Las embarazadas, últimas víctimas de la crisis de feminicidios en México

Un aire frío surca el aire de la ciudad mexicana de Puebla. Una docena de personas se ha concentrado frente a la oficina del fiscal general. Cargan consigo velas y fotografías de una joven. En la imagen, la muchacha esgrime una dulce sonrisa, bajo la que descansa la inscripción: "Justicia para Paulina".

"Mi hermana era mi mejor amiga. Siempre que me apetecía hablar con alguien agarraba el teléfono y la llamaba para hablar de cualquier cosa", cuenta Rolando Camargo. "Pero de pronto, de la noche a la mañana, todo cambió. Es muy frustrante. ¿Con quién puedo hablar ahora?".

Paulina Camargo estaba embarazada de cuatro meses cuando desapareció. Sucedió el 25 de agosto del año pasado.

La joven, de 19 años, es una de las seis embarazadas asesinadas o desaparecidas en el estado mexicano de Puebla en los últimos años. Los casos han desatado el clamor popular ante la proverbial impunidad y el imparable crecimiento de los feminicidos en el país que dirige Enrique Peña-Nieto. Puebla se ha convertido en el último foco de la luctuosa atención mediática del estado.

La ONG local Observatorio Ciudadano de los de los Derechos Sexuales y Reproductivos (ODESYR), ha documentado 178 feminicidios en Puebla desde 2013. El colectivo asegura que el número de casos se ha triplicado en la última década.

"Es una detrás de otra y una detrás de otra", relata Camargo. "Apenas hay tiempo entre un asesinato y el siguiente. Esto es como una masacre".

Los asesinatos de mujeres deben ser considerados como posibles feminicidios, según un fallo de la Corte Suprema de México. Leer más aquí.

La familia de Paulina tiene muy claro que la joven fue secuestrada y asesinada por José María Sosa, el padre del feto. Según cuentan, José decidió eludir su responsabilidad paternal tan pronto como se enteró que Paulina estaba embarazada. Sin embargo, al cabo de unas semanas regresó con la intención de asumir la responsabilidad que había rehuido. O al menos eso es lo que dijo. La familia asegura que se reunió con la pareja el día que Paulina desapareció. Les dejaron conversando en una cafetería. Fue la última vez que vieron a Paulina con vida.

Nunca más supieron nada más de ella.

Lo más inquietante del caso es que Sosa acompañó a la familia de Paulina hasta la comisaría para denunciar su desaparición. ¿Su coartada?: que la había acompañado para que agarrara un taxi. Pese a todo, dos días después Sosa se entregó. Entonces confesó que había estrangulado a la adolescente y que había arrojado su cuerpo en un vertedero.

Sosa sigue detenido, aunque han empezado a afluir las voces que defienden su inocencia. Una página de Facebook creada a tal efecto; esto es, para promover su inocencia, asegura que la confesión del padre fue obtenida bajo tortura. Por su parte, los medios de comunicación locales han informado que el gobierno ha registrado cinco vertederos en busca de Paulina, pero que su cuerpo todavía no ha sido localizado. Sosa se enfrenta a cargos de asesinato y de participación en la terminación de la vida del feto. Se da la circunstancia de que el aborto es delito en el estado de Puebla.

Sin embargo, la familia de Paulina no tiene la menor confianza en el pútrido sistema judicial mexicano. Así que sus esperanzas de que se haga justicia son casi inexistentes. En realidad, se han convencido de que la única manera de poder sacar algo en claro es seguir manifestándose silenciosamente cada viernes por la noche, apenas provistos de velas y de la fotografía de su hija. Exigen que se intensifique la campaña para encontrar el cuerpo de la adolescente.

Las redes sociales también han sido instrumentales en la difusión de la campaña de denuncia de los feminicidios. Las fotos de una Paulina visiblemente embarazada se han vuelto virales, y han desatado las muestras de apoyo, que raramente se observan en los casos de feminicidio.

"La sociedad de Puebla se identifica más con este tipo de mujer. La gente se cree que podría ser mi hija, mi sobrina o mi amiga", cuenta Vianeth Rojas, directora de la organización de derechos reproductivos Odesyr. "Se trata de un mensaje macabro porque demuestra hasta qué punto la gente, y especialmente los medios de comunicación, no tienen el menor interés en las desapariciones de las mujeres en México, en especial cuando estas no estaban embarazadas".

