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El precio del miedo

Las extorsiones o 'rentas' que pagan los comerciantes y transportistas a las pandillas en Honduras se han vuelto algo cotidiano. Los trabajadores tienen que escoger entre trabajar para no morir y morir por trabajar.

Sagrario nos espera en la oscuridad del salón de su casa, en un barrio del mercado de Tegucigalpa, capital de Honduras. Reza por nuestras vidas y pide a dios que nuestra reunión sea fructífera mientras esconde debajo de un cojín sus piernas entumecidas por la poliomielitis. Su hermana, que estará presente durante toda la entrevista, es la encargada de la seguridad del encuentro: ha venido a recogernos a la entrada del barrio para llevarnos hasta la casa de la familia, cierra las ventanas, pone el candado a los portones detrás de nosotros, manda jugar lejos a los niños que corren por la casa y de vez en cuando murmura un "Amén" por cada plegaria que Sagrario lanza al cielo entre sus respuestas.

— ¿Cómo es vivir en un barrio controlado por las pandillas?

— Ya no salimos ni al portón de la casa, después de las nueve de la noche ya es muy peligroso. No podemos mandar a nuestros hijos solos a la iglesia por miedo a que les suceda algo, o que las pandillas los recluten—, responde Sagrario.

— ¿Nilson sabía que lo iban a matar si no pagaba la renta?

— Si. Él tenía planes de irse del país. Quería llevarme con él a los Estados Unidos.

Sagrario conoció a Nilson Medina, el que poco tiempo después sería su esposo, a través de un amigo de la iglesia a la que asistían. Entonces, Medina se dedicaba a practicar la instalación de sistemas de audio para autos, lo que luego sería su profesión.

— ¿Cómo era él?

— Era muy alegre, muy servicial. Un excelente padre y gran aficionado al futbol. Le gustaba mucho comer. Los domingos, por ser el día de supermercado, compraba comida y nos sentábamos a ver los partidos de su equipo favorito: el Olimpia, de aquí de Tegus—, cuenta Sagrario.

— ¿Es difícil montar su propio negocio en Honduras?

— Es difícil. Sacar préstamos es complicado y nadie puede servir de aval actualmente— responde Sagrario.

— ¿Cuánto tiempo les tomó montar el taller de instalaciones electrónicas?

— Ahorramos durante dos años. Acumulamos 500 dólares, los invertimos y luego fuimos poco a poco. Después del primer pago de alquiler nos tocó comprar herramientas para el negocio, y hasta logramos comprar una motocicleta para hacer recados— cuenta.

— ¿Qué pasó con el taller?

— El barrio 18 nos extorsionaba. Le pedían la renta a Nilson. Primero le pidieron la moto y Nilson se las entregó. Después le quitaban 50 dólares semanales y allí fue cuando el negocio empezó a decaer. Perdíamos 50 dólares que nos servían para comprar zapatos o comida a nuestros hijos.

Luego les pidieron 2,500 dólares, sin más justificación que la del miedo que sentía Nilson y su familia. Nilson y Sagrario no tenían esa cantidad.

— ¿Qué hicieron para resolver el problema?

— Aún con el miedo seguimos trabajando a pesar de que ya no quería abrir el negocio. Teníamos que comer— Responde Sagrario.

Un miércoles a las 11 de la mañana, cinco días después de que le pidieran la renta que le habría tomado varios años pagar, mataron a Nilson Medina sin haber hecho una sola instalación de audios durante ese día.

— Quisieron convertirlo en un ejemplo, para que la gente viera de lo que son capaces los pandilleros— termina Sagrario.

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Fotos por Marlon Bishop


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Las extorsiones en Honduras son una institución con fundamento en el miedo y la impunidad. Es el fenómeno que deja montañas de cadáveres, el de los taxis y buses incendiados hasta el carbón, el que mercadea con el miedo a la muerte de los hondureños y que mueve decenas de miles de dólares. La renta es el monstruo que ha dejado, según datos de la Cámara de Comercio, hasta el año 2014 aproximadamente 18,000 negocios cerrados o en la quiebra. Alimentado por la impunidad que corrompe a un país que actualmente, según estudios hechos al ministerio público, solo tiene la capacidad de judicializar el 20% de los crímenes que aquí se cometen.

