Desde la FIL, periodistas y activistas critican la Ley de Seguridad Interior

Una sala abarrotada espera la llegada de Carmen Aristegui. Entre el público se encuentran reconocidos activistas, periodistas y el líder de las autodefensas de Michoacán, José Mireles. Afuera de la sala, cientos de personas miran una pantalla que transmitirá en vivo la mesa de discusión sobre los mecanismos de espionaje que ha utilizado el gobierno mexicano para investigar a sus ciudadanos. En el escenario aguardan el periodista Salvador Camarena, así como Mario Patrón, director del Centro PRODH, y Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D); todos involucrados con el más reciente episodio de espionaje protagonizado por el gobierno.

Aunque esta mesa de discusión fue planeada con semanas de anticipación para la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, la fecha no pudo ser más oportuna: apenas un día antes se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior que, entre otras cosas, amplia las facultades del ejército en temas de seguridad, permite que lleven a cabo labores de inteligencia y espionaje, y hermetiza sus procesos clasificando como confidencial sus operaciones por motivos de "seguridad nacional".

El tema central del foro “#MéxicoEspía: la inteligencia del Estado al servicio del espionaje” era la manera en que el gobierno investiga a sus ciudadanos a partir del caso Pegasus —en el que se descubrió que el gobierno mexicano gastó millones de pesos en equipo de espionaje que después utilizó para investigar a periodistas y activistas en defensa de los derechos humanos—; sin embargo, la conversación giró recurrentemente en torno a la recién aprobada ley, sus riesgos, y la necesidad de involucrar a la sociedad civil para tomar un papel activo en decisiones que afectan directamente a todos los ciudadanos.

A pesar de que cada uno de los ponentes narró su experiencia personal con el caso del software Pegasus, todos hicieron énfasis en el peligro para la democracia y la ciudadanía que significa que un gobierno espíe a sus ciudadanos, a los periodistas y a los activistas. "Quieren que los ciudadanos no confíen en la prensa. Quieren que la sociedad piense que somos peligrosos o que los ponemos en riesgo. El gobierno busca aislar a los periodistas de las fuentes que les permiten hacer su trabajo”, señaló el periodista Salvador Camarena.

Mario Patrón hizo énfasis en los peligros que la recién aprobada ley puede significar para los derechos humanos: “Esta ley genera incentivos perversos al apostar por las fuerzas armadas y no por instituciones civiles de seguridad", afirmó. Por su parte, Luis Fernando García narró la manera en que se descubrió la operación del gobierno mexicano para espiar a más de veinte ciudadanos, entre ellos periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, investigadores del GIEI (encargados de la investigación sobre Ayotzinapa) e incluso legisladores y el hijo de la periodista Carmen Aristegui.

Finalmente, después de narrar su experiencia propia al enfrentarse con demandas judiciales, intimidación y espionaje por parte del Estado mexicano, la periodista Carmen Aristegui afirmó que la Ley de Seguridad Interior es "una de las cosas más importantes y graves de las últimas décadas, o más", y cerró el foro con un llamado para que la sociedad civil ejerza sus derechos y obligaciones para hacer frente a un aparato estatal que busca perpetuarse:

"México necesita de sus ciudadanos. Una democracia solo se construye si nos hacemos cargo y nos tomamos en serio. Somos los responsables principales de lo que nos ocurre y no nos ocurre", concluyó la periodista. "Así que pongamos imaginación, creatividad, organización, inteligencia colectiva y todo lo que hace falta para que México salga de donde está donde está y sea como debe ser y puede ser: un país mejor".