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Javier Duarte y Roberto Borge: cómo robar miles de millones de pesos y salirte con la tuya

Los gobernadores priistas de Veracruz y Quintana Roo incluso habrían creado sus propias leyes anticorrupción para blindarse.

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Imagina que tienes una empresa con bienes inmuebles en Quintana Roo y un día aparece una orden de embargo o te congelan tus cuentas en el banco. Tú no sabes por qué pasa eso, pero desalojan el inmobiliario (esté quien esté) y tú preguntas por qué y te dicen que es por una demanda laboral, de un trabajador que no conoces. El despojo de tus pertenencias es el último paso, lo cual sólo significa que ni siquiera estuviste en el supuesto proceso legal para defenderte.

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Ahora imagina que tú, como ciudadano responsable, pagas tus impuestos y de ese dinero —que todos pagamos— un gobernador estatal contrata por 18 mil millones de pesos a diversas empresas, sólo que las compañías no tienen una dirección física ni tienen trabajadores, ni mucho menos productos que venderles. De hecho, una vez que tienen el dinero, cierran.

Estos dos casos ocurrieron recientemente en los estados de Quintana Roo y Veracruz, respectivamente, y los gobernadores de dichas entidades tendrán que enfrentar las supuestas consecuencias que el Presidente Enrique Peña Nieto dictó ante la PGR y la SCJN.

Acompáñenme a ver esta triste historia…

Este lunes 11 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra los congresos de Quintana Roo y Veracruz por órdenes de Peña Nieto (PRI). Esto significa que las leyes que buscaban aprobar para blindarse ante cualquier investigación que se les hiciera en un futuro a los actuales gobernadores o a parte de su gabinete, no pueden pasar porque hay leyes federales sobre el tema que deben publicarse antes que en cualquier estado o irían en contra de la constitución.

Esto, luego de que, casualmente, el gobernador de Veracruz (PRI), Javier Duarte de Ochoa y el de Quintana Roo (PRI), Roberto Borge, impulsaran reformas locales en materia anticorrupción (como blindaje), lo cual es inconstitucional pues aún no se publica la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) ni la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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Pero, ¿en qué consistían estos blindajes 'anticorrupción'? Básicamente, tanto Duarte como Borge, se encargarían de que el próximo año, cuando entren los nuevos gobernadores electos, no realicen acciones legales en su contra. En ambas entidades, las nuevas administraciones comenzarán en 2017 y los políticos electos son de bancadas de partidos opositores: Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Pero, ¿qué hicieron estos angelitos? Ahí les va.

JAVIER DUARTE

Mientras tú te rompes la choya intentando comprar medio kilo de aguacates, Javier Duarte ya se preparaba para salir de Veracruz con unos miles de millones y echando guamazos por Twitter contra el ex candidato a gobernador del estado, Héctor Yunes.

Héctor: Yo gané contra el mismo adversario, en tu campaña respeté tu estrategia no esperes un resultado distinto si sigues haciendo lo mismo

— Javier Duarte (@Javier_Duarte)12 de julio de 2016

Todo empieza así: el gobierno de Veracruz seleccionaba a promotores del voto por el PRI para firmar unos documentos que se terminarían utilizando para la creación de empresas con domicilios falsos, reportó Animal Político el pasado 24 de mayo de 2016 en una investigación periodística.

Luego, las empresas fueron designadas como proveedoras del gobierno de supuestos artículos como pañales y cemento, sin tener que pasar por concursos públicos. El gobierno hace una constante compra de los productos a estas empresas, pero nunca se conoce el destino final de ellos. Posteriormente las empresas cierran. De 2012 a 2013, se hicieron operaciones similares que avalaban algunos funcionarios del gabinete de Duarte.

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El diario en línea encontró también que las empresas tienen algunas características en común: se fundaron al empezar el sexenio de Javier Duarte y cerraron luego de conseguir el contrato; algunas tienen socios relacionados entre sí. Por lo menos 12 compañías se registraron con dos direcciones de correo electrónico y 11 se ubican en un mismo barrio. Las que tienen dirección fiscal física, se encontrarían en panaderías, herrerías, vecindades y lotes baldíos.

Quienes viven ahí aseguraron que no tienen una empresa y nunca vieron un contrato millonario. Estas empresas fantasma habrían vendido al gobierno productos cuyo destino —supuestamente— era distribuirse a la población, pero esto nunca se constató ya que no hay ni un comprobante de entregas.

Luego continuó con lo que él creyó era crear leyes justas, y ya sabemos la historia hasta que Duarte puso el siguiente tuit.

— Jorge A Rmrz Cano (@fotomoderna)11 de julio de 2016

BORGE

Durante el mandato de Roberto Borge en Quintana Roo, ocurrieron desalojos en hoteles para quitarles sus pertenencias a los empresarios, particulares y a ejidatarios, con el argumento de que todo era legal. Claro, todo puede ser legal cuando mandas a hacer las leyes con tus compadres funcionarios. Luego de quitarles sus pertenencias, éstas eran vendidas a la mitad del precio.

Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dieron a conocer en una investigación titulada "Los Piratas de Borge: El saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo" (si eso no lo dice todo), varios casos en los que, tras varios juicios laborales, civiles y mercantiles amañados, quitaban a los empresarios sus pertenencias.

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Sin embargo, los dueños no conocían de ningún juicio por lo que no podían probar que estuvieran al tanto y menos defenderse, puesto que las demandas las registraban contra las compañías con domicilios inexistentes y las notificaciones supuestamente nunca llegaban.

Así, incluso operadores e inversionistas extranjeros fueron desalojados sin previo aviso, por lo que las embajadas de Francia, Italia, Portugal y de los Países Bajos en México reclamaron los despojos.

Por su parte, la Secretaria General y Encargada de Despacho del PRD, Beatriz Mojica, se refirió a este acto de inconstitucionalidad como una cortina de humo. Es decir, no cree que vaya a tener repercusiones reales, considerando que los políticos son del mismo partido político que el Presidente y que en algún momento de su campaña para la presidencia los apoyó con fervor.

"Es una descalificación a la legislación, lo que vemos es que es 'pirotecnica pura' porque siguen leyes que dañan la democracia en estos estados", explicó su postura en un comunicado.

Sea lo que vaya a ocurrir, lo que sí es que los ojos de los mexicanos, de los opositores políticos y de países europeos están al pendiente de lo que México haga en términos de anticorrupción. Y ellos son sólo la cara.