Hoy en Tegucigalpa, los comerciantes, especialmente el rubro de los transportistas, están siendo extorsionados por al menos cinco bandas y la renta o impuesto de guerra es algo ineludible. Si te lo cobran, lo pagas, y si no, te matan. Y todo empezó como un acto de caridad.

En los 90 este "impuesto" era una súplica pandilleril, una ayuda para los marginados: los jóvenes pandilleros pedían dinero para sobrevivir ese día, no obligaban a nadie a pagar ni asesinaban por eso.

Francisco Canales, de 34 años, ex miembro de la Mara Salvatrucha y uno de los fundadores de la clica (barrio afiliado a una pandilla) Leeward Locos Salvatrucha, nos cuenta en un edificio casi abandonado del centro de la ciudad de San Pedro Sula, cómo era en su tiempo cuando "levantaba clicas y solía copiar la actitud de los pandilleros deportados de los Estados Unidos".

"Al principio, allá por el año 94, los integrantes de la Mara Salvatrucha no teníamos como subsistir económicamente, y era fácil pararse en una esquina a pedir diez o veinte centavos de dólar, a rentear, pues. Al día siguiente teníamos que ver cómo resolver. No pretendíamos solucionar nuestros problemas con el dinero que nos daba la gente, no era un negocio, sólo buscábamos pasar ese día".

Poco a poco las pandillas descubrieron que era más fácil rentear que vender drogas y de las cuotas voluntarias pasaron a las obligatorias, de acuerdo con lo que cuenta Francisco.

"En la calle es simplemente 'la renta'. Llamarlo impuesto de guerra me parece un error grande. Le brinda un carácter institucional, casi gubernamental a esta actividad y a las pandillas", comenta.

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Visto desde el cuarto piso de la las oficinas de la Dirección Nacional de Transporte (DNT) en Tegucigalpa , los empleados de Yovanny Dubón parecen hormigas. Chocan entre sí, cargan papeles como si fueran ramitas que llevan a los hormigueros, gritan al interlocutor del piso de arriba, o el de abajo. Es día de pago y hay tensión en el ambiente. Parece lejos de la atmosfera fría del edificio oenegero donde charlamos con Canales, pero ninguna está lejos de ser afectada por la fermentación del estado Hondureño.

Dubón, odontólogo y director nacional del transporte hondureño, ha despedido a 300 de sus trabajadores por posibles vínculos con las bandas que cobran la renta o corrupción. Ha tenido que vaciar su oficina para que podamos entrevistarle. Ha sacado a todos menos a los dos hombres que permanecen sentados a nuestras espaldas; solo quedamos nosotros, Yovanny y sus escoltas, el pabellón nacional y un retrato enorme del actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández.

Entramos en materia para preguntarle sobre cómo se enfrenta el gobierno Hondureño a través de la DNT al problema de las extorsiones que sufre el gremio de los transportistas. Uno de los guardaespaldas, sentado detrás de nosotros, nos interrumpe y con toda confianza sugiere que la entrevista se realice en inglés. Accedemos.

— ¿Cuántos taxis y buses hay en Tegucigalpa?— Le preguntamos en inglés, en un cuarto casi lleno de hispanoparlantes, con los ojos de los guardaespaldas clavados en nuestros cuellos.

— En Tegucigalpa tenemos 7,300 taxis, la mayoría son de punto: unos 5000. Los otros 2300 son barredores, de los que se mueven sin una ruta fija. Y hay 1,400 buses. Muchos de ellos pagan las extorsiones— dice Dubón.

— ¿Cuánto pagan los transportistas en concepto de extorsión?

— Algunos pagan 10 dólares por semana. Otros pagan más— responde.

