Por qué hay mujeres en todo el mundo encarceladas por sufrir un aborto natural

Hace dos años, Belén no era más que una joven normal de 25 años que vivía en Tucumán, una conservadora provincia situada en el norte de Argentina, pero hoy en día su historia parece más el argumento de una novela de ficción distópica.

Una mañana de 2014, tras experimentar fuertes dolores abdominales y abundante sangrado de la vagina, acudió a un hospital estatal. Los médicos que la atendieron determinaron que estaba embarazada de 22 semanas y estaba sufriendo un aborto espontáneo, lo cual supuso una gran sorpresa para ella. En ese momento, insiste Belén, ni siquiera sabía que había estado embarazada, pero a pesar de eso el personal médico la acusó de haber intentado autoinducirse un aborto. Habían encontrado un feto en el lavabo del hospital aquel mismo día y afirmaron que era de ella, aunque Belén ha negado dicha acusación repetidamente.

Según Amnistía Internacional, no se realizó ninguna prueba de ADN para demostrar que el feto encontrado en el hospital aquel día fuera de Belén. Sin embargo, cuando el personal del hospital acudió a la policía, la acusaron de haberse autoinducido un aborto. Después de que Belén pasara dos años en prisión preventiva, la fiscalía cambió la acusación a asesinato con agravantes, un delito que podría suponer hasta 25 años de cárcel. El 19 de abril de este año, Belén fue declarada culpable de asesinato y condenada a ocho años de prisión.

La abogada defensora de Belén, Soledad Deza, es miembro activa de Católicas por el Derecho a Decidir, un movimiento que va tomando impulso en la cada vez más liberal Argentina. Actualmente lucha con uñas y dientes para que se revoque la sentencia y para que esta joven de 27 años sea puesta en libertad lo antes posible.

"Belén apenas está empezando a comprender que ella es la víctima en todo esto y no una criminal", explicó Deza a Broadly. "Recordemos que ha sido condenada por asesinato con agravantes, un delito que posee sus propias connotaciones especiales en nuestra sociedad patriarcal". Según Deza, Belén y ella han hablado largo y tendido y Belén ahora está lista para luchar por que se haga justicia y por asegurarse de que ninguna otra mujer argentina sufre el mismo destino que ella, mientras empieza también a comprender que su caso se ha convertido en un tema político de gran importancia y en un símbolo del creciente movimiento feminista en su país.

"No se trata solo de su caso", afirmó Soledad, "aquí hay en juego importantes preceptos culturales: la maternidad como destino para todas las mujeres, el poder que poseen los médicos para 'disciplinar' a sus pacientes y el papel que desempeña el sistema legal en lo que respecta al acceso a los servicios sanitarios públicos".

Por desgracia, el caso de Belén no es en absoluto un fenómeno aislado. En este preciso momento hay 17 mujeres en El Salvador esperando en el "corredor del aborto". Las 17, como se las conoce, están cumpliendo condenas mucho más severas que la de Belén: entre 15 y 40 años por haber sufrido un aborto natural o por ser sospechosas de haber abortado deliberadamente de forma ilegal. El Salvador cuenta con algunas de las restricciones al aborto más severas del mundo; interrumpir un embarazo está totalmente prohibido incluso en caso de violación o de peligro para la vida de la madre.

María del Carmen García, una de Las 17, era criada de una acaudalada familia. Una mañana de 2009, sus jefes la encontraron desmayada en medio de un charco de sangre, según información del Centro para los Derechos Reproductivos. La llevaron inmediatamente al hospital, donde los médicos determinaron que había sufrido un aborto espontáneo. Aunque su historia es en principio similar a la de Belén, en este caso no fueron los médicos quienes la acusaron de haberse inducido un aborto, sino la familia para la que trabajaba. María apenas tuvo tiempo de recuperarse o llorar la pérdida de su embarazo, la enviaron a prisión aquel mismo día, después de que las personas para las que había estado trabajando llamaran a la policía.

Según datos de March of Dimes, hasta el 50 % de todos los embarazos acaban en un aborto natural, con frecuencia antes de que la mujer deje de menstruar o sepa siquiera que está embarazada. En torno a un 15 % de los embarazos reconocidos terminan en aborto espontáneo y un 85 % de ellos sucede durante el primer trimestre.

