'Las autoridades colombianas se equivocan al deportar mujeres venezolanas'

Artículo publicado por VICE Colombia.

Colombia es tal vez uno de los países en Latinoamérica, si no el más, que ha sentido con fuerza las consecuencias de la crisis económica y social en Venezuela. No importa si se trata de Bogotá o de un pueblo pequeño en el Tolima: la llegada de ciudadanos venezolanos que le hacen a todo tipo de rebusque se siente y se ve en todo el país.

Uno de los campos en los que más se ha sentido la llegada de la diáspora venezolana, o al menos uno de los que ha tenido más cubrimiento mediático, es la prostitución. Desde hace más de un año empezaron a surgir las noticias de los prostíbulos que ahora entraban en crisis frente a los precios notablemente más bajos de los servicios sexuales que ofrecían las mujeres venezolanas dedicadas al oficio. Y como es de esperarse en un ámbito en el que se encuentran la falta de regulación, la clandestinidad y la necesidad económica, la prostitución de mujeres venezolanas ha sido una actividad que se ha prestado para violaciones de derechos, explotación y otros abusos.

En días pasados, 23 mujeres venezolanas fueron encontradas en un sótano en Cartagena, junto a otras 26 mujeres colombianas, que eran explotadas sexualmente y sometidas a tratos crueles. Según informaron varios medios, las mujeres vivían en espacios de menos de 30 metros cuadrados —donde también debían ofrecer sus servicios— y eran además obligadas a pagar gastos de hospedaje, de traslados —de Venezuela a Colombia— y multas desde 50.000 pesos por supuestas reglas infringidas por ellas.

El mismo día en que la noticia se regó en medios, una organización internacional que trabaja por la garantía y la defensa de los derechos de las mujeres, Women’s Link, inundó su página de Twitter con llamados de atención sobre la situación de las mujeres venezolanas encontradas. Decían que había que pedirle a las autoridades colombianas una rendición de cuentas sobre qué estaba pasando con las mujeres encontradas y agregaban que la solución no era deportarlas: por el contrario, hacerlo podría ponerlas en un peligro mayor.

Women’s Link ha estado trabajando y llamando la atención en Colombia sobre la trata de personas desde hace años, y ahora, en tiempos de crisis humanitaria en Venezuela, han puesto un enfoque especial sobre el asunto de trata entre los dos países. Por eso contactamos a una de las voceras de la organización, la abogada Cristina Rosero, para entender cuáles son las circunstancias particulares a las que se enfrentan las mujeres venezolanas que son explotadas sexualmente y cómo debería actuar el gobierno y las autoridades que las encuentran.

VICE: Empecemos por el principio, ¿qué es lo que se define como trata de personas y que haría que las mujeres venezolanas encontradas se puedan definir como víctimas?
Cristina Rosero: Lo más importante es que se entienda como una violación de prácticamente todos los derechos que tiene una persona, ya que implica la pérdida de la autonomía y estar enteramente sometido a las decisiones y a la voluntad de terceros.

Empieza con una captación que se hace a través de un engaño o de un secuestro o con promesas engañosas que hagan que la persona acepte unas condiciones que luego no se dan; y continúa con un proceso de traslado de la víctima a otro lugar y una recepción con unos fines de explotación. Esos fines de explotación pueden ser una explotación sexual, que por lo general es el caso que más se conoce, pero también puede ser para una explotación laboral o para mendicidad.

Es importante entender que la trata de personas se puede presentar cruzando fronteras, que sería una trata transnacional, o también a nivel interno de un país. Y además puede darse tanto por una organización criminal internacional muy grande y compleja o por una persona individual que decide llevar todas estas acciones por sí misma.

