Buenaventura desmembrada

El puerto de Buenaventura, donde los homicidios se incrementaron 42 por ciento durante el último año. Fotos por Carlos Villalón.

Los dos dedos aparecieron junto a la carretera principal que bordea el barrio Camilo Torres, en la Comuna 10 del puerto de Buenaventura, departamento Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia. Eso, al menos, fue lo que la chica declaró a la policía. Dijo que los levantó del suelo, uno después del otro; los metió en una bolsa de plástico que guardó en su bolsillo, y luego pensó con misteriosa certidumbre: "Estos son los dedos de mi hermano".

Luis Fernando Otero tenía 17 años y era lavador de carros. Por los días del hallazgo de su hermana, ya el rumor corría entre los más de 390 mil habitantes de Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano: que Luis Fernando se había ido hacía varias semanas porque una banda lo andaba buscando. Que había vuelto quince días atrás, vaya uno a saber para qué. Que fumaba mariguana por la calle. Que andaba en vueltas raras. Que cobraba extorsiones a su nombre sin pedirle permiso al Clan Úsuga. Por eso, decían, por todo eso lo pelaron.

El joven lavador de carros llevaba varios días desaparecido cuando llegamos a Buenaventura, con un equipo de VICE NEWS, a principios de junio de 2014. Ya para entonces, el ejército y la policía colombianos, por orden del presidente Juan Manuel Santos, habían aumentado en un tercio su pie de fuerza y llevaban tres meses buscando frenar una espiral de violencia que, durante el último año y medio, había convertido a la ciudad en la más peligrosa del país, con un incremento de homicidios de 42 por ciento.

La violencia en Buenaventura tenía un agravante macabro: entre 2013 y 2014, según la Policía Distrital, 25 personas habían sido cuidadosamente desmembradas, y sus partes arrojadas, ora en calles, plazas y parques de la ciudad, ora en los esteros laberínticos que dan al Pacífico, a la vista de los pescadores y recolectoras de piangua (un marisco pequeño que vive en las raíces de los manglares). La guerra se había mantenido fuera del radar de la opinión pública nacional y, durante un año, las denuncias hechas por el obispo de Buenaventura, monseñor Héctor Espalza, quien desde febrero de 2013 había advertido sobre los desmembramientos, no habían llegado más de allá de un par de micrófonos radiales.

La guerra tocó fondo a comienzos de 2014. En parte, por cuenta de las constantes extorsiones a los comerciantes del puerto. Con los pobladores llevados al límite, Espalza organizó en febrero una masiva marcha de protesta y el asunto se volvió de orden nacional. Entre los pobladores locales, el verbo picar (desmembrar) se había vuelto común, y en los medios de comunicación nacionales se hablaba a diario, en plena campaña de reelección presidencial, de la existencia de casas de pique, supuestos espacios específicos de la ciudad, especialmente en los barrios más pobres, donde, presuntamente, las víctimas eran asesinadas y desmembradas de forma sistemática.

Luis Fernando sería la víctima 26.

El día en que llegamos a Buenaventura, una bolsa blanca con restos humanos había sido hallada en Gamboa, un sector ubicado en una colina periférica del distrito, desde donde se divisa, a lo lejos, el océano Pacífico, las 12 comunas de la ciudad y las grúas de las dos principales terminales portuarias por las que anualmente atraviesan dos terceras partes del comercio exterior colombiano (unos 15 millones de toneladas de mercancía, según la Superintendencia de Transporte).

El sol nos castigaba a mediodía en Gamboa. Los operarios de Medicina Legal trabajaban desde la mañana en el rescate de los restos, mientras que los vecinos y la televisión repetían sin parar una verdad que, al parecer, no precisaba de confirmación: ese cuerpo en pedazos, esa camiseta roja con negro con un número en la espalda, esa tarjeta de identidad en la bolsa enterrada al lado de las vías del tren en un barrio que no es el suyo eran Luis Fernando Otero. Su rostro en cada nota de la tele local: mirada profunda, serio, de corbata, como si fuera la foto del carnet de la universidad a la que nunca ingresaría. Todos lo sabían. Empezando por su mamá, Luz Marina Ibarguren, una morena de rasgos amables y mirada infranqueable, quien no llegó al lugar de la exhumación.

