Las prostitutas trans también están en contra de que multen a sus clientes

Hablé con Daniela Maldonado, Directora de la Red Comunitaria Trans, una organización fundada hace cinco años por mujeres trans en contextos de trabajo sexual, sobre el proyecto de ley de Clara Rojas, que busca "establecer sanciones económicas a las personas que pagan por sexo". Estos fueron los argumentos principales que pude extraer de la conversación.

De acuerdo al Informe sobre Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mayoría de mujeres trans ejercen el trabajo sexual: "De acuerdo a la información recibida por la CIDH, el 90% de las mujeres trans en Latinoamérica y el Caribe ejercen trabajo sexual como medio de supervivencia". Cualquier medida que tenga un impacto sobre el trabajo sexual, tiene un efecto sobre la vida de las mujeres trans. Sin embargo, las mujeres trans nunca parecen estar en el centro de los debates sobre la regulación de trabajo sexual.

Daniela me cuenta que el negocio está difícil, que la gente no tiene mucha plata y que eso ha hecho que los precios en la calle se hayan reducido y que haya más competencia. Me explica que para ellas, como para cualquier negocio, el cliente es la fuente principal de sus ingresos. Las medidas que buscan atacar a los clientes por consumir sus servicios afectan el negocio directamente y termina reduciendo la plata que se ganan. El trabajo sexual para muchas mujeres trans es su única fuente de ingresos. Esto quiere decir que castigar los clientes por consumir sus servicios implicaría cortar la única fuente de ingresos de muchas trabajadoras sexuales, dentro de las cuales muchas ya viven en la pobreza. De ser aprobado, el proyecto de ley empobrecería a las trabajadoras sexuales.

La policía, desde antes de que entrara en vigencia del nuevo Código de Policía, ha jugado con la desinformación para hostigar a las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, a las que se paran en la calle les dice que tienen que estar más tapaditas. Desde antes de que la iniciativa saliera en medios de comunicación, los policías suelen hostigar a sus clientes como una forma de acosarlas a ellas. Me dice que cuando los policías se la quieren montar a alguna trabajadora sexual, empiezan a pedirle papeles a los clientes que llegan en carros, a hacerles preguntas, se refieren a ellos como "maricones" y hacen chistes para que se sientan incómodos y desistan de consumir el servicio. Muchas veces lo que buscan es que les den plata para que los dejen de molestar y esta medida le daría herramientas a la policía para amedrentar a los clientes, esta vez con justificación legal.

De acuerdo al Informe "Ley Entre Comillas" del 2016 de PARCES ONG: "El 74 % de las personas encuestadas en el informe recibieron violencia verbal por parte de la Policía". La organización Colombia Diversa también reportó en su informe "Entre el miedo y la resistencia" que "de los 77 casos de violencia policial, 8 afectaron a personas trabajadoras sexuales de manera individual y 19 fueron hechos dirigidos a grupos de personas dedicadas a este oficio". Asimismo, dio cuenta de que las mujeres trans, dentro de las personas LGBT son las más afectadas por la violencia policial: "Al igual que en años anteriores, las mujeres trans siguen siendo las más violentadas por parte de la Policía Nacional: 41 de los hechos conocidos fueron hacia ellas, incluyendo una ejecución extrajudicial".

La institución que más violenta a las trabajadoras sexuales y a las mujeres trans tendría aún más poder con esta iniciativa, porque en últimas es la policía la que vigila y castiga. Es decir, no le daría poder a las trabajadoras sexuales, ni le quitaría poder a los clientes: le daría más poder a la policía en un contexto en donde la violencia policial es pan de cada día.

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La Red Comunitaria Trans tiene la percepción de que la simple noticia en medios de comunicación ha dado pie para que la policía se sienta más envalentonada para joderles la vida y para molestar a los clientes. Y es que la medida parece estar dirigida para las trabajadoras sexuales más vulnerables: las que ejercen el trabajo sexual en calle o en los lugares permitidos por los Planes de Ordenamiento Territorial. Dado que el trabajo sexual ha cambiado mucho y ahora las páginas de internet, las webcams y las redes sociales permiten que las primeras interacciones se realicen de formas virtuales, los clientes más vulnerables al hostigamiento serían aquellos a los que la policía puede vigilar más fácil. En otras palabras, los clientes que no realizan los primeros acercamientos de forma virtual son los más fáciles de pillar y en ese sentido, el negocio de las trabajadoras sexuales más pobres —las que no cuentan con plataformas virtuales para negociar sus términos de contratación— es el que más se vería afectado.

Las trabajadoras sexuales que más se verían afectadas por la medida, es decir aquellas que ejercen el trabajo sexual en las zonas permitidas para hacerlo por los planes de ordenamiento territorial de las diferentes ciudades, tendrían que empezar a buscar lugares alternativos para hacer su trabajo. Si yo soy un cliente y quiero contratar un servicio sexual que está prohibido, no iría a las zonas en donde se sabe que las trabajadoras sexuales buscan sus clientes —o a donde los clientes van a buscar a las trabajadoras sexuales— porque eso sería meterse a la boca del lobo. Ahí lo pillan a uno más fácil, le ponen la multa y lo boletean.

Eso implicaría que ahora el cliente tendría una excusa para irse a lugares apartados que la trabajadora sexual no conoce de antemano. Como me cuenta Daniela, si bien es cierto que por la falta de reconocimiento de derechos hacia las trabajadoras sexuales, hacer el trabajo aún no resulta seguro, ejercer el trabajo sexual en lugares donde hay más trabajadoras sexuales y donde conocen gente les garantiza cierto nivel de seguridad. En los lugares donde es común el ejercicio de este trabajo se forman pequeñas comunidades en donde las amigas saben a qué carro se subió su compañera; y los vigilantes y recepcionistas de las residencias saben con quién y a qué horas entraron a prestar sus servicios.

Pero esta iniciativa le resta poder de decisión a las trabajadoras sexuales durante el proceso de negociación de los términos de su contrato, generando que la relación de poder entre el cliente y la trabajadora sexual se desnivele aún más para darle más poder al cliente.

El proyecto de ley asume que consumir servicios sexuales está mal y en eso se justifica el castigo para el cliente. Sin embargo, no es cierto que consumir servicios sexuales sea equiparable a un acto violento: hay clientes malos y hay clientes buenos. Es decir, lo que hace peligroso o violento el trabajo sexual no es la prestación de servicios sexuales, más bien hay contextos que facilitan o que desincentivan la violencia de parte de los clientes hacia las trabajadoras sexuales. En el informe de PARCES ONG se identifica que "la violencia se justifica con base en el estigma que existe" hacia las trabajadoras sexuales. En este sentido, el estigma que existe en contra del trabajo sexual juega un papel importante en las motivaciones de la violencia contra esta población.

La medida logra exactamente lo contrario: estigmatiza el trabajo sexual porque lo descalifica y lo plantea como algo deshonroso y malo. Tan malo es que hay que castigar al que lo consuma. Además, la estigmatización del trabajo sexual iría en contra de las recomendaciones de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en el informe mencionado anteriormente: "Revisar los marcos legislativos existentes que criminalizan y estigmatizan a las trabajadoras y trabajadores sexuales."

Independiente de las intenciones protectoras —o populistas— de Clara Rojas, lo que se debe mirar es el impacto de las medidas porque, como dice el refrán, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones.