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ESPAÑA

"Me torturaron tanto que deseé morir": este hombre se une hoy a la causa argentina contra el franquismo

Ángel González, exmiembro del PCE, denuncia ante el consulado argentino de Madrid las torturas que sufrió. La sobrina nieta del asesinado Vicente Cervera también presenta un escrito de acusación para sumarse a la causa de la juez Servini.
Familiares portan una foto del exinspector de policía Juan Antonio González Pacheco, conocido como "Billy el niño", acusado de torturas durante el franquismo. (Imagen por Andrea Comas/Reuters)

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Los consulados argentinos se han convertido para las víctimas del franquismo y sus familiares en los embajadores de una justicia que ni siquiera ha asomado la cabeza en los tribunales españoles. De hecho, Baltasar Garzón, el único juez que quiso investigar los crímenes de la dictadura en España, acabó acusado por prevaricación, cargo del que, finalmente, sería absuelto.

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Seis años después de la apertura de la causa argentina contra el régimen de Franco, la primera y única del mundo, los oficios de los cónsules del país sudamericano en España, pero también en otros estados, siguen siendo la principal vía para trasladar a los juzgados las denuncias de torturas y asesinatos ejecutados por el gobierno ilegal que oprimió y reprimió España durante 40 años.

Así, de las aproximadamente 400 denuncias personadas en la causa argentina cerca de 300 se han presentado por la vía consular, asegura a VICE News Carlos Slepoy, uno de los principales letrados de la parte querellante en la instrucción de este macroproceso iniciado por la jueza María Servini.

Los casos de Ángel González, víctima de torturas, y del asesinado Vicente Cervera, se unen hoy a esta larga lista con la presentación de sendos escritos acusatorios ante el consulado argentino de Madrid.

"Aunque Argentina ha abierto y liderado el proceso contra la impunidad amparándose en el principio de justicia universal, la cuestión solo puede resolverse en España", sostiene Slepoy al tiempo que recuerda que ayuntamientos como el de Vitoria y Barcelona ya están trabajando en la presentación de querellas en los tribunales territoriales para recoger el testigo.

El paso de González y Cervera llega después que la Fiscal General del Estado español, Consuelo Madrigal, dictara una "instrucción de obligado cumplimiento" para impedir que se tome declaración a los querellantes en España, tal y como se estaba haciendo en el marco del proceso argentino y a petición de la propia Servini.

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En la instrucción, Madrigal también pidió la suspensión de la declaración de los 19 altos cargos del franquismo que están imputados en esta causa arguyendo que los hechos que se pretenden juzgar están prescritos y que sólo competen a la justicia española, algo que contradice tanto el citado principio de justicia universal como las manifestaciones emitidas por la ONU respecto del "derecho de verdad de las víctimas".

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En este sentido, la Asociación Profesional de Magistratura y el Foro Judicial Independiente aseguraron en un artículo publicado en Público que los juzgados españoles tienen plena libertad para tomar declaración a los acusados y a los querellantes dando cumplimiento a los exhortos realizados por la magistrada argentina.

De hecho, el Ministerio de Justicia ya había enviado los exhortos relativos al interrogatorio de los 19 investigados a los juzgados españoles competentes. Un paso que el gobierno español dilató al máximo tras haberse negado a extraditar a Argentina a estos altos cargos del franquismo.

"Deseé que todo acabara"

Exmiembro del Partido Comunista de España (PCE), Ángel González ha tenido que esperar más de cuatro décadas para dar traslado judicial a las torturas a las que fue sometido durante su cautiverio, que empezó con su arresto el 11 de octubre de 1975 y acabó con su liberación el 9 de octubre de 1977.

El día que lo detuvieron volvía a España después de haber participado en una reunión general del PCE en Lyon, Francia. Lo aprehendieron en la población fronteriza de Portbou. Entonces estaba en busca y captura y la policía desconfío de ese pasaporte falso con el que se identificó para superar el control.

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"Fui desnudado y empezaron a golpearme con puños y porras, hasta hacerme sangrar por la boca. A continuación se me trasladó a una celda donde fui colgado esposándome a los barrotes de la misma, con las muñecas vendadas y tocando el suelo con la punta de los pies. Así permanecí toda la noche", explica el querellante en su escrito.

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Luego, sería trasladado al Cuartel de San Pablo de la Guardia Civil en Barcelona y, de allí, a la temida Comisaría central de la Brigada Político Social (BPS), situada en la Via Laietana de Barcelona. El día 12 lo trasladaron a una prisión y allí empezó un despiadado martirio físico que se alargó 10 días.

"Se me sometió a diario a la tortura de la barra, que consistía en que desnudo te esposaban las muñecas, te pasaban así los brazos por la cara externa de las rodillas dejando un hueco para pasar una barra de hierro, mediante la cual te colgaban entre dos mesas de la sala y así colgado empezaban a golpearte con porras en las nalgas, las plantas de los pies, la zona lumbar…", recuerda.

Los torturadores, que querían que se reconociera como el inductor de la muerte de un policía con la que no tuvo nada que ver, le dijeron que lo iban a ejecutar y "lo deseé profundamente, deseé que todo acabara", relata. No acabó, las palizas prosiguieron. Poco después, lo llevaron a la cárcel modelo donde estuvo recluido en celdas de aislamiento. La libertad llegó en octubre del 77.

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Una de entre 148 ejecuciones

Vicente Cervera Grau, tío-abuelo de Isabel Cervera, fue fusilado en 1942 en la fortaleza de la Mola de la ciudad menorquina de Mahón a los 34 años. Este capitán de la Batería de Costa de San Felipe fue una de las víctimas mortales producidas por las "148 ejecuciones que se llevaron a cabo en ese mismo lugar desde 1939 hasta 1945", tal y como señala Isabel en el escrito acusatorio.

El 22 de agosto del 39 se instruyó una causa contra él por los trámites de juicio sumarísimo "de urgencia en esclarecimiento de la actuación durante el dominio rojo en Menorca", reza el texto.

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Tras aplicarle un consejo de guerra se dictó sentencia el 3 de junio de 1941. La condena fue de 30 años de reclusión como "autor de un delito de adhesión a la rebelión". Pero disconforme con la resolución, su capitán general estimó procedente imponer la pena de muerte, explica la sobrina nieta.

El asesinato, añade, "nunca se comunicó a la familia, ni por escrito, ni de forma oficial". Sus allegados se enteraron por un vecino y el padre del asesinado murió pocos días después de conocer los hechos.

Años después, su sobrino haría el servicio militar en la Mola, el lugar donde fue fusilado Vicente, y al visitar la fosa común donde éste estaba enterrado le advirtieron de las peligrosas consecuencias de un gesto de ese tipo. Ahora tiene 93 años y la herida sigue abierta, relata Isabel.

Los restos de Vicente están en el cementerio de Mahón junto con el de las personas que cómo él fueron fusiladas.

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