Uribe nos quiere poner a meter drogas a todos, pero…

De Uribe y el Centro Democrático se puede decir casi cualquier cosa excepto que son bobos o malos estrategas políticos o económicos. Eso lo acaban de demostrar con el proyecto de Ley que entregó al Congreso el representante de ese partido por Bogotá, Samuel Hoyos, y que viene con la bendición del expresidente Uribe. Sin irme muy lejos, el proyecto dice que pretende dar un enfoque de salud pública a la problemática de drogas en Colombia a través del control del porte y consumo de dosis mínima.

Desde una perspectiva ética, creo que en Colombia debe impulsarse el acceso libre, legal y regulado de las sustancias psicoactivas que en este momento son ilegales. La propuesta de Uribe puede ser, por ejemplo, un disimulado gesto de paz entre la derecha de él y la izquierda petrista, pues retoma una propuesta que el exalcalde dejó caer al polarizarla: la posibilidad de usar el cannabis medicinal como alternativa al tratar el consumo de basuco y otras adicciones.

En el proyecto hay un llamado interesante a ponerle el ojo encima a las personas que usan drogas por vía inyectada. Pero hasta ahí. Creo que estos intentos de regular el consumo de drogas, impulsados por intereses políticos o económicos, muestran unas argumentaciones débiles y contradicciones evidentes que cualquier cristiano puede notar.

Los consumidores son delincuentes y hay que darles drogas para que no roben o maten

En cuanto a la argumentación de la propuesta, desde el principio se presenta una inconsistencia: el enfoque de salud pública se menciona en el encabezado, pero pronto, por el tercer y cuarto párrafo de la primera página de presentación del proyecto, queda claro que lo que se busca en últimas es reducir la criminalidad asociada al consumo de drogas. Lo importante no es cuidar la salud de las personas sino establecer una relación entre el crimen y el consumo. Esta propuesta deja la impresión de que todos los consumidores son delincuentes, cosa que no es cierta.

Esta es la idea que tiene más fuerza en el conjunto del documento. De una manera cauta y temerosa se asocia el consumo de drogas con el delito, citando fuentes de literatura canadiense y gringa que lejos están de parecerse a nuestra realidad. La pregunta que se hacen es la siguiente: ¿cuál es el porcentaje delincuentes que consumen drogas? El Ministerio de Justicia, en un estudio fechado en 2009, asegura que la mayoría de los jóvenes infractores de la ley penal son consumidores. Pero la pregunta está errada, debe ser al revés: ¿cuántos consumidores son delincuentes?

Aparte de delincuentes, todos los consumidores son enfermos

La propuesta no diferencia entre el consumo recreativo y el problemático: asume de un plumazo que todos son enfermos, cuando el 90% de los consumidores que hay a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, no tiene problemas graves. Hay una larga diferencia, por ejemplo, entre consumir para sentir placer y consumir para no sentir dolor. Al no abordar estas definiciones, ni tampoco la escala de tipos de consumo ampliamente usada en Colombia por el Ministerio de Salud, no puede desarrollarse una buena política pública. Un recorderis: hay consumidores experimentales, recreativos, habituales, dependientes, problemáticos. Para cada uno es distinto el asunto.

Como bien lo plantea la definición que se cita de salud pública en la argumentación del proyecto de ley, se trata de una serie de acciones integrales para prevenir y tratar la enfermedad, pero la propuesta solo habla de dar sustancias psicoactivas. En ningún lado se ven acciones de acompañamiento psicosocial, tratamientos tradicionales o alternativos para la superación del consumo, emprendimientos comerciales, acceso a educación, sensibilización comunitaria, apoyo a las familias. ¿Es solo dar drogas? ¿Y ya?

El Bronx no es el Bronx

Es de lamentar que la argumentación y la mayoría de las fuentes sean extranjeras y tan poco comparables con Colombia. Las definiciones de "síndrome del efecto de las sustancias" y su "síndrome de abstinencia" son realmente flojas y copiadas al pie de la letra: nunca se habla, por ejemplo, de basuco. El documento desconoce y no cita las múltiples publicaciones del Centro de Estudios del Ministerio Público, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad, los muchos que han emitido las universidades, ONG y centros de investigación.

Por ejemplo, la Corporación ATS, que desde el año 2012 viene desarrollando estudios y debates sobre el uso de cannabis como alternativa para el tratamiento del basuco y otras adicciones, trajeron cuatro de las seis experiencias exitosas mundiales sobre este tema. La corporación logró reunir, en la semana psicoactiva, al Ministerios de Salud y al de Justicia con funcionarios de la Secretaría de Salud y representantes del Congreso para construir un protocolo que tiene modulo A y B finalizado, documentos bien avanzados que están disponibles aquí.

El texto nunca presenta casos en el mundo donde esto suceda de manera masiva, experimental, investigativa o terapéutica. No menciona a Canadá y los dispensarios de cannabis, tampoco los programas de entrega de heroína en Alemania, Suiza o Canadá, ni de programas de cocaína terapéutica en Suiza o la experiencia de uso de éxtasis para estrés postraumático o LSD para terapias de traumas severos. Entre muchas más que hay en el mundo.

En conclusión, que no se note tanto la verdadera intención

Por qué mejor no vamos paso a paso y garantizamos, primero, programas de reducción de daños como, por ejemplo, los servicios de análisis de sustancias en fiestas; el uso del cannabis como terapia alternativa; la reducción de daños en menores de edad; la parafernalia de menor riesgo para el consumo de basuco; las estrategias integrales de intervención, etcétera.

En conclusión, antes de que el proyecto avance, podríamos pensar en los siguientes debates que deben darse. El primero: buscar la nulidad del parágrafo 2 del artículo 1 del decreto que regula el cannabis medicinal desde diciembre y prohíbe el uso del cannabis con fines terapéuticos para adiciones (un parágrafo ingenuamente político que buscaba bloquear la propuesta de Petro). Y segundo, cómo va a cambiar el Código Penal que prohíbe el uso de inmuebles para el consumo de drogas. Y por último, y la más importante, cuáles son sus argumentos para abrir el debate de la regulación de la producción, venta y consumo legal de cocaína en Colombia.