En México ahora podría ser legal explotar minas en áreas protegidas

La madrugada del pasado 15 de diciembre el Senado de México dio visto bueno a la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad. Esta legislación ha sido ampliamente criticada por ciudadanos y por cerca de 75 organizaciones de la sociedad civil debido a que, de aprobarse por completo, permitiría la realización de actividades de alto impacto —como construcción de minas, presas, puertos, líneas de transmisión eléctrica y gasoductos— al interior de Áreas Naturales Protegidas (ANP).

La propuesta legislativa, que fuera promovida por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no asienta expresamente la legalidad de la explotación minera en estas áreas. Pero tampoco las prohíbe. Y ese resquicio legal deja abierta la puerta a muchas posibilidades.

La votación de la iniciativa de ley ha generado sospechas: se hizo en fast track, con 88 votos a favor y sólo con cuatro en contra, así como con cinco abstenciones y en medio de la tensión social generada por la aprobación casi simultánea de la polémica Ley de Seguridad Interior.

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Cabe mencionar que esta ley todavía no es un hecho. Ya fue aprobada en el Senado, pero aún falta que ocurra lo mismo—sin que se le mueva una sola coma—en la Cámara de Diputados, así como que sea promulgada por el presidente de la República y finalmente quede asentada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

México presenta actualmente un resurgimiento minero sin precedentes, con nuevos métodos. A pesar de la fuerte tradición que existe respecto de esta actividad económica en el país, las formas de extracción, su magnitud, contexto económico y legislativo, así como el modelo social que generan, son muy distintos a los que solían aplicarse en el pasado.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), llamado Áreas Naturales Protegidas y Minería en México: Perspectivas y Recomendaciones, esta nueva minería está dirigida principalmente a metales industriales y preciosos, se realiza a gran escala y principalmente a cielo abierto.

Entre los principales impactos medioambientales de dicha actividad se cuentan la contaminación de ríos y acuíferos con metales pesados y otras sustancias, drenaje ácido, tala y remoción de la cubierta vegetal.

De igual forma, se generan grandes cantidades de escombros contaminantes, se extinguen fuentes de agua y hay emisiones continuas de gases y polvos a la atmósfera, durante la extracción y procesamiento de estos recursos.

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México cuenta con 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP), de acuerdo con la Comisión Nacional que se encarga de su análisis y protección. El estudio del Cibnor revela que 63 de ellas se encuentran en espacios geográficos donde habría concesiones mineras. De estas últimas, 13 tienen uno o más de estos proyectos extractivos.

Alejandro Olivera, representante del Centro para la Diversidad Biológica en México, considera que esto es grave porque, de ser completamente aprobada, la Ley General de Biodiversidad anularía lo asentado en la actual Ley General de Vida Silvestre y haría algunos cambios en la de Equilibrio Ecológico.

"Si de por sí el tema resulta preocupante, lo agrava el hecho de que ni siquiera tengamos certeza de cuándo se discutirá de nuevo en la Cámara de Diputados. Por como suelen tomarse muchas decisiones en México podrían sorprendernos con una aprobación unánime de última hora esta noche, o la de mañana, o la de pasado mañana", afirma.

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