En Colombia, la falta de agua potable está matando a miles de niños indígenas

Ana María Uriayu voltea la cara y se niega a hablar. Su vecina habla por ella y recita una historia de pérdida compartida por cientos de madres del departamento más al norte de Colombia, La Guajira: entre las dos suman un total de cuatro hijos que han muerto en menos de un año. Dicen que la culpa es del agua sucia que abastece a la pequeña comunidad.

A menos de cinco kilómetros de la capital de La Guajira, hogar de la población indígena más numerosa de Colombia, los wayú o guajiros tienen impresa en el cuerpo la batalla diaria contra la sed. Ellos pertenecen a un grupo étnico con una población de más de 400 mil personas que viven en comunidades esparcidas a lo largo de la península desértica. Varias veces al día las mujeres deben serpentear entre las filas de cactus y las lodosas cuencas para colectar agua contaminada. Sus hijos las siguen con sus demacradas piernitas. El viaje puede llevar hasta cinco horas o más y debe ser repetido un sinfín de veces. Incluso el niño más pequeño tiene la obligación de cargar una cubeta.

De acuerdo con el director del Instituto Nacional de la Salud, Fernando de la Hoz, "más personas en Colombia mueren a causa de la sequía y el agua contaminada que del conflicto armado. El riesgo de morir por enfermedades relacionadas con el agua es cuatro o cinco veces más alto en La Guajira que en cualquier otra parte del país". La tasa de mortandad infantil en La Guajira ha alcanzado niveles similares a los de Ruanda y Etiopía: según un reporte de la ONU, 50 niños mueren por cada mil nacimientos. De la Hoz cree que el número total de víctimas puede ser mucho mayor a lo que las cifras oficiales indican, debido a los precarios servicios médicos y a una tradición wayú que consiste en enterrar a los hijos en tierra propia.

A pesar de que durante la última década la crisis bien publicitada ha atraído un fluido constante de ayuda e inversión en la región –incluyendo un proyecto de 90 millones de dólares por parte del Banco Mundial y una presa de 270 millones de dólares– aún sigue sin haber agua potable en La Guajira.

¿Pero por qué han fallado los esfuerzos para ayudar a los habitantes?

Una mirada más detallada a los proyectos de agua en La Guajira sugiere que la falta de supervisión pública ha jugado una parte importante en la crisis, así como las políticas gubernamentales que favorecen los intereses comerciales sobre los derechos humanos.

Una sequía golpeó la región el año pasado y desató un brote viral, ya que la gente acumulaba agua en contenedores abiertos que son caldos de cultivo para la malaria, el dengue y el chikunguña, artritis epidémica. Sin embargo, trabajadores humanitarios dicen que el fenómeno meteorológico El Niño no es el culpable de la actual crisis sanitaria.

"No podemos decir que el problema en La Guajira se deba a la sequía; eso es falso", dijo Robert Méndez de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. "El problema del agua en La Guajira se remonta a muchos años atrás y es consecuencia del mal gobierno de este departamento".

La Guajira es conocido por su políticas de mafia y corrupción; los últimos cinco gobernadores han sido investigados por apropiarse fondos destinados a obras públicas, como para el agua, el saneamiento y servicios de salud. El más reciente de éstos, Juan Francisco "Kiko" Gómez, fue arrestado en 2013 por homicidio y tráfico de armas y fue reemplazado por un amigo y aliado político. Aunque los residentes son bastante críticos de los políticos locales, sienten aún más rencor por el gobierno nacional que dicen que se ha olvidado de ellos.

En 2007 el Banco Mundial aprobó un préstamo de 90 millones de dólares para el propósito declarado de proveer servicios de agua y saneamiento para los habitantes de La Guajira. A éste se le concedieron dos extensiones y la nueva fecha de terminación es en octubre de este año.

"El proyecto [del Banco Mundial] nunca se llevó a cabo, nunca se dio dinero a las comunidades, ni siquiera a las áreas urbanas", dijo Matilde Arpushana, líder indígena y trabajadora de los derechos humanos que representa a más de 200 comunidades cercanas a la capital del estado. "El problema del agua persiste y es bastante grave. Las mujeres tienen que caminar cinco horas, a veces más, para tener agua. No hay agua para consumo humano en La Guajira".

