Debaten expertos sobre las propuestas de Ricardo Anaya

Estamos en plena temporada de campañas y las propuestas de los candidatos a la Presidencia están hasta en la sopa. Elegimos las más importantes de cada uno y las sometimos al escrutinio de los expertos para saber qué tan realizables son en realidad. Es decir, qué tanto saben de lo que hablan, y si es posible cumplir lo que prometen.

En esta ocasión nos centraremos en tres de las principales propuestas de Ricardo Anaya, contendiente de la coalición Por México al Frente —integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)—.

A continuación, lo que distintos expertos tienen que decir respecto:

En caso de ganar, Anaya se comprometió a dar una cantidad de dinero mensualmente a cada ciudadano mexicano, con el objetivo de acabar con la pobreza. Este monto ascendería a cerca de 1.500 pesos (aproximadamente 75 dólares) por entrega.

En un video publicado en noviembre del año pasado en la redes sociales del candidato, él asegura que se trata de "la propuesta más importante del Frente" y que dicha medida sería de especial beneficio para los jóvenes.

La última vez que el candidato habló de esta propuesta en público fue el pasado 30 de mayo, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde dijo:

Gerardo Esquivel (Economista, profesor-investigador del Colegio de México, experto en desigualdad. Asesor económico de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.)

Veo inviable esta propuesta, principalmente porque resultaría muy onerosa para la nueva administración. Sólo sería posible en caso de que Anaya se comprometiera a realizar a la par una reforma fiscal. Pero eso no está entre sus planes.

En el Instituto Belisario Domínguez se publicó un estudio en el que se revela que el costo de una propuesta de Ingreso Básico Universal, en caso de llevarse a cabo tal y como inicialmente la esbozó el candidato, es de cerca de 8 puntos porcentuales del PIB.

Ese monto de recursos es algo que para la condición económica de México no es sostenible. Y el cálculo fue realizado por John Scott, un renombrado economista al que, por cierto, Anaya cita con frecuencia.

Por tanto, de instaurarse de la forma en que lo plantea el candidato (y sin reforma fiscal de por medio) terminaríamos incurriendo en un déficit público, lo cual conllevaría a que contrajéramos más deuda.

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Ricardo Fuentes-Nieva (Economista, coautor de informes para el Banco Mundial y el PNUD, especialista en desigualdad y desarrollo. Director Ejecutivo de Oxfam México.)

Es una buena propuesta siempre y cuando se implemente de una forma muy específica, con un enfoque de derechos. Podría romper el poder de negociación entre la autoridad y el ciudadano.

De implementarse, las personas dejarían de depender de los programas asistencialistas. Con ello cambiaría la relación de poder, lo cuál también ayudaría a que las autoridades dejen de utilizar la pobreza, la marginación y la desesperación de la gente como una moneda de cambio para sus intereses políticos.

Esta propuesta de Anaya es una política muy ambiciosa, que se ha tratado y discutido mucho en países como Suiza, Finlandia, Estados Unidos, Kenia, Irán y la India. No obstante, antes de aventurarnos a prever si es o no funcional, tendríamos que probarla y verificar que funcione y sea sostenible.

En Oxfam creemos que México no está en el mejor momento para implementar una estrategia como la del Ingreso Básico Universal. Pero lo que sí podría hacerse es probar en comunidades bien delimitadas durante periodos de tres años, y ver cómo marcha. Creo que sí hay condiciones políticas para impulsar un piloto de la propuesta que, además, sería bien aceptada porque la gente está buscando cosas nuevas a raíz de la desconfianza que tiene en las instituciones.

Fernando Vera (Profesor de Economía del Tec de Monterrey Campus Puebla.)

Creo que esta propuesta es poco viable y que no está bien estructurada. Estamos en medio de un proceso electoral en el que todos los candidatos intentan ganarse a la gente, diciéndole lo que quiere escuchar.

Es muy fácil decir que vas a poder contar cada mes con ese dinero solo por ser mexicano. Pero la verdad es que ello implicaría inyectar una gran cantidad de recursos económicos por parte del Estado. Está comprobado que si le damos un peso a una persona pobre, el gobierno gasta cuatro hasta hacérselos llegar. Anaya no toma en cuenta que la burocracia también cuesta. Y cuesta mucho.