Haciendo cuentas, si se asume que todos los taxistas pagan 10 dólares en concepto de impuesto de guerra —cosa que no está lejos de la realidad y hasta podría ser más—, tenemos que los extorsionadores reciben mensualmente casi 80 mil dólares sólo en la capital, sin contar a los buses. Son 80 mil dólares sacados de la economía local, repartidos entre cinco bandas. Pero sin importar el tamaño de las cifras, para Dubón, los transportistas confían más en la palabra de los extorsionadores que los amenazan, que en el estado que les promete seguridad. "¿Sabes qué? Ellos —los transportistas— están felices de pagar el impuesto de guerra, más que pagar los impuestos al estado", dice Dubón.

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Enrique Joss no estaria de acuerdo, pues afirma que pagar el impuesto de guerra le ha jodido la vida. A sus 46 años vive en la punta de uno de los cerros que rodean Tegucigalpa, en su pequeño Partenón de madera del barrio El Bosque. Un monumento modesto en honor al miedo, miedo a salir de casa y a ser taxista en esta ciudad. Hace un año que salió por última vez de su promontorio. El mismo tiempo que lleva colgando su ropa dentro de casa, sobre los sillones y la mesa de comer, porque el patio es inseguro aunque esté custodiado por imágenes de la virgen de Suyapa. Vicente nos recibe con su nieta en brazos, fuma sin parar y de vez en cuando se pone de pie para vigilar por la ventana del salón donde hablamos.

El rubro de los transportistas recibe más ráfagas de plomo que cualquier otro. Un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, estima que desde el año 2012 hasta octubre del 2014 han muerto en circunstancias violentas al menos 220 taxistas, es decir, un promedio de siete por mes. Y de los 174 hechos sangrientos relacionados con taxistas registrados en los últimos dos años, en al menos cinco casos la policía capturó a los supuestos responsables. La mayoría de estos casos de homicidio han estado relacionados con la renta o extorsión.

A Enrique todo esto le suena familiar.

Ha sido taxista durante más de dos décadas en esta ciudad. Lo han asaltado siete veces en los últimos 25 años. Lo amenazaron con matarlo a la orilla del río antes de robarle, lo metieron al baúl del taxi, le apuntaron con pistolas y cuchillos.Y ahora tiene el problema de las extorsiones.

"Yo estaba esperando mi turno de salida en el punto de taxis donde trabajaba cuando una niña de unos 14 años se me acercó y me dio un celular. ¡Te llaman! dijo la güirra. Al principio no quise agarrarlo, pero terminé por contestar. Escuché que me pedían dinero, a mí y a todos los taxistas del punto donde trabajaba. La renta, el impuesto de guerra, pues. ¡Somos de La Mafia! gritaban. Colgué rápido y le devolví el teléfono a la niña.

"Tres días después ahí estaba otro chavalo, rodilla al suelo, como en una película de acción, apuntándome con una nueve milímetros. La pistola sonó ¡click! dos veces y nada, no salieron las balas. Ese día tuve suerte. Dios me dio una oportunidad que no puedo desperdiciar.

"Una semana después mataron a otro compañero. Aquí la extorsión es así, si no pagas te matan a ti o a cualquiera de tus compañeros".

Ese día ninguno llevaría mucho dinero a casa. Los taxistas de ese punto se reunieron y decidieron dejar de trabajar un par de días —como suelen hacer los que no pueden pagar la renta—, para que La Mafía, la banda que los extorsionaba, viera que entendieron el mensaje. Que entienden que tienen que pagar o seguirán muriendo.

Poco a poco los conductores fueron incorporándose a la taxiada, aunque La Mafia siguió vendiéndoles miedo. Todos volvieron, menos Enrique y el último muerto. Subieron de nuevo al taxi balanceándose entre trabajar para no morir y morir por trabajar.

— ¿Cuánto dinero le pedían los extorsionadores a su punto de taxis?

— Una cantidad grande— contesta Vicente, como queriendo dar poca información.

— ¿Denunciaste lo que te sucedió?

— No, bueno, lo intenté. Pero la policía aquí no ayuda. Fui corriendo a la estación policial que está cerquita del punto de taxis y les conté lo que había pasado. ¡Que habían intentado matarme! El policía que estaba ahí me respondió: "Vos ya estás muerto. Poné la denuncia en la Dirección General de Investigación", después de eso volví a mi casa y estacioné mi taxi.

Enrique no ha vuelto a trabajar y vive de lo que le dan sus hijas.

