Historias de terror de los exgobernadores mexicanos más polémicos

Artículo publicado por VICE México.

Con el telón de fondo de las elecciones que se acaban de realizar en México hace unas semanas, nos pareció importante reflexionar acerca del sistema político del país, mediante los ejemplos hechos historias que ofrece el libro Gobernantes: caciques del pasado y del presente (Grijalbo, 2018).

Se trata de un compendio a cargo del periodista londinense Andrew Paxman, en el que se reúnen una serie de perfiles que seis periodistas y seis académicos hicieron acerca de varios de los jefes del ejecutivos estatales más polémicos de la historia reciente del país.

De acuerdo con los escritores del libro, en ellos se encuentran las raíces de la conducta caciquil que ha demostrado México a lo largo de su historia y que documentan el modus operandi de muchos de los actuales gobiernos locales.

Acá te dejamos unos extractos, para que te animes a leerlo completo:

Cómo fortalecer a tu enemigo

El 1º de abril de 2005 una comisión instructora de la Cámara de Diputados emitió un dictamen condenatorio contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Dicho dictamen debía ser votado en el pleno de la cámara unos días después. Si procedía, López Obrador —el precandidato más fuerte en las siguientes elecciones presidenciales— perdería sus derechos políticos y podría ser encarcelado. El motivo era un asunto menor: el gobierno de la ciudad había expropiado un predio para abrir una calle que daba acceso a un hospital en el área de Santa Fe. El dueño del predio se amparó. Al inicio de la administración de López Obrador se pararon las obras, pero dos años después un ministerio público consideró que el jefe de Gobierno había violado el amparo. El asunto se calificaba como abuso de autoridad y, de acuerdo con el código penal, tenía una pena corporal. El pleito era viejo, pero a principios de 2005 parecía haber revivido.

Durante enero y febrero de 2005, el presidente Vicente Fox había insistido en que nadie podía estar por encima de la ley. “Si cada quien ajusta la ley a sus intereses, sólo nos espera el desorden y el caos”, dijo en un evento el 16 de enero. El 21 de febrero, la Presidencia emitió un comunicado en el cual declaraba que el autoritarismo que sufrimos en el pasado los mexicanos es el que supone que la autoridad exima a los políticos de las exigencias de cumplir la ley. “Esas prácticas ya no deben existir en México, aunque todavía hay quienes creen que la ley se puede acomodar a la conveniencia de los gobernantes en turno.”

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Pero el asunto también tenía una clara vena política. Según la revista Proceso, Fox y la dirigencia nacional del PRI habían decidido seguir adelante con el juicio de desafuero contra López Obrador con el apoyo de algunos empresarios, quienes se comprometieron a respaldar al priista Roberto Madrazo en sus aspiraciones a la candidatura a la Presidencia, a cambio de que instrumentara la inhabilitación política del jefe de Gobierno en la Cámara de Diputados. Sin embargo, no era una estrategia aceptada unánimemente. Muchos dirigentes del PAN —el partido del presidente— y del propio PRI pensaban que sería un error sacar a López Obrador de la contienda, pues echaría una sombra siniestra sobre las elecciones de 2006.

La mañana del 6 de abril, el día que los diputados votarían el dictamen condenatorio, López Obrador habló ante miles de simpatizantes congregados en el Zócalo. Les dijo que había decidido no ampararse ni solicitar libertad bajo fianza; que luego de que el Ministerio Público federal solicitara al juez su orden de aprehensión, él mismo se iba a trasladar al juzgado para esperar su detención. Iba a encabezar un movimiento de resistencia pacífica y llamó a una marcha del silencio para el domingo 24 de abril, del Museo de Antropología al Zócalo.

En el restaurante Villa del Mar de Boca del Río, ciudad lujosa vecina al puerto de Veracruz, Javier Duarte estaba de fiesta con un grupo de amigos. Era el 25 de mayo de 2011: Duarte iba a cumplir seis meses en la gubernatura y departía con el dirigente del sindicato de petroleros, Carlos Romero Deschamps, quien se quejó de que Pablo Pavón Vinales le estaba dando demasiados problemas.

Pavón Vinales, que había sido dos veces alcalde de Minatitlán y dos veces diputado federal, era un viejo adversario en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y en septiembre de ese año se emitiría la convocatoria para la renovación de su dirigencia. El multimillonario Romero Deschamps no quería a Pavón en la pelea.

Atento a las inquietudes de su amigo, Duarte le dio una orden al encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado, Reynaldo Escobar Pérez.

—Procurador, te doy 48 horas… no, te doy 24 horas para que lo detengas.
—¿Bajo qué cargos?
—Los que quieras.