Además, hay que tomar en cuenta que eso que propone ya se ha planteado antes, y que incluso ya se está realizando. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) tiene desarrollados programas para la gente en condición de pobreza, con resultados concretos.

Ricardo Anaya asegura que va a erradicar la pobreza, pero yo no creo que eso pase con el Ingreso Básico Universal. La pobreza, incluyendo la considerada como extrema, es un fenómeno bastante complicado que no va a combatirse con una entrega de dinero a final de mes, sino con la creación de empleos.

El candidato frentista dijo que pretende instaurar un modelo de carrera policial en los tres órdenes de gobierno, lo cual implica profesionalizar y certificar a todos los miembros de esta institución de seguridad del país.

Hasta el momento, la única policía mexicana para la que existe una carrera universitaria aprobada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la Federal. Sus miembros son los únicos que pueden acceder a la Licenciatura en Ciencias Policiales, que tiene una duración de dos años y medio.

En la página oficial de Ricardo Anaya, la propuesta también menciona que se duplicaría el tamaño de la Policía Federal, y que el Ejecutivo seguiría apoyándose en el Ejército y la Marina, hasta contar con Policías confiables, bien pagadas, profesionales y que realmente estén del lado de la gente.

Juan Carlos Montero (Profesor de cátedra de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey Campus Monterrey.)

Claro que creo que es una propuesta viable, pero lo digo porque ya está en curso. El Sistema Nacional de Seguridad Pública la tiene contemplada como propuesta actual y, de hecho, es un proyecto que se ha empujado desde el mandato del expresidente Felipe Calderón. Sólo que desde entonces no ha ocurrido por falta de recursos de los gobiernos de los estados y de los municipios.

En resumen: no es innovadora.

Considero que entre las mayores dificultades a las que se enfrenta es que los gobiernos estatales, antes de implementarla, necesitan la aprobación de la SEP. Y eso es algo engorroso y tardado.

En los municipios ha habido un bajo nivel de reclutamiento de policías. Y si se toma en cuenta que la inseguridad y la violencia del país están al tope, ello amerita (al menos para las autoridades) ponerlos de inmediato en funciones. No tanto invertir tiempo y dinero en capacitarlos.

Lo que los altos mandos deberían hacer es encargarse de que la SEP les dé visto bueno de inmediato, que los reclutamientos sean más efectivos y que todos los nuevos policías cumplan estrictamente con los dos años y medio de capacitación, antes de salir a las calles.

María Amparo Casar (Presidenta Ejecutiva de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.)

Es una promesa que se puede cumplir, sin duda. Desde 2014, en la Constitución existe la posibilidad de que este gobierno de coalición se realice. Sin embargo, lo que lo ha obstaculizado es que los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo.

Yo creo que la propuesta de Anaya no sobra, pero tampoco agrega. En sistemas parlamentarios de gobierno, este tipo de administración es obligatoria. Pero en un sistema presidencial, como el mexicano, no. En realidad, aunque se lograra instaurar, cualquiera podría deshacerlo, una vez estando en el poder.

Este supuesto gobierno de coalición dependería mucho de la voluntad política de quien quede a la cabeza del país. Sin embargo, no creo que tuviera grandes consecuencias en el caso de México. Las coaliciones sí existen actualmente. Lo que pasa es que se hacen siguiendo la pista de intereses particulares, que nada tienen que ver con la naturaleza de un gobierno como el que plantea Anaya.

Es una buena propuesta: porque sí es viable y porque no tiene implicaciones económicas. El candidato del Frentes es el único que la ha planteado. Y, aunque la medida tiene restricciones, resulta interesante.

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Ricardo Anaya refiere con frecuencia que se trata de otra de sus propuestas más importantes. Y que no es más que un nuevo sistema político de contrapesos, en el que el gabinete tendrá que ser ratificado por el Congreso de la Unión y donde el titular de la Secretaría de Gobernación sería el jefe del gabinete, quien a su vez será designado por fuerzas políticas distintas al presidente.