Y según Patricia Ávila-Guillén, del Centro para los Derechos Reproductivos, las mujeres que acaban procesadas por sufrir abortos naturales son casi siempre mujeres con pocos ingresos. "Las mujeres que viven en zonas rurales, que no tienen acceso a servicios médicos y que no poseen ingresos estables se encuentran en una situación económica muy precaria y eso las hace muy vulnerables", afirmó.

El Centro para los Derechos Reproductivos lleva tiempo trabajando junto con Amnistía Internacional y con organizaciones locales para ejercer presión sobre jueces y funcionarios gubernamentales en El Salvador. Creen que la forma más efectiva de impulsar un cambio social duradero es crear un diálogo abierto en torno a los derechos reproductivos y el aborto, además de sobre las formas en que las severas leyes anti-aborto ponen en peligro a las mujeres. "Queremos ser capaces de hablar sobre derechos reproductivos como se habla de los derechos humanos y del aborto como cualquier otro procedimiento médico que forma parte de las vidas de las mujeres", indicó Ávila-Guillén.

Las organizaciones de defensa de los derechos reproductivos han obtenido algunas importantes victorias en los últimos años. La reciente campaña impulsada por Amnistía Internacional para obtener el perdón para María Teresa, una de Las 17, fue todo un éxito: fue puesta en libertad hace tres semanas, tras cumplir solo cinco de los 40 años a los que fue condenada. Sin embargo, Ávila-Guillén advierte de que muchas mujeres en Latinoamérica siguen en situación de riesgo. "Nuestras compañeras de Ecuador y Nicaragua también han mencionado varios casos", afirmó, "y en Guanajuato, México, se han denunciado casos similares al de Las 17".

Por supuesto, este problema no es exclusivo de América del Sur y Central: en Estados Unidos, donde las políticas cada vez más restrictivas que pretenden controlar los cuerpos femeninos están situando el aborto fuera del alcance de innumerables mujeres, los abortos autoinducidos están al alza. Desde que se están implantando normativas más restrictivas en los estados norteamericanos más conservadores, las búsquedas en Google como "aborto casero", "cómo autoinducirse un aborto" y "cómo provocar un aborto espontáneo" se han disparado esos mismos estados.

Mientras tanto, las mujeres embarazadas de todo el país se enfrentan a condenas por accidentes y abortos naturales. Según la NBC, el año pasado Purvi Patel se convirtió en "la primera mujer de EE.UU. en ser acusada, sentenciada y condenada por cargos de feticidio" tras acudir al hospital en julio de 2013 afirmando que estaba sufriendo un aborto espontáneo. Ahora cumple una condena de 20 años de prisión. Christine Taylor, que cayó por unas escaleras en Iowa, se enfrentó a un destino similar en 2010, aunque solo pasó un par de noches en la cárcel.

En un estudio revisado por expertos que se llevó a cabo en 2013, Lynne Paltrow, de National Advocates for Pregnant Women ("Asociación nacional de defensores de las mujeres embarazadas") y Jeanne Flavin sacaron a la luz cientos de casos de mujeres embarazadas que habían sido arrestadas o de algún otro modo privadas de libertad física bajo sospecha de tratar intencionadamente de dañar a sus fetos.

"En la mayoría de estos casos, mujeres que no tenían intención alguna de interrumpir su embarazo lo llevaron a término y dieron a luz un bebé sano", escribieron en una carta abierta publicada después en el New York Times. De hecho, según un informe realizado en 2015 por el Instituto Guttmacher, las mismas leyes que se utilizan para acusar a las mujeres norteamericanas de inducirse abortos "se están utilizando incluso para acusar a mujeres de las que tan solo se sospecha que se han autoinducido un aborto, pero que en realidad han sufrido un aborto espontáneo".

Según Ávila-Guillén, las leyes que pretenden impedir que las mujeres interrumpan sus embarazos protegen los derechos de los fetos mientras ignoran descaradamente los de las mujeres. "Con leyes que antepusieran a las mujeres sería imposible ver casos como estos", afirmó.