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ESPAÑA

Madre pobre, negocio redondo para los centros de menores privados en España

A Beatriz le arrebataron la custodia de sus hijos cuando perdió su trabajo y fue a servicios sociales a pedir una ayuda. Su caso es solamente uno entre muchos en los que la pobreza ha sido determinante para retirar la tutela a una madre sin recursos.

por Quique Badía
21 Abril 2016, 7:35am

Imagen por Elizabeth Albert vía Flickr

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Cuando el bar en el que trabajaba Beatriz Pérez cerró en el año 2000, esta granadina, que en mayo cumplirá 41, se vio en la calle y a cargo de sus dos hijos, Javi y Alfonso, que entonces tenían 6 y 4 años respectivamente. Su situación económica de entonces la llevó a pedir una ayuda a los servicios sociales de su localidad.

Ella sostiene que la técnica social que la atendió le recomendó que renunciara a su custodia. Le aseguró que sería tan solo una medida temporal, y que en tres meses, cuando su situación mejorara, Javi y Alfonso estarían de vuelta, afirma Pérez a VICE News. Pero nunca más volvió a recuperar su tutela. Ahora que ya han cumplido la mayoría de edad vive con ellos, y Beatriz centra todas sus energías en recuperar a su hija, fruto de otra pareja, quien le fue arrebatada a sus 7 años tras sufrir abusos por parte de su padre. Se habían separado al poco tiempo de nacer la pequeña.

"Su vida corre peligro", dice ella. Los pasados meses de julio y septiembre de 2015, Beatriz interpuso sendas demandas ante un juzgado contra el equipo técnico del centro en el que está recluida su hija por amparar la violencia sexual que presuntamente habría sufrido. En la denuncia se señalan las fisuras anales que se habrían detectado en la niña. De ser ciertas estas sospechas, no parece que esté más segura ahí que con ella.

La fundación que gestiona este centro niega tajantemente los supuestos y pide a VICE News que se valore la condición de la madre, aunque lamenta no poder aportar datos por tratarse de una cuestión en la que median menores.

Pero lo cierto es que el caso de esta madre contiene el desencadenante estrella en este tipo de procesos de retirada de tutela: la pobreza. Y acaba de una forma muy común, también: con la niña a cargo de un centro de menores, la mayoría de ellos en manos privadas. En España la concertación de este servicio se da con las autonomías, responsables de gestionarlo a cargo de sus presupuestos, según fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad español consultadas por VICE News.

'Madres dan a luz en Marruecos y Portugal para evitar que esto suceda'.

Un dato relevante: existe una gran descompensación respecto a las asignaciones económicas a las diferentes modalidades de acogida. En Cataluña, por ejemplo, se destinan 1.275 euros anuales para la ayuda a las familias. Cuando es otro familiar el que se hace cargo del menor la cifra asciende a 2.600, 3.130 si se trata de una familia ajena a él. Pero para los centros de menores la remuneración se eleva a entre 30.000 y 40.000 euros por persona en el mismo lapso de tiempo.

En Andalucía la cifra oscila entre los 318 y los 828 euros al mes en función de la modalidad de acogimiento familiar y hasta los 3.660 euros al mes por niño institucionalizado, casi 44.000 al año, de acuerdo a los datos aportados por la Junta de Andalucía. Cerca del 40 por ciento de los menores andaluces se encuentran bajo este segundo régimen.

Para el Ministerio, "resulta evidente que el acogimiento familiar es mucho más económico que el residencial". La diferencia entre la primera opción y el centro es de 3,5 euros al día frente a 110. Surgen dudas razonables del por qué de esta descompensación. En España hay 35.000 niños tutelados por el Estado, de acuerdo a los últimos datos aportados por el gobierno.

Sobretodo cuando hay una amplia jurisprudencia que cuestiona la efectividad de la tutela administrativa, otra forma de referirse a la reclusión en un centro, habiendo posibilidad de custodia familiar, incluida una resolución de 2005 de la Audiencia Provincial de Sevilla en la que se establece que ha habido retiradas de tutela en las que no mediaba desamparo, sino "carencias de orden material y económico".

VICE News contactó a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta andaluza para obtener información sobre el tipo de criterios que priman en una retirada de custodia. Fuentes del organismo niegan que se retiren custodias por falta de recursos y señalan otros supuestos como la ausencia de escolarización, malos tratos físicos y psicológicos o abusos sexuales o introducción a la mendicidad, a la delincuencia y a la prostitución por parte de los padres.

Aunque José Maldonado, presidente de la Asociación Nacional del Menor Gitano, sostiene que la cuestión material sí que media en este tipo de decisiones. Maldonado asegura haber sido testigo de la retirada de siete recién nacidos el mismo día en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y tener constancia de "madres que dan a luz en Marruecos y Portugal para evitar que esto suceda".

Su asociación sostiene protestas semanales ante el Ayuntamiento de Jaén. Madres y familiares piden hacerse cargo de los menores bajo tutela de la administración. El presidente de esta asociación señala que el colectivo gitano es un de los que más sufren estas medidas, aunque insiste en que el componente económico es determinante.