En sus actos de campaña a lo largo de la república, Anaya ha dicho que lo que buscaría con esta estrategia es que las decisiones que se tomen reúnan posturas políticas que, en otras circunstancias, hubiera resultado imposible siquiera acercar.

José Antonio Crespo (Historiador, analista político mexicano y profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.)

A estas alturas, creo que es difícil que Anaya gane. Sin embargo, considero que la idea del gobierno de coalición podría lograrse de alguna forma. Para nada sería descabellado que el nuevo presidente en turno convocara a este ejercicio de contrapesos, a cambio de darle algunas carteras importantes a los otros partidos políticos.

No obstante, la propuesta que ha hecho el Frente va mas allá de solo un gobierno de coalición, y sugiere el cambio por un sistema semi parlamentario. Y de eso sí tengo duda que pudiera realizarse.

No sé si una estructura así nos podría funcionar bien. Se trata de un híbrido de gobierno que tiene problemas porque a veces genera primeros ministros de una mayoría adscrita a la oposición, con un presidente de un partido distinto. Esto en otros casos ha generado poderes duales que son peligrosos. Más, tratándose de un país como México.

Que esta propuesta de Ricardo Anaya se concrete no depende de él, sino más bien de que en la Cámara de Diputados se lograra una mayoría calificada (el voto de 320 diputados; es decir, las dos terceras partes del total) para poder cambiar la Constitución.

Eduardo González (Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales del Tec de Monterrey, campus Guadalajara.)

No creo que sea viable, porque el encono entre los partidos políticos es una verdad histórica a la que difícilmente se le puede dar vuelta atrás. Y esto podría ser el mayor enemigo de un proyecto de gobierno de coalición.

No es que no sea una buena idea. No es que no pueda funcionar. Sólo que las condiciones de nuestra actual vida política son muy endebles como para permitir una iniciativa de esta naturaleza.

Yo creo ni AMLO, ni Anaya, ni Meade tengan la voluntad política de hacer un gobierno así. Estoy seguro de que el que gane verá por los intereses de su partido. Tal y como lo hemos visto desde el mandato de Ernesto Zedillo, el presidente, sin importar el partido al que pertenezca, invita a otros partidos a ser parte de su gabinete, pero solo de forma simbólica.

Se trata más bien de un gesto, una muestra de apertura. Lo hacen por pactos y por civilidad, pero ello está muy lejos de ser siquiera el inicio de un auténtico gobierno de coalición. Más temprano que tarde estas ‘alianzas’ terminan por romperse.

María Amparo Casar (Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.)

La propuesta de una carrera policial es perfectamente viable, pero conlleva implicaciones económicas que deben tomarse en cuenta. Considero que resultaría costoso porque, por una parte, tendrían que formarse nuevos policías y, por otra, recapacitar a los que ya se encuentran en funciones.

El éxito de una carrera policial es que los agentes realmente salgan preparados para sus labores, que tengan suficientes recursos materiales para desempeñarlas y que tengan seguridad y estabilidad en el empleo.

La instauración de esta carrera es una cosa que han experimentado la gran mayoría de democracias del mundo, que son las que menos violencia tienen y donde las policías son más respetadas. Por lo tanto, creo que la propuesta está bien fundamentada. Además, puede fondearse sin problemas con los recursos presupuestales actuales.

Sólo hay que tener en cuenta que si se invierte en esta propuesta, tardaríamos en ver los resultados. Por fortuna, hoy hay una partida especial que permite transferir a los estados y municipios dinero para capacitar a las policías. Es un buen avance. El problema es que hay discordancia entre el funcionamiento de esta institución a nivel municipal, estatal y federal.

Esto debería tomarse como parte de un proyecto integral. Si no se instaura en los tres ordenes de gobierno, el combate a la inseguridad no será exitoso. Hay que ir más allá de sólo entregar a los estados o municipios más dinero: tiene que haber un plan de coordinación para que los nuevos policías se instruyan correctamente y dejen de arriesgar su vida, de ser maltratados por sus altos mandos y por la misma sociedad, que les tiene recelo.

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