pero, ¿es el SENA educación superior? Nosotros planteamos que no".

La MANE sostiene que las instituciones de educación técnica, tecnológica y para el trabajo ofrecen una educación de calidad deficiente en Colombia. Sin embargo, el Acuerdo establece que en cuatro años, para cuando la cobertura vaya en el 60%, se habrán duplicado las instituciones de educación superior acreditadas en alta calidad.

David Castillo, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional, afirma que la deuda presupuestal de 12.5 billones de la cual habla la MANE no permite que la educación superior salga de su crisis y que la Universidad Pedagógica, "la principal fábrica de maestros que tiene Colombia", no cuenta con los recursos necesarios para poder ofrecer a sus 12.000 estudiantes una educación de buena calidad. "El Estado le dice a la gente por televisión que va a ofrecer más cupos en las universidades públicas pero no le cuenta que no les da los recursos a las universidades para que puedan recibir tal cantidad de estudiantes nuevos", sostiene.

Castillo me contó que la Pedagógica salía el año pasado de una crisis sanitaria debida a que no tenía plata para reconstruir los baños en edificios que tienen hasta cuarenta años de construidos. Las obras tardaron cuatro meses en iniciarse por la falta de materiales y en la actualidad, según él, solo se ha adelantado la mitad de los arreglos. "Todos los días hay fila para entrar a los baños. Los estudiantes tienen que ir al Centro Comercial Granahorrar o pagar en un restaurante cercano para que les presten el baño", dice.

Las cuentas de la MANE 

Ahora, no todos están de acuerdo en la cifra que le adeuda el Estado al sistema de educación superior. Para la MANE, las cuentas son claras. En 1992 entró en vigencia la Ley 30, que reglamentó, entre otras cosas, la forma en que se financiarían las universidades. Dicho sistema creció durante estos veintidós años de una manera completamente desproporcionada en relación con el incremento de los recursos que previó la Ley 30. Según Ómar Gómez, la educación superior creció al 235% (en cobertura, infraestructura, laboratorios, TIC y número de profesores) mientras que el dinero que le gira el Estado aumentó su valor solo en un 37%.

Gómez afirma además que, mientras que en 1992 el Estado aportaba el 70% de los recursos financieros que necesitaban las universidades públicas y estas obtenían el 30% restante vendiendo servicios académicos y de investigación, hoy en día esta proporción se ha invertido al punto de que las universidades se sostienen solas en un 55% mientras que el Estado las financia en un 45%. Aquí es en donde convergería el problema del déficit presupuestal con la falta de autonomía universitaria: "La universidad no define sus prioridades investigativas en torno a lo que discute académicamente, sino en términos de qué empresa está dispuesta a dar más plata para sacar adelante una investigación".

La MANE también considera que la autonomía con que las universidades públicas trazan su rumbo académico se verá fuertemente lesionada por la propuesta del Acuerdo por lo Superior 2034 que establece "que a las universidades se les va a asignar y aumentar sus recursos en la medida en que cumplan determinados indicadores de gestión que responden a políticas del Banco Mundial y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)", explica Óscar Aponte. "¿Quién puede saber qué se debe estudiar en sociología, matemáticas e ingeniería? Pues los sociólogos, los matemáticos y los ingenieros, no el Banco Mundial ni la OCDE".

Otra de las principales quejas de los estudiantes está relacionada con los mecanismos de elección de las directivas universitarias. Según la MANE, los consejos superiores de las universidades públicas están prácticamente tomados por el Gobierno, puesto que allí solo hay dos miembros que se eligen democráticamente por el conjunto de la comunidad universitaria y el resto los pone aquel directa o indirectamente. "En la Universidad Nacional no hay elecciones para escoger rector: hay consulta, la cual no es ni vinculante ni decisiva", explica Aponte.

En resumidas cuentas, la MANE considera que el Gobierno pretende hacer con el Acuerdo por lo Superior 2034 lo mismo que no pudo hacer cuando los estudiantes se opusieron al proyecto de ley 112 de reforma a la educación superior y que, inclusive, el Acuerdo sofistica los mecanismos de privatización del sistema que había presentado en 2011 el proyecto de ley.

Esto implica que el desafío que tiene la MANE por delante en este episodio de su malestar es muchísimo más grande que el que enfrentó en su gran victoria de 2011. Cerrarle el paso a una política pública no es lo mismo que oponerse efectivamente a un proyecto de ley, pues la política no requiere discusión ni aprobación en el Congreso y los escenarios y mecanismos de su implementación son múltiples.

De ahí que, como me contó Ómar Gómez el pasado jueves, el tema estratégico sea fundamental para el movimiento. Me lo dijo en la Plaza de Bolívar, junto a Óscar Aponte, mientras que algunos manifestantes vestían a la estatua de Bolívar con pancartas y banderas, echando discursos por megáfono y quemado una figura hecha en cartón de la nueva ministra de Educación, Gina Parody. Ese día, calculé a ojo que en el momento más concurrido de la protesta pudo haber unas 5.000 personas marchando. Les pregunté a estos dos líderes que si estaban satisfechos con su convocatoria.

Aponte contestó:

—Estuvo bien, estuvo bien. Vamos calentando motores.