De acuerdo con Carlos Uribe, el especialista en agua y saneamiento del proyecto, la operación se vio frustrada desde el inicio debido a una falta de cooperación por parte del gobierno local, a problemas de desempeño de los empleados y a la confusión sobre una nueva política del agua.

Sin embargo, para Nathanial Meyer, jefe de planeación en temas de agua de Corporate Accountability International —una fundación que busca proteger las condiciones de salud pública de las abusivas corporaciones trasnacionales—, el continuo fracaso del proyecto para brindar los servicios más básicos al hospital principal es otra evidencia de que el modelo de inversión privada del Banco Mundial no funciona. El Banco Mundial, que posee acciones de capital en empresas privadas de agua, evalúa el éxito del proyecto en La Guajira basándose en el número de contratos que ha firmado y no en que en verdad haya acceso al agua. Citando varios proyectos fallidos en India y Filipinas, Meyer destacó que firmar un contrato privado no garantiza que la infraestructura será ampliada.

En enero el gobierno firmó un decreto que implementaba la expansión de alianzas con empresas privadas en todo el país como solución para las zonas más empobrecidas, aun cuando las empresas privadas no logran proveer servicios en las costas del Pacífico y del Caribe. En cuanto a cómo podrían las empresas privadas asegurar que el servicio de agua llegue a las regiones empobrecidas como La Guajira, el Banco Mundial refiere a las leyes colombianas que garantizan subsidios para los servicios públicos. Estos subsidios sólo logran cubrir el 70 por ciento de la tarifa necesaria.

"Además, las reservas indígenas pueden solicitar subsidios a una fuente alternativa nacional y éstos eventualmente podrán usarse para pagar la infraestructura del agua", dijo un portavoz del Banco Mundial, refiriéndose al Sistema General de Regalías de Colombia.

Ambos derechos siguen siendo teóricos en una región con instituciones gubernamentales tan débiles. Uribe dijo que cuando el manejo de las políticas del agua se delegó a los municipios, durante la administración del préstamo del Banco Mundial, cada gobierno local debía presentar su propio plan para poder ser incluido y que, de quince, sólo tres participaron.

"El problema está en el orden en que se hace el trabajo: debemos tener diseños de proyectos y éstos deben ser subdelegados a los municipios", me dijo. "Desafortunadamente, la capacidad institucional de la Guajira es muy baja y no hay proyectos. En los últimos cuatro años ha habido muy poco movimiento debido a problemas de gobernabilidad".

En otras palabras, la solución está en la supuesta aplicación de las políticas que hasta ahora no han logrado beneficiar a la población.

El otro gran proyecto de infraestructura de La Guajira, una presa de 270 millones de dólares, se construyó en 2010 con el propósito de proveer agua a unas 400 mil personas. Ésta contiene 93 millones de metros cúbicos de agua y tiene una velocidad de descarga de 7,760 litros por segundo. No obstante, los acueductos se mantienen secos mientras el gobierno espera un estudio que confirme "qué opción para la ejecución del Proyecto identificado (obra pública o concesión/APP) tiene un mayor valor por dinero para el gobierno de Colombia".

La presa es una facilidad a la que las comunidades no pueden acceder, según dijeron las autoridades wayú que solicitaron ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos. Las autoridades indígenas alegan que la presa drenó el río de que los residentes habían dependido durante cientos de años al bombear agua a los estados más grandes del sur del departamento y a El Cerrejón, una mina de carbón.

Desde que la presa se completó, 4,151 muertes infantiles han sido reportadas en La Guajira, de acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El gobierno dice que no tiene el dinero para conectar la presa de 270 millones de dólares a acueductos, según la agencia financiera que investiga la viabilidad de las asociaciones público-privadas.

