Las esterilizaciones forzadas en Perú de la época Fujimori podrían tener el juicio que merecen

Esperanza Huayama se despertó en una celda plagada de mujeres que gimoteaban de dolor. Estaba tendida sobre un colchón para dos, como el resto de chicas que la acompañaban. Fue entonces cuando descubrió los puntos de sutura en su abdomen y supo lo que había sucedido — había sido esterilizada.

"No éramos más que jovencitas inocentes de campo. Nos engañaron", cuenta Esperanza sobre el masivo programa de esterilización impuesto sobre centenares de miles de mujeres pobres, a menudo indígenas, durante los oscuros años de la presidencia ultraconservadora de Alberto Fujimori. "Nos trataron como a animales".

Fujimori cumple actualmente una condena de 25 años por malversación de fondos del erario público, por haber orquestado y dirigido a los escuadrones de la muerte y por haber sobornado sistemáticamente a periodistas para menoscabar en su crónicas a los rivales de su oposición. Sin embargo, uno de los crímenes por los que ni Fujimori ni nadie ha sido castigado todavía es el cometido contra las mujeres peruanas sin recursos en una campaña aberrante que fue descubierta en 1995. Entonces Fujimori estaba en mitad de su mandato. El líder aprobó una campaña sin precedentes de ligadura de trompas entre la población campesina más pobre de su país.

Ahora, casi dos décadas después, las víctimas de aquella política pueden aspirar, por una vez, a que se haga justicia y se repare lo que los activistas pro derechos humanos han bautizado como la campaña de esterilización forzosa de mayor envergadura desde el Tercer Reich.

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Los fiscales peruanos están investigando más de 2.000 casos y se espera que anuncien en enero a quién imputarán. El actual gobierno de centro izquierda presidido por Ollanta Humala, también se ha comprometido a abrir una investigación oficial este mismo mes.

El camino hasta aquí ha sido largo y cuajado de curvas. Hasta ahora los tres intentos anteriores de criminalizar a los responsables del plan de esterilización forzosa han sido archivados. Sin embargo, la iniciativa actual cuenta con el respaldo de la comunidad internacional, que está presionando para que los crímenes no queden impunes. Los activistas pro derechos humanos denunciaron al estado de Perú ante la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIADH), lo que ha obligado a la administración Humala a acceder sin rechistar a reabrir el caso.

Según el defensor oficial de los derechos humanos en el Perú, la Defensoría del Pueblo, 272.000 personas fueron esterilizadas en el país andino durante la dictadura de Fujimori. De esas, se calcula que unos 20.000 fueron hombres, aunque muchos activistas aseguran que el total de las cifras es muy superior.

"Parece que hubo muchos más casos. No sabemos cuántos", explica Marina Navarro Mangado, directora de Amnistía Internacional en Perú. "Hay muchas mujeres que todavía no han podido hablar con los investigadores. Viven en lugares remotos y ni siquiera tienen medios para desplazarse hasta las capitales de provincia".

Todavía no está claro cuántas de aquellas mujeres fueron engañadas u obligadas a someterse al desalmado procedimiento, pero los testimonios de miles de víctimas de todo Perú sugieren que se trató de un número obsceno.

Amnistía apoya ahora las exigencias y los requerimientos de las afectadas, que están recibiendo compensaciones y cuidados tanto físicos como psicológicos para tratar de reparar la escabrosa experiencia por la que pasaron. El ministerio de Salud, por su parte, ha trazado una serie de nuevos protocolos para asegurarse de que los abusos del pasado no volverán a repetirse, y de que se perseguirá legalmente a sus responsables.

El día antes de que Esperanza Huayama fuese operada, en 1996, un trabajador de la sanidad pública peruana apareció al volante de su motocicleta en Rodeopampa, una aldea remota situada en lo alto de la cordillera montañosa que surca el norte del país. Nadie sabe cómo llegó hasta allí, el caso es que se fue directo a visitar a Esperanza, quien a día de hoy sigue viviendo en la misma pequeña parcela de la que fue arrebatada entonces durante apenas 30 horas. Entonces, como ahora, Esperanza vivía en compañía de su marido y de sus siete hijos en la misma. Allí cultivan pequeñas cantidades de trigo, maíz, patatas y de otros tubérculos andinos, y crían cerdos, pollos y conejillos de indias.

