Encarcelar a los enfermos mentales nos hace a todos menos seguros

Este artículo es parte de la colaboración de VICE News con la Cumbre de Justicia estadounidense.

Hace más de 40 años se desató una epidemia en Estados Unidos — una epidemia de encarcelación masiva.

La epidemia fue impulsada por la retórica de "mano dura contra el crimen" del presidente Richard Nixon y alentada por las décadas de políticas que le siguieron; a día de hoy, 2,4 millones de personas están encarceladas en prisiones o cárceles de Estados Unidos. La mitad de ellas en prisiones federales y una cuarta parte en prisiones estatales, están allí por cargos de drogas, la mayoría de las cuales implican delitos no violentos. Debido a que las enfermedades mentales y el abuso de sustancias muy a menudo suceden simultáneamente, la plaga de la encarcelación masiva ha arrastrado a millones de estadounidenses con enfermedades mentales. Más de la mitad de las personas encarceladas actualmente — 1,26 millones — tienen problemas de salud mental.

Uno de esos 1,26 millones de personas es mi hijo.

La enfermedad mental jugó un papel significativo en su arresto y condena por cargos de intento de robo e incendio, lo que llevó a nuestra familia a familiarizarse íntimamente con este sistema disfuncional. Mi hijo luchó durante toda su vida contra su enfermedad mental y el abuso de sustancias, y recibió por lo menos media docena de diagnósticos, incluyendo el trastorno de oposición desafiante (TOD) y el autismo. Su comportamiento se agravó después de que su madre falleciera de cáncer, y eso me llevó a inscribirlo en una sucesión de escuelas para estudiantes con necesidades especiales.

A pesar de haber agotado todas las opciones médicas y de escolarización disponibles, a los 18 años mi hijo fue arrestado por intentar robar un taxi con un amigo. Estaba a solo dos calles de mi oficina cuando fue detenido, y lo que llegué a comprender sobre el incidente es que tuvo más que ver con su necesidad de socialización y su impulsividad que con cualquier intención criminal.

Al cabo de un año de este primer incidente, mi hijo se convenció de que estaba siendo seguido por un traficante de drogas. Llamó a la policía, quienes le ignoraron, y luego cogió basura que encontró en el apartamento, la puso en la estufa, se inició un fuego, y llamó a los bomberos pensando que le protegerían. En lugar de ello, fue arrestado y acusado de incendio provocado.

Mi hijo pasó dos años en la famosa cárcel de Rikers Island en Nueva York, a la espera de la disposición de su caso; ahora está encarcelado en una prisión al norte del estado para el resto de sus 5 años de condena. Lugares como Rikers no están equipados para proporcionar los servicios necesarios para gente como mi hijo, y son demasiadas las prisiones y cárceles que utilizan el régimen de aislamiento para controlar los síntomas de la enfermedad mental. El aislamiento es reconocido internacionalmente como perjudicial para la salud humana, pero es especialmente pernicioso para el bienestar de las personas con enfermedades mentales.

La epidemia de la encarcelación masiva coincidió con el desafortunado experimento social de este país con la desinstitucionalización. A partir de la década de 1950, las personas que vivían en los grandes hospitales psiquiátricos fueron desinstitucionalizadas, con la expectativa de que las drogas psicotrópicas y los servicios comunitarios de salud permitirían su exitosa reinserción en la sociedad. En lugar de ello, en ausencia de los servicios comunitarios adecuados y debido a una fe excesiva en la eficacia de los fármacos psicotrópicos así como en la capacidad para que las personas con enfermedades mentales siguieran su tratamiento, todo ello llevó a que personas con enfermedades mentales graves acabaran por ser reinstitucionalizadas — en cárceles y prisiones.

En 1955, un total de 550.000 pacientes con enfermedades mentales graves se encontraban ingresados en hospitales psiquiátricos públicos. En 1994, esta cifra se había reducido a unos 70.000. En la actualidad, sólo existen 40.000 camas psiquiátricas para una población de Estados Unidos que se ha duplicado desde 1955. Y en consecuencia, decenas de miles de personas con enfermedades mentales graves viven actualmente en cárceles y prisiones, convirtiendo lugares como la Cárcel del Condado de Cook en Chicago y la de Rikers en Nueva York en dos de los más grandes hospitales psiquiátricos del país.

Encerrar a personas por ser enfermos mentales, porque carecemos de la voluntad política o la humanidad para proporcionar un tratamiento eficaz es una vergüenza — pero también es costoso. Encarcelar a un preso que es un enfermo mental puede llegar a costar más del doble, respecto a una preso común; por ejemplo, el prisionero promedio en Texas cuesta al estado unos 22.000 dólares al año, pero el encarcelamiento de una persona con enfermedad mental puede llegar a costar hasta 50.000 dólares al año. El gasto en los psicofármacos de un prisionero puede costar por sí solo más que darle de comer.

El aumento de los costes también se debe a la duración media de la estancia. En Rikers, l período medio de encarcelamiento es de 42 días, pero las personas con enfermedades mentales permanecen encerradas durante un promedio de 215 días. ¿Por qué? Debido a que las personas con enfermedades mentales graves a menudo no son capaces de seguir las reglas estrictas de la prisión, lo que produce que se les añada tiempo a sus condenas como pena.

Afortunadamente, la gente que está en primera línea de la crisis del sistema de salud mental de este país — las personas con enfermedad mental y sus familias, algunos funcionarios del Departamento de Corrección, y grupos como la NAMI (Alianza Nacional de Enfermedades Mentales) y el CASES (Centro de Sentencias Alternativas y Servicios de Empleo) — han estado abogando por programas de reinserción y alternativas al encarcelamiento para aquellos que sufren enfermedades mentales. Estos esfuerzos ahorran vidas y dinero.

Uno de los programas de intervención más innovadores y holísticos es el Centro de Servicios de Cuidados de Salud (CHCS) en San Antonio, Texas, que ofrece servicios integrales para las personas y familias sin hogar y con cargos de justicia, así como servicios de emergencia médica y de atención a consumidores de sustancias para personas pobres e indigentes. El CHCS estima que sus programas ahorran al condado aproximadamente 10 millones de dólares al año.

Como resultado de la experiencia de mi familia, fundé el Greenburger Center for Social and Criminal Justicie (Centro Greenburger para la Justicia Social y Penal). Uno de nuestros objetivos principales es el desarrollo de una alternativa al encarcelamiento (ATI, Alternative to Incarceration en inglés) para las personas que padecen enfermedades mentales o trastornos de personalidad severos, que cometen delitos graves y presentan un riesgo para sí mismas o para los demás. El noventa y ocho por ciento de los encarcelados se reinsertan en la sociedad, y aquellos con enfermedades mentales graves a menudo se reintegran aún más traumatizados de lo que estaban antes. Debemos encontrar mejores respuestas, diferentes de los hospitales mentales de la década de 1950, y diferentes de nuestras cárceles y prisiones actuales. El status quo sirve a los intereses de nadie — y eso nos da a todos menos seguridad.

Francis Greenburger es el presidente y fundador del Greenburger Center for Social and Criminal Justicie. 

Sigue el Centro Greenburger en Twitter: @greenburgerorg