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Europa

Las 6 claves de la reprimenda de Europa a España por los Centros de Internamiento para Extranjeros

El Comité Europeo para la prevención de la Tortura recrimina a España las condiciones de estos centros como el maltrato, las vejaciones y el hacinamiento de los internos.

por Beatriz Lucas
14 Abril 2015, 1:25pm

Hacinamiento, trato vejatorio, ambiente carcelario y abogados que no hablan su idioma. Estas son algunas de la críticas realizadas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), dependiente del Consejo de Europa que hizo públicas en un informe el 9 de abril.

El CPT visitó del 14 al 18 de julio de 2014 los centros de Madrid, de Barcelona, el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Melilla y la sala del Aeropuerto de Barajas.

Estos son cuatro de la decena de centros en los que se mantiene a los inmigrantes en situación irregular en España mientras se tramita su expulsión. En el caso de los CIE pueden pasar en ellos hasta 60 días y el Estado destina 9,27 millones de euros al año a estos centros por los que pasaron más de 5.000 internos el año pasado. Sin embargo, sólo la mitad fueron finalmente expulsados.

Aunque no son cárceles y en ellos sólo se debería restringir la libertad de movimiento, en la práctica se restringe, según el informe, también la libertad de comunicación, dependen del Ministerio de Interior y son vigilados por policías.

La Comisión contra la Tortura recrimina a España que apenas han mejorado las condiciones de estos centros desde la visita realizada en 2011 y le recomienda cambios sustanciales. Resumimos en 6 puntos esta reprimenda europea a España y la respuesta del Gobierno.

1. Malos tratos y vejaciones en los CIE

Agresiones físicas y verbales. Esta es la denuncia que muchos internos han hecho llegar a los representantes del Consejo de Europa. En el informe recogen varias denuncias de malos tratos físicos en el CIE de Barcelona, e insultos y vejaciones verbales en el CIE de Aluche.

La CPT recuerda a España que deben garantizar la integridad física de los detenidos y les recomienda que erradiquen los malos tratos y que formen a los agentes de los CIE para evitar agresiones.

También piden revisiones e informes médicos después de las devoluciones frustradas ya que algunos internos relatan palizas y golpes por parte de los agentes. La institución europea llega a recomendar que los policías no lleven la porra encima.

El Gobierno español asegura que son los Jueces de Control quienes "deben velar por el respeto a los derechos humanos de los internos" y que "se investigan todas las denuncias de agresiones".

También reconoce que el "primer curso especifico nacional para destinados en CIE se impartirá en abril de 2015", cuando los CIE existen desde 1985.

2. Abusos en Melilla

"La Guardia Civil debería evitar el uso excesivo de la fuerza cuando aprehenden a los migrantes irregulares en la frontera terrestre multi-valla con Marruecos", recomiendan de forma contundente.

Piden al Gobierno que investigue lo ocurrido el 15 de octubre de 2014, un incidente documentado con imágenes de vídeo donde la Guardia Civil dio "al menos ocho porrazos" a un inmigrante mientras bajaba la cerca, para esposarlo y enviarlo a Marruecos mientras permanecía inmóvil o inconsciente.

El Gobierno español en su respuesta justifica la intervención del 15 de octubre en Melilla ya que se trataba de "un asalto masivo con más de 300 inmigrantes tratando de entrar" con "palos, piedras, garfios y armas rudimentarias".

Señala que el chico devuelto intentó agredir a los agentes "pero no se ve en el vídeo" y que estaba simulando estar inconsciente, ya que "no fue tratado en ningún hospital marroquí".

El texto europeo también retrata el uso de "patadas, golpes con palos y ramas de madera por parte de miembros de las fuerzas marroquíes después de detener a los inmigrantes dentro del territorio español, algo a lo que no están autorizados".

Recuerdan que devolver por la fuerza a los inmigrantes desde el territorio español "está fuera del marco legal de la UE". Sin embargo, desde el Gobierno justifican en su respuesta la entrada de las fuerzas marroquíes en España "en circunstancias especiales para proteger el flujo de migrantes irregulares".