A un par de barrios de distancia, en un modesta casa de ladrillo y en una sala sin muebles, Luz Marina velaba ya a su hijo. En Buenaventura, cada barrio y cada cuadra le pertenecen a uno u otro bando, y cruzar las fronteras invisibles que delimitan a sangre y fuego los combos contratados por las bandas criminales implica firmar un sentencia de no retorno. Por eso, ni Luz Marina ni su hija ni su comadre, una doña seria y algo amarga, con la piel cubierta de verrugas, salieron a presenciar el levantamiento del cadáver. Los dos dedos que encontraron días atrás —y uno que otro comentario de un par de muchachos del barrio— les bastaron para dar a Luis Fernando por muerto. Apenas lo supieron, apenas decidieron que estaba muerto, montaron un altar de velación en la casa: un rosario de plástico rosado sobre un moño de tela negra amarrado a una sábana blanca cuidadosamente colgada de la pared; un cirio prendido en el suelo y, junto a él, un vaso con agua hasta el tope, pa' que el muerto pase cuando tenga sed.

En Buenaventura, el 89 por ciento de la población se reconoce de raza negra o mulata, según registros de la Defensoría del Pueblo. Una estadística fácil de verificar, pues allí África se presiente en la mayoría de espacios y ocasiones, entre ellos, el amor (un negro no deja un condón usado en la casa de su amante, por miedo a ser embrujado por medio de su propio semen) y, por supuesto, la muerte, cuyos rituales se han vuelto cada vez más relevantes en una ciudad que llegó a registrar, hace ocho años, 416 homicidios anuales.

Pocos en el puerto parecen tan interesados en la relación entre cultura popular y violencia como el comandante de la Policía Distrital, José Miguel Correa. Su oficina, en el último piso del comando central de las fuerzas policiales, está adornada con numerosas estampas de la Virgen María, el papa Francisco y su antecesor, Benedicto XVI, y sentado allí coordina desde noviembre de 2013 las operaciones de seguridad que han buscado frenar el aumento de los homicidios en el puerto.

—Cuando en el Pacífico asesinan a alguien, los familiares de la víctima le amarran los pulgares de las dos manos y los dos pies antes de enterrarlo. Con esto esperan que el alma del difunto regrese al mundo y seque a quienquiera que lo mató— nos explicó Correa, con gestos rígidos y fríos, casi académicos, el mismo día que comenzó la exhumación del cuerpo en Gamboa.

Correa y muchos en el puerto consideran que detrás de los desmembramientos hay un trasfondo sincrético. Si bien es evidente que los descuartizamientos sirven para aterrorizar a la población, la policía ha encontrado collares de santería en escenas de descuartizamientos, lo que le ha dado pie al coronel para suponer que, quizás, el descuartizamiento de las víctimas busca prevenir que el muerto regrese a vengarse.

—Por eso los desmiembran. Incluso si todas las partes se meten en una bolsa, la brujería deja de tener efecto— expuso el comandante, para luego aclarar que la lucha contra los combos incluye la lucha contra la brujería—: Aquí en Buenaventura están las brujas más grandes del Pacífico, utilizan yerbas, velas, rezos; hemos tratado de cortar eso.

En ese espacio entre palafitos había una casa de pique.

El fenómeno debe intrigar a más de un urbanista: miles de personas que habitan palafitos construidos sobre el mar; una comunidad que ha migrado, por lo general, huyendo de la guerra que se libraba en la selva, y que emprende con paciencia la labor de transformar los puentes que unen los ranchos en tabiques y cajones, para luego rellenarlos de aserrín, conchas, basura y arena, y terminar creando trozos de suelo, suelo creado, suelo falso que desafía el diseño natural del litoral del Pacífico. Con ese método paciente, emocionante y precario, durante una sola generación, un barrio puede construir una cancha de futbol sobre el mar y obligar al agua a dar marcha atrás. Es una conmovedora labor orgánica, de colonia, que estrecha los lazos entre los seres humanos y el espacio natural que los rodea. A estas zonas todo el mundo en Buenaventura las llama bajamar.