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Ever Mejía, subcomisionado de la policía y director de la Fuerza Nacional Antiextorsión, ha hecho sus deberes. Tiene en su escritorio unas hojas con los datos estadísticos que nos irá soltando a lo largo de nuestra conversación y que de vez en cuando complementa con más números que saltan desde su teléfono.

En el año 2010 la Policía Nacional Hondureña creó una pequeña unidad policial antiextorsión para dar respuesta a las denuncias que desde entonces son más y más frecuentes. En el año 2013 esta unidad pasó a ser, gracias a la dirección Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA): una fuerza interagencial que combina a la policía nacional con el Ministerio Público y la recién creada —por iniciativa del presidente Hernández— policía militar.

Actualmente "es una de las unidades mejor apoyadas por el gobierno", cuenta Ever Mejía, subcomisionado de la policía y director de la FNA.

"Nos encargamos de todo lo que tenga que ver con la actividad extorsiva. Investigamos sobre cómo operan estos grupos y procedemos a hacer capturas casi a diario", dice Mejía.

Según los datos del subcomisionado Mejía, en lo que va del año, la FNA ha recibido 932 denuncias, 675 menos que el año anterior. Además han detenido, hasta octubre del 2014, a 828 personas que se dedicaban a extorsionar, de los cuales han sido judicializados —lo que no asegura que los imputados tengan sentencia y cárcel— 477 casos.

"El problema de la extorsión es grande", cuenta Mejía. "Es un estilo de vida hoy en día. Ya no solo tenemos al extorsionador aislado, al pandillero aislado, ahora tenemos esposas, madres e hijos de extorsionadores formando parte de las bandas. Éste es un rubro completo. La extorsión se ha culturizado en nuestra sociedad", dice.

— ¿Quiénes están involucrados en el cobro de las extorsiones?

— Pandillas y básicamente cualquier persona que se atreva a hacer las llamadas extorsivas: el hijo del vecino, un conocido, quién sea. Debo aclarar que además hemos encontrado miembros del mismo gremio de transporte que son extorsionadores. También existen grupos ficticios que los mismos transportistas, asistentes, conductores, presidentes o tesoreros han creado para seguir extorsionando y obtener más ganancias.

— ¿A dónde va todo este dinero?

— La mejor forma que tienen de lavar el dinero es comprando más buses y más taxis. Por eso vemos que los que fueron simples ayudantes de chofer de bus hoy son dueños de flotas completas de buses. El dinero también se lava comprando armas, comprando drogas, mercadería que luego abastece negocios que se abrieron con el mismo dinero de las extorsiones

— ¿Hay policías involucrados en el cobro de la renta?

— Claro que sí. Hemos capturado gente que resultó ser policía en servicio.

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Luis Cano, presidente de una de las federaciones de transportistas de Tegucigalpa, ha decidido dedicar un día de la semana a la recolección de la renta. Ese día no reciben ni un dólar los buses de las 14 compañías que aglutina. Trabajan exclusivamente para las bandas que les extorsionan, algunas de las cuales incluyen a policías en su planilla.

"Al principio pusimos nuestras quejas en manos de la autoridades y no nos hicieron mucho caso, porque somos transportistas, ¿me entendés? Cuando empezaron a morir abogados, periodistas o altas personalidades, ahí si pusieron ojo al asunto, pero las pandillas ya estaban muy bien organizadas", dice Luis.

Ahora el pago de la renta para los transportistas y comerciantes es normal y rutinario. Están resignados a ello: han escogido un día en el que trabajan específicamente para pagar las extorsiones. Los lunes o los sábados los dueños de las unidades de transporte, sus conductores y los ayudantes no reciben su paga diaria. El propio Luis es el encargado de hacer los depósitos a las bandas que les extorsionan, generalmente en cuentas de Elektra.

"Actualmente las unidades de nuestra federación pagan 25 dólares semanales a cada banda. Haciendo números, con los 680 buses que nosotros tenemos y los 800 que tiene el transporte urbano, estamos pagando más de 200 mil dólares al mes. Ahora mismo pagamos a cinco bandas", cuenta Cano.