Sin embargo, una mirada a los recursos que fluyen en la región muestra que El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, tuvo más de 250 millones de dólares en regalías sólo en 2013. De acuerdo con el nuevo "mapa de regalías" del gobierno, desde 2012 se han invertido cerca de 300 millones de dólares en La Guajira.

Sin la voluntad suficiente por parte de los políticos, no hay cantidad de recursos que ayude al segundo departamento más pobre de Colombia. Además, la indulgencia dada a los gigantes corporativos en la región sugiere que el bienestar de la gente wayú es la última de las prioridades nacionales.

Según cinco autoridades wayú que se dirigieron a las CIDH, la ley colombiana dicta que los humanos deben, sin excepción, ser los primeros receptores de agua y que sólo después de que sus necesidades sean satisfechas puede usarse para propósitos agrícolas, industriales y de otro tipo. Incluso en medio de la sequía y las enfermedades causadas por la escasez de agua, El Cerrejón usa más de 25 millones de litros al día, según Carlos Franco, director de Relaciones Internacionales de la mina. De hecho, El Cerrejón tiene una licencia gubernamental para usar mucho más. "Solamente usamos cerca del 17 por ciento del permiso de captación de agua", me dijo. "Tenemos permitido usar mucha más".

Como respuesta a las preguntas sobre la falta de agua en La Guajira, Franco me dijo: "Para nosotros es una pena. Es muy doloroso ver que no hay agua potable en La Guajira y no hay excusa para ello". No obstante, dijo que El Cerrejón recientemente invitó al gobierno a trabajar con ellos para crear una solución a la crisis de agua en La Guajira.

Durante los últimos 40 años, el gigante multinacional no sólo ha empobrecido y contaminado el agua, sino que también ha desplazado violentamente a comunidades indígenas y afrocolombianas. De acuerdo con el colectivo de abogados "José Alvear Restrepo", un grupo que representa los intereses legales de las comunidades wayuú afectadas por la minería, las trasnacionales dueñas de El Cerrejón (Angloamerican, Glencore y BHP Billiton) nunca han sido penalizadas por abusar de los derechos humanos de estas comunidades.

"Es muy complicado litigar contra la compañía, ya que la legislación siempre favorece los intereses comerciales", explicó Petra Langheinrich, portavoz del colectivo. "Además hay otro serio problema: debes saber que en Colombia, y particularmente en La Guajira, las instituciones reguladoras del gobierno y del ambiente son prácticamente inexistentes".

El año pasado, la comunidad wayú en Guajira llevó a cabo un juicio para condenar los abusos al ambiente y a los derechos humanos por parte de El Cerrejón y se denunció la ausencia de un sistema judicial en la región.

Si el Estado es tan débil contra las multinacionales como Cerrejón, ¿cómo puede asegurar que las empresas privadas proveerán el servicio de agua a aquellos que no pueden pagarlo?

En enero, debido a la epidemia viral en aumento, el Secretario de Salud de La Guajira pidió que se coordinaran "los esfuerzos que garanticen la disponibilidad de agua potable para consumo humano". El departamento oficialmente está en alerta roja y el año pasado se declaró varias veces en estado de alarma debido a la sequía, desnutrición y epidemias virales. Además, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) dijo en 2014 que el departamento necesitaba una "intervención inmediata".

Cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos ganó la reelección el año pasado con su promesa de paz y equidad social, el resto del mundo se esperanzó con un posible fin de los cincuenta años de conflicto armado entre el gobierno colombiano y las guerrillas marxistas. ¿Pero quién pedirá cuentas al gobierno por los servicios equitativos en una nación post-conflicto, cuando tenemos fracasos como La Guajira? ¿Acaso el enfoque internacional en el conflicto previene que se considere que el país necesita más ayuda de la que se está dando para operaciones de mantenimiento de paz y control de narcóticos?

Lo que es más importante: ¿cómo cambiarán las cosas para los 900 mil residentes de La Guajira que no pueden darse el lujo de aguantar otra década más sin agua?

Victoria McKenzie es una reportera de derechos humanos y de salud mundial radicada en Medellín y Nueva York.