Es sobre estos mismos territorios, ganados a pulso al agua, por donde han transcurrido, año tras año, durante los últimos 25 años, las guerras de Buenaventura, las mismas guerras de Colombia, que acá se han valido del litoral, de sus ríos, esteros y manglares, para asegurar la salida de cocaína y la entrada de armas e insumos para la mafia y la guerrilla. Han sido muchas, las guerras —traslapadas, encadenadas en el tiempo—: la llegada del cártel de Cali, a comienzos de los noventa; el ingreso del frente Manuel Cepeda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a finales de esa misma década; la toma paramilitar a comienzos de milenio, liderada por el bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); la salida de las FARC, la desmovilización de las autodefensas y, finalmente, la reactivación de algunas de sus viejas estructuras. Estas últimas, bajo el nombre de La Empresa, comenzarían, desde 2005, un corto reinado sobre el puerto.

En 2012, sin embargo, un nuevo cártel, proveniente del Urabá, en la costa del Caribe, cuna del más sangriento y ambicioso narcoparamilitarismo, buscó nuevas salidas por el Pacífico y decidió su ingreso al puerto. Un cártel de estructura unívoca, pero múltiples nombres: Los Urabeños, para los medios de comunicación; el Clan Úsuga, para el gobierno; los Chocoanitos, para muchos de los habitantes de la ciudad. Un cártel más, con necesidad de ampliar su influencia y rutas de salida al mar.

Y se acabó la calma frágil de La Empresa. Y estalló la guerra. Los Urabeños le sonsacaron a la banda local los gatilleros a punta de dinero y salarios, y una vez hechos los debidos fichajes y contrataciones, comenzó la disputa por el control de las cuadras y las manzanas, y la ley tácita, marcial y mortal de las fronteras invisibles. Así transcurrió la guerra por un año largo, y así mismo imperó el silencio, hasta que los que cayeron no fueron matones de cuadra ni sicarios adolescentes, sino las amables vendedoras de la esquina, los mototaxistas, los pescadores…

Un día, nadie sabe cómo ni en qué momento, los niños dejaron el futbol y comenzaron un nuevo juego: el juego de picar.

Esto me lo contó Nora Isabel Castillo, líder comunitaria de una calle, una sola, del barrio La Playita, Comuna 4, en el codiciado centro neurálgico de Buenaventura. Una sola calle, ganada al mar, como muchas otras, llamada en antaño Puente de los Nayeros, y hoy tierra firme, calle San Francisco. Aquí, desde abril de 2014, unas 280 familias quieren convertiste en la primera zona humanitaria urbana de Colombia, un modelo que en el pasado funcionó en zonas rurales del país, cuando los civiles quedaban inexorablemente atrapados entre el fuego de guerrilleros, paramilitares y fuerzas estatales. La clave: hacer respetar la condición de civil, y prohibir la entrada de cualquier arma o actor armado, legal o ilegal, a su territorio. Nora Isabel, una mujer dulce y vital, que no pasa de los treinta años, con una mirada y sonrisa que desbordaban luminosidad, nos invitó a caminar, en dirección al mar, por la calle San Francisco. Nora caminaba tranquila, sonriente, hasta que se detuvo frente al rastro de un rancho derribado, entre dos palafitos.

—Aquí, en este hueco, estaba la casa. Aquí traían a la gente el año pasado para picarla. Muchos sabíamos, pero nadie decía nada, teníamos miedo. Todo acá era miedo. A las cinco no había niños en la calle, todos nos encerrábamos, y a rezar para que nada más nos pasara—, dijo.

A comienzos de 2014, sin embargo, la gota rebosó la copa:

—La banda que controlaba esta calle secuestró a un taxista, y extorsionó a su esposa, una vendedora callejera de mariscos, para su liberación. Como dos millones [de pesos colombianos, unos mil dólares] le estaban cobrando a la señora. Ella pensó que podía negociar con ellos, y se metió aquí al barrio a buscarlos.Pero apenas llegó a esta casa, ¡ay!, la pobre se dio cuenta: el hombre ya estaba muerto y ya lo iban a picar. La mujer se puso a dar gritos del dolor. La persiguieron. Ella se mandó al mar. Y hasta allá fueron tras ella, en una barca. La agarraron a machete limpio en el agua y le amarraron una piedra en el cuello pa' que se hundiera. Todo esto pasó a las 9am. A plena vista de nuestros hijos. Ese día dijimos: No podemos más.

