¿Qué hay detrás de la Ley de Seguridad Interior que se discute en México?

Hace 11 años la llamada 'Guerra contra el narcotráfico' iniciada por el expresidente Felipe Calderón, enfrentó de manera directa al crimen organizado en México, sacando al Ejército a las calles.

Desde entonces el resultado ha sido más violencia y muerte, así como un descontento generalizado de las Fuerzas Armadas, que se hizo mucho más evidente a partir del actual sexenio de Enrique Peña Nieto.

El argumento de la milicia era que realizaban acciones que no estaban asentadas en la Constitución, y que por tanto les dejaban desamparados al momento de los reclamos, en especial de los que venían de parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

En este contexto, el pasado jueves 30 de noviembre la Cámara de Diputados le dio luz verde a la Ley de Seguridad Interior. Fue una aprobación fast track, a puerta cerrada y con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones.

Con ello, este primer intento de regulación de las labores de seguridad pública en México está cerca de completarse. Sólo le falta la aprobación del Senado, que se prevé será hoy.

El debate en torno al tema ha sido intenso. Los defensores de esta legislación, en su mayoría adscritos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) —el partido oficial—, aseguran que los 34 artículos que conforman el proyecto de ley son indispensables para sanear el clima violento que se respira en el país. De lado contrario, los partidos de oposición y ONGs pro derechos humanos creen que es el primer paso para militarizar el país de forma oficial.

Catalina Pérez Correa es profesora e investigadora de Estudios Jurídicos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y dice que lo que aprobaron los diputados es una ley que le da poderes desmedidos al presidente.

De acuerdo con lo asentado en el Artículo 15, se autoriza la estancia indefinida de las Fuerzas Federales (Policía Federal) y Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México) en sitios donde él (mandatario) considere que las amenazas a la seguridad interior representan un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno.

Según Pérez Correa, la ley es ambigua. Por ejemplo: asienta que el mayor lapso de tiempo que el Ejército puede estar en un sitio es de un año, pero que ahora su estancia podría extenderse si el presidente lo considera así.

Además, el Ejército podría reservarse información respecto a sus operativos: “No sólo es que nadie los esté supervisando, sino que prohíbe a ciudadanos y académicos el acceso a la información de lo que hacen o no hacen dichas divisiones”, explica la académica.

Relacionado: El Ejército, la Marina y Policías: abrumadoramente letales en México.

El Artículo 8 deja claro que las manifestaciones pacíficas no serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección, y mucho menos, objeto de represión. “En ese caso vale la pena preguntar: ¿bajo qué criterio considerarán que una protesta ya no es pacífica, para intervenir violentamente en ella?”, cuestiona la experta.

El colectivo Seguridad sin Guerra también rechaza de manera abierta dicha ley. Esta comunidad, integrada por académicos, víctimas de la violencia y ciudadanos de a pie, identifica en ella otras amenazas graves.

Según consignan en su página web, la norma tampoco genera controles para verificar el respeto a los derechos humanos, no impone límite de tiempo a las afectaciones de seguridad interior, ni establece controles o contrapesos robustos.

“Parece que sólo le estuviéramos viendo el lado negativo, pero la verdad es que no hay otra forma de valorarla. Yo no le encuentro ninguna ventaja, en general. Esta normativa es un intento de parchar los problemas que hay en el país, pero no resuelve nada de fondo”, asegura Pérez Correa.

Este martes 5 de diciembre la Ley de Seguridad Interior se enviará al Senado de la República. En caso de aprobarse por mayoría simple —lo cual se espera que ocurra—, tendría que publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entrara en vigor cuando se estipule.

Pedro Salazar Ugarte es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y considera que con una ley como esta la situación no va a cambiar mucho. “Su aprobación sólo le dará estatus legal a una serie de acciones que ya eran una realidad en la práctica”.

Relacionado: Así es como el Ejército mexicano espió a esta caravana que busca a sus desaparecidos.

Catalina Pérez Correa y él coinciden en que esta forma de enfrentar la problemática de la inseguridad no sólo es inadecuada, sino que es la peor. Ambos especialistas consideran que la opción más viable en este caso sería apostar por el fortalecimiento de las instituciones civiles.

Para lograrlo, dice Salazar Ugarte, se necesitarían dos cosas. Una, que el gobierno se enfocara en tener “policías de verdad” y que los capacitara bajo un enfoque de derechos humanos. La otra, que los fiscales de todo el país trabajaran en sintonía con este cuerpo policiaco.

Para el investigador de la UNAM, la existencia de una Ley de Seguridad Interior es ineludible. Pero no bajo las premisas de la que ahora está a discusión. Dice que más bien debería ser de carácter transitorio y estar enfocada a que el Ejército volviera gradualmente a los cuarteles, pero en un plazo máximo de cinco a seis años.

“El hecho de que la iniciativa esté por aprobarse previo a las elecciones presidenciales de 2018 tampoco es coincidencia. Este gobierno quiere saldar esa cuenta pendiente antes de irse y de paso ganarse el aprecio del Ejército. Y eso se traducirá en votos”, afirma Salazar Ugarte.

*El proyecto de Ley se envió al Senado el 5 de diciembre, pero se ha aplazado la discusión.

Sigue a Ollin Velasco en Twitter: @ollinvelasco

Sigue a VICE News En Español en Twitter: @VICENewsEs