México también deporta niños y fortalece el tráfico de migrantes

Artículo publicado por VICE México.

México deportó a 60 mil niños a Centroamérica sin mayor proceso que una entrevista. Esa cifra representa el 91 por ciento de las detenciones que hizo el Instituto Nacional de Migración en ese período de dos años y medio —entre 2016 y abril de 2018— y sube al 93 por ciento si sólo se toma en cuenta a los niños y adolescentes que migraban solos.

México lleva casi una década haciendo el trabajo sucio para mantener a la migración centroamericana soterrada. La construcción de módulos especiales para adolescentes en cuatro estaciones migratorias del sur del país a fines de 2010 fue la evidencia de dos cosas:

· Que el flujo migratorio estaba cambiando y que ahora, niños, mujeres y familias completas abandonaban Centroamérica, a diferencia de lo que siempre había caracterizado a los migrantes económicos: que eran los hombres, jóvenes y solos, quienes salían al norte a buscar el sustento.

· Y que la creación de esas áreas carcelarias para niños fue el banderazo de una política represiva que ocho años después tiene a México como un experto en deportar, sin consideraciones, a menores de edad de vuelta al país que los expulsó.

En 2015, tras un año de la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, esas instalaciones se llenaron de gente ilegalmente: quienes entran sin papeles al país no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa. Estas detenciones arbitrarias se sostienen bajo la figura jurídica del “arraigo”: Migración dice que no los priva de la libertad, sino del “libre tránsito”.

En las entrevistas que siguen, se evidencia que la detención es la moneda de cambio que el Estado mexicano usa para desestimar los pedidos de refugio y protección internacional a la que tienen derecho los niños en México. También que la represión que instaló en la antigua ruta migrante el Programa Frontera Sur desde 2014, alimentó el mercado ilegal del tráfico de gente, que se convirtió en otra rama del holding del crimen organizado.

UNICEF publicó en su informe “Desarraigados” los números que evidencian el papel que México ha asumido: de los 68 mil 409 niños y adolescentes menores de 18 años que fueron detenidos por autoridades migratorias entre 2016 y abril de 2018, 62 mil 542 fueron encarcelados y deportados a El Salvador, Honduras y Guatemala, de dónde procede el 95 por ciento del total.

Desde la oficina regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, en Panamá, habla su asesor, José Bergua: “El hecho de que haya cada vez más barreras y más represión no contribuye a disminuir el número de personas que inicia ese viaje. Lo que hace es mandarlos todavía más underground. Pone a la gente en una situación más vulnerable, que asume más riesgos. Y tampoco la represión detiene a las mafias que trafican con la gente, sólo hace que suban las tarifas porque a más riesgoso el camino, también te cobran más por intentarlo. Eso es el círculo vicioso del que hablamos en el informe”.

UNICEF es contundente al señalar que la “crisis de los niños migrantes” durante el gobierno de Barack Obama en Estados Unidos (en que fueron detenidos en la frontera con México 68 mil niños y adolescentes no acompañados en 1 año) fue respondida con la implementación del Programa Frontera Sur en México.

Este Programa, dice UNICEF “que utilizaba financiación de los Estados Unidos para reforzar drásticamente la seguridad y la aplicación de las leyes de inmigración en la frontera del sur de México con Guatemala”, disparó la detención de niños migrantes centroamericanos en los estados del sureste mexicano, disminuyendo así la afluencia de gente en la frontera gringa. Además, aumentó la violencia que guardias de seguridad privados, policías y agentes de migración ejercen contra los migrantes durante los operativos y “redadas”, que se volvieron moneda corriente.

En la Ciudad de México, la religiosa Magdalena Silva dirige desde el 2012, la Casa de acogida, formación y empoderamiento para mujeres y familias migrantes (CAFEMIN) cuyo surgimiento es prueba del cambio en la población que empezó a migrar de Centroamérica en la última década. Desde 2016 también recibe a niños no acompañados.

Ahora son muy jóvenes, dice: “las madres que llegan tienen entre 20 y 25 años”.

Algunos de los adolescentes que salen de Centroamérica buscan reencontrarse con sus padres que ya cruzaron al norte; a otros, sus familias los sacan para protegerlos de la violencia que apunta a la franja joven. Esos son los que pagan los servicios de los coyotes, apunta la religiosa. También hay muchos niños y adolescentes que quedaron solos y se lanzan al camino por su cuenta.

“Nos han dado el dato que les cobran hasta 8 y 12 mil dólares para sacarlos de su país de origen y llevarlos hasta la frontera norte de México, pero desgraciadamente ya no se puede hablar de coyotes decentes porque ahora el coyotaje está muy ligado al crimen organizado” explicó Silva a esta cronista.

El coyote los lleva hasta la frontera y los instruye para que se entreguen en una “garita” que es punto de entrada legal a Estados Unidos, dónde obtener refugio todavía es posible, explica la religiosa. Pero, ¿por qué el coyote cobra más caro? “Porque tiene que pagar cuota a los agentes de migración, a los policías, al chofer del camión que los traslada o pagar para contratar tráilers en dónde ponen 200 o 300 gentes y los trasladan de sur a norte en situaciones terribles. Esta es la suerte de muchos adolescentes”

¿Cree que la represión que vino con el Programa Frontera Sur fortaleció ese tráfico irregular?

