Se llamaba Mateo y lo mataron por ser líder transgénereo
Foto por: colectivo artístico Tomamos la Palabra. 
Identidad

Estamos desapareciendo, nos están exterminando: en Colombia ser personas trans nos está costando la vida

Sería una mentira si les decimos que no sentimos miedo. Ser una persona trans en este país es una sentencia de muerte. Nos siguen matando.
10 Julio 2020, 6:57pm

Los más de veinte transfeminicidios que se han presentado en 2020 son la radiografía más desafortunada de la realidad de las personas trans en Colombia. Vivimos un día a día colmado de negligencia, discriminación y violencia institucional, donde son evidentes la indolencia de la sociedad y las incontables barreras que enfrentamos para ejercer nuestros derechos. De ese total de asesinatos, cinco de ellos ocurrieron después del 28 de junio, día internacional del Orgullo LGBTIQ+.

La violencia y abandono estatal sigue cobrando vidas trans en las calles. Para nadie es un secreto que nos encontramos en un momento de retroceso respecto a los derechos alcanzados para las personas trans. Por un lado tenemos la llegada de un gobierno autoritario de derecha abiertamente anti-LGBTI. Por el otro, hemos sido víctimas de un proceso histórico y sistemático de discriminación hacia aquellas personas disidentes del hetero-cis-patriarcado. Un proceso de persecución contra aquellxs que nos atrevemos a ser dueñxs de nuestros cuerpos, de nuestro sexo, de nuestro culo... dueñxs de nuestra vida y de nuestra libertad.

En Medellín, por poner un ejemplo, han sido asesinadas cuatro mujeres trans en lo corrido de 2020: Alexandra Ramos Rivas el 22 de enero, Paquita Franco el 17 de febrero, Eilyn Catalina Velázquez Sánchez el 28 de junio y Shantall Escalona el 6 de julio. Un aumento de cuatro homicidios en 2020 en relación con el mismo periodo del 2019. A esto se le suma el desplazamiento forzado por parte de actores ilegales de tres líderes sociales de los sectores LGBTIQ+ en esta ciudad.

Todo esto de absoluto conocimiento de las autoridades locales a quienes las organizaciones sociales hemos exigido una Casa Refugio exclusiva para la población LGBTIQ+, sin que hasta el momento se haya materializado esta petición.

El ejercicio de la violencia es sistemático, a pesar de que la información que circula en redes sociales y medios de comunicación dieran la sensación de que son hechos aislados. En escenarios como el Parque Bolívar —comuna 10 La Candelaria—, las mujeres transgénero que ejercen el trabajo sexual como único modo de subsistencia son constantemente hostigadas por agentes de la policía. Una compañera ha recibido nueve comparendos a la fecha y algunas golpizas, esto a pesar de encontrarse en condición de habitabilidad de calle, siendo sujeto de especial protección constitucional.

Las medidas tomadas en el marco de la Emergencia Sanitaria se han tornado arbitrarias contra nosotrxs, como hemos podido corroborar en campo. Muchas veces, otros ciudadanos que incumplen las medidas de bioseguridad (como llevar el tapabocas debajo de la nariz) no reciben el mismo trato humillante ni son amonestados e incluso violentados físicamente por encontrarse en el espacio público. En otras zonas del Área Metropolitana, como el municipio de Caldas, varias mujeres transgénero han enfrentado hostigamiento por miembros de la fuerza pública. ¿Ante quién denunciar cuando el agresor es el mismo encargado de la seguridad?

La militarización de la vida en los territorios ha profundizado la violencia en contra de las personas trans. De nuevo nos encontramos ante el retorno del modelo de la “seguridad democrática” —más bien autoritaria—, que le otorga a hombres en armas el poder de “corregir” y “castigar” las existencias que no responden a la heterosexualidad obligatoria, imponiendo un solo modelo social excluyente, misógino y transfóbico.

Un modelo que se reafirma en la manera en que los medios de comunicación presentan su información; anteceden el “alias” a nuestros nombres, acudiendo así a un discurso criminal. En el caso de Eilyn Catalina, su muerte fue presentada por el medio local Minuto 30 como la de un hombre perteneciente a la población LGBTI, a pesar de que las autoridades reconocieron su identidad de género al catalogarla como mujer transgénero.