Rojas añade que el caso de Paulina también ha sido objeto de mayores muestras de apoyo debido a que su familia es poderosa y acaudalada, un perfil insólito en los casos de feminicidios. Es muy posible que si no fuera por la solvencia familiar, el caso hubiese caído en el olvido en el que caen la mayoría de los feminicidos en el país.

Las autoridades de Puebla han rechazado ser entrevistadas en relación a la desaparición de Paulina. Tampoco han querido manifestarse sobre el caso de otra joven embarazada, Samaí Márquez, que fue asesinada el pasado 24 de febrero, y cuyo caso también ha desatado la ira y el clamor populares contra la violencia de la que son víctimas las mujeres mexicanas.

El ex novio de Samaí, Rafael Portillo, ha sido detenido. Al igual que sucedió con José María Sosa, Portillo fue igualmente detenido tras haber confesado asesinar a su novia. Este habría asegurado haberla abatido de un disparo en la cabeza, para luego arrojar su cuerpo en un descampado.

Los medios locales han informado de la existencia de un intercambio de mensajes de texto en los que Portillo ofrecería 280 dólares para pagar al potencial sicario de su chica. Sucede que, Portillo, que está casado, y sucede, además, que estaba teniendo una aventura extramatrimonial con Samaí, cuando la dejó embarazada.

Los amigos y la familia de Samaí también han creado un perfil de Facebook al que han bautizado como Justicia para Samaí, en el que comparten información sobre otras mujeres que también han desaparecido, y en el que se facilitan, además, consejos para prevenir los endémicos asaltos.

El escepticismo colectivo parece instalado entre los habitantes de Puebla, cuya desconfianza en el sistema judicial mexicano ni siquiera alimenta su esperanza de que se pueda hacer justicia, aún cuando existen sendos sospechosos a la espera de juicio. Sucede que están más que acostumbrados a contemplar como los acusados salen impunes de los feminicidios más aberrantes, incluso cuando las evidencias en su contra parecen incontestables.

Se trata, en realidad de un escepticismo que viene de lejos, que está asociado, de hecho, a una macabro y desasosegante historial de cadáveres de mujeres aparecidos en las cunetas y en los vertederos de Ciudad Juárez, de Puebla, de Morelos, Guadalajara y de Jalisco, por nombrar solo algunas ciudades o algunos estados al azar.

Los feminicidios en Brasil castigan mucho más a la mujer negra que a la blanca. Leer más aquí.

Los feminicidios mexicanos saltaron a la atención pública a mitad de la década de los 90 en la mencionada población fronteriza de Ciudad Juárez. Allí los cuerpos de cientos de trabajadoras de la industria textil y cosmética de la localidad, empezaron a ser desenterrados de zonas desérticas, en descampados y hasta en los mismos suburbios de la población. El fenómeno no solo atrajo la atención de la prensa internacional, sino que también fue denunciado por el ya legendario escritor Roberto Bolaño en su novela 2666, por artistas locales e internacionales como el español Antonio de la Rosa y el mexicano Artemio Narro, y hasta por la industria de Hollywood, cuyo último largometraje que pasa por Ciudad Juárez se titula Sicario. Sin embargo, ni siquiera las denuncias intelectuales han contribuido a disminuir un ápice la desastrosa situación.

"Lo que sucedió en Ciudad Juárez fue un caso de absoluta impunidad y de corrupción endémica mezclado con la oferta de trabajos muy mal pagados", cuenta Lourdes Pérez, directora del Observatorio de la Violencia Social y de Género en la ciudad de Puebla. "El gobierno nunca combatió el problema, ni siquiera se le dedicó una sola política de contención o un miserable programa especial. Y en vista de la impunidad, ahora el problema se ha extendido por todo México como un cáncer".

Hasta la fecha los activistas dicen que los avances en la contención del fenómeno del feminicidio se han limitado a la reforma legal impulsada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y al llamado caso del Campo Algodonero. Se trata del caso de tres jóvenes mujeres que fueron descubiertas sin vida en un algodonero de Ciudad Juárez en 2001. Aquella sentencia, que no se fallaría hasta 2009, estimó que las autoridades eran tan cómplices como los autores materiales del horror, debido a su flagrante pasotismo, que ni siquiera mereció que se abriera una investigación para esclarecer lo sucedido, algo que, en México, es el pan nuestro de cada día.