El día en que la comunidad de Puente de los Nayeros decidió negarle la entrada a las bandas, organizó un acto simbólico. En el pequeño salón que funciona como centro comunal, citaron a todos los niños —se cuentan cientos en esta larga cuadra— y los invitaron a dejar sus armas. Los rifles y las pistolas de madera fueron arrojados al suelo. Como contrapartida, los niños recibieron instrumentos musicales, entre ellos una marimba construida con madera del árbol de chonta, que crece en las selvas que aún se divisan desde el barrio.

Desde entonces, los niños volvieron a salir a la calle. Con tanta fuerza y tanta vitalidad, que durante nuestra visita, terminó siendo difícil grabar las escenas del documental. Mientras el camarógrafo de nuestro equipo intentaba captar escenas donde la algarabía infantil del final de la tarde no se interpusiera, yo buscaba jugar con el ejército de niños para que posaran, juguetones, como modelos que han visto en la televisión, frente a la lente del fotógrafo.

No todo, sin embargo, era felicidad y desorden en la calle que Nora, junto a otra decena de líderes de cuadra, buscaba mantener en paz. Días atrás, la comunidad había logrado concertar, junto a la Brigada de Infantería de la Marina y la Policía Distrital, la desmovilización de 14 adolescentes asalariados de La Empresa y Los Urabeños, quienes habían sido enviados a centros de atención social fuera de Buenaventura.

Justo en los días de nuestra visita, algunos de estos muchachos habían regresado, y merodeaban, silenciosos y cabizbajos, por el área humanitaria.

—¡Mírelo!, ahí está el paramilitar— me dijo Nora sin siquiera alzar la mirada, sus ojos repletos de miedo, vacíos de luminosidad.

Me le acerqué al chico, pese al reproche de algunos de los líderes. No tenía más de 19 años, gorra sport negra, de medio lado, la mirada cargada de miedo o de rabia o de ambos, y una medalla del Señor de los Milagros y la Virgen de Buga, colgada del cuello.

No me dijo mayor cosa. Sólo que había regresado del centro de atención porque allá, en Buga, ciudad intermedia a dos horas de Buenaventura, no le habían —cumplido con lo prometido—. Que lo tenían encerrado. Que no tenía nada que hacer. Que sólo rezaba…

—¿Y a qué regresaste, entonces?

—A que me cumplan.

—¿Dónde te tenían?

El muchacho se sacó una tarjeta del bolsillo y me la entregó: "Fundación Peña de Horeb para el Desarrollo Integral. Centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. La sociedad dice adicto una vez, adicto para siempre, pero Jesucristo dijo: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jn: 8,32".

Perdí por un momento de vista al joven paramilitar. Segundos después, dos policías lo escoltaban a empellones hacia la salida del área humanitaria.

¿Quién pica? ¿Por qué pica? ¿A quién pica?

Gracias a algunos contactos locales, logramos entrevistarnos con dos jóvenes gatilleros, perros, sicarios, bases operativas y asalariadas que le prestan servicios a los más de cuarenta mafiosos profesionales que, en cada bando criminal, según el comando local de la Brigada de Infantería de Marina, convirtieron a Buenaventura en un camposanto de desmembrados y cuerpos sin vida.

Los muchachos accedieron a entrevistarse con nosotros de forma anónima, en un lugar seguro y lejos de la guerra cotidiana que, con todo y la intervención militar y policial, se vivía en sus barrios.

Verlos llegar me dejó sin palabras. Aunque quisieran, estos chicos no podían disimular su edad y, como el temido paramilitar de Nayeros, no sobrepasaban los 18 o 19 años.

