Ex sacerdote preso por pederastía en la CDMX

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Ex sacerdote preso por pederastía en la CDMX

Nueve años después de haber sido denunciado por abuso sexual, Carlos López está preso en el Reclusorio Oriente desde el 27 de agosto de 2016.

Fotos por Ernesto Álvarez

Hace 22 años, el ex sacerdote Carlos López supuestamente abusó sexualmente de un número no determinado de niños. Actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Oriente desde el 27 de agosto del 2016, nueve años después de haber sido denunciado por uno de los chicos violentados.

Jesús tenía 11 años cuando abusaron de él y unos diez años más cuando pudo contarlo por primera vez. Al enterarse, su madre acudió a Jonás Guerrero, Obispo, quien metió el asunto dentro de un cajón. La madre no podía creer lo que había hecho López. Él mismo había solicitado la custodia de su hijo para la Iglesia, en dónde viviría, sería monaguillo y tendría una educación en valores y garantías de avanzar en la enseñanza formal.

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Después de nueve burocráticos años para detener al ex-sacerdote Carlos López, acusado de pederastia, Jesús, el demandante y víctima, hace un llamado en conferencia de prensa para que las personas se acerquen a denunciar casos similares y se pongan en contacto a la página de Facebook Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A. C.

Para él, todo sucedió entre los años 1994 y 1998 en las parroquias de San Agustín de las Cuevas y la de San Judas Tadeo, dónde López se encontraba establecido. Luego, el cura estaría también en algunas parroquias del sur de la Ciudad de México y en otras del estado de Morelos, en donde residía hasta que fue detenido en su casa en Jiutepec, acusado por el delito de violación.

Apenas va a comenzar el juicio de un proceso que comenzó hace nueve años. En seis meses, el Ministerio Público logró avanzar todo lo que en ese plazo no. La demora fue una combinación de ineptitudes de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y de las exigencias del juez 55 en lo penal de la misma jurisdicción, de acuerdo con Jesús. Pero para eso falta cuando el periplo de Jesús comienza.

Tanto Jonás Guerrero como el Obispo Marcelino Hernández supieron del delito cometido desde el comienzo. Su firma se encuentra estampada al final de un documento elaborado como conclusión del proceso canónico (disciplinario) que la Iglesia le inició al cura en 2007 y que duró hasta el 2011. Durante esos cuatro años (a los que hay que sumarle los 13 que van desde 1994) López Valdés siguió oficiando como sacerdote en varias parroquias. Ambos Obispos reconocieron ante el Ministerio Público que son sus firmas las que constan al final del documento, que es una pieza clave en el caso.

"El documento es un extrañamiento que le extienden a Carlos López Valdés para que medite sobre sus actos en una casa de retiro para sacerdotes adictos y pederastas, claro que todo esto se dice con eufemismos tales como 'es necesario que nos evite la vergüenza y el escándalo que pueden ocasionar sus actos'. Además, someten a López Valdés a un proceso ante un tribunal eclesiástico en que se vuelcan testimonios de otros niños que también sufrieron abusos de su parte, y que lo encuentra culpable, por lo que deja de oficiar en 2011", dice Karla Micheel Salas, una de las abogadas que acompaña el caso, —con una larga trayectoria en la defensa de derechos humanos en México— junto a los abogados Luis Ángel Salas y David Peña, ambos del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.

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Pintura dentro de la Catedral.

La abogada explica que nada de lo volcado al Tribunal Eclesiástico se tiene como parte de la investigación judicial, a pesar que se insistió a la Iglesia para que entregue esa información. Además de los testimonios de los otros niños que reafirman lo denunciado por Jesús, allí también están las declaraciones del propio López Valdés y de otros obispos y sacerdotes que fueron testigos.

Incluso, hace dos años, Jesús y su familia mantuvieron una reunión con Norberto Rivera, arzobispo primado de México, quien se disculpó con él personalmente, le dijo que ya no podía hacer nada más (cuando López aún estaba libre y tranquilo) y le insistió en que su caso había sido excepcional. Pero Jesús sabe que no, porque recuerda a otros ocho o diez niños en esa misma situación.

"La Iglesia tiene una responsabilidad directa en no haber evitado que otros niños, que sabemos que los hay, pasaran por la misma situación que Jesús, a pesar de tener información directa de lo que estaba pasando", agrega la abogada.

Un niño camina frente a una escultura de Juan Pablo II en la Catedral de la Ciudad de México.

Quien sí recabó la información fue el propio Jesús, armando el caso en contra de quien lo violentó de niño. Llegó a conseguir un conjunto de fotografías de pornografía infantil, en la que él mismo aparecía de niño, también López Valdés y otra cantidad de niños que no han sido identificados. Jesús entregó esa información a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, quien extravió el disco original de las fotografías, por lo que aunque se tenga copia, ya no valen como prueba.

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"La Procuraduría no se molestó en intentar identificar a las otras víctimas que aparecen en esas fotos. Tuvo una actitud negligente, hasta hace meses en que presionamos con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad", explica Micheel Salas.

Antes de lograrlo, el juez de 55 turno penal había negado seis veces la orden de aprensión contra López Valdés. La abogada explicó que el magistrado vetaba todo pedido de los fiscales que tuviera el más mínimo error. La última vez, éstos apelaron y lograron que la segunda sala obligara al juez a mandar la orden de cárcel, que se cumplió en tres días. A 22 años del abuso.

"Ahora estamos concentrados en lograr que lo condenen en el juicio y que sea un mensaje a las otras víctimas, que deben estar amenazadas o con miedo, de que López Valdés está firme en la cárcel y que pueden hablar", afirma Karla Micheel.

Tanto Jesús como sus abogados (y lo recomienda la Comisión de Derechos Humanos) reclaman una disculpa pública de la Iglesia Católica y una investigación en contra de los servidores públicos que perdieron evidencias claves y afectaron la causa; también que se avance sobre la responsabilidad penal de otros sacerdotes y por la parte que le cabe a la Iglesia, que sabe y no denuncia. "La ley obliga a toda persona que conozca de un delito a denunciarlo, más en el caso de abusos y agresiones contra niños", termina la abogada Micheel Salas. "De no hacerlo, la Iglesia está cayendo en la complicidad y en la protección de los culpables. Se trata del derecho de acceder a la verdad y la justicia para todas las víctimas".