¿Por qué Cristina Fernández es procesada por asociación ilícita y lavado de dinero?

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La justicia argentina no deja de entregar malas noticias a la expresidenta Cristina Fernández.

Este martes, el juez Claudio Bonadio —un juzgador que ha sido especialmente duro con ella— afirmó que tiene suficiente evidencia para acusar formalmente a la exmandataria de cometer los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de dinero. Además, le ha embargado 130 millones de pesos (unos 8.3 millones de dólares) y ha ordenado que se le impida abandonar el país.

La trama judicial que vuelve a arrinconar a la expresidenta es conocida como "causa Los Sauces", pero ¿de qué se trata este escándalo?

La historia inició el 4 de abril de 2015, cuando una diputada del partido socialdemócrata Generación para un Encuentro Nacional interpuso una denuncia por alteración de documentos públicos y lavado de dinero contra una empresa llamada Los Sauces S.A.

Los Sauces S.A. fue creada en 2006 por el entonces presidente argentino Néstor Kirchner, su esposa y posterior presidenta Cristina Fernández y el hijo de ambos, Máximo Kirchner. Se trata de una red de hoteles que inició con la compra de edificios en el acaudalado barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires.

La empresa comenzó con una inversión inicial modesta, pero para 2010 ya generaba casi medio millón de dólares en ganancias. Y así lo siguió haciendo, al menos, hasta 2013, según detalla Infobae.

El súbito éxito de la empresa presidencial alertó a la diputada Margarita Stolbizer, quien promovió que se revisaran las cuentas de Los Sauces. Ahí, se encontró que cerca del 63 por ciento de las ganancias tenían un solo origen: los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López.

Lázaro Báez y Cristobal López son los poderosos dirigentes de los conglomerados empresariales Grupo Báez y Grupo Indalo, respectivamente, que durante la administración de Néstor Kirchner y Cristina Fernández ganaron millonarios contratos de obra pública. Eran tan cercanos al poder que se les conocía como "los empresarios K", en alusión a la primera letra del apellido del fallecido presidente.

La hipótesis del juez es que los empresarios pagaron sobornos a la familia presidencial y los hicieron pasar por rentas de cuartos de hotel para despistar a las autoridades. De ese modo, pudieron blanquear dinero y, al mismo tiempo, ganar licitaciones con la anuencia del gobierno y a costa del erario público.

"(Se ha) conformado una banda con el objeto de recibir dinero como pago a retorno de la concesión de obra pública mediante contratos de locación de la firma 'Los Sauces S.A' propiedad de Cristina Elisabet Fernández, Máximo y Florencia Kirchner por parte de empresas de los denominados Grupo Báez, Grupo Indalo, Grupo Sanfelice, Solvencia Crediticia S.A. y la Asociación Mutual Siempre Joven", estableció el juez Claudio Bonadio.

Además de procesar a la expresidenta, el juzgador vinculó por primera vez a un proceso judicial a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, a quienes llamó "jefes de la banda", así como a los dos poderosos empresarios ligados en la "causa Los Sauces" y a 16 personas más.

Los grupos afínes a Cristina, y la misma expresidenta, han negado las acusaciones, aseguran que las cifras han sido falseadas y acusan un golpeteo político, pues éstos son los días en que el kirchnerismo debatirá si la exmandataria será nominada en las elecciones legislativas de octubre próximo.

Apenas el 23 de marzo pasado, el mismo juez Claudio Bonadio había acusado a Cristina Fernández por el delito de "defraudación contra la administración pública" y ordenó que comparezca durante un juicio oral.

Aquel caso es distinto a la "causa Los Sauces". Se conoce como "caso Dólar futuro" e implica que la expresidenta de Argentina irá al banquillo de los acusados por primera vez en sus 64 años de vida.

El caso "Dólar futuro" investiga una operación en la que se vendían dólares a 10 pesos argentinos, cuando el precio en el mercado era de 14 o 15 pesos, y el Estado pagaba la diferencia con el fin de incentivar la adquisición de la moneda extranjera, aunque el juez cree que se hizo para afectar deliberadamente las finanzas públicas en la administración del actual presidente Mauricio Macri.

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