Al día siguiente, Pavón Vinales fue detenido en Coatzacoalcos, acusado del delito de fraude y desvío de recursos por un millón de pesos que, presuntamente, se derivaba de una demanda de petroleros de la sección 10 del STPRM.

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Las notas periodísticas reportaron que al detenerlo le encontraron un arma de uso exclusivo del ejército. Tres días después fue liberado tras pagar una fianza, pero en menos de 24 horas lo volvieron a detener, acusado entonces del secuestro de un trabajador en 2010.

“Éste es un delito montado; es un supuesto secuestro a un individuo que todo el mundo sabe que es un golpeador de la Sección 10 —dijo el líder sindicalista—. Yo no me dedico a secuestrar y menos de una forma tan burda como dice, que lo hice en mi camioneta, que personalmente pedí el rescate. Por lo menos debieron haber sido más inteligentes para inculparme. Si se trata de llevarle mi cabeza a Carlos Romero, aquí estoy”.

A pesar de sus alegatos, Pavón Vinales estuvo preso 10 meses. Salió libre en marzo de 2012, el mismo año en que Romero Deschamps fue reelecto por tercera ocasión (a pesar de que los estatutos no lo permitían) en la dirigencia del STPRM y se hizo de una curul en el Senado de la República.

La escena del restaurante fue contada por el propio Reynaldo Escobar, ejecutor de la orden del gobernador, a sus amigos cercanos. Escobar había quedado como encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia desde diciembre de 2010 cuando Duarte relevó a Fidel Herrera en la gubernatura. Antes había ocupado la Secretaría General de Gobierno y eso le impedía ser nombrado procurador, pues la Constitución de Veracruz establecía como requisito no haber ocupado un cargo público en el año anterior al nombramiento.

Eso, sin embargo, no limitó al nuevo gobernante, quien en los últimos días de mayo envió al Congreso estatal el nombre de Escobar como sugerencia única para el cargo. El Congreso aprobó una modificación constitucional (con 47 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones) y así, seis días después de ordenar la detención de Pavón Vinales, Escobar fue designado procurador.

Escobar apenas duró cuatro meses en el cargo. El 20 de septiembre fueron arrojados 35 cuerpos de hombres y mujeres debajo de un puente de Boca del Río, frente al edificio donde se realizaba un encuentro de todos los procuradores de justicia del país. Escobar se apresuró a acusar a las víctimas (aseguró que todos tenían antecedentes penales por homicidio, secuestro, extorsión o narcomenudeo). Aguantó la presión 20 días y luego presentó su renuncia.

El operador de oriente

Era el 15 de septiembre de 2001. En la víspera de que el gobierno perredista diera el grito de Independencia en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcoyótl, un grupo de ferieros vinculados con el PRI los madrugó y, literalmente, les tomó la plaza. Llegaron entre las dos y las tres de la mañana, dirigidos por su líder, un priista oriundo de Ecatepec, y armaron sus juegos de feria.

Los perredistas, entre ellos Osmar León, se acercaron a negociar; les ofrecieron instalarse a un costado del palacio.

—¡No! ¡Queremos la plaza!
—Bueno, un carril de avenida Chimalhuacán.
—¡No!
—Los dos carriles.
—¡No! ¡La plaza!

Las horas pasaban. En la alcaldía evaluaron cuánto tiempo necesitaban para colocar el templete, el equipo de audio y demás logística para el grito. Concluyeron que la plaza tenía que estar libre a las nueve de la mañana. Se les dio un ultimátum: la gente de gobierno bajaría por última vez a las siete. Después de eso, entraría la fuerza pública. Recuerda León: “Los ferieros ni nos pelaron”.

Llegó la policía. El desalojo, por supuesto, no fue pacífico. Hubo golpes; la policía quitó con grúas los juegos armados. A los ferieros más bravucones se los llevaron ante el Ministerio Público.

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Fue entonces cuando llegó el subsecretario de Gobierno para la zona oriente del estado: Eruviel Ávila, un priista de 35 años, alto, sonrosado y gordo. Pese a ser joven todavía, ya había sido diputado local y anteriormente, cuando sólo tenía unos 26 años, secretario del Ayuntamiento en el municipio de Ecatepec. León, de hecho, ya lo conocía de entonces: sabía que era atento y educado y que conocía el oficio de dar poco, mucho o nada a sus aparentes contrincantes.