La chica nos pidió que la llamáramos Jessica Paola; él, Juan David, que no son sus nombres reales. Eran amigos, compañeros de barrio y de juego de la infancia, llegaron al lugar de la entrevista sonriendo y jugueteando, como si estuvieran en un paseo al campo. Ambos habían ingresado a las bandas antes de cumplir 14 años, y luego de pasar un tiempo peleando para bandos contrarios, se encontraban al servicio de Los Urabeños, la mafia visitante, que por esos días pagaba mejor la mensualidad: novecientos mil pesos colombianos (unos 465 dólares), en una ciudad donde cincuenta por ciento de los jóvenes no cursa secundaria y el desempleo revienta todos los promedios (63.3 por ciento, para 2010, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística).

El muchacho nos contó que comenzó a descuartizar a los 14, que se había salido de La Empresa porque la plata ya no llegaba, que la primera vez que lo hizo fue con su sistema nervioso lleno de mariguana, y que una vez desmembrado, al muerto había que mearlo y saltarlo tres veces para que no volviera a vengarse ("uno se va quedando flaquito, flaquito, hasta que se muere", nos dijo).

Ambos narraron historias similares. La historia de dos niños atrapados en una guerra que nunca pidieron. Al terminar, se quitaron las capuchas y se entregaron al juego. Sonrieron y posaron ante las cámaras, estaban contentos. De habérmelos encontrado en la calle, les habría sonreído.

"Buenaventura, un nuevo modelo de ciudad". El aviso se lee a la entrada de la Oficina de Planeación del puerto. El enorme afiche, que recibe a los visitantes del más importante edificio administrativo del distrito, es un render panorámico de su zona central que deja ver un frente costero con playas de arena amarilla, adornadas con palmeras y salpicadas de parques boscosos, proyectados justo en las zonas más conflictivas de bajamar en las comunas 1 y 4. Cualquiera que viera este pendón creería que está viendo un mapa calcado de Miami Beach, y no una de las ciudades más pobres y violentas de Colombia.

El pendón tiene una frase bajo la imagen: "Proyectando el futuro, construimos el presente".

Por estos días, los más importantes proyectos de renovación urbana, bosquejados por las autoridades de Buenaventura por más de una década (el más reciente fue encargado a la Universidad del Valle, en 2006), están, en buena parte, detenidos. El plan de intervención del borde central, llamado Malecón Bahía de la Cruz, sólo tiene vía libre en un sector donde hoy no existen palafitos; del resto, el proyecto plasmado en el enorme afiche de la oficina municipal está estancado, en parte, por cuenta de la resistencia de los habitantes de bajamar, para quienes su permanencia en esta zona es un derecho adquirido luego de años de ganarle espacio al mar.

Sin embargo, para muchos en estos barrios —Nayita, Centenario, La Isla, San José, Muro Yusti, Campoalegre, Viento Libre y La Playita— la soledad enorme con la que han tenido que enfrentar la violencia diabólica de estos dos años está relacionada con la imperante necesidad de que sus habitantes dejen sus territorios para abrirle campo a los nuevos proyectos.

Exhumación de los restos de Luis Fernando Otero, de 17 años, quien fue asesinado en junio de 2014.

Lo dicen los habitantes de la calle San Francisco, para quienes la zona humanitaria no sólo busca frenar la violencia entre las bandas, sino reclamar su derecho sobre el suelo creado; y lo dicen en San José o San Ju, el barrio más antiguo del puerto, frente al que hoy está levantado un muro de concreto que les corta a sus pescadores la salida a la bahía, y que fue construido hace diez años en un impulso de la administración de entonces para comenzar la renovación sin más avisos.

En la oficina municipal, el director de Planeación Urbana, Wilmer Garcés, nos aseguró que el proyecto no se llevará a cabo sin la previa consulta a las comunidades y que, además, la administración adelanta un plan para —reubicar— a las familias de bajamar, en la ciudadela San Antonio. El complejo de edificios de concreto contiene medio millar de pequeños apartamentos, y fue construido con una ridícula fracción de los 55 millones de dólares que aparecieron en caletas clandestinas en Cali (fosas donde se guardan dinero, armas y drogas) a comienzos de 2007, propiedad del hoy capturado narcotraficante Juan Carlos Rodríguez Abadía, alias Chupeta, temido pupilo de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, fundadores del cártel de Cali.

