El gobierno de El Salvador deja claro que nadie negociará con las pandillas de nuevo

El gobierno de El Salvador ha mostrado su mano dura contra las bandas callejeras del país; y ha detenido a 18 personas que ayudaron a fomentar la paz entre las pandillas hace cuatro años.

Entre los detenidos figura Raúl Mijango, el ex jefe de las negociaciones que condujeron a la tregua de 2012 entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Hecho que motivó una breve descenso en la tasa de homicidios del país.

El resto de los detenidos son exfuncionarios, psicólogos, maestros y asesores legales que han participado en las negociaciones que condujeron a dicha tregua. Las autoridades aún pretenden detener a otras tres personas.

La oficina del fiscal general dijo que las detenciones, que tuvieron lugar el martes pasado, están asociadas con los cargos de asociación ilícita, portar artículos de contrabando en las prisiones, y falsificación de documentos.

El procurador general, Douglas Meléndez, dijo a los periodistas que la tregua en sí no era ilegal, aunque dijo que había ayudado a hacer a las bandas más fuertes. Los supuestos crímenes, dijo, estaban relacionados con beneficios ilegales obtenidos por los líderes de pandillas en la cárcel, al mismo tiempo en que se desarrollaban las negociaciones.

Las detenciones se producen mientras el gobierno del presidente Salvador Sánchez recibe críticas por la intensificación de la represión contra las bandas, y es acusado por abusos en materia de derechos humanos, debido a que la tasa de homicidios sigue incrementando en el país.

Apenas unos días antes de su detención, Mijango dijo a VICE News que la insistencia del gobierno en ganar la batalla contra las bandas criminales con métodos represivos, empujaba a El Salvador hacia una nueva guerra civil, 24 años después de que terminó la última, con los acuerdos de paz.

"Algunos de nosotros creemos que el país ya está en medio de una guerra, porque esto no es sólo un problema criminal, es un problema social", dijo el exguerrillero de izquierdas, destacando el hecho de que aproximadamente el 11 por ciento de la población está involucrada con las bandas en una forma u otra. "Se requiere una estrategia que vaya mucho más allá del castigo".

Mijango se refería a una serie de medidas legislativas anunciadas el mes pasado, en las que se clasifica las pandillas como organizaciones terroristas. Los cambios también prevén penas de 15 años para cualquier persona que se involucre en cualquier tipo de negociación con ellos.

El gobierno también ha lanzado recientemente a una nueva unidad militar especial para perseguir a miembros de las bandas en las zonas rurales. El Ombudsman nacional acusó a la policía nacional y al ejército de violar derechos humanos y de cometer ejecuciones extrajudiciales.

En ese sentido, El Salvador se ubicó el año pasado como la nación más violenta del mundo, con una tasa de 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hasta el 20 de abril de este año, la policía nacional había informado la muerte de 2.230 personas. Eso es un aumento del 158 por ciento respecto al mismo período en 2015.

De acuerdo con cifras de la policía, se han producido 130 tiroteos entre las fuerzas de seguridad y las bandas callejeras. En lo que va de año, 159 miembros de las pandillas fueron asesinados. Las mismas cifras muestran que sólo tres policías y dos soldados han muerto en los enfrentamientos.

El profesor Martín Íñiguez del departamento de estudios latinoamericanos en la Universidad Iberoamericana en México, dijo que debido al enfoque de "mano dura" del gobierno, es casi seguro que surgirá más violencia en los próximos meses.

"Si el gobierno tuviera dos minutos de inteligencia, apoyaría a las organizaciones civiles que están buscando un proceso de pacificación", dijo. "Eso no significa que no habrá violencia, pero no es lo mismo tener una violencia controlada a una descontrolada".

Los acontecimientos de esta semana hacen que parezca menos probable que el gobierno invierta en programas de prevención de la violencia. Ahora parece completamente fuera de la agenda la idea de reducir la violencia mediante el trabajo con miembros de las pandillas.

El diario oficialista Prensa Gráfica rechazó la tregua de 2012, y la señaló como un medio para proporcionar a líderes de las bandas más "margen de acción". La caída en la tasa de homicidios, sostenía el diario, era un espectáculo breve y superficial diseñado para mejorar la imagen del entonces gobierno.

El medio llegó a sugerir que la implicación "más importante" de la nueva ola de detenciones, y la investigación que la acompaña, es el mensaje de que no habrá más acuerdos con las bandas.

"Este es, sin duda, el primer paso en la escala de las investigaciones. Tales actos perniciosos como la búsqueda de entendimiento con los que van en contra de la ley, ya no será capaz de promoverse como iniciativa legítima bajo ningún pretexto".

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