“Claro, porque antes la ruta del tren de la Bestia era visible, la gente lo conocía. Había riesgos pero era un camino conocido. Cuando se controla el tren a través de guardias privados, de hacer muros para que la gente no suba dónde maniobra o dónde va más lento, orilla a que busquen rutas más insólitas, peligrosas y caras. Estamos hablando de un Estado mexicano dónde solamente se ve al migrante como una empresa económica, pero no hay voluntad o disponibilidad de ser un país que se interese por ellos”.

A fines de 2010, la entonces presidenta del DIF, Margarita Zavala (cargo que ocupó como primera dama en el gobierno de Felipe Calderón) firmó un convenio con el INM para instalar “módulos de atención a niños migrantes no acompañados” en cuatro de las principales estaciones migratorias del sureste de México: en la estación Siglo XXI de Tapachula, Chiapas; en Acayucan, Veracruz; en Tenosique, Tabasco y en la estación de La Ventosa, cerca de Juchitán, Oaxaca.

Según datos del DIF, la detención de niños y adolescentes en la zona sur mexicana saltó de 272 en 2009, a 3 mil 080 en 2010. Y durante 2015, con el Programa Frontera Sur activado, el número de niños detenidos por la Migra en esta zona trepó a 17 mil 330, que fueron concentrados en esas cuatro estaciones migratorias.

“UNICEF hace énfasis en que los niños, niñas y adolescentes no deben estar ahí, porque aunque haya un módulo dentro de la estación migratoria, están privados de la libertad. Lo ha dicho incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: más allá de cómo se les llame, si no pueden salir libremente de dónde están y están bajo llave, es privación de la libertad. La ley que protege a los niños en México prohíbe su detención”, dijo en entrevista Karla Gallo, representante de la organización en México.

Gallo señaló que la evaluación del interés superior del niño que México asumió en su ley general de 2014, debe ser realizada por la Procuraduría de Protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes de México y no por el Instituto Nacional de Migración como se señala que sucede en la práctica.

“No debe ser la autoridad migratoria la que tome la decisión del retorno, sino la autoridad de protección teniendo en cuenta toda la información de la situación del niño. Este es un primer punto que explica qué significa ese 91 por ciento de deportados”, refirió la representante de la organización de protección de la niñez.

Distintas fuentes consultadas para este artículo señalaron que la reclusión es clave para desestimar el pedido de refugio (o la solicitud de protección complementaria que protege a cualquier menor de 18 años) porque se le advierte a la persona que si pide protección en México, estará encarcelada el tiempo que se necesite para estudiar y resolver su caso.

En febrero de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envío una recomendación a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR, encargada de resolver estos pedidos de protección internacional) señalando que tienen casos pendientes desde 2016, cuando el plazo establecido es de 45 días. Además, tiene el 60 por ciento de las solicitudes presentadas en 2017 sin resolver.

Tampoco la Procuraduría funciona. Según un análisis hecho por Gallo para UNICEF, encontraron que sólo cuentan con un tercio del recurso que necesitan para operar adecuadamente.

“No tienen personal suficiente, ni viáticos para ir a ver dónde están los niños. Y no es tanto lo que se requiere. Sacamos el costo por niño y son 57 pesos para poder hacer el diagnóstico de atención del interés superior de cada niño. Serían 2400 millones de pesos mexicanos aproximadamente de presupuesto anual (unos 127 millones de dólares al año) que no representa más que el 0,013 por ciento del PIB nacional”

Existe sólo un albergue público de puertas abiertas en Tenosique, Tabasco, de nombre Colibrí que funciona bajo un programa de alternativas a la detención que comenzó en 2016. También hay un puñado de albergues privados que reciben niños y adolescentes migrantes detenidos por el INM.

Uno de ellos es CAFEMIN, el que dirige Magdalena Silva: “Lo curioso es que estos chicos nos llegan ya con una orden de deportación. Migración nos los trae pero nos dice que mañana o pasado van a venir por ellos, y los deporta. Le llaman 'retorno asistido' porque según dicen, les preguntan '¿te quieres ir a tu país, con tu familia?' Y el chico dice, 'pues sí'. Porque lo va a intentar otra vez porque sabe que el coyote lo está esperando”

La hermana Magda comentó que los nuevos precios del coyotaje incluyen tres intentos del extenuante viaje por México hasta la frontera norte. Es la garantía de intentar el cruce otras 2 veces en caso de ser deportado.

“Nos traen a los chicos sin historial porque Migración no sabe quiénes son: saben su nombre, su nacionalidad y su edad pero no sabe por qué salieron de sus países, ni cómo es su familia. No saben porque no investigan”

Cafemín cubre esa parte y también los acompaña si deciden pedir protección en México, un trámite que detiene las órdenes de deportación con las que llegan al albergue.

Pero si los niños deciden irse, no pueden detenerlos. Les piden en cambio, que vayan comunicándose a través de la ruta. En 2018, llevan atendidos unos 120 niños y adolescentes migrando solos. Una cifra ínfima si se revisa las detenciones del comienzo del artículo. La mayoría de los niños centroamericanos que se cruza con la Migra mexicana permanece ilegalmente detenido y es deportado.

Cierra el análisis de la Hermana Magda: “México desgraciadamente hace mucho tiempo dejó de ser un país libre y soberano porque muchas de sus políticas migratorias dependen de lo que le exija el país vecino. México poco a poco se ha ido convirtiendo en el muro de contención para no dejar pasar más migrantes a Estados Unidos”.