¿Qué saben ustedes de posibles casos de trata a mujeres venezolanas? ¿Se han enterado de redes que trasladen a mujeres hasta Colombia para explotarlas sexualmente?
Hemos tenido conocimiento de algunos casos en los que se hace captación a través de redes sociales, principalmente Whatsapp. Según nos han informado algunas organizaciones, lo hacen mujeres venezolanas que ya se encuentran en esa situación en Colombia y que hemos sabido que se encuentran, por ejemplo, en la costa Atlántica. La modalidad consiste en que les solicitan fotos a las mujeres víctimas a través de Whatsapp, una persona “aprueba” que esta persona venga a Colombia, le hacen llegar dinero para que pueda trasladarse al país y entrar. Una vez está adentro evidentemente la oferta resulta engañosa y la someten a la explotación.

¿Y cuántas mujeres han sido víctimas de esa modalidad de trata en Venezuela? ¿Tienen cifras?
No tenemos cifras porque aunque la ley 985 de 2005 ordenó que el gobierno debe tener un sistema de información, hasta el momento eso no se ha cumplido. Es decir, vamos 13 años de deuda en cuanto a ese cumplimiento.

Sin embargo, sí tenemos conocimiento de que la crisis migratoria ha causado lo que es evidente: un caudal mucho más grande de personas venezolanas cruzando la frontera en unas condiciones de especial vulnerabilidad. Muchas mujeres venezolanas están cruzando porque no consiguen ningún tipo de servicio en salud, lo que incluye el acceso a métodos anticonceptivos o el acceso a salud materna en los casos de mujeres en embarazo. Muchas de ellas están cruzando en unas condiciones de pobreza que hacen que sean muy vulnerables a una oferta engañosa o que eventualmente puedan ser víctimas de este tipo de delitos.

Ha sido bastante evidente que el impacto de la trata de personas contra las mujeres venezolanas es desproporcionado.

¿Ustedes conocen cuál es el proceso que adelanta Migración Colombia y las otras autoridades cuando encuentran mujeres venezolanas ejerciendo la prostitución?
Hasta hace unos años vimos algunos reportes de Migración Colombia que hablaban de casos de mujeres venezolanas que estaban ejerciendo la prostitución en prostíbulos de Boyacá, por ejemplo, y lo que decían era que las autoridades migratorias iniciaron procesos de deportación porque las mujeres no contaban con documentación legal. Eso lo que demuestra es una falta de enfoque de derechos humanos que contemple la trata de personas como una de las posibilidades por las cuales una mujer con una situación administrativa irregular está en Colombia.

Uno diría que si una persona venezolana cruza la frontera ilegalmente, lo que habría que hacer, ateniéndose a la ley, es deportarla ¿Por qué en este caso sería distinto?
El marco de derechos que se transgrede es muy diferente. En el caso de la trata de personas lo que se hace es una violación sistemática de los derechos de la víctima para explotarla y lograr un lucro; en el caso del cruce ilegal de fronteras, o del tráfico de migrantes, lo que se viola son las normas migratorias del país al cual se quiere pasar.

Puede ser que en el caso de la trata de personas la víctima dé su consentimiento para cruzar la frontera, pero el hecho de haberlo hecho no es relevante porque estamos hablando de un engaño y porque estaríamos buscando que la víctima finalmente consienta su explotación. En el caso de la trata aunque la víctima pueda haber acordado, muy probablemente ese acuerdo no sea válido porque se hizo para lograr una explotación. Además hay muchos casos en los que la víctima pudo haber pasado la frontera porque sus tratantes la obligaron a hacerlo con documentación falsa.

Si un funcionario que encuentra a una mujer en esa situación entiende ese contexto, esa mujer ya no sería objeto de una deportación, lo que implica además devolverla al lugar donde fue captada y quizás ponerla en una situación de alto riesgo.

¿Por qué el hecho de que una mujer en esa situación vuelva a su lugar de origen es peligroso?
Porque fue allí donde fue captada y eso implica que eventualmente podría ser perseguida o amenazada por la red que la captó y que conoce su entorno, o incluso podría ser captada nuevamente.