—El proyecto San Antonio es complementario con el de Bahía de la Cruz, en la medida en que es en este proyecto habitacional en el que se reubicarían las personas que viven en bajamar — nos explicó Garcés — además es un sitio cercano que mantiene contacto con un brazo de un estero que les permite acceso a estas comunidades a la zona marítima.

—¿Y por qué no dejarlos donde están, y vincular a estas comunidades a los proyectos de renovación?— preguntamos.

—Cualquier iniciativa tendiente a mantener los asentamientos de poblaciones tendría que definir los aspectos relacionados con la gestión del riesgo. Hoy las reglamentaciones de la Dirección Nacional Marítima (Dimar) no nos permiten mantener estas zonas palafíticas, pues existen riesgos asociados a fenómenos naturales como tsunamis, crecientes y demás.

—¿Y qué pasará con quienes no se quieran ir?

—No los podemos obligar, porque aquí nunca ha habido un ejercicio coercitivo.

Durante nuestro último día de visita al puerto, viajamos a la ciudadela de San Antonio, a unos 25 minutos en carro de las zonas de centrales de bajamar, en terrenos donde Buenaventura deja de ser ciudad para mezclarse con el campo y la selva.

Caminando entre las pequeñas calles de la ciudadela de concreto, diseñada con pequeños adornos con tablas de madera que parecen evocar tímidamente las construcciones palafíticas que sus habitantes dejaron atrás, nos encontramos con Marino, un viejo pescador que trabajaba en la construcción de una lancha metrera, como llaman los habitantes del Pacífico a la canoas alongadas y angostas construidas con madera de tangare, jiguanegro y otra serie de árboles que abundan en el litoral.

Nos sorprendió verlo construir una barca en medio de un paisaje donde, a primera vista, no había ni un balde de agua. El viejo, arrugado y curtido por la sal y el sol, de mirada amable, nos explicó que una vez cada tanto (durante cinco o 15 días, dependiendo del momento del año), las aguas del Pacífico se crecían tanto que el brazo del estero (el mismo brazo al que había hecho referencia el director de Planeación) se llenaba del agua suficiente para poner la barca a navegar. Su plan, nos explicó, era esperar la próxima crecida para llevar la embarcación dos horas hacia la costa y dejarla guardada donde un familiar, que se había resistido a dejar su casa en bajamar.

Detrás de la lancha en construcción, dentro del apartamento de 52 metros cuadrados, sin un solo mueble, en oscuridad de gris concreto, se encontraba Efrida, su mujer, quien me explicó que allí duermen a diario ocho de sus nietos, una nuera y dos de sus hijos.

—Hay veces, cuando estamos todos, que dormimos como marranos— me dice Efrida, sus nietos jugando junto a los colchones contra la pared, que en la noche cubrirán el suelo.

Mujeres como Efrida, solían recolectar piangua de las raíces de los árboles acuáticos en bajamar, que luego, junto a los pescadores, vendían en los mercados del centro de Buenaventura. Hoy, lejos de la costa, obligadas a pagar transporte urbano para llegar a los esteros, muchas han preferido cambiar de oficio, y hoy se las arreglan como pueden ofreciendo mercancía y servicios a sus nuevos vecinos.

A Efrida, a sus nietos, a su esposo que construía una barca para el día en que subiera la marea, se les veía tranquilos. Lejos de la ciudad, lejos del rancho palifítico que alguna vez llegó a tener cinco habitaciones, lejos, más lejos aún, de Pastico, ese caserío en el río Naya del que salieron desplazados por la guerra en 2001, la vida al menos no se ponía a merced del ajedrez de las bandas de turno. Bandas que, no hace mucho tiempo, eran comandadas por aquel mafioso con cuyos recursos se construyó el pequeño y vacío apartamento que les regaló el gobierno.

—¿Qué tal está, doña Efrida, le gusta este lugar?

Y ella me responde sin si quiera pensarlo. Y para qué hacerlo: —Acá esto está bueno, joven, aquí al menos no nos llega la violencia.

Sigue a Juan C. Maldonado