3. Atención sanitaria y salubridad

Existen pulgas en el CIE de Barcelona, hubo chinches en Valencia y sarna en Madrid. En esa línea, el informe pide que se "garanticen unos servicios sanitarios de calidad, revisiones e informes médicos completos a los internos al llegar y que se ofrezca atención psiquiátrica, ginecológica y un dentista".

Además, plantean que se supervise que la atención prestada por la empresa privada Clínica Madrid sea la adecuada y que se suministren intérpretes cuando sea necesario.

Centros de Internamiento para Extranjeros en España: insalubridad, enfermedad y maltrato. Leer más aquí.

Según la respuesta gubernamental, la asistencia actual es de un médico y un ATS "en un horario que abarca la mayor parte del día" y explican que se está trabajando para informatizar en un futuro las historias médicas de los pacientes. Además, no consideran necesaria la presencia de especialistas ya que se puede "trasladar a los internos a los hospitales de referencia".

4. Hacinamiento y ambiente carcelario

Un ambiente carcelario en el que se llama a los internos por su número, se cubren las ventanas, hay celdas de aislamiento sin registro y no se dispone de muebles en las celdas. Este es el retrato realizado por la institución europea: "Recomendamos al menos 4 metros cuadrados por interno en cada celda —actualmente apenas hay uno en el de Madrid, según los internos— que se pongan muebles en las habitaciones y que haya acceso a un inodoro en buen estado las 24 horas del día".

Además, se alerta de la masificación del CETI de Melilla, donde el número de internos triplica su capacidad.

Según el Gobierno, en el CIE de Aluche la orden es que se use el nombre de pila para llamar a los detenidos —aunque VICE News pudo comprobar que no es así— señala que hay una importante limitación espacial, no se facilitan muebles "por seguridad" y que las ventanas están tapadas para "evitar el exceso de calor".

Respecto a los CETI de Melilla y Ceuta asegura que se ha recibido una subvención europea de 5 millones de euros que se destinará a mejorar las instalaciones y a aumentar los traslados a la península.

El texto europeo propone también "actividades constructivas y talleres" para los internos, como recomienda el reglamento aprobado hace un año. Pero el Gobierno responde diciendo que se firmó un convenio de colaboración con Cruz Roja para la prestación de asistencia social y humanitaria a quienes subvencionan con 400.000 euros al año.

5. Incomunicación

Aunque el único derecho restringido debería ser el ambulatorio, también se limita el de comunicación: las visitas se reciben a través de un cristal en Madrid, con tiempo limitado y no se permiten teléfonos móviles a los internos y a las visitas.

El Consejo de Europa recomienda que cambie esta política de comunicación, se permitan visitas más largas y se supriman las barreras físicas. Como respuesta, el Gobierno remite al reglamento aprobado el año pasado, pero que según comprobó VICE News en una visita a un interno, no se cumple y sigue habiendo mamparas, se prohíben los móviles y se limita el tiempo de visita.

Europa pide también que se ofrezca asistencia letrada en el idioma del interno para que sus garantías jurídicas estén cubiertas. Según el Gobierno, la empresa Seprotec es la encargada de los intérpretes y traducciones disponibles cuando son necesarias.

Las organizaciones sociales que trabajan con los internos, como SOS Racismo y Pueblos Unidos, denuncian que en muchos casos los internos no pueden comunicarse ya que no existen intérpretes de su lengua.

6. Refugiados en el CIE

Otro de los aspectos de los que alertaron los europeos es la presencia de solicitantes de asilo en el CIE. "Los solicitantes de asilo sólo deberían ser retenidos como último recurso y durante el mínimo periodo posible", señalan.

También recomiendan que si no hay otro remedio se les mantenga en unas instalaciones separadas mientras se resuelve su caso. Desde el Gobierno señalan que "se ajustan a la ley" y que el máximo de tiempo que puede estar internado un solicitante de asilo es de 8 días.  

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Sigue a Beatriz Lucas en Twitter: @beitalucas

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