Y pensemos en la situación actual particular en Venezuela: si una mujer es víctima de trata en Colombia en este momento y es deportada por las autoridades porque no fue identificada como víctima, sufre un gravísimo riesgo de llegar nuevamente a una situación de crisis. Y si está enfrentando pobreza y además ha pasado ya por una situación de explotación, pues la situación es bastante crítica.

¿Han sabido de casos de mujeres a las que les haya pasado eso? Que de pronto hayan sido deportadas y hayan vuelto a caer en manos de las redes de trata.
Tuvimos conocimiento de un caso en el que una niña cruzó la frontera llevada por su padre para ser explotada sexualmente. El Icbf tuvo conocimiento del caso pero aún así la niña fue devuelta a Venezuela, no fue deportada pero sí fue retornada a su familia en Venezuela, donde claramente existía un riesgo de que nuevamente fuera captada. Y en efecto al poco tiempo se conoció que nuevamente después de la devolución, la niña estaba en manos de su padre siendo nuevamente explotada.

Hay algunos casos que conocimos del año pasado en los que hubo deportación de mujeres en esta situación pero lastimosamente es muy difícil investigar qué pasó con ellas. Sin embargo, conociendo la situación de crisis humanitaria que hay en Venezuela es difícil pensar que llegarona una situación en la que estén protegidas.

Idealmente, ¿qué es lo que debería pasar cuando Migración Colombia encuentra a mujeres venezolanas ejerciendo la prostitución y que sean posibles víctimas de trata de personas?
Nosotros tenemos una normatividad que ya tiene buenas bases. La ley 985 ya establece el delito y define cuáles son las autoridades a cargo del tema. Lo que hace falta es que eso se implemente en la realidad y tenga una descripción más detallada de cómo hacerlo, cómo ejecutarlo.

Lo primero es que debería estar clarísimo quiénes son los funcionarios a nivel nacional que podrían identificar a esas víctimas: agentes de Migración Colombia, personas en las inspecciones de trabajo, quizás algunas entidades locales de policía. Y luego asegurarse de que esas personas estén en capacidad de detectar a las víctimas.

¿Y cómo se identifican?
Hay varios indicios descritos en manuales sobre las víctimas de trata. Son, por ejemplo, el hecho de que la persona no tenga una documentación legal; que la persona no pueda dar un testimonio porque está muy nerviosa; casos en los que todas las víctimas cuentan exactamente una misma historia que probablemente haya sido un entrenamiento de los tratantes; o cuando hay otra persona que contesta por la víctima. Todos esos son indicios.

Entonces, en vez de deportarlas, ¿qué tendría que hacer Migración Colombia con esas mujeres?
Lo que corresponde es ayudarlas y hacer el puente con Migración Colombia para que esa persona tenga una documentación que le permita permanecer en el país, si eso es lo necesario. Habría que tener una atención inmediata que cubra el alojamiento, una valoración médica, un acompañamiento jurídico por parte de la Defensoría del Pueblo y una asistencia que dure aproximadamente seis meses con medidas que piensan el tema laboral o algunos accesos al sistema educativo.

¿Todas estas falencias las han visto en el caso de las mujeres encontradas en Cartagena? ¿Cuál es su reflexión sobre la forma en que se ha tratado el tema?
Es muy interesante que los reportes de prensa hablen de cómo fue el operativo, de quiénes fueron las personas capturadas, de cuántas fueron las víctimas y que no se hagan preguntas sobre qué pasa con esas víctimas, si se activó o no la ruta para atenderlas y cuál ha sido la asistencia que ellas están recibiendo.

Creo que es muy importante que tanto las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad en general y las mismas autoridades, nos hagamos la pregunta de: ¿y ahora qué pasa con las víctimas? ¿Cómo las vamos a atender? ¿Cómo se va a lograr reestablecer sus derechos.

La discusión de trata no se detiene cuando se acaba el operativo y se captura a los posibles tratantes, todavía hay un largo proceso que las víctimas necesitan agotar y para lo que necesitan un acompañamiento y una asistencia adecuada.

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