El trabajador sanitario le contó a Esperanza que tenía que ir a la capital provincial de Huancabamba para hacerse un chequeo gratuito, obtener algunas medicinas y también algo de comida. Huayama, que no sabe leer ni escribir, dice que hizo lo que dijeron que hiciera y que salió de casa al amanecer del día siguiente, para subirse al autocar de tres horas que la llevaría hasta la ciudad.

Sin embargo, una vez puso un pie en la clínica, cuenta Huayama, que hoy ha cumplido ya los 59 años, las enfermeras la dirigieron de manera inmediata al quirófano. "Vamos, dese prisa", cuenta Huayama que le dijeron. Entonces un médico le administró una dosis de anestesia general, aunque no fue suficiente para dormirla, relata.

"No me quedé completamente dormida. Podía sentir cómo me abrían, aunque tenía los ojos cerrados", recuerda Huayama. Los doctores ya se estaban yendo cuando ella despertó.

"El dolor era terrible", cuenta. Y describe cómo le concedieron el alta una hora después de despertarse. Entonces se levantó, salió a la calle y volvió a subirse al autobús. Otros pacientes regresaban a sus pueblos a pie, cojeando a lo largo de escarpados senderos montañosos, en mitad de la noche, apenas unas horas después de haber sido operados.

Huayama — que asegura que estaba embarazada de tres meses en el momento de la operación y que dio a luz a un bebé muerto meses después — dirige ahora a un grupo de 240 mujeres que también viven en su remota región y que fueron víctimas del mismo procedimiento: fueron esterilizadas a la fuerza sin saber siquiera lo que les estaban haciendo.

El siniestro programa fue redactado bajo una ley de planificación familiar y de reducción de la pobreza, y el proyecto fue inicialmente elogiado por la comunidad internacional. Naciones Unidas se sumó a su financiación, mientras que la administración Clinton invirtió 35 millones de dólares, a través de USAID, una agencia de ayuda internacional radicada en Washington.

Las primeras quejas no fueron emitidas hasta 1997. Entonces se denunció que los pacientes — que casi siempre eran campesinas pobres, a menudo indígenas, que vivían en las montañas o en el Amazonas y apenas habían recibido educación — eran engañadas y maltratadas para que se sometieran a procedimientos para los que nunca prestaron su consentimiento. Al poco tiempo, el goteo de acusaciones, se convirtió en un torrente de denuncias furibundas.

Ahora, la pregunta del millón es qué van a fallar los fiscales. Éstos deben decidir si creen que el aberrante programa de esterilizaciones forzosas fue parte de una política nacional o si no. Y en tal caso, dirimir hasta qué punto Fujimori y su gabinete de ministros deberían de ser o no imputados.

Se hace difícil pensar en una decisión más política que aquella. Pese a todo, a día de hoy, Keiko Fujimori, la hija del dictador, de 40 años, encabeza holgadamente las encuestas para alzarse con la presidencia del país que malversó su padre. Perú celebrará elecciones generales en abril de 2016 y Keiko ya le saca 20 puntos en los sondeos a su perseguidor más inmediato.

A pesar de las sistemáticas violaciones de derechos humanos y de su debilidad por la extorsión, la malversación, la tortura, el asesinato y las ejecuciones sumariales, parece que muchos peruanos siguen viendo en el decrépito fascista encarcelado a un ángel salvador. Muchos se acuerdan con nostalgia de cómo Fujimori aplastó con mano de hierro a los combatientes del grupo terrorista Sendero Luminoso, y de cómo, solo presuntamente, rescató a su país de su hiperinflación. Keiko, inevitablemente, ha preferido recordar tales logros para reivindicar el legado de su padre y los ha propagado todo lo que ha podido para luego subrayar que, si es reelegida, indultará a su progenitor. Keiko Fujimori, obviamente, hará caso omiso de la clasificación de los jefes de estado más corruptos del planeta publicada en su día por la plataforma anti corrupción Transparency International. Fujimori tiene el dudoso honor de ser el sexto mandatario del ranking. Su "logro" no fue otro que hacer desaparecer 6 mil millones de dólares de las arcas de su estado.