Eruviel habló con los ferieros y les hizo las mismas propuestas que horas antes habían hecho los perredistas: permitirles colocarse en la avenida, para liberar la plaza. Inmediatamente los ferieros aceptaron. Cerca de la agencia había un negocio de jugos y cafés. Ahí se reunieron los perredistas con Eruviel, quien les sugirió que debían ser “más conciliadores”. Remató: “La política es de amigos. Cuantos más amigos tengas, mayores posibilidades tienes de lograr tus objetivos”.

“Para mí, esa frase resume a Eruviel”, concluye León.

En esos días soplaban vientos de alternancia. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) había perdido la presidencia por primera vez. Y en el Estado de México, el bastión de priismo por antonomasia, había crisis interna: el grupo Atlacomulco había mantenido la gubernatura por un pelito. El candidato priista, Arturo Montiel Rojas, había ganado las elecciones de 1999 con 1 millón 300 mil votos, contra cerca de un 1 millón 150 mil del candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

En ese escenario, Eruviel Ávila era subsecretario de Gobierno para la zona oriente, es decir, los ojos y las manos del gobierno estatal en los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Los Reyes; parecería un cargo sin importancia, un trabajo que consistía únicamente en desestabilizar a la oposición. Sin embargo, ya había intereses económicos en la zona importantes, pero velados; intereses que llevaban la forma de un aeropuerto.

El 1º de febrero de 1969, cuando Rafael Moreno Valle tomaba posesión como gobernador del estado, su nieto cumplía siete meses de vida. El primero de los nietos de la estirpe político-empresarial que fundó el militar creció corriendo por los pasillos de las sedes del poder estatal en Puebla. Y la historia le marcó el camino. El primer Rafael, médico militar de profesión y general de grado, no terminó su periodo al frente del gobierno poblano pues era una época de crisis políticas y conflictos estudiantiles: malas decisiones y apuestas políticas fallidas le impidieron terminarlo. Fueron tres años, dos meses y 14 días… y le dejó una espinita.

El tercer Rafael, el primogénito del primogénito en una familia en la que el nombre lo es todo y el apellido marca de hierro, nació con una meta muy definida: ser gobernador de Puebla. El abuelo se lo inculcó, la historia familiar se lo impuso y él siguió la meta trazada sin salirse del camino. Y ahora jala la liga hasta la silla presidencial, aunque ésta aún se halla en el horizonte.

Lo dijo en autobiografía La fuerza del cambio, un libro de promoción electoral que sirvió para tapizar al país con anuncios espectaculares en la primavera de 2017. “Le gustaba imaginar que yo podía llegar a ser gobernador como él, lo que para mí se convirtió en un objetivo de vida”, recuerda Moreno Valle de su abuelo.

La raíz política

Rafael, el abuelo, nació en Atlixco en 1917, en plena Revolución mexicana. Estudió en el Colegio Militar, y de ahí se graduó como médico. En 1945 realizó un posgrado en la Universidad Tulane, en Nueva Orleans, donde se especializó en ortopedia. A su regreso fue nombrado director general del Hospital Central Militar. En 1952 alcanzó el grado de general brigadier.

Su salto a la política fue vertiginoso. La voz más recurrente en los registros dice que la relación médico-paciente con María Izaguirre, esposa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, es la que le abrió la puerta, aunque en su lista de pacientes también se encontraba el general Lázaro Cárdenas. Era médico de élites políticas.

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En 1958, el último año de gobierno de Ruiz Cortines, el general fue nombrado candidato del PRI a senador por Puebla. Sobra decir que una nominación en esos años era prácticamente la definición del cargo. No sólo ocupó la curul hasta 1964, sino además fue presidente de ese cuerpo legislativo en 1962. Durante su paso por el Senado, Rafael Moreno Valle conoció y trabó amistad con un joven nacido en el Estado de México que acababa de concluir su administración al frente del ayuntamiento de Toluca: Carlos Hank González.

A los Moreno Valle los une una larga relación de amistad y ayuda mutua con los Hank. Tras la caída del general del gobierno de Puebla, el primero de los Rafaeles recibió un millón de pesos en tres momentos diferentes: tres millones en total “para no pasar estrecheces”, le dijo el hombre que acuñó aquella frase de que “un político pobre es un pobre político”. El general además fue el encargado de acompañar a Jorge Hank Rhon en su primera comunión.

También estuvo cerca de otro político en ascenso, poblano, abogado de profesión y el último eslabón visible del clan político que conformó el cacique poblano Maximino Ávila Camacho: Gustavo Díaz Ordaz. Ése fue el hombre que llevó a Moreno Valle al gabinete presidencial. Su paisano lo nombró secretario de Sanidad y Asistencia. Y para febrero de 1969 lo mandó a la gubernatura de Puebla.

Agradecemos a la editorial Penguin Random House por permitirnos replicar estos fragmentos.

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