El precedente sentado por el fallo de 2009 provocó que muchos estados mexicanos se decidieran a reformar sus precarios códigos penales, entre ellos Puebla, que tipificó y contempló el feminicidio en su propio articulado.

En virtud del nuevo redactado, ahora Puebla tipifica el asesinato de una mujer como feminicidio, una delito que concurrirá cuando la víctima esté embarazada, cuando sea abducida antes de ser asesinada, o cuando su cuerpo haya sido arrojado en cualquier lugar público. Según dicta la ley, cualquier situación de violencia o de celos en una relación íntima, o cualquier situación de violencia en el lugar de trabajo, o de trato cruel de un cadáver, son constitutivos de feminicidio y están tipificados por la ley.

Sin embargo, por muy agresiva que pueda parecer la ley sobre el papel, los activistas denuncian que las autoridades locales simulan que el problema no existe. Muchos se refieren a las desafortunadas palabras proclamadas por el fiscal general de Puebla, Víctor Carrancá, quien denunció a los medios de comunicación por "intentar dibujar un retrato" de su estado como un lugar que se encuentra en el ojo del huracán de la crisis de feminicidios del país. Según Carrancá, eso "no es la verdad".

Las manifestaciones que han provocado los casos de Paulina, de Samaí, y del resto de mujeres asesinadas, instigaron un movimiento popular que terminó en una petición a la gubernatura del estado para que declare una "Alerta de Género". Sin embargo, ni siquiera parece probable que suceda. Y es que para que ello sucediera las autoridades deberían de dedicar muchos más recursos a combatir la violencia de género, desarrollar programas especiales para enfrentarse al problema, además de intensificar la investigación en los casos existentes.

Ni siquiera el hecho de que el llamamiento fuera proclamado sería ninguna garantía. De hecho, el verano pasado se difundió una alerta similar en el vecino estado de Estado de México, que cuenta con el índice de feminicidios más alto de todo el país. Esta semana los activistas y los familiares de las víctimas han organizado manifestaciones para denunciar la alerta difundida nunca fue acompañada de ninguna otra iniciativa para frenar el exorbitante y calamitoso índice de feminicidios.

Mira el documental de VICE News 'Los feminicidios del Estado de México':

Tanto en el Estado de México como en el de Puebla, las cifras de mujeres asesinadas se han doblado respecto a los registros de todo el país en la década pasada. Las escalofriantes cifras harían palidecer a cualquier gobierno de cualquier lugar del planeta. En México, sin embargo, se tratan, puramente, de una invitación a la impunidad. Y al ensañamiento.

Solo entre 2011 y 2013 siete mujeres fueron asesinadas a diario en el país mexicano. Así lo delatan las estadísticas oficiales. Los activistas creen que la evidencia de que un número cada vez mayor de todos esos casos fueran motivados por el género sexual de la víctima, significa que el fenómeno no debería de ser ocultado bajo otras estadísticas más genéricas, como el del número de víctimas de muertes violentas. Algo que, sin embargo, continúa sucediendo. El asesinato de mujeres embarazadas tan solo ha sido explicitado y denunciado en el estado de Pueblo, y lo cierto es que el origen de la revelación sigue sin estar esclarecido.

Natali Hernández, una activista local que trabaja en la defensa de los derechos de reproducción, considera que el problema tiene que estar relacionado con la proverbial reputación conservadora del estado y con sus draconianas leyes, como la que prohíbe de manera tajante el aborto. Según ella, las mujeres de los estados de México y de Puebla ni siquiera pueden plantearse interrumpir un aborto no planeado, lo cual, a menudo, supone una dosis extra de presión en relaciones de pareja donde la violencia es un lugar común.

"Estos hombres prefieren convertirse en asesinos culpables de feminicidio que en padres responsables. Y es posible que ello tenga que ver con el sistema judicial mexicano, un sistema dominado por la impunidad", sentencia Hernández.

La activista señala que pese a que en el casos de Paulina y de Samái hay dos sospechosos entre rejas, lo cierto es que en la mayoría de casos es raro que nadie sea imputado y mucho menos condenado.

"Si asesinas a una mujer no te va a pasar nada", añade. "Ni siquiera nadie te juzgará negativamente".

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