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Keiko Fujimori ha demostrado ya su feroz oposición al actual presidente del Perú, Ollanta Humala y de su partido político, Fuerza Nacional. El partido de Humala ha apuntalado su poder sobre fundamentos igualmente sospechosos, y goza con el apoyo incondicional de los conservadores evangélicos y católicos, lo que le ha permitido ser el mayor partido en el Congreso Nacional peruano. A pesar de que Keiko Fujimori ha hecho todo lo posible por maquillar la imagen de su formación, muchos de sus partidarios abogan pública y orgullosamente por que su boyante líder reinstaure la pena de muerte y prohíba, paradójicamente, el aborto, aún cuando las madres sean víctimas de violaciones.

Keiko ha optado, por el momento, por no conceder entrevistas. Al menos, eso es lo que le cuenta a VICE News su portavoz. Sin embargo, en sus previas declaraciones públicas, la hija de Fujimori ha culpado a "los canallas miembros del ministerio de salud" de las esterilizaciones orquestadas por su padre. Keiko llegó a proclamar que hay que perseguir "las responsabilidades individuales de aquellos médicos que incumplieron los protocolos".

Alejandro Aguinaga, un diputado actual de Fuerza Nacional que fue viceministro de Salud y ministro de la misma cartera entre 1994 y 2000, ha preferido no emitir declaraciones. Según su portavoz, hacerlo sería inapropiado, especialmente ahora que la fiscalía está investigando el caso de las esterilizaciones forzadas. "Se trata de un asunto de naturaleza eminentemente electoral y estamos ya en campaña", se ha excusado.

Además del problema del consentimiento, o de su ausencia, los fiscales también deberán indagar sobre todas aquellas alegaciones que aseguran que las esterilizaciones fueron llevadas a cabo a toda prisa por doctores no cualificados, incumpliendo las normativas más elementales de higiene clínica, sin la necesaria anestesia y con muy poco, sino con ningún cuidado durante el postoperatorio.

Uno de los médicos implicados en las esterilizaciones asegura que las órdenes de operar — que se habían propuesto desafíos imposibles a tenor del número de intervenciones — venían claramente de arriba.

El anestesista Rogelio del Carmen asegura que la pequeña clínica en la que trabajaba, y cuyo quirófano compartía con un ginecólogo y dos cirujanos en la ciudad de Piura, en la costa del Pacífico norte peruano, recibieron la orden de llevar a cabo 250 esterilizaciones en solo tres días.

"Era absurdo. La primera vez que lo leí me convencí de que se trataba de 25", recuerda Del Carmen. "Estaba claro que quienquiera que hubiese dado esa orden no era médico. Era un comportamiento completamente enfermizo".

Del Carmen asegura que tanto él como sus colegas se negaron inicialmente a acatar las órdenes, pese a ser convocados a una reunión a la que asistieron varios burócratas del ministerio de sanidad. Sin embargo, al final se vio obligado a llevar a cabo un total de 12 esterilizaciones en otra clínica, después de presenciar cómo se operaba a otros pacientes y del elevado riesgo que las temerarias intervenciones significaban para la salud de aquellos.

"Las condiciones eran horrorosas, terribles. Sabíamos que ni higiene ni la salud de los pacientes estaba asegurada", ha relatado a VICE News.

Existen evidencias sobradas de que muchos pacientes no se recuperaron jamás. Otros, como Huyama, apenas abren la boca para quejarse. Ella, por una vez, y ya que se le pregunta, dice que sí, que le duelen el estómago y las piernas, y que le cuesta caminar de tal manera que tuvo que dejar de trabajar en los campos.

"Llegó un momento en que ya no podía más", explica. "Recuerdo que después de la operación me dijeron que tomara algunas pastillas para el dolor, claro que…. ¿Qué me van a curar unas pastillas?

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