Antonia Moreno exige ver a sus nietos en una de las protestas organizadas por el colectivo presidido por José Maldonado ante el Ayuntamiento de Jaén el pasado 8 de marzo. (Vídeo vía Asociación Nacional del Menor Gitano)

Lo cierto es que, un informe fechado en 2011 de la Fundación Márgenes y Vínculos remitido al Servicio de Protección de Menores para la evaluación psicológica de la hija de Beatriz ante la sospecha de que habría podido sufrir violencia sexual por parte de su padre en 2008, reconoce que la menor aporta una imagen idílica de la madre y llega a sugerir que ésta le acompañe en las exploraciones o declaraciones como persona de confianza.

"Tú nunca oirás a un técnico o a un político que te digan que por pobre te quitan a un niño, pero la realidad es esa. Y en algún informe se les cuela; 'causas de riesgo: no tener recursos económicos'", explica a VICE News Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del Menor (APRODEME).

Cárdenas asegura que impera la presunción de culpabilidad contra los familiares directos con la excusa de la prevención, y que en estos procesos no se valoran las llamadas familias extensas, como tíos o abuelos: "Todos los expertos del mundo dicen que un niño tiene que estar en una familia. Si no puede en la suya, en la familia más próxima. Pues tú miras los números y la prioridad es al revés".

Noruega arrebata la custodia de niños de manos de sus padres y desata el escándalo. Leer más aquí.

Demasiadas veces un centro de este tipo sólo contribuye a perpetuar la exclusión, de acuerdo a una fuente consultada por VICE News que trabaja en esta área en una localidad catalana y que prefiere mantener el anonimato.

Esta misma persona afirma haber trabajado en casos en los que los servicios sociales, una vez que abren un expediente, proceden a iniciar la retirada de tutela antes de que nazca el hijo del expedientado, aunque su fichero se haya cerrado.

Algo parecido podría haberle pasado a Adela, vecina de Nou Barris; el barrio con la renda familiar más baja de Barcelona. Tras su salida de un centro de menores al cumplir los 18 quedó embarazada: en 2003, en el hospital de Vall d'Hebrón, le quitaron a su primer hijo; a su hija mediana en 2004 y a su hija pequeña en 2006. En su caso, una familia se hizo cargo de ellos. No los tuvo ni un mes entre sus brazos, cuenta a VICE News.

Y no parece que la ausencia de violencias sea el motivo por el cual se escoge esta opción en detrimento de las familias. Un informe pericial de 2009 del Instituto de Psicología Forense de Granada daba veracidad al testigo de Alfonso, el hijo mediano de Beatriz, que relataba haber sufrido abusos sexuales por un chico mayor que él recluido en el Hogar Los Vergeles. Un supuesto que su hermano mayor corrobora al mismo organismo.

Su madre supo esto cuando sus dos hijos, Javi y Alfonso, escaparon del centro donde se cometió la agresión en 2008 y se lo contaron; no antes. La opacidad ha sido una constante en las reclusiones.

¿Por qué esta opción tiene tanta entidad, pues?

"Porque el nuestro es un sistema esencialmente intervencionista. Cuando hay un problema interviene, pero no trabaja en la prevención. Es el equivalente a una sanidad que sólo opera a corazón abierto", explica Francisco Cárdenas. "Y luego detrás hay una red montada que mueve millones de euros mediante concursos que vete a saber qué hay ahí detrás", añade. José Maldonado suscribe esta segunda hipótesis: "Esto es un negocio", asegura.

El presidente de APRODEME opina que los técnicos de los servicios sociales "ejercen de policías, técnicos y jueces", y sostiene que "se inician procesos que admiten denuncias anónimas, sospechas o indicios". Esto encajaría con la historia de Beatriz, que aporta una grabación a VICE News en la que su madre admite que una técnica le pidió que la denunciara.

Francisco Cárdenas cree que la mejor manera de corregir estas situaciones es dar poder a los jueces y quitárselo a los técnicos para dar más garantías a todo el proceso.

Sospechas como las manifestadas por Cárdenas surgen ante ejemplos como el de la Fundación O'Belén, que gestiona una docena de centros de este tipo. En su fundación participaron el arzobispo emérito de la ciudad de Zaragoza, Manuel Ureña, y excargos políticos y empresariales del sector energético, un ámbito de la economía en el que acaban muchos electos mediante las llamadas puertas giratorias.

Un informe de Amnistía Internacional (AI) publicado en 2010 señaló los abusos cometidos en centros gestionados por esta empresa privada.

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Reunión del grupo fundador de O'Belén: a la izquierda de la foto y delante, Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y diputado en el Congreso español por el Partido Popular (PP) entre 2008 y 2010. Detrás de él, Javier Herrero Sorriqueta, exconsejero delegado de Iberdrola. Con alzacuellos, Manuel Ureña Pastor, arzobispo emérito de Zaragoza. A la derecha y delante, Emilio Pinto Rodríguez, exconcejal del PP. Detrás de él, José Morales Paules, exdirector de Ibercaja.

Imagen por Elizabeth Albert vía Flickr

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