Días después, cuando se informó sobre el asesinato de Mateo López Mejía —quien ya había denunciado acosos y hostigamientos— en Circasia, Quindío, portales como La Crónica del Quindío, RCN Radio, Caracol Radio, Semana, La FM y El Quindiano borraron su identidad de género. La revista Semana, incluso, se refirió a Mateo como líder “transgénico” e hizo público el nombre del documento de identidad en una clara mofa de la dignidad humana de Mateo.

Las personas trans morimos dos veces: primero cuando nos matan, cuando nos apuñalan, cuando nos ponen encima el pie del Estado negligente. Segundo, cuando la Fiscalía y los medios de comunicación registran nuestras muertes sin legitimar nuestras construcciones de género. Toda la vida en ese proceso para que cuando llega el día de nuestra muerte salgamos mediáticamente como un alias, como un hombre vestido de mujer o como un hombre con peluca; eso es muy doloroso.

Y aquí cabe aclarar que utilizamos la categoría transfeminicidios para resaltar los asesinatos de todas aquellas existencias que han sido feminizadas bajo la lógica patriarcal: mujeres transgénero, personas transmasculinas y no binarias. Para resaltar que en el censo poblacional que adelantó el DANE y los protocolos de la Fiscalía General de la Nación carecen de un reconocimiento de las personas trans, por lo que las cifras recogidas por las organizaciones sociales continúan siendo un subregistro y un número distante de la realidad del país profundo y no centralista.

La situación por fuera del centro del país no mejora. Las organizaciones del Caribe han reportado en lo corrido de 2020 un total de doce muertes violentas de la población sexo disidente: cuatro de ellas eran mujeres trans y tres fueron víctimas de violencia policial.

Ser una persona trans en Colombia es una sentencia de muerte, y eso se potencia si se está en los territorios por fuera del centro, pues allá la institucionalidad difícilmente llega para hacer veeduría de lo que está pasando. O si llega, su presencia es exclusivamente militar. En los pueblos, construirse fuera de la norma tiene más contrapesos. Si en la capital del país hay violencias muy fuertes, donde se supone que la discusión y las peleas por nuestros derechos son de alguna forma más directa, ahora trasladar ese panorama a lo rural pinta muchas más complejidades.

Cuando se trata de investigar los entes encargados dilatan a tal punto las investigaciones, que terminan archivadas y olvidadas. Es el caso de Paula Torres, una persona no binaria asesinada en 2015 en una UPJ en Bogotá en circunstancias que aún no han sido esclarecidas y cuya investigación pasó a manos de la Justicia Penal Militar con una alta probabilidad de que su muerte quede impune.

Otras muertes se presentan por un acumulado de discriminaciones estatales, como es el caso de las personas trans que no reciben tratamiento oportuno por parte de los organismos de salud. Esto, a pesar de que desde hace dos años se establecieron los lineamientos de atención en salud para la población trans en Colombia, los cuales no han sido aplicados por falta de un plan de acción de la política pública nacional LGBTI por parte del Ministerio del Interior. El Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos, encargado de responder por la política pública, es el pastor de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional Carlos Alberto Baena López y un claro detractor del avance en nuestros derechos.

En Bogotá, perdimos a nuestra compañera Alejandra Monocuco luego de que paramédicos le negaran la atención en salud en una muestra clara de serofobia y transfobia. En Medellín, un caso similar de falta de atención médica terminó con la vida de Viviana Molina, de 45 años, en la noche del 6 de julio de 2020, tan solo horas después de que al oriente de la ciudad fuera perseguida y asesinada por hombres armados Shantall, mujer trans migrante, en el barrio Enciso de la comuna 8.

Ante este panorama, acogemos el llamado de Emergencia Nacional por los feminicidios y transfeminicidios realizado por los movimientos de mujeres y feministas. Así mismo, nos declaramos en rebeldía permanente hasta que el Estado no se haga responsable de las violencias en nuestra contra, establezca acciones reales y diferenciales para la protección de nuestras existencias y ejecute la política pública LGBTI a nivel nacional.

Que este dolor tan inmenso que sentimos por el asesinato de cada persona trans se convierta en rabia creativa. Que nadie, nunca, nos apague las ganas de luchar, las ganas de vivir, las ganas de combatir para hacer del mundo un lugar posible para las personas trans.

@redcomunitariat

@RedPopularTrans