— ¿Cuándo fue la última vez que murió un trabajador del transporte a causa de las extorsiones?

— Aquí nomás, a dos cuadras, hace dos semanas, fue asesinado un compañero. En lo que va del año 2014 hemos perdido a 42 compañeros sólo en el sector de buses. Y por lo menos diez o doce pasajeros, que son nuestros clientes. Nosotros queremos dar un servicio de calidad, pero tenemos que pagar 300 dólares semanales, no podemos. Al mes, estamos perdiendo mil 200 dólares.

— El director de transporte nos dijo que prefieren pagar a los extorsionadores que pagar los impuestos. ¿Es eso verdad?

— Estoy seguro en un 100% que a cualquier transportista que entrevistes te va a decir que no quiere pagar, pero hay que hacerlo. Aquí matan hasta a los puestos altos del transporte que tienen cinco guardaespaldas, ¿cómo no van a poder matarme a mi?— se pregunta Cano.

"En Tegucigalpa y San Pedro Sula la renta es una máquina de matar. Perdemos a compañeros y de paso nos queman los buses. Yo creo que nuestra mejor alternativa es la ayuda de la comunidad internacional", comenta. "Aquí estamos jodidos, hasta la policía está involucrada en las extorsiones, en cierta medida. Tenemos pruebas, videos, de patrullas policiales recogiendo el impuesto de guerra. Eso nos crea temor, no queremos poner una denuncia a los que nos extorsionan".

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Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), conoce los datos de la otra parte afectada de la población hondureña: los comerciantes. Pero es más optimista en su visión general de Honduras.

En el año 2013 la CCIT hizo un estudio sobre el efecto económico de la extorsión y afirma que desde la aparición de la Fuerza Nacional Antiextorsión han visto un decrecimiento en las extorsiones de entre 12% y 15%. A criterio de Medina, una de las principales armas de la FNA ha sido lo que él llama "la cultura de la denuncia" que antes de la fuerza antiextorsión poco se daba, cuenta.

"Ahora se lo recomiendo a todo el mundo. Hay que interponer la denuncia en estos casos", dice Medina. "Hemos elaborado un manual que puedes descargar desde nuestra página web. Trata de cómo se debe actuar en caso de extorsión", agrega.

"Yo mismo recibí una llamada de extorsión, pero seguí las reglas de nuestro manual", cuenta Medina.

— ¿Le ayudaron al interponer la denuncia?

— No puse la denuncia— dice, pese a la autopromoción continua de su manual antiextorsión.

— Solo cambié de número de teléfono y no contestamos llamadas de números desconocidos. Al final es puro "feeling" personal. Tuve una corazonada de que la llamada era de alguien que estaba "pescando"(haciendo prueba y error). Pero la denuncia hay que ponerla inmediatamente— enfatiza Medina.

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"Las autoridades no van a venir a cuidarte a tu casa", dice el ex taxista Enrique Joss, mientras se pone de pie en señal de que la entrevista ha terminado y vuelve a vigilar desde la ventana. "Dejaron crecer demasiado este problema y ya es parte de nuestra sociedad. Si los denuncias es imposible saber si tenés a uno de la banda escuchándote", continúa. "Mira, es como un trabajo: vos estudiaste periodismo, pues sos periodista y vas a encontrar miles de periodistas. Lo mismo con los extorsionadores, vas a encontrar miles de ese tipo de personas. Lo peor es que ya no se sabe en quién confiar, hasta ahora han capturado a dos de nuestros compañeros por estar ligados a bandas de extorsionadores. ¡Nuestros propios compañeros nos extorsionaban!", cuenta. "Aquí, cualquier loco puede venir a cobrarte si le da la gana y ninguna de las bandas te ofrece protección. No les importa si otros vienen a cobrarte, sólo les importa tu dinero", dice Enrique y termina con una frase que ya hemos escuchado un par de veces: "Uno no paga protección, estás pagando para que no te maten". Joss extiende la mano y se despide.

Algunos nombres fueron cambiados por la seguridad de los entrevistados.

Esta historia fue producida junto con Round Earth Media y co reportado con Marlon Bishop, reportero de NPR's Latino USA.

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